Autor: Albert

El Congreso aprueba «medidas urgentes» para garantizar la energía en el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate

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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 170 votos a favor, 144 abstenciones y 33 votos en contra, la proposición no de Ley promovida por Sumar en demanda de «medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético» en barrios con interrupciones en el mismo y la «reforma integral de los barrios con menor renta«, con mención expresa al Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate, los barrios de menor renta neta media anual por persona según las estadísticas oficiales y donde Endesa y una auditoría externa encargada por la Junta atribuyen las incidencias a acometidas ilegales a la red para alimentar cultivos interiores de marihuana.

En dicho texto, fruto de una plataforma andaluza de trabajo ciudadano y recogido por Europa Press, Sumar señala que «Andalucía se enfrenta a la dramática realidad de tener los barrios más pobres de España», extremo que refleja el estudio anual de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que identifica a los barrios con menor renta, con este informe en el que anualmente Sevilla concentra seis de los 15 barrios de España con menor renta neta media anual por persona, con el Polígono Sur a la cabeza.

«Año tras año, los barrios más pobres de España son andaluces, lo que confirma el carácter estructural de la situación de exclusión social que padecen«, señala la proposición no de ley, agregando que «estos barrios sufren la falta de inversión pública, la segregación urbana, el paro y la precariedad laboral, la falta de servicios públicos, bajos niveles formativos, inseguridad ciudadana, graves problema con los servicios básicos esenciales, con cortes de luz, calles sin mantenimiento, deficiencias en la recogida de basura, etcétera, con una intensidad que vulnera los derechos humanos más elementales«.

Peticiones

Es por ello que con esta proposición no de ley, Sumar solicita que el Gobierno central, conformado por el PSOE y la propia coalición de izquierdas, emprenda «medidas para garantizar el abastecimiento energético a los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad por parte de las compañías eléctricas, así como para hacer efectiva la obligación que tienen de modernizar sus infraestructuras eléctricas«, pues en el caso del Polígono Sur, por ejemplo, mientras la empresa achaca los cortes a las acometidas ilegales a la red, los colectivos sociales le recriminan una supuesta falta de inversiones.

El documento de Sumar apuesta además por promover «un proyecto de ley de rehabilitación integral de los barrios con menor renta, tal como recogen los Indicadores Urbanos del INE».

Para ello, la coalición de izquierdas reclama «concretar e identificar los barrios prioritarios para las actuaciones integrales de regeneración y renovación urbana en función de los datos objetivos ofrecidos por el INE para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación global sobre el parque de vivienda social, especialmente sobre las viviendas construidas con anterioridad a 1980″.

«Medidas urgentes de regeneración»

«En todo caso», según la proposición no de ley, «se establecerán medidas urgentes de regeneración y renovación urbana para los tres barrios con menor renta de España: Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate», todos ellos en Sevilla.

Esta proposición no de ley fue defendida el pasado lunes en el Congreso por el diputado sevillano de Sumar Francisco Sierra, quien lamentaba el «intolerable abandono histórico» que sufren múltiples barrios «ignorados» en Andalucía, con mención expresa a los «tres barrios más pobres» del país, localizados en Sevilla, por lo que llamaba a «cumplir» con la ciudadanía que «resiste y sobrevive» en estas barriadas, víctimas del «oligopolio eléctrico» y de autoridades que «no responden cuando se les requieren». Por eso, pedía «alternativas reales y concretas» para estos barrios.

En del debate plenario con motivo de las enmiendas promovidas por los grupos parlamentarios, Carlos Hernández Quero, de Vox, avisaba a los partidos de izquierda que «ya nadie les cree, y menos en los barrios» desfavorecidos, conectando la carestía de estos entornos urbanos con el supuesto empeño del Gobierno del PSOE y Sumar de «quitar músculo a la hacienda» nacional con la financiación singular de Cataluña, promovida por «la oligarquía separatista».

Por el PSOE, el diputado Lorenzo Cazorla exponía que las empresas suministradoras de energía deben «realizar inversiones» y en el caso de estos barrios, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, tiene la obligación de «vigilar y sancionar» los incumplimientos de estas empresas, en defensa de «los usuarios de buena fe».

Cazorla defendía que el Gobierno central cuenta con un plan nacional con 8.400 millones de euros para políticas de rehabilitación de vivienda y espacios urbanos, pero la Junta «demuestra que no tiene capacidad de gestionar» los fondos que se le conceden, como es el caso de los europeos, según sus palabras.

El tiroteo y las plantaciones

En el caso del PP, la diputada Sol Cruz-Guzmán argumentaba que la prioridad es solucionar «la falta de seguridad», porque «sin seguridad, no hay soluciones para el Polígono Sur ni para ninguno de estos barrios» desfavorecidos, lo que le llevaba a señalar el reciente tiroteo con «armas militares» en dicha barriada sevillana y el papel de los cultivos interiores de marihuana, con sus correspondientes acometidas ilegales a la red eléctrica, como clave de las interrupciones en el suministro de energía al saturar las redes de abastecimiento por su alto consumo.

Así, alertaba de que en Sevilla capital «faltan medio millar de policías nacionales», sin los cuales, según su opinión, esta proposición no de ley se limita a una mera «carta a los Reyes Magos», con lo que pedía al Gobierno central que instase al ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, a que solucione dicho extremo.

