Durante el primer periodo de la actual legislatura, en la Comisión Parlamentaria de Calidad Democrática hemos venido trabajando sobre el problema de la desinformación, una demanda de Bruselas que en nuestro país es si cabe más que preocupante y que en clave de la UE viene a evidenciar la fragilidad de nuestra soberanía y cómo se ha quebrado el diálogo político y social por un capitalismo tecnofeudal de plataformas que hizo posible el Brexit y hoy cabalga a lomos de la ultraderecha en frentes culturales de la guerra híbrida bajo la hegemonía de los patriotasy, por ser más precisos, del capital financiero internacional. La prensa ha puesto el acento en los contenidos y calificado la iniciativa de censura, como aquellos jueces que antes de conocer la Ley de Amnistía ya estaban interpretando sobre el vacío. Pero el reto que tiene este país para la mayoría social es modificar las estructuras del sistema informativo, transformando un modelo, en su marco de referencia axiológico y organizativo, heredero del franquismo, en pro de una lógica de la mediación que haga posible el derecho de acceso, la participación ciudadana y un pluralismo, hoy inexistente, en el que todas las corrientes de opinión y colectivos tengan su voz en el espacio público.
En los próximos meses, la batalla ideológica va a ser más que dura, empezando porque, desde el primer minuto, el coro fariseo de voces ultramontanas, repitiendo las santas letanías contra el control de los medios y hasta la supuesta colonización del gobierno como una amenaza a las libertades públicas, se ha activado para mantener incólume el bastión del sistema de dominación hegemónico. Ya sabemos lo que significa, en la praxis, el discurso liberal a lo Milei: censura, propaganda y regulación liberticida ya no de los medios sino del propio derecho de reunión, manifestación y expresión, como en tiempos de Fraga, a la sazón Ministro de Información y Turismo y artífice, como denunciara Ignacio Escolar en su comparecencia, de la ley de referencia que los adoradores de Murdoch prefieren conservar ante toda iniciativa reformista, por mínima que ésta sea. Convendría recordar al supuesto bloque constitucionalista de la derecha que el artículo 9.2 exige a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Sin derecho a la comunicación no es posible cumplir con estas garantías, de ahí la pertinencia de comprender, como es lógico, el sistema mediático donde se configura lo público y el diálogo social. Este era el espíritu del artículo 20 de nuestra Constitución cuando, además de reconocer el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de reproducción, y el derecho a recibir información veraz, de calidad, se apunta la necesidad de garantizar el acceso a los medios públicos “de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. El artículo 51 exige, por otra parte, que los poderes públicos protejan activamente a consumidores y usuarios mediante “procedimientos eficaces, en materia de seguridad, salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Cuando vindicamos medidas contra la desinformación, habría que recordar que la Constitución (Artículo 51.2) establece que “los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca”. Ello apunta a la necesidad de políticas activas de educomunicación así como de instituciones como el Consejo Estatal de Medios que velen y garanticen la representación de la ciudadanía y la fiscalización de los medios que operan en el espacio público. Hablamos, claro está, de un derecho universal y no de una mercancía sujeta a la supervisión de una comisión del mercado de la competencia.
Todos sabemos que sin libertad de prensa no hay democracia, sin periodistas, como vindica la FESP, no hay democracia y sin medios libres no es posible la protección de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución pues el primer derecho es el derecho a tener voz para luchar por los derechos. Pero en España las políticas de Estado en materia de comunicación son una asignatura pendiente en democracia. En el Congreso no existe una Comisión que aborde cuestiones sustantivas sobre la materia, la Secretaría de Estado opera, históricamente, como un gabinete de prensa de Presidencia y, a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad específica que garantice el cumplimiento de los derechos contemplados en el artículo 20. Por ello, un objetivo estratégico de esta XV Legislatura es situar en la agenda pública, más allá de la reflexión del presidente Sánchez, el reto de las políticas activas de comunicación. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación abre la posibilidad, en este sentido, de avanzar un paquete de medidas urgentes para la regeneración democrática. Según el Media Pluralism Monitor Report 2024, España es el Estado europeo en el que los medios son menos transparentes, solo por delante de Chipre y Hungría. Tenemos, de facto, una situación de absoluta discrecionalidad en la asignación de fondos públicos que nos sitúa más en el siglo XIX y la lógica de los llamados fondos de reptiles que en un sistema moderno y ejemplar. No se trata, como dice Feijoo, de limitar la financiación de los medios críticos, antes bien el reto es que la publicidad institucional cumpla su función de informar a la ciudadanía y contribuir al pluralismo y la libertad de empresa con equidad, transparencia y pluralismo, regulando esta función con una norma basada en criterios objetivos, evaluables y monitoreados por organismos independientes de autorregulación y corregulación. En suma, cumplir con el Reglamento sobre Libertad de Medios y equipararnos a los países de nuestro entorno comunitario. De lo contrario seguiremos en una situación de nivel de riesgo del 75% en materia de pluralismo. Es hora pues de abrir el diálogo social con organizaciones civiles, sindicatos, grupos de investigación, asociaciones de consumidores y usuarios, expertos, gremios profesionales y empresas periodísticas para realizar el derecho a la comunicación, un derecho universal, reconocido por la UNESCO, que no puede ser cercado por la racionalidad mercantil o intereses espurios. De la libertad informativa como una cuestión exclusiva de la empresa informativa hay que abrir el campo de interlocución: de los medios a las mediaciones con todas las voces y actores sociales. Este es nuestro reto democrático, la apuesta por una comunicación como bien común. Una comunicación de todo el sistema de información para todos. En juego está, bien lo sabemos, el futuro de la democracia.
