Autor: Albert
Sumar registra en el Congreso la ley que prevé un fondo estatal contra la exclusión en los barrios vulnerables
El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados la ley que persigue la creación de un fondo estatal que cada año destine cantidades suficientes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los barrios más empobrecidos del país. La iniciativa de esta norma parte de la oficina parlamentaria de IU en Andalucía, donde están las barriadas más desfavorecidas.
El diputado por Sevilla Francisco Sierra, junto con sus compañeros, lleva tiempo, como avanzó Público, manteniendo encuentros vecinales, de los que se han extraído las ideas fundamentales que ahora se plasman en la proposición de ley, que lleva por nombre Ley Integral de Barrios Vulnerables.
«Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Plataforma de Barrios Vulnerables, del movimiento vecinal, de sindicatos y organizaciones sociales que conocen de primera mano la situación extrema en los barrios pobres y que desde la izquierda plurinacional no vamos a dejar», afirma Sierra.
Para su aprobación la norma necesita de numerosos apoyos en el Congreso. Al respecto, Sierra manifestó: «Confiamos que en la tramitación de la ley las fuerzas de investidura de la mayoría del hemiciclo respalden esta iniciativa por justicia histórica y por necesidad social».
Fondo con cargo a los PGE
El texto registrado plantea la creación de lo que denomina «Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios vulnerables». La finalidad es «llevar a cabo actuaciones de mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los barrios y áreas urbanas que, por sus características sociales, económicas y ambientales, se identifican como áreas de atención especial».
Estos barrios son, analiza Sierra en conversación con Público, «territorios segregados y marginados por el Estado que requieren de una agenda social y de nuevas garantías legales». «Hablamos de una política integral y multinivel, participada e interseccional, una ley que exige un presupuesto mayor para estos barrios para acometer cambios en la cultura cívica, en el espacio urbano, en la seguidad y proyectos de vida de sus vecinos», agrega.
La proposición de ley no recoge una cantidad, tampoco un porcentaje respecto al PIB o a las cuentas. Sí expresa que «debe dotarse económicamente con el presupuesto anual del Estado» y añade que puede complementarse con «financiación autonómica y proveniente de la Unión Europea o de otras fuentes». Y establece además que «deberá siempre tener en cuenta el número de personas que viven en España en entornos urbanos vulnerables».
El Gobierno de España mantiene un Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, que, entre otras herramientas, contiene un atlas por secciones censales. Aún debe actualizarse con los últimos datos de 2021.
Los beneficiarios de esta financiación serían los municipios, «individualmente o de manera conjunta con otros municipios, así como las Diputaciones, cabildos u otros entes públicos de ámbito local». «La participación en el Fondo de Recuperación debe ser solicitada por dichos entes locales«, recoge el borrador presentado este miércoles.
La norma, de ser aprobada, establecería plazos de ejecución. Así, «cada una de las actuaciones financiadas debe ejecutarse en un […] máximo de cinco años desde la fecha de otorgamiento de la financiación, sin perjuicio de las prórrogas que puedan haber. Dicho plazo puede ampliarse a ocho años, siempre que al cabo de cuatro años se haya ejecutado o comprometido, salvo causas de fuerza mayor, el 50% del gasto».
Derechos humanos
«Desde el Grupo Parlamentario tenemos claro que lo prometido es deuda, decimos y hacemos y por ello desde la Oficina Parlamentaria de IU en Andalucía nos dimos a la tarea de diagnosticar la situación en los barrios, identificar retos de política pública y apostar por una ley que ayude a transformar el entorno urbano y social de barrios como Los Pajaritos o el Polígono Sur», afirma Sierra.
Justo este martes, la APDHA presentó su informe Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados. En él, se expone con toda crudeza, que «los barrios vulnerables son, cuantitativa y cualitativamente, el principal espacio de vulneración de los derechos humanos en Andalucía».
Las cifras indican que un tercio de la población en Andalucía vive en riesgo de exclusión, más de la mitad de la ciudadanía —el 57%— no llega a fin de mes y hasta un 43% de las pensiones que se cobraron en 2023 no superaron el umbral de la pobreza.
«En Andalucía se ha consagrado durante los últimos años un modelo productivo que condena a millones de andaluces y andaluzas a la pobreza y a la precariedad. Diez de los quince barrios más pobres de todo el Estado español se encuentran en Andalucía, así como son andaluces once de los 16 municipios con menos ingresos per cápita», se lee en el trabajo.