La diputada de Podemos Martina Velarde alertaba por su parte de la «aporofobia y el clasismo de los medios y de algunos partidos» políticos, apostando por «mejorar los barrios y más derechos» en lugar de «pedir más policías», lo que le llevaba a avisar de que las interrupciones en el abastecimiento energético suponen «una vulneración de los Derechos Humanos».

Maribel Vaquero Montero, del PNV, mostraba la oposición de su grupo a esta iniciativa, explicando que aunque es necesario «promover más medidas en todos los ámbitos» para mejorar estos barrios, ya rigen «acuerdos» entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para promover políticas de regeneración urbana y de viviendas con cargo a fondos europeos, con lo que a su entender no había quedado concretado «qué mejora supondría» crear una ley específica para ello; tras lo cual el diputado Francisco Sierra precisaba que Sumar sólo admitía la enmienda del Grupo socialista.

Trump y la guerra cultural mediatizada

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Del análisis histórico de la guerra de la información, es posible colegir que la era twitter es el tiempo de organización intelectual corporativa del odio político de la extrema derecha como plataforma de validación del proceso de acumulación por desposesión del capital financiero. Nada que ver, como se suele aceptar coloquialmente, con la polarización.

La RAE define polarizar como la acción de restringir en una dirección vibraciones de una onda transversal, como la luz u otras radiaciones electromagnéticas, y en un sentido más acorde con lo social, concentrar la atención o el ánimo en algo, atraer, captar, concentrar, absorber, orientar en dos direcciones contrapuestas, suministrar una tensión fija a alguna parte de un aparato electrónico, en un sentido metafórico, socioculturalmente hablando, y como resultado disminuir la corriente que produce, por aumentar la resistencia del circuito a consecuencia del depósito de hidrógeno sobre uno de los electrodos.

Tal definición nos permite cuestionar la concepción unívoca que sobre el trumpismo se ha establecido en el debate público, sin respuesta, por cierto, en la práctica, de los propios operadores políticos, aunque es posible jugar y contravenir tal definición, establecida indiscutiblemente, para hacer una enmienda a la totalidad al sentido común que se nos impone desde los propios medios.

Primero, cuando hablamos de polarización suele hacerse para referirse al problema del populismo, a la tensión discursiva, política, en dos direcciones contrapuestas. Pero no sucede así, en realidad, como efectivamente ocurre en nuestro tiempo, porque el trumpismo en la comunicación política contemporánea es hoy una corriente hegemónica, el llamado populismo de derecha, que anula toda otra forma de representación, particularmente en los medios (de Estados Unidos a Europa) y sobre todo en las redes (colaboradoras necesarias, las big tech de Silicon Valley, del ascenso de la extrema derecha) no tiene polo, salvo discursivamente, que oponer. Véase el caso de Brasil, el golpe de Estado en Bolivia, o el Brexit, y podrá concluirse, empíricamente, lo aquí afirmado.,

Desde este punto de vista, debería llamar la atención la significativa reducción de la pluralidad política en España, un sistema parlamentario que el bipartidismo o la política de bloques trata desde el 15M de anular, limitando la transversalidad social necesaria de acuerdo al orden instituido en el régimen del 78 que ya hace tiempo ha colapsado. En este marco, y pensando desde el Sur y desde abajo, la polarización es la estrategia, exitosa, de Reagan a Trump, o en España Ayuso, de concentrar la atención en algo superficial o irrelevante, envolviendo el clima de opinión en temas secundarios de forma bipolar. Léase la visita de Milei, cuando en la Comunidad de Madrid o en Andalucía sufrimos un grave deterioro de los servicios públicos o cuando en la agenda pública debieran abordarse cuestiones de urgencia social en el debate político normalmente silenciado o abordados marginalmente en los medios.

Para ser más claros en nuestro razonamiento, el proceso de acumulación por desposesión requiere la polarización de la política como espectáculo. Como ilustra J.B. Thopmson en su ensayo sobre el caso Monica Lewinski, la polarización tiene por objeto dejar oculta la tramoya de los intereses reales, la arquitectura de la lógica de expropiación de lo común. O como dijera Clinton en campaña: es la economía, estúpidos. En otras palabras, lo que no forma parte de la agenda mediática son los intereses de los Florentino de turno, la agenda oculta del capital financiero, los intereses creados de los lobbies de la oligarquía económica y financiera que determinan el curso político en Bruselas. Este trumpismo, que es la degradación y crisis de legitimidad de la democracia, se traduce en España en una suerte de crisis de representación, similar a la que Joaquín Costa cuestionara en su vindicación del regeneracionismo y la reforma contra el caciquismo y la corrupción en la vida pública en España. Es decir, hay un hilo rojo de la historia que conecta el siglo XIX con la lógica destituyente en la que opera hoy la extrema derecha y la derecha extrema en España: de la primera y segunda república, al gobierno de Zapatero, de Aznar y el 11M a actualmente el ciclo Pablo Casado y Feijoo. Una y la misma estrategia de acoso y derribo del gobierno electo legítimamente cuyo empeño por llevar a efecto una agenda social y políticas socialdemócratas no son aceptadas por las clases dominantes de este país lo que termina por socavar las instituciones de representación. Por ello, es evidente que hay un problema de fondo, de concepción y cultura política de las clases dominantes en España, de la oligarquía económica y sus terminales partidarias y mediáticas. Un ejemplo para ilustrar nuestras tesis es la recurrente apelación, tanto del PP como de Vox en el discurso público, a la supuesta colonización de las instituciones.

