Políticas mediáticas, derecho a la comunicación y democracia

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El vínculo entre comunicación y democracia es una construcción política, jurídica e intelectual que se ha consolidado a lo largo de los últimos 75 años en el marco del derecho público internacional y que se asienta fundamentalmente en la definición de los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión a partir de los documentos suscritos en el período de posguerra como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 define por vez primera como un derecho universal el derecho a la información que cualquier persona puede ejercer, entendido en su triple dimensión de emitir, recibir e investigar sin censura alguna por parte de los poderes públicos o privados.

Desde entonces se han desplegado una batería de declaraciones, directivas y legislaciones diversas tanto a nivel internacional como en la Unión Europea y España que, fundadas en este espíritu, han recogido y mejorado con especificaciones varias, la complejidad creciente que el derecho a la información, y más ampliamente los derechos a la comunicación, demandan en las sociedades contemporáneas como garantía para el despliegue de sistemas democráticos de calidad. Uno de los aspectos considerados a inicios del siglo XXI, sobre la base de la revisión del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en 1969, fue la ampliación en el año 2000 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión elaborado por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se indica específicamente que «la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática«. El mismo documento señala asimismo que «los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos», y se ofrece un despliegue de interpretaciones sobre lo que significa hablar de libertad de expresión, lo cual implica el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones con igualdad de oportunidades por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla, así como a acceder a la información sobre si misma en poder del Estado.

Estas definiciones, aun cuando resultan progresivas en materia de derechos, se han mostrado insuficientes a la luz de las transformaciones tecnológicas que se produjeron de modo acelerado a partir de la revolución digital. El despliegue de plataformas de contenidos que aconteció a partir de 2004 generó un desplazamiento estructural en el mercado, en los modos de producción y consumo de información que no tiene parangón en la historia: iniciando con la creación de Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter 2006, IPhone en 2007, 2009 Whatsapp, 2010 Instagram, 2013 Telegram, 2015 Alphabet, por solo ofrecer algunos ejemplos de lo ocurrido en una década.

A partir de la plataformización de la sociedad, resulta imperioso conformar espacios de reflexión que contribuyan a la calidad democrática, a la construcción de marcos normativos éticos fundados en el cuidado y la reducción de riesgos a partir de una interacción virtuosa entre el Estado, la academia, el sector privado y la ciudadanía. La agenda de problemas en materia de comunicación ha sumado a los ya históricos temas referidos a infraestructura, derechos de los periodistas, democratización de las comunicaciones, radiodifusión, monopolios de la comunicación, acceso y participación ciudadana, otros retos vinculados a los procesos de digitalización, gestión de datos e información personal, control y manipulación de comportamientos o regulaciones varias sobre Inteligencia Artificial generativa aplicada en el campo de la comunicación y la cultura. Con la sanción del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, recientemente aprobado, se inicia un nuevo ciclo global que pondrá en relación los diferentes acuerdos alcanzados para avanzar en la gobernanza de la InteligenciaArtificial, ya sea mediante directrices o a través de principios o códigos de conducta como los definidos en otras latitudes tales como la Orden Ejecutiva de Biden, la declaración de Bletchley o el proceso de Hiroshima. Toda una renovada batería de problemas inaugura un nuevo tiempo público para la gestión de políticas públicas orientadas a alcanzar la conectividad y la digitalización, la gestión del 5G y la renovación de las redes e infraestructuras de conectividad entre otros aspectos de relevancia hacia el futuro que deben ser objeto de discusión e intervención social desde una perspectiva democrática.

En los últimos años, sin embargo, las transformaciones aceleradas de la revolución digital y la ausencia de políticas activas del Estado ante el intensivo proceso de concentración de la prensa y la creciente precariedad de la profesión, han llevado a un notorio deterioro de la calidad informativa, con la consiguiente crisis de confianza de los públicos y la desafección de las nuevas generaciones respecto a los contenidos de actualidad periodística. Los informes anuales del Instituto Reuters son concluyentes a este respecto y sitúan a nuestro sistema informativo como uno de los peores del espacio de la UE.