«Y la pobreza, tal y como se puede comprobar estadísticamente, repercute directamente en las condiciones de vida: nueve de los quince municipios con menor esperanza de vida se ubican también en Andalucía», agrega la ONG. «Es significativo y tremendamente alarmante que la esperanza de vida pueda variar en una misma ciudad, de un barrio rico a uno pobre, en casi nueve años», se añade.
UNIVERSIDAD S.A.
Una lección básica de Economía Política es la creación de valor por la producción artificial del principio de escasez y necesidad. Se induce el colapso, por ejemplo, de la sanidad pública y se derivan a los pacientes a las aseguradoras, con el resultado conocido del pogromo neoliberal. En la educación superior de nuestro país, esta lógica de mercantilización sigue el mismo sendero de privatización de un pilar fundamental del Estado de Bienestar, conculcando un derecho constitucional con argumentos insostenibles como el mantra de la libertad educativa.
El problema es que el incremento exponencial de universidades privadas no cumple los mínimos establecidos en el marco normativo vulnerando las reglas del juego al punto de cuestionar el propio sistema universitario español, su calidad y confianza certificadora. El caso más reciente de Extremadura es ilustrativo, como Andalucía, de una deriva que en el fondo ataca el núcleo esencial de este derecho constitucional: la igualdad de acceso y de movilidad social. Y el resultado, conocido. El número de estudiantes matriculados en universidades públicas españolas desciende mientras aumenta el de las universidades privadas que ya han alcanzado en número a las públicas y de seguir esta progresión las superarán en breve. El boom de los campus privados perfila un paisaje de universidades monotemáticas, centros de educación superior corporativos e incluso medios de comunicación con sus masters propios y promesas de empleo en Universidades privadas, como la Europea de Madrid mientras prestigiosas universidades como la Complutense viven al límite de su operatividad institucional por las restricciones presupuestarias y el acoso de un gobierno autonómico que pretende promover una Ley de Universidades dirigida a precarizar y socavar la autonomía universitaria. Y, desde luego, como es tradición en los liberticidas, de Fernando VII a Moreno Bonilla, de Milei a Díaz Ayuso, evitar así todo conocimiento libre, atreverse a saber, siendo como es esta, desde la ilustración, la precondición necesaria para la libertad y el cambio social.
Paradójicamente, el ministerio de Universidades aprobó una norma para evitar las «universidades chiringuito» y endurecer los requisitos para autorizar los campus de nueva creación. El Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, fijó los criterios mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, como también de equipamientos y de organización, y que todos los centros universitarios del país deben cumplir. Todos, indistintamente su naturaleza jurídica. Las universidades deberán adaptarse y demostrar su cumplimiento antes de 2026. Ello explicaría la aprobación precipitada, en apenas pocos meses, de numerosas universidades privadas, muchas de ellas con informes desfavorables del Consejo de Política Universitaria y de las agencias acreditadoras.
Las universidades privadas han logrado copar así más del 60% de las plazas ofertadas de posgrado. Y, salvo sorpresa, superarán a las públicas en alumnos matriculados de máster este curso. La falta de planificación democrática de la educación superior se ha traducido como resultado en una sobreoferta al tiempo que se abunda en la escasez de plazas en sectores estratégicos como las Facultades de Medicina, donde se viene conformando un pool sanitario privado. El lobby empresarial presiona incluso para que la formación del MIR se pueda acometer en sus propios centros, algunos de los cuales apenas tienen una Facultad de Medicina o titulaciones especializadas en tecnología y cultura digital.
Ante este escenario es hora de que el Congreso adopte medidas decididas en la disyuntiva de la bolsa o la vida, ante la contradicción de fomento y desarrollo del sistema público de educación superior como garante de la igualdad frente a la lógica especulativa del capital que impone la mercantilización de la Universidad, la expansión del capital financiero en la educación superior con total falta de transparencia y en algunos casos fraude de ley en los procesos de aprobación y puesta en marcha de nuevas universidades vinculadas a los intereses creados del IBEX35 en medio de campañas que vienen prodigándose regularmente contra la universidad pública al tiempo que se promocionan programas de grado y posgrado con publicidad engañosa sobre la supuesta excelencia académica no verificada, cuando los informes de las agencias acreditadoras son desfavorables, la investigación inexistente y la inversión especulativa una dominancia en ascenso.