Por definición, colonizar es formar o establecer colonia en un país, ocupar, invadir, conquistar, someter, dominar, oprimir un territorio ajeno. Es decir, en términos de Análisis Crítico del Discurso, significa definir una frontera o un afuera. Están los que forman parte de ese espacio propio o apropiado y los que llegan a ocupar, desde fuera, y supuestamente vienen a someter un espacio propio ajeno a los actores recién llegados. Esto es, en el fondo de su concepción, el Estado les pertenece, por derecho de cuna, se infiere. Anclados como están en el clivaje de familia, tradición y propiedad, difunden una concepción patrimonialista del gobierno y del dominio público, por la gracia de Dios, según Trump y su predecesor en España, de acuerdo el cual la izquierda no está legitimada para gobernar, es intrusa, ajena, como de otro país o espacio. Su acceso al poder es ilegal, invasivo, contraria al derecho de gentes y por lo mismo hay que denunciarlo a diario en tribuna, comisiones del congreso y medios periodísticos siguiendo el precepto de difunde, por mentira que sea, o falaz, el argumento, que algo queda.

Se llama así polarización y colonización a cosas que no corresponden con lo real y concreto, mientras se invisibiliza en los medios que hay escritores que deben ir a la Feria del Libro de Madrid con escolta al tiempo que gobiernos autonómicos de la derecha ultramontana censuran obras de teatro y la contratación de artistas no alineados con estas premisas autoritarias. Operando un proceso de inversión semiótica, habitual en el discurso reaccionario desde Edmund Burke, los victimarios se presentan como víctimas de un gobierno censor, cuando en verdad el gobierno trata de ejercer sus competencias gobernando y la oposición del bloque ultramontano (PP/VOX) trata de deslegitimar, en una lógica destituyente, la existencia misma del gobierno. En otras palabras, se trata de acabar simbólicamente con toda forma de representación que trate de acometer una política de lucha contra la desigualdad en favor de la justicia social. La persistencia en la negación de la realidad sea por medio del cuestionamiento del sistema electoral en campaña, durante el 23J, la publicación diaria de bulos y noticias falsas o el hostigamiento a cargos de gobierno en las redes y la prensa nacional, o físicamente como en Valencia, hoy además se complementa con el activismo de supuestos periodistas, en algunos casos ni siquiera acreditados profesionalmente, que ejercen una función de ariete y agitadores de la ultraderecha en mítines, por las calles e incluso en la Sala de Prensa del Congreso durante la comparecencia de portavoces y líderes políticos del bloque de progreso como parte de una consciente estrategia de desgaste del gobierno y las instituciones representativas del Estado más propia del escuadrismo.

Mientras tanto, los poderes económicos promueven la restauración conservadora como salida a la crisis de acumulación del capitalismo en forma de rearme bipartidista, manteniendo la tradición del siglo XIX, favoreciendo que se consolide en el espacio público un discurso mediático ultramontano, heredero de la restauración conservadora de Reagan y la doctrina del shock, basado en:

  • La inversión semiótica.
  • La retórica contrarrevolucionaria y antireformista.
  • El populismo ultraconservador
  • La violencia simbólica
  • El fetichismo mercantil
  • La apelación a la mayoría silenciosa
  • La vindicación del patrón normativo de familia, tradición y propiedad.
  • La apelación a las emociones y la sinrazón antiilustrada.
  • El discurso fático.
  • La propaganda del miedo.
  • La estetización
  • El nacionalismo
  • El hipersimbolismo
  • La deshumanización del adversario como enemigo
  • La narrativa conspirativa
  • El oxímoron y la narrativa dislocada.
  • Y el discurso cínico.

En este escenario mediático, la cuestión es cómo avanzar una política de la comunicación capaz de articular en el campo informativo la cultura partisana de pedagogía de la esperanza que haga visible lo concreto y defina una agenda común de trabajo ante fenómenos de emergencia autoritaria y neofascista, que acompaña la vulneración de derechos y libertades fundamentales por la ausencia ostensible del Estado o la falta de intervención de los poderes públicos, salvo en un sentido negativo mediante la restricción de libertades reaccionando ante noticias alarmantes que alertan a la opinión pública como recientemente la campaña de Alvise en redes contra migrantes por el asesinato de Mocejón. Esta dialéctica sabemos que ya no logra contener el avance del trumpismo como fenómeno político de masas, entre otras razones porque la estructura reticular del capitalismo de plataformas lo favorece y planifica intensivamente.

