Autor: Albert
Cultura cani
Hace unos días leí en El Viejo Topo un artículo de Claudio Zulian sobre la neolengua progresista y las consecuencias para un proyecto emancipador para las mayorías sociales. Y una conclusión que se deriva de la lectura de este valioso aporte es que cabría pensar la evolución del voto en España como uno de los efectos más duraderos del pogromo neoliberal imponiendo en el seno de la izquierda un elitismo cultural a lo hípster que no construye alternativa ni permite un principio básico, en términos de Gramsci, para la configuración de un bloque histórico: la articulación social.
La nueva generación de líderes políticos ha sido imbuida de un culturalismo impostado que tan pronto pasa del autismo más absoluto en la jerga posmoderna de literatura adulterada en forma de simplismos binarios, como de improviso se moviliza para censurar toda forma de expresión que no encaje con los preceptos sagrados o apriorismos sin un ápice de crítica, en menoscabo incluso de libertades públicas fundamentales y de elementos de la cultura emancipadora como el derecho al disenso que dejan en entredicho el sentido común mismo de la filosofía de la praxis.
Así anda cierta izquierda desorientada, denominada woke, cuando en realidad convendría definirla como «funcionalista» y «reaccionaria», aún a riesgo de que a uno le descalifiquen de «rojipardo». Lo cierto, y a los hechos hay que remitirse, es que, con independencia de los clichés repetidos –por falta de análisis y argumento– de los partidos de diseño y la generación chic de la izquierda, el individualismo y la visión oportunista del compromiso es la tónica que domina esta política de la representación, una cultura de lo público que, indefectiblemente, lastra y renuncia a toda alternativa anticapitalista, al asumir el discurso TINA como síndrome performativo de la política mutado en lenguaje o significantes vacíos. Pues el único capital simbólico que sostiene esta concepción política es la del mero consumo.
El efecto placebo de este discurso es obvio y no tiene caso detenernos en ello ahora. Pero sí convendría pensar cuál es la composición social de esta dirigencia política, su extracción de clase y su ideología de papel couché porque nada tiene que ver con la apelación a lo popular, a la cultura subalterna, que apenas tiene espacios mediáticos y públicos en los que proyectarse, salvo a través de manifestaciones marginales, como antaño.
La cultura del exceso, la estética neobarroca de Tangana a Omar Montes proyectan la pulsión plebeya que inaugura la era de lo que mi amiga Maka define como «la disyuntiva de nuestro tiempo» en los barrios: chandalismo o muerte. Sobra decir que venceremos, ya lo demostró Chávez, prionero en esta política de lo real que socializa la estética de la insurgencia y mostró en vida que la cultura cani es bella, que la forma chandalista conecta una ética y una estética de lo común, que para la clase alta siempre resulta disonante.
Pues, en el fondo, la extravagancia es, como dice la palabra, un vagabundeo extra, el dandismo proletario, la moda bucanera, el postín impostado, de andar por casa insoportable para los que viven por encima de nuestras posibilidades.
En México lo llaman «cultura naco» y hoy está de vuelta, con la crisis terminal del capitalismo. El retorno de lo nacional-popular se observa en las formas de vestir y de moverse. Está presente en la inventiva de la vida de la calle, en el caribe andaluz, en los reductos cercados de la vida mancomunada de la periferia del sistema.
Este proceso ha empezado con la música: de Cevas a Batia o Califato 34, pasando por la jotera Carmen París. Lo folk, como forma de enraizamiento local, representa, en esta dirección, un desplazamiento contra el mercantilismo y la colonialidad de la expresión como síntoma del malestar de la cultura en el capitalismo. Corresponde ahora, en un tiempo de zozobra, politizar esta melodía de lo obliterado y silente, de la vida incandescente que no cesa, que grita y late, y que desea caminar por casa, en paz, en chándal o batimanta. Tanto da.
Francisco Sierra y regulación de medios: “Si no hay política de Estado no hay garantías”
El destacado académico de la Universidad de Sevilla y actual diputado por el Partido Sumar en España, participó hace pocos días en un congreso en Santiago y conversó con El Desconcierto sobre el panorama respecto a la regulación de medios en el continente. “Cuando hablamos de derecho a la comunicación hablamos de derechos sociales que deben ser regulados”, dice.