Un dato revelador es que la facturación de universidades privadas y escuelas de negocio en España ha crecido un 44,7% en poco más de cinco años: de 2.255 millones de euros ingresados en 2017 a más de 3.300 millones en 2023. Se crean, compran y venden universidades, participadas por fondos de inversiones, especulando como con la vivienda.
Aunque desde el Gobierno y las Comunidades Autónomas se señale periódicamente que se «revisarán» y «endurecerán» los criterios para la creación de nuevas universidades, la realidad es que el Sistema Universitario Español sigue sin resolver esta situación con el incremento por ejemplo de universidades privadas no presenciales en torno al 10%. No se ha creado una universidad pública desde hace décadas y hay necesidades manifiestas por cubrir por el sistema de acceso universal.
Cuando lo especulativo, que debiera ser una noble tarea de pensar libremente y contribuir al progreso del conocimiento, deviene excepción por el dominio del capital financiero que interviene el mercado, los poderes públicos han de actuar en defensa de la mayoría social. Por ello, desde el GP plurinacional de Sumar hemos defendido iniciativas parlamentarias en línea con las vindicaciones de la Conferencia de Rectores y Unidigna, instando al Gobierno a actuar cuando menos en cinco líneas estratégicas:
- La planificación de un sistema financiero plurianual y estable de las universidades públicas que alcance al menos el 1% del PIB para converger con los países de nuestro entorno, evitando el principio de escasez inducida para beneficiar el mercado artificiosamente.
- Una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas para evitar fraude de ley, como sucediera en la aprobación de centros en Andalucía.
- El cumplimiento estricto de los requisitos exigidos legalmente y establecer medidas sancionadoras en el caso de incumplimiento de los requerimientos debidos.
- La creación de una unidad fiscalizadora en la Conferencia General de Política Universitaria para la inspección o creación de cualquier universidad privada.
- La planificación del mapa de titulaciones y oferta de plazas en el sistema público acorde con las necesidades sociales y no solo en función de la demanda voluble del mercado a fin de configurar una oferta equilibrada, proporcional y universal, cumpliendo así con el precepto constitucional.
La deriva de sociedad anónima en la educación superior, la UNIVERSIDAD S.A., termina devorando la sociedad, anémica, por la destrucción creativa de la dialéctica de la escasez y la sobreoferta. Lo vimos en Estados Unidos, esta política dio lugar al estallido social en Chile y fracasó en el Brasil de Bolsonaro. No nos lo podemos permitir aquí, a estas alturas de la historia. Así que ni gente sin plazas universitarias, ni plazas universitarias sin gente. Actúese.
SUMAR reclama en el Congreso una solución integral a los cortes de luz en los Barrios de Andalucía
El reto de los barrios ignorados
En el Congreso es habitual hablar de democracia, derechos y libertades públicas, principios constitucionales, proyecto de país, pero poco, o nada, se aborda de cuestiones domésticas de las clases populares. La dialéctica de lo concreto no suele ocupar el discurso y deliberación de la cámara de representantes. Y debería ser un mandato o exigencia primordial, tratar en todo momento de enunciar la poética y la política de la vida común, hablar de las redes y vínculos de solidaridad ante la falta de red eléctrica, de las desconexiones y disyunciones sufridas como brechas o grietas de nuestra democracia por aquellos sectores vulnerables que reclaman solidaridad, que vindican la necesidad de conjugar, conjuntar, tejer, anudar, políticas para el común de la gente, especialmente en Andalucía, nuestra tierra, que sufre y padece un abandono histórico, pareciera que crónico.
Hemos presentado una iniciativa parlamentaria que trata justamente de suturar heridas sociales y acometer, desde el Sur y para los de abajo, los déficits de servicios públicos que padecen las víctimas de los intereses creados, sean del oligopolio eléctrico o del modelo de desarrollo urbano depredador y especulativo.