En la era digital de los medios insecto, la difusión intensiva difumina las potencialidades de la autonomía y la capacidad racional de información y conocimiento. Se impone una cultura enjambre tóxica, fuerzas codeterminantes que no resultan idóneas para la convivencia. Antes bien, abunda una política de disgregación en la dispersión discursiva, con amplia repercusión pública, y un fondo censor autoritario de rearme moral de la oligarquía económica que se traduce en una cultura de la cancelación o, en general, de la represión siempre necesaria para legitimar la aporofobia. Es sabido, con Bauman, que el neoliberalismo requiere la criminalización de la pobreza y la protesta, por lo que es característico del discurso disciplinario de la derecha extrema la retórica de la disyunción, la brecha, el odio y la semántica y pragmática de la sanción, simbólica y efectiva. De acuerdo a una voluntad performativa del lenguaje, cuando proyectan la retórica xenófoba e inciden en el discurso de la okupación de cargos públicos, no solo se opera una suerte de malversación nominalista, o una inversión del sentido del mundo al revés de quienes mantuvieran secuestrado el máximo órgano del poder judicial, sino que por este medio se valida la disonancia cognitiva entre realidad y representación, desplazando la colusión de intereses entre jueces y partidos de la Santa Alianza con la que se garantiza la salvaguardia de los intereses de la oligarquía económica y se criminaliza toda voluntad de resistencia al proceso de acumulación por desposesión.

Por ello mismo, hoy más que nunca, frente a esta deriva dominante en nuestro sistema informativo, es tiempo de definir políticas mediáticas transformadoras que despejen el horizonte y campo discursivo: para cambiar la vida y cambiar la historia. Y hacerlo desde el campo o dominio público, abriendo el campo de interlocución y tomando medidas garantistas. En juego está la democracia.

Un plan reformista para salvaguardar la democracia

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Toda política pública pasa por la voluntad de intervención, el conocimiento y la pericia técnica, la construcción y articulación de procesos colectivos, el desbloqueo de obstáculos y la mediación productiva para el respaldo de la opinión pública. Entre la adaptación y la condescendencia, de un lado, y la posición revolucionaria que nos identifica, en SUMAR pensamos que es posible una vía reformista, una política que se piensa desde la mayoría social y que, por lo mismo, representa una estrategia contrahegemónica en un contexto definido por la llamada guerra cultural. Estos días de discusión sobre las medidas del gobierno sobre regeneración conviene pues aclarar el sentido y alcance de las propuestas que desde el Grupo Parlamentario Plurinacional hemos defendido y los retos que tenemos por delante para una transformación integral ante los rezagos que amenazan las libertades públicas en nuestro país. Como es sabido, en la cámara legislativa no existe una comisión específica que aborde cuestiones sustantivas en la materia, a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad reguladora que garantice el espíritu de la ley y la Constitución en su artículo 20. Esta constatación es reveladora de la lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales y de la propia actividad informativa.

El Plan de Acción por la Democracia viene a reformar parcialmente esta situación acometiendo la crisis de legitimidad y representación, y la problemática realidad de la desinformación intensiva que ha proliferado en los últimos años, con una batería de medidas centradas en tres ejes:

—La transparencia del sistema mediático.

—La mejora y cualificación de la información institucional del gobierno.

—Y la modernización del sistema normativo en línea con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios y las recomendaciones de la Comisión Europea.

LAS ENSEÑANZAS DEL BREXIT

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo la deriva informativa que la revolución digital y el lobby del complejo industrial-militar del Pentágono, en particular los sectores ultraderechistas coordinados por Steve Bannon y otras potencias europeas, ha venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del Brexit. Desde hace cuatro años, en congruencia, la UE se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, garantizar el pluralismo en los medios de comunicación, combatir la manipulación informativa y la injerencia de intereses extranjeros, fiscalizar las plataformas de Silicon Valley y sostener un ecosistema político y mediático financieramente autónomo.

Con el inicio de la XV Legislatura, el PSOE impulsó, en esta línea, una discusión monográfica en la Comisión de Calidad Democrática sobre desinformación. El Plan aprobado por el Ejecutivo es en parte una síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo durante las comparecencias de expertos de la academia, periodistas, directores de medios y lógicamente de la iniciativa de las fuerzas del bloque de progreso, SUMAR, particularmente, que celebró el 3 de mayo el día de la libertad de prensa con un encuentro para debatir junto a sindicatos, colegios de periodistas, académicos y miembros del Grupo de Trabajo HERMES, los retos que Bruselas viene señalando a este respecto.

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se encaminan, punto por punto, a las exigencias comunitarias tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas de los medios de información, una apuesta que ha dado lugar a una reacción desmedida, en tono y forma, de la oposición ultramontana (PP y VOX) como de la prensa conservadora que, desde el inicio, calificó toda medida en materia de comunicación como censura, fija como está en la posición decimonónica del mantra liberal del libre flujo de la información. Las resistencias y negación de lo evidente de los medios ultra y la mirada neoliberal del PSOE limitan, ciertamente, la adopción de medidas urgentes en una dirección que, de verdad, garanticen el pluralismo y la democracia informativa. Cabe desde luego formular diversas críticas al Plan de Acción, pero lo importante es que esta iniciativa del ejecutivo abre un debate al que toda la sociedad civil está llamada a intervenir. Un primer paso es tomar la iniciativa y definir medidas de política pública en materia de pluralismo y transparencia del sistema nacional de información. Por supuesto que el Plan es manifiestamente mejorable. Por señalar tres puntos centrales:

  1. La derogación de la Ley Mordaza sigue siendo un compromiso incumplido del PSOE desde la anterior legislatura y esta posición inmovilista afecta no solo al trabajo de los periodistas, sino a principios básicos de la libertad de expresión como es el derecho de reunión y manifestación.
  • Igualmente, las medidas de transparencia adoptadas son insuficientes si pensamos en la Ley de Secretos Oficiales o en la apuesta por un control de los abusos habidos con la publicidad institucional.
  • Y para hacer cumplir las exigencias de Bruselas, hace falta un Consejo Estatal de Medios y una ley de Medios que aborde la actual concentración duopólica del sector. La transposición de esta norma a la legislación española debería implicar la mudanza de las competencias sobre el audiovisual, hoy en manos de la CNMC y del Ministerio de Economía, a un nuevo Comité Estatal de Servicios de Medios incluyendo la gestión del espacio radioeléctrico y la concesión de licencias; la capacidad normativa y sancionadora, prolijamente detallada en la Ley General de Comunicación Audiovisual; con la ampliación de sus atribuciones a la tutela de la calidad informativa en su vertiente deontológica; la gestión de la normativa que deba desarrollarse en relación a la publicidad y las subvenciones institucionales; las garantías necesarias para la transparencia informativa sobre las participaciones societarias y la propiedad de los medios; el desarrollo de medidas para la limitación de la concentración en el mercado de la comunicación; la regulación del derecho de acceso y participación de la sociedad civil y grupos sociales en los medios de titularidad pública etc…, extendiendo el ámbito de las competencias de este organismo a la prensa escrita en cualquier soporte, tal y como esboza el Reglamento.

Avanzar en el sentido de lo expuesto, requiere legislar más allá de lo que se puede esperar de una simple transposición de la norma europea, sujeta además a unos plazos. Pero persiste un debate no resuelto y una recurrente contraposición entre la defensa de la autorregulación de los propios medios y periodistas para la salvaguarda de la veracidad y la deontología en el ejercicio de la profesión y la regulación a través de organismos ajenos al universo corporativo y lo que se impone de forma recurrente es el falseamiento, como hacen los propios medios comerciales, de la propia historia de la comunicación y los antecedentes de regulación de un servicio público esencial para la democracia. Cabe recordar, por ejemplo, que la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) contempló inicialmente la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero posteriores reformas de la norma no contemplaron este organismo, hoy demandado por el actual Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Y que incluso en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia o Portugal existen entes autónomos que responden a una lógica distinta a la que sostiene el PSOE y su política neoliberal en materia de comunicación.

El derecho a la comunicación es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el neofascismo. Y la izquierda en España no está acometiendo este frente cultural como un eje prioritario

RETOS DEMOCRÁTICOS

Desde el GP de SUMAR sabemos que apenas empieza la disputa de la hegemonía por la democratización de la comunicación. Urge situar por ello el debate en sus debidos términos, hacer memoria democrática de los frentes y luchas por el derecho a la comunicación, y empezar a abrir cinco ejes de diálogo y acuerdo para el consenso democrático que, necesariamente, habrá de liderar la sociedad civil, considerando las posiciones hoy hegemónicas entre las principales fuerzas partidarias. A saber:

  1. Una reforma institucional de la RTVE para una dirección plural, independiente, en condiciones propicias para convertirse en la ventana de encuentro, pluralidad, innovación, diversidad y disenso de nuestra cultura y política a nivel estatal.
  • El diseño de un gobierno abierto que permita la interlocución en cada proposición de ley, con capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales y cualquier colectivo ciudadano sobre asuntos de interés público o específico de la población. Para ello, muchos Estados, Brasil y México, por ejemplo, pero también Portugal, tienen canales de televisión que además emiten las sesiones de pleno y de comisión para cumplir con el derecho de acceso de la ciudadanía.
  • Una ley de transparencia que regule la publicidad institucional, auténtico fondo de reptiles del siglo XXI, por el que se financian medios digitales de extrema derecha y golpistas que socavan la democracia sin control ni fiscalización pública. Un mínimo común sobre el que resulta incuestionable estar de acuerdo es el hecho de que la ciudadanía merece saber quién, cuánto y cómo se financian los medios de comunicación. Es una medida de transparencia mínima en cualquier democracia. Esta regulación es además un requisito necesario para vindicar un reparto justo y equilibrado que garantice financiar medios sin ánimo de lucro, o comunitarios, con carácter cooperativo, que dan voz a sectores que no tienen medios de expresión ni acceso a las grandes compañías y/o canales de comunicación.
  • El desarrollo del dominio público. Recurriendo a un símil futbolístico, cuando la polarización, cuando el polo autoritario, achica espacios, restringe, o reduce la pluralidad, hay que hacer un cambio de orientación, y sentido, abrir el campo de disputa y de juego. Una estrategia, no la única, es ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de los medios y resolver el déficit democrático cumpliendo lo estipulado en el artículo 20 de la Constitución para garantizar el derecho de acceso y participación, bien con servicios interactivos desde los medios públicos, o a través de consejos ciudadanos de participación en medios autonómicos y locales, además de la constitución de la Comisión Estatal de Medios que contempla el nuevo Reglamento de Bruselas con representación de asociaciones de vecinos, de consumidores y usuarios, de colectivos culturales,  los gremios y el tercer sector.
  • Una política estatal de formación mediática. Los casos de abuso en las redes, vulneración de las leyes por jóvenes y adultos en el capitalismo de plataforma, plantea un reto en nuestro país de capacitación educomunicacional, y no tanto en términos de superación de brechas digitales (por ejemplo, de los más mayores), como de formación ética de la ciudadanía digital para hacer pedagogía democrática de la mediación en la era de las redes expandidas por el capitalismo de plataformas.