Hace 20 años atrás, más o menos en esta misma fecha, el académico de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra se encontraba en Chile participando en un congreso latinoamericano de comunicación realizado en la Universidad Diego Portales.
Recuerda una época marcada por los tratados de libre comercio, la formación de la Unión Europea y el Mercosur. Pese a los abundantes acuerdos, los investigadores concluyeron que existían pocos estudios comparativos sobre industrias culturales.
“Ahí surgió la idea de aglutinar el pensamiento crítico en comunicación con una perspectiva iberoamericana”, dice Sierra dos décadas más tarde en el lobby de un hotel en Providencia.
Formó parte hace pocos días del congreso bianual que celebra la ULEPICC, la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, donde abrió el evento con una clase sobre lo que lo ha apasionado todos estos años: políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana.
-En los sesenta se acuñó el concepto de derecho a la comunicación desde Latinoamérica. ¿Cómo has visto su evolución todos estos años?
Yo diría que hay tres etapas importantes. Una primera etapa en la que América Latina lideró la Comisión MacBride, que se fraguó por teóricos como Fernando Reyes Matta y académicos como Luis Ramiro Beltrán, vinculados al pensamiento crítico latinoamericano. Sin ese empuje, no hubiera existido el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). Y, en ese sentido, el informe MacBride marcó un antes y un después.
-¿De qué manera?
Era primera vez que se teorizaba sobre las políticas de comunicación y la UNESCO era el organismo internacional para democratizar las comunicaciones en el mundo. La segunda es la proscripción del NOMIC en la UNESCO y otros organismos internacionales. Y la tercera se inicia con los llamados gobiernos posneoliberales o de progreso, o populistas, cuya agenda democrática para las reformas estructurales de sus economías y desarrollos será en el espacio público. Y ese espacio público es un espacio mediático. Un espacio llamado a ser democratizado.
-Varios países de América Latina compartieron políticas regulatorias como en Uruguay, Argentina, Venezuela y Ecuador.
Por primera vez tenemos estados que regulan integralmente el derecho a la comunicación, que en algunos casos incluso reconocen constitucionalmente. Todos suelen mirar al norte, Europa, Estados Unidos, pero esta última etapa en América Latina ha sido la vanguardia de los procesos regulatorios y del derecho a la comunicación.
-Cuando se habla de derecho a la comunicación, ¿qué es lo que se propone, en el fondo?
Pasar de una conceptualización sobre la libertad de expresión como una realidad individual, básicamente de carácter negativo, como la capacidad que tiene cualquier sujeto de expresarse públicamente -en la calle o a través de la prensa- a un concepto más integral, que implica una visión social, comunitaria, colectiva, y que en términos positivos implica que el Estado y los poderes públicos deben garantizar a través de políticas, programas o iniciativas, ese derecho a la comunicación que es universal.
-Es un concepto que se confunde -intencionalmente o no- con la libertad de prensa.
Se confunde con libertad de prensa o con esa dimensión de libertad de expresión individual. Cuando hablamos de derecho a la comunicación estamos hablando de derechos colectivos, de ciudadanía, de subjetividad política y, por tanto, de derechos sociales que deben ser regulados. Es un desplazamiento conceptual importante, reconociendo que el derecho a la comunicación universal es de todos los ciudadanos, y muchas veces se confunde que solo pertenece a los periodistas o a los editores de prensa. El derecho a la comunicación es un derecho universal reconocido por la UNESCO y las Naciones Unidas.
-¿Por eso el debate sobre el derecho a la comunicación y su contribución a la democratización de las sociedades?
Es un vínculo fundamental. Por ejemplo, en España tenemos un déficit democrático y es porque no hay una política de Estado en comunicación. Si no hay política de Estado en comunicación no hay garantías. ¿Dónde se dirime el interés general? ¿Dónde se definen las prioridades de agenda política? ¿Dónde se establecen los términos del debate sobre medidas económicas, financieras, ecológicas o medioambientales en el espacio público?, cuando sabemos que ese espacio público está mediatizado y no hay políticas de Estado democráticas, ni democracia informativa, ni pluralismo interno en la mayoría de los países.
-Es lo que denunciaba el informe Mac Bride a comienzo de los 80.