En el territorio andaluz existen entornos urbanos que viven profundas contradicciones sociales a causa del modelo dominante de desarrollo urbano y de una inadecuada planificación en sus asentamientos, sufriendo las consecuencias del hacinamiento, una estructura y dinámica de desagregación territorial y exclusión social que sigue la máxima de la destrucción creativa. Ante la evidencia de esta situación y la consiguiente espiral de la violencia sistémica que da lugar a noticias espectaculares que solo abordan la superficie de la gravedad del problema que padecen amplios contingentes de vecinos, no es posible continuar como si nada pasa en los barrios pobres. Tal dejación de funciones de los poderes públicos no solo es un error, insostenible además, sino que además es un crimen de Estado que ya está costando vidas humanas. Urge pues una intervención determinante y la adecuación de las políticas públicas a las necesidades de la gente más humilde que sufren a diario la falta de articulación del Estado incapaz de pensar modelos integrales de planeación y actuaciones concretas con participación ciudadana y una visión multinivel e intersectorial coordinada.
Si un reto estratégico proyecta la globalización es justamente la de territorializar y definir políticas de ensamblaje que no solo remedie sino que confronte la lógica de desconexión que mata, empobrece y aísla numerosos conjuntos de población. Del mismo modo que representa un reto para nuestro país la España vaciada, tenemos graves problemas de desacoplamiento de los barrios ignorados, faltos de política de reconocimiento y de actuación que parta de los mundos de vida y no de la planificación tecnocrática y la racionalidad mercantil que ha terminado por marginar barrios, distritos y amplios sectores de la población de la clase trabajadora.
Decía Julio Anguita al hablar del tiempo-encrucijada que vivimos que, parafraseando a Rosa Luxemburgo, este es un momento de disyuntiva, un tiempo para elegir entre la bolsa y la vida, la cotización y márgenes de ganancia de las eléctricas y los fondos buitres que especulan con el derecho a la vivienda o la gente común. Es falta la dicotomía economía o democracia. La historia demuestra que es posible garantizar plenos derechos de ciudadanía y que la actividad económica sea próspera, es más, la experiencia de la crisis bursátil de 2008 y más recientemente la pandemia ilustran alternativas de futuro claramente contrapuestas. Lo que no es sostenible es dejar abandonados los barrios vulnerables, inmersos en una espiral de deterioro imparable, convertidos en espacios de segregación espacial, en guetos, de inseguridad o espacios de NUDA VIDA.
El sociólogo Scott Lash advertía hace algunos años que una de las consecuencias negativas de la globalización en la nueva economía de signos y espacios es la jerarquización básica de dos tipos de territorios: aquellos territorios vivos, con infraestructura moderna, conectividad, flujos e intercambios permanentes, y aquellos otros espacios muertos, aislados, desconectados de los flujos de mercancía e información, sin servicios públicos en los que la vida no vale nada y la gente muere por no tener red, ni redes públicas, ni acceso a servicios básicos para la vida, sea la electricidad, la salud o la seguridad. Pero esta divisoria no es natural, es resultado de políticas de competencia que anulan la potencia organizativa de los sectores y clases subalternas. De modo que es posible otro modo de organizar nuestros barrios a partir de una política de la cooperación y conjunción, una estrategia pública que aborde el problema del ensamblaje, de la conexión de las infraestructuras materiales, de habitabilidad, al tiempo que se atiende la necesaria articulación social acometiendo las brechas, vacíos, silencios y abandonos en tierra de nadie de más de un tercio de la población de nuestras principales ciudades andaluzas. La iniciativa no de ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso estos días tiene por objeto contribuir a este trabajo colectivo prioritario para ir consolidando el modelo federal de país a partir del diálogo y la cooperación interinstitucional, la coordinación y participación ciudadana, la política de cuidados de los sectores populares más vulnerables y la planificación democrática y mancomunada del hábitat urbano de forma sostenible.
Es un sencillo ejercicio de patriotismo constitucional. La normalidad no puede ser el estado de excepción permanente que viven barrios como el Los Pajaritos Almanjáyar o Las Moreras. Si algo quedó claro el 23J es que este es un tiempo de políticas sensatas, equilibradas, racionales, pensadas para el bien común y para la gente que más lo necesita. El gobierno ha de intervenir, el Ministerio de Derechos Sociales comprometerse y los operadores eléctricos cumplir con sus obligaciones para garantizar la mejora de la calidad de servicio y el suministro sin continuos apagones e incidencias. A estas alturas, en pleno siglo XXI, pese a parecer lo contrario en la era Trump, no nos valen discursos cínicos, torpes o astutos. Ni pícaros ni cándidos, ni majaderos ni sublimes, ni patética vindicación de la pobreza ni desarrollismo paternalista. Tras décadas de espera, vecinos como los del Polígono Sur conocen perfectamente el sentido del discurso cínico o enfático, los circunloquios o simplemente la dilación a base de excusas de postergación de los agentes del mercado y sus representantes. Llevan años de lucha y dignidad, de resistencia y vindicación por todos los canales institucionales establecidos sin ser atendidos eficientemente por el Estado y las distintas administraciones públicas.