El Derecho a la Comunicación es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el neofascismo. Y no casualmente, se trata del derecho fundamental para luchar por tener derechos, pues sin voz, sin derecho de acceso a los medios, sin derecho a la palabra no es posible movilizarse en la defensa de derechos y libertades fundamentales. Toda pedagogía de la esperanza pasa en este sentido por acometer este eje central de articulación y disputa de la hegemonía, y hoy por hoy la izquierda en España no está acometiendo este frente cultural como un eje prioritario, ni de forma activa ni a nivel institucional. Convendría pensar el por qué. Esta XV Legislatura debiera servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda, y el país reconozca, que regular los medios es garantizar mediaciones democráticas, que la comunicación es un derecho y no un negocio y que, por lo mismo, debe estar garantizado por ley, con políticas públicas activas. Este es el reto que hay que desplegar.

Mileistas

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Hoy que vivimos rodeados de medios zombis que disimulan que nada acontece mientras discurre el colapso del sistema y se acumulan los cadáveres, en una suerte de remake de la matanza de Tejas en forma de genocidio en Gaza santificado por los cuatreros de la internacional televangelista, la lectura de Monstruos del mercado, de David McNally, se torna del todo pertinente. No sólo aporta claves para entender este capitalismo vampírico de la globalización neoliberal y tecnofeudalista que, con sus excrecencias y figuras terroríficas, nos consume y devora sin mediación posible. Aporta además una cartografía para deconstruir la anatomía política del mielismo o la barbarie de la espectralidad fantasmática de lo monstruoso, y no porque Milei sea, como se dice coloquialmente, un fantasma, más bien un personaje del Mago de Oz, sino porque su política de terror, con motosierra de Viernes 13, es en realidad, como designa la palabra, una advertencia de la aporofobia y la criminalización de la protesta que Bauman ya describió como lógica consustancial al neoliberalismo y que, añadiríamos nosotros, marca el origen de la modernidad capitalista. Estos días de descanso con la familia en Argentina hemos corroborado estas tesis sobre el horror, la política del miedo y la proyección espectral de los herederos de Reagan, viendo cómo se reprimía duramente a los pensionistas al tiempo que se calificaba a los diputados del Congreso de degenerados por aprobar medidas de subida de las prestaciones jubilatorias. La teatralización de Milei no es casual, como las escenas altisonantes de Vox y el PP en el Congreso. Son siempre escenificaciones perversas de la política de lo peor. Una representación de la disciplina de clases, de la guerra contra los pobres, de la estética punitiva, de la dominación como norma.

En este marco cabe comprender la matriz primigenia del discurso de la monstruosidad como la forma secular de la creación de un marco naturalizado de dominación de unas relaciones sociales degeneradas, codificando, por una suerte de inversión semiótica, todo derecho de la mayoría como corrupción, como una cosa deforme y siniestra. Lo más sorprendente es la fascinación, de fascio, que esta lógica discursiva tiene en la mayoría, no tanto por su dimensión nacional-popular de lo tragicómico-grotesco como la efectiva proyección abismal de lo terrorífico. Es la forma de mediar, en el lenguaje y los medios, las tensiones del capitalismo tecnofeudal contra la plebe, la morralla, el perral, los bárbaros o la manada, sea esta MENAS o los okupas. La misma racionalidad perturbadora tiene el discurso de Trump en campaña sobre migrantes que comen mascotas apelando a un difuso espíritu maligno, un espectro informe, bestial y amenazador, una turba caníbal que proyecta la potencial y fantasmática ola destructiva de la turba inmunda. Más allá de la disonancia cognitiva y el evidente desplazamiento sistemático de la realidad por la retórica de góticos relatos, ambos actores políticos, y en general la ultraderecha voxiferante, recuperan la voz de Burke y su discurso contrarrevolucionario, de clara violencia simbólica, contra las clases subalternas para ocultar el pogromo del capital financiero con sombras funestas. Soterrado persiste una economía política de la explotación intensiva sin contención, precapitalista, tecnofeudal diríase, que recupera tropos del desmembramiento y la anatomía política del cuerpo con formas autoritarias de disciplinamiento. Ahora, no todo es relato. Para que estos discursos resulten efectivos siempre es preciso, bien lo saben los Mileistas, el liberticidio. No hay proceso de restauración conservadora sin teratología informativa. En los últimos meses, Milei (no hablamos de España para no cansar) ha desplegado una batería de medidas para acallar voces. Una de ellas ha sido la intervención de la Defensoría del Público, una institución creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La medida en contra de los derechos de la ciudadanía y las libertades públicas con procedimientos irregulares y al margen del marco normativo y del propio espíritu de la ley que regula la creación y funcionamiento de toda institución de dominio público ilustra bien lo que representa un claro retroceso democrático y una anomalía desde el punto de vista del derecho. La anatomía política del despotismo y la excrecencia de lo monstruoso en el discurso de lo degenerado a lo Milei no admite anomalía democrática alguna, por definición esto, paradoja doble del bucle recursivo, es propio de castas y bestias insaciables. De ahí el estado de excepción como norma. Suspensión del derecho, supresión de instituciones garantistas, vulneración del principio de autonomía institucional, intervención arbitraria de organismos fiscalizadores y, para reforzar el bucle despótico, una estrategia de amedrentamiento de las organizaciones gremiales, académicas y culturales de la sociedad civil del sistema nacional de comunicación.