Sí, alertaba sobre los niveles de concentración que existen en los ecosistemas informativos. Hoy en día, por ejemplo, esos niveles son infinitamente superiores a lo que diagnosticó el informe debido al neoliberalismo, los procesos de crecimiento, la innovación tecnológica y la hiper concentración. Si en 1980 hablábamos de 40 grandes compañías que concentraban prácticamente el 80% del flujo de información a nivel mundial; hoy estamos hablando que menos de una decena de empresas controlan el 95% de los flujos de información en todo el mundo. Los GAFAM -las cinco gigantes tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y Maicrosoft- son un ejemplo de esto. Y evidentemente aquello plantea un déficit democrático.
-¿En qué sentido?
Se han organizado golpes de Estado en Brasil, con la colaboración activa de Facebook, WhatsApp y empresas de Google que han actuado para intervenir en ese territorio. Y como lo anunciaron parte de los teóricos latinoamericanos en los años `70, estas grandes empresas han sido colaboracionistas de esos intereses ajenos que a veces terminan en golpes de Estado. Y forman parte del complejo industrial-militar del Pentágono. En ese sentido, no ha existido una variación de estructura de poder en el sistema internacional comunicativo.
-Y en esta actual lógica de mercado, el periodismo es un producto que debería ser regulado.
Por supuesto, porque no es cualquier mercancía, pero al igual que otros derechos fundamentales, si la calidad democrática depende de un bien como la información, que es un bien público, hay que introducir conceptos como bienes públicos globales, como se está debatiendo en la UNESCO respecto a si consideramos internet como patrimonio común de la humanidad. Y esto tiene que ser logrado con una gobernanza democrática, no por la racionalidad mercantil de los GAFAM. Por tanto, si hablamos de que eso se reduce a una mercancía, las lógicas que operan detrás son ajenas a los valores democráticos.
-No es cualquier mercancía, además, como planteas.
Sí, no estamos hablando de un producto de uso cotidiano como alimentación perecedera o vestimenta, sino de la sabia con la que operan los agentes y actores políticos en terreno. Evidentemente, si eso se convierte en una mercancía, no hay una relación democrática que garantice que todos los actores puedan concurrir. La lógica de valor que ha impuesto la industria está generando problemas como la desinformación y las fake news. Gran parte de las patologías de la información, hoy en día, tienen que ver con una creciente mercantilización de este objeto de consumo y no por su valor social. Por tanto, es un elemento sujeto a regulación.
-¿Cómo se modifican los distintos marcos regulatorios en los países para incorporar este tipo de reformas?
Pues tenemos ahí dos dificultades objetivas. Una es que los profesionales de la información, los periodistas y sus gremios, suelen ser reaccionarios a una regulación. Siempre que se inicia un debate, como sucedió aquí en Chile, la reacción es identificar inmediatamente regulación con censura. No puede haber libertad si no hay una regulación que permanezca estable y que permita, por ejemplo, que si hablamos de prensa o de derecho a la comunicación, operen todos los sectores, incluidos los medios que otorgan servicios a minorías que no van a estar atendidas por la lógica de mercado. Por tanto, como cualquier otro sector de actividad, tiene que haber regulación.
-¿Cuál es la segunda dimensión?
La segunda dimensión es que el debate está mediatizado por los propios medios que son juez y parte. Los objetos que van a ser regulados informan sobre ese proceso de regulación. Es un sector híper concentrado y ha operando radicalmente en contra de los procesos de regulación cuando se han iniciado en todos los países. Lo ha vivido Chile y también España. Se vivió en Ecuador y en Argentina.
-¿Por qué los periodistas han sido tan reticentes a modificar el modelo?
Hay muchas razones. Una tiene que ver con la propia precariedad del oficio en la mayoría de países. La otra, fundamental, es por cuestiones ideológicas. En la formación de los periodistas y en las facultades se replica este mantra liberal: que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y ese mantra se ha demostrado históricamente que es falso. Ahora mismo debatimos en España sobre la situación de los periodistas por la inteligencia artificial y las redacciones automatizadas. Esa ideología ha defendido el gremio profesional, porque en las facultades no se estudia economía política ni políticas de comunicación.
-¿Cómo observas hoy el debate sobre procesos de regulación en América Latina?