En un contexto de crisis estructural del oficio y con la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en nuestro entorno mediático, parece llegada la hora de definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información. Con el dominio absoluto de las grandes corporaciones y la hegemonía foránea de Silicon Valley, los poderes públicos están emplazados a sentar las bases materiales necesarias para garantizar el diálogo público abierto y democrático, garantizando la apertura de espacios de interlocución para enriquecer la cultura deliberativa. Por ello mismo, el Parlamento y el Consejo Europeo han adoptado el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que los países miembros deberán aplicar antes de agosto de 2025. En esta línea, desde la Plataforma Cívica Hermes, convocamos durante el pasado mes de mayo en el Congreso de Diputados la jornada LOS RETOS DE LA LIBERTAD DE PRENSA. HACIA EL DERECHO DEMOCRATICO A LA COMUNICACIÓN en el marco de la conmemoración del Dia Mundial de la Libertad de Prensa.

Hoy que debatimos en España sobre el plan de regeneración democrática de Moncloa, conviene tomar nota de las conclusiones del encuentro para una política de Estado en la materia que procure:

  1. Proponer una Comisión Parlamentaria específica en Políticas de Comunicación.
  2. Desarrollar una ley de transparencia sobre publicidad institucional y la estructura de poder de los medios de comunicación.
  3. Promover un proyecto de ley estatal de Educación para la Comunicación y Comunicación Educativa.
  4. Modificar el sistema de gobernanza de RTVE y los medios públicos con cambio normativo en la línea del concurso público, garantizando además un sistema mejorado de financiación y administración.
  5. Promover la regulación y medios ciudadanos comunitarios, así como la economía social de la comunicación.
  6. Impulsar medidas y una política pública para cumplir las obligaciones nacionales en materia del convenio internacional de la UNESCO de protección de la diversidad en los medios.
  7. Adoptar normas para garantizar el pluralismo interno en el sistema mediático frente al actual duopolio audiovisual y la alta concentración informativa.
  8. Regular la desinformación y los bulos con medidas preventivas, tanto de autorregulación como de sanciones en contra de la mala praxis periodística.
  9. Constituir el Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas e impulsar medidas en favor de la dignidad, y protección de los profesionales de la información.
  10. Crear el Consejo Estatal de Medios de Comunicación trasponiendo las indicaciones del nuevo reglamento comunitario para la mejora del sistema de comunicación.

No son todas las medidas necesarias para la calidad democrática de nuestro sistema, pero sí las más urgentes para avanzar en el derecho universal a la comunicación.

*Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación y portavoz de SUMAR en la Comisión de Calidad Democrática

*Daniela Inés Monje Medina es catedrática de Comunicación Política y coordinadora de la Plataforma HERMES.

Matonismo periodístico

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El pasado mes tuve el honor de defender como diputado la posición favorable a la Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de apoyo a los actos conmemorativos del centenario de la Exposición Hispanoamericana de 1929, un hito histórico que expresa la voluntad de hermanamiento con lo que hoy es la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Las exposiciones universales, como la feria barroca de Sevilla, tienen su trascendencia histórica, más que evidente, y su complejidad, culturalmente contradictoria. Pues hablamos, en términos de Walter Benjamin, a propósito de la feria de París, de una función publicitaria, un escaparate en el que las multitudes se convierten también en protagonistas y objeto de captura de una mediación cuyo principal culto es el progreso de los medios de producción.

Hoy vivimos, claro está, otro tiempo, y por lo mismo conviene reflexionar el qué y para qué de la conmemoración del 29. Tras una primera etapa donde la industrialización era la base de las exposiciones universales, de Londres a París, se pasó a otra lógica celebratoria en la que las ferias centraban su esfuerzo en el intercambio cultural y, ya entrado el siglo XX, en lo que se denomina «marca-nación», siguiendo una lógica mercantil o meramente publicitaria.