De paso el presidente de Argentina, por decir algo, ha aprobado una norma restrictiva de acceso a la información pública de la Casa Rosada, vulnerando el principio de transparencia. Pues de ello se trata, no hay novela gótica de terror sin penumbra que enrarezca y oscurezca el escenario. En la cultura del oculocentrismo contra la ilustración, esta poética del horror y del cerco informativo, junto al discurso del odio patológico, forma parte de la guerra de clases, que además de nublar el juicio e inhabilitar toda posibilidad de conocimiento, proyecta sobre el otro formas abyectas de dominación, de confusión de lo público en manos de lo privado, de privatización de la opinión pública por la dinámica de la separación del desquiciado proceso de fractura del cuerpo político, siguiendo con las metáforas de la anatomía. Toca pues producir una suerte de Scary Movie, reírnos de la retórica terrorista como una mala película de serie B, apenas una mala pesadilla, sobre la que podremos recordar y resistir, abonar la alegría del inframundo, mostrando los cuerpos de lo que el orden de Milei considera deforme y degenerado, proyectar públicamente, en fin, la ética del sufrimiento con canto sin cuentos fúnebres. La ironía y el humor son, ciertamente, el más poderoso dispositivo, junto al amor, para una pedagogía de la esperanza. Así que frente a Milei, más Gila o Capusotto, que no somos gilipollas, ni pelotudos, y cuando nos hinchan las bolas, salimos a la calle de carnaval, con batucadas, para hacer vibrar, con otra forma de temblor, los tambores de guerra anunciando que estamos locas del coño y vamos a por ellos, la verdadera casta, para que el miedo cambie de bando. En el cementerio de lo real, de las luces y sombras conocemos bien todo tipo de deformaciones e inversiones semióticas, sabemos cómo son las cosas, y ya no nos da miedo cantar ni contar lo que duele.

Sumar no logra limitar las universidades privadas

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La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso rechazó hoy la proposición no de ley de Sumar que instaba a reformar las distintas normativas universitarias para que en la creación de nuevas universidades resultara vinculante un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria.

Los votos de Junts se unieron a los del PP y Vox para rechazar en el Congreso de los Diputados esta que llevaba el sello de Sumar y PSOE y con la que perseguía controlar y frenar la creación de nuevas universidades privadas, informa Efe.

La iniciativa que había sido apoyada por el PSOE también pedía reforzar «significativamente los requisitos académicos de profesorado, de investigación, de solvencia económica y de equipamientos e infraestructuras» con el fin de garantizar los estándares de calidad en las propuestas de nuevas universidades y para que las administraciones pudieran actuar en caso de que hubiera que corregir requisitos que no se cumplen.

El diputado de Sumar Francisco Sierra criticó que se esté «especulando» con la educación universitaria y lamentó que en los últimos años se hayan creado «universidades monotemáticas y corporativas, mientras las universidades públicas están en la cuerda floja». Aprovechó también para avisar de la «precarización» de las condiciones que se dan en las universidades públicas «que impactan en labores estratégicas como las de investigación».

Pos su parte, la diputada socialista Luisa Sanz se mostró de acuerdo en que «todos los centros universitarios deban acreditar exactamente los mismos estándares de calidad».

Sin embargo, la iniciativa, que también abogaba por un «mapa estatal de titulaciones para ver la oferta universitaria y sus necesidades», fue rechazada al votarse por el sistema de voto ponderado (que representa a todo el Pleno del Congreso) después de haberse producido un empate en la comisión. Durante el debate parlamentario, desde Sumar recordaron que la normativa establece que las universidades deban destinar un 5% de su presupuesto a investigación y les obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de tres de las cinco áreas de conocimiento.

Desigualdades

Por otra parte, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que, entre otros asuntos, pide revisar el lenguaje empleado para referirse a la discapacidad en las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, a fin de eliminar los «términos peyorativos» y sustituirlos por «las expresiones adecuadas»: «discapacidad» y «personas con discapacidad», informa Ep.

La solicitud fue presentada por el PSOE e insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas, «evaluar el estado del derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario y su compatibilidad con instrumentos internacionales, especialmente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; identificar brechas en las normas y políticas educativas del ámbito universitario que impiden que el estudiantado con discapacidad alcance y transite en este nivel educativo de manera inclusiva y con parámetros de calidad», y garantizar «el alineamiento de todas las normativas nacionales con la legislación internacional» sobre discapacidad.

La diputada socialista Ana Cobo apuntó que «existe un ‘‘gap’’ formativo muy importante entre los jóvenes con discapacidad y el resto de compañeros de su misma edad» que, entre otros motivos, está relacionado con su mayor tasa de desempleo. De ahí la necesidad de «seguir trabajando para garantizar su ingreso y progresión en la universidad en condiciones de igualdad», dijo durante la defensa de la proposición.