Bueno, con cierta preocupación en casos como Chile y, en otros, con una evaluación muy negativa porque han existido retrocesos. Luego de una década donde se conquistaron sistemas de regulación muy avanzadas, hemos visto como se ha dado, en muy pocos años, un proceso de desinstitucionalización. En Argentina, cuanto llegó Macri, se deconstruyó lo que había costado décadas con dos o tres decretos.
-Acá en Chile, la comisión contra la desinformación encabezada por la ministra Vallejo, fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, el último vestigio del statu quo Pinochetista.
Hay que elogiar en primer lugar la acción de la responsable ministerial, Camila Vallejo, por tomar la iniciativa de regular este derecho humano fundamental. Porque seguimos teniendo a la Sociedad Interamericana de la Prensa, la Asociación Nacional de la Prensa y El Mercurio insistiendo en un discurso que confunde libertad de prensa con libertad de empresa informativa. Los que abogan porque no haya regulación están estableciendo que el derecho a la comunicación sea única y exclusivamente de las grandes corporaciones periodísticas.
-Intereses que suelen ser transnacionales…
Sus estructuras accionarias responden a intereses de grandes compañías de telecomunicaciones, ubicadas en Europa o Estados Unidos, que no defienden los derechos humanos de su propio país ni el progreso de la mayoría de la población. No se ha querido regular que exista pluralismo en un sistema mediático que sigue siendo muy concentrado y que no ofrece garantías para establecer nuevos derechos para la profesión y la existencia de medios comunitarios que puedan aportar otro relato de la realidad.
-En los proceso de modificación de los marcos regulatorios, ¿cómo ves las instancias de participación de los distintos actores?
Falta participación, lo digo desde una autocrítica de la academia y los sectores progresistas, porque no hemos sido capaces de sumar otros actores para una política de regulación. Creo que las experiencias más ricas, como la de Uruguay y Argentina, que lograron sumar gente desde la sociedad civil, la cultura, el arte, la industria del espectáculo y sectores anexos. Yo siempre insisto que el derecho a la comunicación es el primer derecho humano, porque si no tenemos capacidad de debatir sobre nuestros derechos producto de un cerco informativo, no vamos a poder reivindicar ni el derecho a la salud, ni el derecho al empleo, ni al trabajo digno, ni a la vivienda y muchos otros derechos fundamentales. Por eso siempre que hablamos de regulación, de democratización, estamos hablando de contenidos ideológicos.
-Es lo que también sucede con los medios digitales, que terminan reproduciendo la información de los medios hegemónicos, generando mesas de redacción que no reportean…
Elaborar información es el lema de Le Monde Diplomatique y cuesta dinero. Implica tiempo, gente que se dedique a elaborar noticias y formular una voz distinta. Cuando hablamos que es necesario democratizar el espectro y que haya medios comunitarios, se puede resolver a través de una política pública y otorgar un tercio para esos operadores. Lo difícil es que la gente participe y sostenga económicamente la producción de contenidos propios, para que de verdad tenga sentido un medio comunitario.
-Eso se podría paliar con una mejor distribución de la publicidad estatal, que es una discusión que siempre ha estado presente.
Ese debate sobre la transparencia y financiamiento de los medios es central, porque tanto los públicos como privados dependen del presupuesto del Estado. Es más, diría que los medios privados impresos tradicionales, analógicos, dependen en su 70% de la publicidad institucional proveniente del Estado. Y los medios digitales dependen en un 80%, no de sus suscriptores, salvo algunas excepciones. Los medios digitales de derecha y de extrema derecha, dependen absolutamente de la publicidad institucional. Y ahí hay una opacidad absoluta sobre ese reparto. Entonces, el pluralismo interno empieza cuando los recursos públicos sirvan para alimentar una estructura mediática plural, desde los medios comunitarios a los públicos, pasando también por los privados. Pero eso no está sucediendo en la mayoría de los países. Especialmente en nuestros países.