Esta variante no estaba exenta de una lógica de reproducción del poder simbólico. Piensen en el modelo de París de Hausmann. El objetivo que se perseguía era la necesaria reforma urbanística de la ciudad, el fomento del turismo, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico desde el impulso de las relaciones con países próximos.

Pero también conseguir una ciudad ordenada a escuadra y cartabón para facilitar la represión de los levantamientos obreros y mantener el orden público, como cita con criterio Anibal Quijano. Léase, por ejemplo, el ensayo de David Harvey publicado en Akal.

Esta lógica fue una constante de París a Barcelona o Sevilla. Es cierto que, además, en el caso de la Exposición Iberoamericana, se pretendía dar muestra del hermanamiento entre España y América Latina, en una convocatoria que podría entenderse como continuación del esfuerzo español por la conformación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, concebida desde el Congreso Social y Económico Hispanoamericano de 1900. Esta visión no estaba exenta de una nostalgia o melancolía colonial que debe ser cuestionada en pleno siglo XXI.

Celebrar el centenario de la Exposición del 29 pasa, en otras palabras, por actualizar la visión del espacio geopolítico iberoamericano desde una mirada contemporánea, crítica, de hibridación y transformación cultural, empezando por recuperar el patrimonio cultural de figuras como Anibal González y el regionalismo arquitectónico de Andalucía, históricamente negados pero, poco a poco, reconocido y recuperado en los últimos años gracias a la labor de periodistas, cineastas y creadores culturales que, en clave andalucista, supieron ver el valor cultural de la magna obra de espacios como la Plaza de España

En esta línea, conviene comenzar a preguntarnos para qué celebrar un centenario como este, con qué fin se plantea un megaevento mediático si no es para avanzar un horizonte de futuro repensando el sentido de un proyecto en común. La celebración de la Exposición Iberoamericana no puede ser ni por turismo, ni por marca ciudad, que no es necesario en Sevilla.

Tampoco debe ser por la lógica económico-industrial que dio origen a la Exposición, sino más bien para impulsar las relaciones culturales no desde la colonialidad de los tiempos de Alfonso XIII, sino desde la necesaria decolonialidad que exigen los tiempos de mudanza y libertad a la que aspiramos, para crear, fraternalmente, comunidad, lazos, vínculos, no en el sentido de Milei, que habla desde la subalternidad, sino en el sentido de Lula da Silva y su política cultural que ha sabido recuperar otros repertorios simbólicos, otros imaginarios obliterados en la historia, con los que es posible construir proyectos de futuro en común.

En el actual contexto histórico, en un tiempo de vindicación de la diversidad cultural y la multipolaridad, es importante asumir una mirada –otra–, superadora del discurso y cierto afán por recrear o reconstruir un nuevo imperio deudor de las soflamas «espirituales» y la antigua imagen del imperio ultramarino español, tan vindicado por la extrema derecha y la derecha extrema en nuestro país.

Como advierte el historiador Luis Ángel Sánchez Gómez en su artículo África en Sevilla: la exhibición colonial de la Exposición Iberoamericana, podemos concluir que, por lo que puede contemplarse en Sevilla en 1929, ese nuevo imperio hispano-africano imaginado por determinados personajes y grupos dominantes durante el primer cuarto del siglo XX está muy lejos no sólo de ser una realidad. Desde luego, prácticamente nada hay que recuerde antiguas «glorias imperiales» y tampoco existen cauces que puedan reconducir la presencia de España hacia algo parecido, en el Caribe o, incluso, en el Pacífico.

Por ello en mi exposición en las Cortes concluí señalando que «no repitamos la historia como farsa, construyamos más bien comunidad, dialogo y fraternidad desde el principio esperanza», contando con organizaciones de integración regional como UNASUR, ALBA, CAN o CELAC, además de los movimientos sociales indígenas, campesinos y populares de la región.