Es hora pues de que los poderes ejecutivos del Estado, desde lo local y autonómico como a nivel central, cumplan su función de servicio público. Desde la cámara de representantes hemos instado al Gobierno a ello, y están emplazados a ello.
No permitamos que nuestros vecinos y compatriotas pierdan la esperanza, porque cuando eso ocurre, pierde la democracia. La fractura social siempre pasa factura política y termina por vulnerar los derechos de todos. No nos lo podemos permitir.
La ‘Operación López’ y la urdimbre de la tutela informativa
La apuesta por la autonomía y gobernanza democrática de Radiotelevisión Española (RTVE) y de los medios públicos en España es una tarea inaplazable, por más que el debate público en nuestro país parezca anclado en el siglo XX –hablando de ETA– o, a veces, en el XIX –cuando se trata de la monarquía y la relación con las antiguas colonias–.
El caso es que el Plan de Acción Democrática nos ha situado ante el reto de cambiar de pantalla. Y no parece que las fuerzas mayoritarias del bipartito se hayan dado cuenta del cambio de marco en el que estamos. Hace meses advertimos que el cese de la presidenta interina, Elena Sánchez, ponía en evidencia un modelo fallido de gobernanza, el del PP/PSOE, y que era hora de apostar por un esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, tal y como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Hasta la fecha, PP y PSOE nada han hecho. Y el Real Decreto convalidado por el Congreso es una errática respuesta a la lógica de bloque institucional de la derecha.
Si el concurso público para la elección de la Presidencia y el Consejo de Administración fue una ocasión fallida para desgubernamentalizar el ente, hoy la falta de dominio del bipartidismo debiera ser la ocasión, si de una dirección independiente hablamos, para plantear retos urgentes que PP y PSOE no han cumplido como fuerzas mayoritarias en el Congreso, manteniendo la situación de excepcionalidad en el marco europeo que debe superarse resolviendo de inmediato:
- La aprobación de un mandato marco renovado y posterior aprobación del primer Contrato-Programa entre el Gobiernos y la Corporación RTVE.
- Un pacto de Estado para la democratización, financiación y estabilización de la RTVE con el fin de acometer los retos tecnológicos de la convergencia digital.
- Reforzar la producción propia y la activación de centros territoriales como el de Andalucía con la paralización urgente de la externalización de programas, formatos y medios.
- Cumplir el mandato constitucional del Artículo 20 de acceso y participación con la constitución de un Consejo Ciudadano conformado por representantes de la sociedad civil (sindicatos, asociación de consumidores, organizaciones de defensa de la audiencia, academia) que proponga y evalúe el desempeño del servicio público audiovisual de RTVE.
- Democratizar la gestión interna del ente retomando órganos como la Mesa de Producción Propia con el espíritu que se ideó.
Quienes siempre hemos defendido las políticas de comunicación, estamos convencidos de que, más pronto que tarde, esta dinámica cambiará, sea por acción comprometida de profesionales y sociedad civil o por obligación, al tener que cumplir el Reglamento Europeo de Medios.
La Operación López, que algunos irónicamente la tildan de simulada revuelta, en la que están empeñados tanto el PSOE como pareciera que el PP, y hasta los de Pablo Iglesias, no será sostenible en el tiempo, por más que el modelo patriarcal de dominio caciquil dentro y fuera de la Corporación trate de pervivir en el tiempo capturando el dominio público y lo común.
El viejo topo de la historia opera lentamente, pero de forma irremisible. Incluso allá donde parece que nada pasa y todo sigue igual, como en Andalucía. En Galicia, se ha movilizado el personal contra la manipulación del PP; otro tanto sucede en Telemadrid y, mientras tanto, en la RTVA, el informe del Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado la deriva privativa y decadente de los responsables de la tele de todos los andaluces.