Timofónica y el rey emirato
Dice con razón de la cloaca digital el bueno de Felipe, Alcaraz, no González (que se sepa ágrafo, y puede que indigente intelectual), que en nuestros días el relato se impone al conocimiento. El constructo narrativo en torno a la inversión saudí en nuestra principal operadora de telecomunicaciones es un ejemplo de cómo se clama al cielo, cuando en los templos del parque bursátil oran al Dios Capital, mientras los mandarines del establishment ruegan a Bruselas garantías para la protección cuando llevan desde Maastricht socavando toda soberanía tecnológica, entregando en suma nuestros sectores estratégicos a inversores extranjeros: del canal de las mama chicho y los testaferros de Berlusconi y el amigo de Aznar, Villalonga, al rey emirato y los autores intelectuales del asesinato de periodistas incómodos. Todo vale en función del poderoso caballero Don Dinero. Así que menos decir y más hacer, salvo que quieran pasar por trileros morales de un patriotismo impostado, que más pronto que tarde queda en evidencia por ser mero juego de trampantojos. No están solos en esta ceremonia de la confusión, en Bruselas también están más que habituados, como cuando, por ejemplo, durante la pandemia la Comisión apeló a la soberanía tecnológica para terminar comprando armamento de Estados Unidos, hipotecados como andan con el complejo Silicon Valley del Pentágono. Así que lo de Timofónica es, como el nombre indica, el juego de la estampita discursiva.
En este como en otros temas del monopolio de los GAFAM hace tiempo que sabemos que no se trata de un problema de impotencia fiscal, ni de falta de herramientas jurídicas, sino de clara y manifiesta ausencia de voluntad política. De ahí la prevalencia de la razón de la fuerza de la Casa Blanca, la extraterritorialidad, y la genuflexión ante los golpistas del siglo XXI como Musk que siguen defendiendo la consideración de la ganancia como referencia en el debate sobre los monopolios en lugar de la posición dominante y la estructura de mercado o la facturación real. Con la panoplia de que Bruselas quiere penalizar el éxito, siguen con el cuento y las cuentas de la acumulación por desposesión. Bien es sabida la historia de UBER. Pero en la UE somos más papistas que el papa. En plena emergencia de los BRICS, llama la atención el plegamiento a los intereses de Washington y sus aliados, Arabia Saudí entre otros, mientras la iniciativa australiana de exigir un pago al gigante americano por apropiación indebida de las noticias de la industria periodística demuestra que otra política de comunicación es posible para acabar con la subalternidad y la dependencia en el sector de las telecomunicaciones. Tras la crisis de la entrada de capital de los amigos del rey emirato, es tiempo de defender nuestro ecosistema y servicios públicos estratégicos y orientar las directrices de entidades como AEDE, la patronal de los editores de diarios en España, que llevan tiempo dudando entre el keynesiainsmo y las ayudas públicas por su natural tendencia a conseguir recursos del Estado, vía publicidad institucional, en coherencia con la lógica histórica en España del fondo de reptiles como norma, cuando, en realidad, la cuestión de fondo, en la actual coyuntura política, es regular o no en favor de los intereses generales, siguiendo el espíritu de la Constitución.
Así que, aviso para navegantes, o nos ponemos en serio a construir un país para las mayorías o no esperen la tabla de salvación de Bruselas, porque la Comisión Europea va a seguir de perfil en defensa de los intereses ajenos a nuestro espacio común pese a que constata a diario el incumplimiento de las normas comunitarias de empresas hegemónicas como Google y META, cuyas prácticas irregulares continúan en la línea del acuerdo JEDI BLUE. Cabe pues preguntarse qué transición digital vamos a definir en la UE si servicios como Meta Audience Networks u Open Bridding Programm van a dominar, con sus sistemas expertos, el tráfico de anuncios y, por consiguiente, la economía digital del Norte (Silicon Valley) a la periferia y sur que somos nosotros. No olviden este detalle cuando las próximas navidades pidan a los reyes de oriente, que vienen de Arabia Saudí, sus Google Glases para aumentar la realidad que nos inventan o para virtualizar la vida que nos están robando. La inmersión tiene siempre un problema vital: el oxígeno. Sin respirar ni vivir fuera de la pantalla corremos el peligro de morir ahogados, de sumergirnos en la nada. Ello sin hablar de la huella ecológica y la insostenibilidad de los recursos naturales que pretenden arrancar a golpe de Estado de Bolivia y Argentina. Parece que la Ecología Política del Siglo XXI va a ser básicamente una Ecología de la Comunicación contra los bribones que nos roban en forma de regata organizada nuestros recursos, nuestro sistema común de intercambio y hasta, da la sensación, al menos trabajan para ello, también nuestra esperanza de un futuro mejor.