Además, destacó que la reforma del artículo 49 de la Constitución, que «eliminó un término tan denigrante como el de disminuido» y reforzó la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos y la inclusión de este colectivo, «ha de tener un efecto cascada y llegar a todas las normas e instituciones, también a la universidad».

Puntualizó también que, en la revisión de las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, se ha detectado el uso de «expresiones como diversidad funcional, capacidades diferentes u otras similares, que no están validadas ni son admisibles».

Polarización y consenso

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No hay democracia sin disenso. El consenso, sea el de Washington o los pactos de la Moncloa, no es per se deseable, a priori, ni encomiable por principio. Si la política y el parlamentarismo es el arte de lo posible, y el acuerdo y el juego de mayorías y minorías una norma consustancial a la democracia, no es un problema que el disenso cobre protagonismo en la dialéctica de deliberación pública, siempre que se respete el hecho mismo de disentir o que este disenso no sea el objeto en sí de la acción política.

Porque si el medio es el fin, si la decisión de confrontar es el motivo del juego concurrencial, estamos ya en una lógica prepolítica o postpolítica, más allá de la necesaria voluntad de mediación. En otras palabras, se impone el reino de la excepción y no de la ley o las reglas del debido diálogo y la atenta escucha.

Del mismo modo que la demoscopia es el arte de la demofobia, la crisis de la representación que hoy resulta de tal deriva es, por la misma razón, el ruido de fondo de la imagética que valida la tesis de la cueva de Platón, con la diferencia de que, en contextos como nuestro país, el duopolio televisivo y el poder económico, y sus terminales judiciales, tienen un margen irrestricto de actuación sin consecuencias, por no decir con total impunidad.

La algarabía de esta forma de comunicación política no es resultado en sí de la polarización, como es común afirmar en los análisis sobre esta lógica de la mediatización política, sino más bien la nula garantía social de ejercicio democrático del derecho, en palabras de Blas de Otero, a la paz y la palabra.

Si el diálogo es una condición existencial, como enseñara Paulo Freire, la imposibilidad de la escucha activa en un sistema informativo monológico y monocorde tiene, como resultado, una dinámica social disyuntiva, disgregadora, cuando no corrosiva del carácter y del propio dominio público.

La célebre expresión «luz y taquígrafos», tan referida por actores políticos y periodistas, no es solo una apelación al principio exigible de transparencia, por lo demás un oxímoron en estos tiempos hipermediatizados cuando, como advirtiera Debord, el secreto es la norma en la sociedad del espectáculo.

Tal binomio (la ilustración, la luz, y la información registrada) propia de la cultura deliberativa y el parlamentarismo apunta a la necesidad de circulación de actualidad de interés público, al derecho a la información, pero también al diálogo y la escucha para procurar el acuerdo, la síntesis, la mediación productiva, en suma. Pues es sabido que, sin mediación, no hay progreso.

El oculocentrismo propio del régimen de información que vivimos sin escucha activa ni diálogo, sin mediación política, no es otra cosa en la cultura TikTok que la comunicación inane y tautista. Una suerte de dinámica tautológica, de un modelo autista de comunicación, cuya más grave erupción visible en la cultura digital es el llamado efecto burbuja, lo que la doctrina del shock ideó, en el laboratorio chileno, siguiendo a Noemí Klein, como proceso necesario de la acumulación por desposesión que siempre exige el aislamiento psicológico, físico y social del receptor, del sujeto de derechos, convertido, en la era Reagan, y su epígono Trump, en un apéndice de la política de medios dirigida por el capital financiero.

En esta dinámica nos encontramos, cuando el Gobierno presentara su Plan de Acción Democrática, un paquete de medidas demandadas, en parte, por las fuerzas políticas del bloque de investidura pero que resulta insuficiente, aun reconociendo, con todo, que supone un avance reformista para mudar las reglas del juego que han naturalizado la mentira y el insulto como modus operandi de los principales actores políticos.

Toca ahora formular, cuando menos, dos cuestiones: ¿abordará el Gobierno, a fondo, el problema de la guerra cultural mediatizada por la extrema derecha y la derecha ultramontana? ¿Se tratará, por fin, de definir una política pública democrática en comunicación con el sector profesional, la sociedad civil y las empresas periodísticas? ¿O todo quedará en un ensayo para que nada cambie y sigamos igual? Las amenazas a la democracia no permiten la indolencia e inacción de un Ejecutivo que, consciente o no, ha de saber que ha sido deslegitimado por el poder económico y mediático sin fundamento alguno desde el primer momento.

En la crisis de régimen y de acumulación que vivimos, el reto estratégico para el futuro de la democracia en España y la UE pasa por una reforma integral de este sector hiperconcentrado y en manos de los poderes económicos, empezando por romper amarras con los hacedores del Brexit de Silicon Valley.

No es un objetivo político fácil de conseguir, pero nos va la vida en ello, ténganlo por seguro. Así que es hora de abrir la espita y abordar la crisis de legitimación de lo público: de los periodistas y los medios, tanto como de los representantes del bien común y sus instituciones.