Más de 400 ejemplos en el que Andalucía y los andaluces han dejado de ser el centro de la televisión pública y han sido desplazados por una agenda ideológica al servicio de intereses políticos. En suma, los Servicios Informativos de Canal Sur han abandonado su misión de servicio público, la información veraz, plural, rigurosa, imparcial e independiente a que obligan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA, el Contrato Programa, la Carta de Servicio Público y el Estatuto Profesional, abonado como está históricamente la derecha ultramontana a la censura, la propaganda y el modelo Fox News que anticipara Urdaci.
En la RTVE es previsible que vuelvan los viernes de negro y, mientras tanto, unas pocas voces no conseguimos cambiar la lógica de la Cámara con debates de altura para mejorar nuestro sistema público audiovisual. Francamente, no nos lo merecemos, ni la UE lo admite. Tiempo de mudanza pues.
Economía Política de la Comunicación y Estudios Culturales en América Latina
La disputa de la hegemonía de la comunicación global plantea, en la actualidad, el reto de pensar contracorriente las mediaciones en tiempos de colonización del conocimiento. La tradición del pensamiento de la liberación latinoamericano es un punto de anclaje obligado a la hora de definir, en esta línea, las bases para una crítica de la economía política de la comunicación. La vindicación de una Comunicología del Sur diferenciada en la región es, sin duda, el primer paso para pensar desde abajo los medios y lógicas de control de la información como dominio que imperan hoy por hoy en el Sur global.
En este volumen colectivo, se reúnen materiales indispensables de análisis frente al colonialismo cultural, repensando el papel de la comunicación en el nuevo escenario de crisis global del capitalismo como puesta en común actualizada de la tradición materialista a partir de la memoria de las culturas populares, de las luchas y frentes culturales que jalonan la historia del campo: de CIESPAL a ALAIC, de CLACSO a ULEPICC, de Temuco a Córdoba o Ciudad de México.
Sumar lleva al Congreso medidas «urgentes» por los asentamientos de migrantes en Huelva
El diputado nacional de Sumar Francisco Sierra ha visitado este viernes los asentamientos de personas migrantes en Lucena del Puerto (Huelva) para ver «el estado de cumplimiento de los acuerdos de Doñana» que añaden «mejoras a las condiciones de vida de los temporeros que viven en asentamientos» y ha anunciado que llevará al Congreso «medidas urgentes» para que «se cumplan los derechos humanos».
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El Congreso aprueba «medidas urgentes» para garantizar la energía en el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 170 votos a favor, 144 abstenciones y 33 votos en contra, la proposición no de Ley promovida por Sumar en demanda de «medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético» en barrios con interrupciones en el mismo y la «reforma integral de los barrios con menor renta«, con mención expresa al Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate, los barrios de menor renta neta media anual por persona según las estadísticas oficiales y donde Endesa y una auditoría externa encargada por la Junta atribuyen las incidencias a acometidas ilegales a la red para alimentar cultivos interiores de marihuana.
En dicho texto, fruto de una plataforma andaluza de trabajo ciudadano y recogido por Europa Press, Sumar señala que «Andalucía se enfrenta a la dramática realidad de tener los barrios más pobres de España», extremo que refleja el estudio anual de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que identifica a los barrios con menor renta, con este informe en el que anualmente Sevilla concentra seis de los 15 barrios de España con menor renta neta media anual por persona, con el Polígono Sur a la cabeza.
«Año tras año, los barrios más pobres de España son andaluces, lo que confirma el carácter estructural de la situación de exclusión social que padecen«, señala la proposición no de ley, agregando que «estos barrios sufren la falta de inversión pública, la segregación urbana, el paro y la precariedad laboral, la falta de servicios públicos, bajos niveles formativos, inseguridad ciudadana, graves problema con los servicios básicos esenciales, con cortes de luz, calles sin mantenimiento, deficiencias en la recogida de basura, etcétera, con una intensidad que vulnera los derechos humanos más elementales«.
Peticiones
Es por ello que con esta proposición no de ley, Sumar solicita que el Gobierno central, conformado por el PSOE y la propia coalición de izquierdas, emprenda «medidas para garantizar el abastecimiento energético a los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad por parte de las compañías eléctricas, así como para hacer efectiva la obligación que tienen de modernizar sus infraestructuras eléctricas«, pues en el caso del Polígono Sur, por ejemplo, mientras la empresa achaca los cortes a las acometidas ilegales a la red, los colectivos sociales le recriminan una supuesta falta de inversiones.