Francisco Sierra, diputado español de Sumar: “Estoy totalmente convencido de que se obtendrán los votos para la investidura de Pedro Sánchez”
Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y volcado con proyectos en Latinoamérica, la vida de Francisco Sierra dio un giro en julio pasado. En un “momento histórico” como el que vivía entonces España, ha dicho, no podía eludir la responsabilidad propuesta por Yolanda Díaz para encabezar la lista de Sumar por Sevilla en las elecciones generales del día 23 de ese mes. Elegido diputado nacional por la coalición izquierdista en representación de Andalucía, Sierra prometió junto a su partido “hacer historia para la gente común” en la nueva legislatura, como escribió en agosto en la red social X.
De visita en Chile para recibir un homenaje por su trayectoria académica de parte de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), en el marco del congreso internacional de la entidad coorganizado por Ciclos UDP, Sierra conversó con La Tercera sobre el actual momento de la política española, justo en momentos en que el PSOE y Sumar alcanzaron un acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista tras cerrar sus líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, los detalles de un pacto que incluye la reducción de jornada sin rebaja salarial, el principal escollo que separaba la firma.
En términos generales, ¿qué le ha parecido el acuerdo de gobierno alcanzado por el PSOE y Sumar?
El acuerdo es un acuerdo positivo en un marco muy difícil y complejo de negociación. Hay un escenario en el que Pedro Sánchez, como candidato en nuestro sistema parlamentario, tiene que negociar con fuerzas nacionalistas conservadoras, como el PNV o Junts, y, por tanto, el acuerdo era más difícil. Pero Sumar había fijado tres objetivos. El primero era avanzar en el estado de bienestar, mejorar del salario mínimo interprofesional, la estabilidad de los jóvenes precarios en materia de empleo, acceso a servicios básicos como la vivienda. Ampliar derechos y libertades públicas. Por ejemplo, la derogación de la ley mordaza, que era un acuerdo de la anterior legislatura de la coalición progresista y que no se llevó a cabo y que nosotros queremos avanzar en libertades públicas y derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Y, en tercer lugar, nuevos derechos que están en el debate que, por ejemplo, el movimiento feminista ha planteado, que es lo que llamamos la ética o política de los cuidados, que sea ámbito del Estado todo lo que tiene que ver con protección, cuidado de la infancia, cuidado también de las personas mayores en situaciones de dependencia, ampliar un poco el abanico de estos derechos. Así que nuestra valoración es positiva. Hubiéramos querido ir mucho más lejos, pero en una coalición de progreso, evidentemente, hay que establecer mínimos acuerdos entre lo que es el enfoque del Partido Socialista y nuestra visión más socialdemócrata, más progresista, como partido, como coalición, en la que Sumar, pues, hemos avanzado bastante.
Dentro del pacto de gobierno destaca la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. ¿Cuál ha sido la reacción del empresariado español ante este anuncio?
Bueno, inicialmente, cuando en la campaña defendimos nosotros la reducción a 32 horas como opción, como alternativa de Sumar, el empresariado, que suele ser bastante conservador, rechazó tajantemente esta medida. Sin embargo, esta medida ya se ha aplicado en algunas empresas en España y en otros países europeos y se ha aplicado en algunos sectores y ramas industriales. Y se han demostrado tres cosas. Una, que frente a la idea que tiene el empresariado de que eso le va a aplicar un costo, se han incrementado los procesos de productividad. Y la productividad ha sido mucho mayor con la reducción de la jornada laboral. En segundo lugar, también ha habido un mayor compromiso de los trabajadores en su desempeño profesional, porque al liberar horas para el cuidado de la familia, para la convivencia en pareja, para lo que sería la vida, evidentemente el rendimiento y la satisfacción en el empleo del trabajador ha sido importante. Y los márgenes de beneficio de esas empresas que han introducido esta medida han sido mayores. Por tanto, la experiencia demuestra que, aunque en principio son reticentes, creo que al final serán de algún modo partidarios. Hay que recordar que, durante la anterior legislatura, la ministra de Trabajo, nuestra líder de Sumar, Yolanda Díaz, consiguió el mayor número de acuerdos con el empresariado y con los sindicatos de toda la historia democrática de España. Así que no nos cabe duda de que lo respaldarán y lo apoyarán, como han hecho en la anterior legislatura.
La prensa española destaca que, dentro del acuerdo de gobierno, no se menciona ni el tema de la amnistía ni a Cataluña. ¿Eso se hace ex profeso, considerando las negociaciones que hay en curso con Carles Puigdemont, líder de Junts?
Evidentemente, son negociaciones que todavía están abiertas. Digamos que lo que nosotros hemos acordado es el acuerdo de gobierno de las dos fuerzas que van a liderar la legislatura, Partido Socialista y Sumar. Aspectos que están abiertos en la negociación con otras fuerzas políticas, no solo con Junts, sino también con Esquerra Republicana de Cataluña, respecto a la amnistía, la autodeterminación y algunas reivindicaciones del nacionalismo catalán, quedan abiertas y están en proceso de negociación. No compete el incluirlas en la negociación porque la forma en la que se desarrollen estos acuerdos con el independentismo catalán tiene que contar con ellos, en primer lugar, más que entre Sumar, que como fuerza hemos defendido públicamente la amnistía, seguimos defendiéndolo y el derecho a decidir del pueblo catalán. Pero no queríamos introducir este elemento porque la negociación, en este momento, es un componente que produce más ruido, que contribución al acuerdo con las fuerzas catalanistas. En ese sentido, estamos respetando los tiempos y que hay otras negociaciones abiertas por parte de Pedro Sánchez con fuerzas políticas.
Congreso ulepicc – Conferencia Magistral de Francisco Sierra Caballero
La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura premia a Francisco Sierra
La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), la principal asociación científica internacional de pensamiento crítico de América Latina, rendirá tributo mañana lunes a Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y columnista de Montilla Digital.
El acto se desarrollará tras la conferencia inaugural del XIII Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, que ha organizado la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, junto a la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile.
Nacido el 17 de agosto de 1969 en Gobernador, un municipio de poco más de 200 habitantes situado en la comarca granadina de Los Montes, muy cerca de Jaén, Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde ha dirigido el Departamento de Periodismo I y ha sido decano. Además, su nombre se hizo especialmente popular hace un par de veranos, tras ser incluido en el exclusivo comité de expertos que habría de evaluar a los aspirantes a dirigir Radio Televisión Española (RTVE).
Investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, el autor de la columna Del sur y desde abajo es fundador de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación y, en la actualidad, preside la Asamblea de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación.
Autor de relevantes ensayos sobre Comunicación, Política y Cambio Social, Francisco Sierra ha coordinado equipos internacionales de investigación para la Comisión Europea o para el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo de España. En mayo de 2021, presentó en Montilla el libro Marxismo y Comunicación. Teoría Crítica de la Mediación Social, en un acto organizado por la Asamblea Local de Izquierda Unida que tuvo lugar en el Centro Cultural «Alcalde Antonio Carpio» y que contó con la participación de la historiadora montillana Pepa Polonio.
El pasado 23 de julio, Francisco Sierra Caballero encabezó la candidatura de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, resultando elegido para la XV Legislatura. Fundador del Foro Andaluz de Izquierdas, el columnista de Montilla Digital es director de la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), además de experto y consultor de la Comisión Europea en nuevas tecnologías y participación ciudadana
«Las derechas son un peligro para las libertades fundamentales y los DDHH»
Revolución digital y nuevas matrices de pensamiento comunicacional. Notas para una nueva teoría crítica materialista
La revolución digital y la brecha cognitiva que trae consigo están transformando la mediación social, económica y culturalmente, generando nuevos riesgos y desafíos. La corriente de pensamiento conocida como aceleracionismo sugiere que, en lugar de resistirse al avance tecnológico capitalista, se debería acelerar su ritmo de implantación para materializar con la mayor rapidez cambios significativos en el sistema socioeconómico. En este contexto, el conocimiento y la inteligencia se han convertido en recursos fundamentales para la economía contemporánea, dominada por el capitalismo cognitivo, una versión del capitalismo tradicional basada en la producción y distribución de bienes y servicios relacionados con la información, la tecnología y la creatividad. En contraposición a esta narrativa de la innovación, se propone una ecología política de la comunicación por la que la información y el desarrollo tecnológico se consideren bienes públicos globales en lugar de meros productos de consumo, y se plantean nuevos derechos que garanticen la plena ciudadanía comunicativa ante la era del big data y la inteligencia artificial.