El documento de Sumar apuesta además por promover «un proyecto de ley de rehabilitación integral de los barrios con menor renta, tal como recogen los Indicadores Urbanos del INE».
Para ello, la coalición de izquierdas reclama «concretar e identificar los barrios prioritarios para las actuaciones integrales de regeneración y renovación urbana en función de los datos objetivos ofrecidos por el INE para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación global sobre el parque de vivienda social, especialmente sobre las viviendas construidas con anterioridad a 1980″.
«Medidas urgentes de regeneración»
«En todo caso», según la proposición no de ley, «se establecerán medidas urgentes de regeneración y renovación urbana para los tres barrios con menor renta de España: Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate», todos ellos en Sevilla.
Esta proposición no de ley fue defendida el pasado lunes en el Congreso por el diputado sevillano de Sumar Francisco Sierra, quien lamentaba el «intolerable abandono histórico» que sufren múltiples barrios «ignorados» en Andalucía, con mención expresa a los «tres barrios más pobres» del país, localizados en Sevilla, por lo que llamaba a «cumplir» con la ciudadanía que «resiste y sobrevive» en estas barriadas, víctimas del «oligopolio eléctrico» y de autoridades que «no responden cuando se les requieren». Por eso, pedía «alternativas reales y concretas» para estos barrios.
En del debate plenario con motivo de las enmiendas promovidas por los grupos parlamentarios, Carlos Hernández Quero, de Vox, avisaba a los partidos de izquierda que «ya nadie les cree, y menos en los barrios» desfavorecidos, conectando la carestía de estos entornos urbanos con el supuesto empeño del Gobierno del PSOE y Sumar de «quitar músculo a la hacienda» nacional con la financiación singular de Cataluña, promovida por «la oligarquía separatista».
Por el PSOE, el diputado Lorenzo Cazorla exponía que las empresas suministradoras de energía deben «realizar inversiones» y en el caso de estos barrios, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, tiene la obligación de «vigilar y sancionar» los incumplimientos de estas empresas, en defensa de «los usuarios de buena fe».
Cazorla defendía que el Gobierno central cuenta con un plan nacional con 8.400 millones de euros para políticas de rehabilitación de vivienda y espacios urbanos, pero la Junta «demuestra que no tiene capacidad de gestionar» los fondos que se le conceden, como es el caso de los europeos, según sus palabras.
El tiroteo y las plantaciones
En el caso del PP, la diputada Sol Cruz-Guzmán argumentaba que la prioridad es solucionar «la falta de seguridad», porque «sin seguridad, no hay soluciones para el Polígono Sur ni para ninguno de estos barrios» desfavorecidos, lo que le llevaba a señalar el reciente tiroteo con «armas militares» en dicha barriada sevillana y el papel de los cultivos interiores de marihuana, con sus correspondientes acometidas ilegales a la red eléctrica, como clave de las interrupciones en el suministro de energía al saturar las redes de abastecimiento por su alto consumo.
Así, alertaba de que en Sevilla capital «faltan medio millar de policías nacionales», sin los cuales, según su opinión, esta proposición no de ley se limita a una mera «carta a los Reyes Magos», con lo que pedía al Gobierno central que instase al ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, a que solucione dicho extremo.
La diputada de Podemos Martina Velarde alertaba por su parte de la «aporofobia y el clasismo de los medios y de algunos partidos» políticos, apostando por «mejorar los barrios y más derechos» en lugar de «pedir más policías», lo que le llevaba a avisar de que las interrupciones en el abastecimiento energético suponen «una vulneración de los Derechos Humanos».
Maribel Vaquero Montero, del PNV, mostraba la oposición de su grupo a esta iniciativa, explicando que aunque es necesario «promover más medidas en todos los ámbitos» para mejorar estos barrios, ya rigen «acuerdos» entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para promover políticas de regeneración urbana y de viviendas con cargo a fondos europeos, con lo que a su entender no había quedado concretado «qué mejora supondría» crear una ley específica para ello; tras lo cual el diputado Francisco Sierra precisaba que Sumar sólo admitía la enmienda del Grupo socialista.