Pero he aquí que las enmiendas propuestas y aprobadas por PP y PSOE dieron lugar a poner en marcha lo que algunos denominan La máquina del fango y que no es otra cosa que el mediafare. La campaña de difamación, esto es, la guerra cultural contra quien piensa desde la tradición emancipadora es una constante en nuestro país.

Un supuesto periodista, Javier Macías –no Javi, ni Javito, ni Javiere: Javier Macías–, a la sazón quintacolumnista de ABC, me ha dedicado, probablemente por encargo, una columna con dolo y un rosario de falsedades que atentan a la propia imagen y es punible, con el Código Penal en la mano, por su manifiesta voluntad de difamación.

Si hace poco Ortega Smith quiso descalificar a mi colega, el profesor Pisarello, llamándole «tucumano», el supuesto periodista de ABC hizo de patriota de la oligarquía descalificándome como «decano indígena», a modo de sambenito, desprestigio, denigración, o insulto, lo que ya califica de por sí al personaje militante de la moda del matonismo periodístico que campa a sus anchas últimamente.

No hay peor necio que el que no quiere oir. Y, por lo general, aquel que no escucha activamente poco o nada puede escribir o pensar de valor. El oficio de periodista no es tanto preguntar como informarse y, para ello, escuchar atentamente. Si así lo hubiera hecho, que no lo hizo –no se documentó en forma alguna pues la intención era difamar–, sabría el supuesto periodista que soy orgullosamente un decano indígena, zapatista para más señas, que conozco y admiro las culturas originarias de toda América Latina, que he colaborado con sus causas justas y en cooperación cultural con las comunidades mayas, quechua, aymara y con el pueblo mapuche.

Sabría que orgullosamente atesoro una larga historia de amistad y encuentros con los pueblos amerindios y que desde CIESPAL, ULEPICC y otras organizaciones académicas internacionales que he presidido siempre tuve a bien trabajar en pro de sus culturas, cultivando con respeto y conocimiento la fraternidad y el diálogo cultural en la estela de sabios como Bartolomé de las Casas, Pipo Clavero, Rodolfo Stavenhagen o François Houtart.

En fin, que erró el tiro porque no ofende quien quiere sino quien puede y uno se reconoce decano orgullosamente indígena por este legado cultural que he tenido la suerte de cultivar. Es normal que piense un sujeto así que desbarro pues, en el sentido de Jesús Ibáñez, salgo de las barras de la normalidad de los señoritos del ABC, al que el pobre firmante se adscribe y por eso escribe, no al dictado, sino de forma dictatorial, ofendiendo lo que puede, con imprecisiones impropias de un profesional.

Claro que el firmante reconoce que no estudió mucho en la Facultad. Por eso quizás es incorrecto, que es el primer precepto de la redacción periodística. Ni acierta en escribir bien mi nombre, ni cita correctamente las teorías, ni entiende para el caso el sentido de la Espiral del Silencio, ni son verdad muchas de las afirmaciones que asevera sobre mi labor académica. Lo normal, vamos, en los adoradores de Inda. Nada nuevo bajo el sol.

Pero ya que la mala praxis es lo habitual en el periodismo hoy día, y no van a rectificar, probablemente el supuesto periodista no fue a las clases de Deontología Informativa por excesivamente teórico y normativo, permita el lector intervenir para dejar sentado públicamente el sentido de las ocurrencias, por tratar de ser elegantes ante las tropelías cometidas por el autor, que habla de oficio, y niega la función de la educación superior, que califica la Facultad de Comunicación en la que se formó como un espacio teórico con apenas dos profesores que sabían qué era el Periodismo: López Hidalgo –amigo personal– y Ramos Espejo.

Debería informarse bien antes de hacer afirmaciones gratuitas. El objeto de su estrategia de deshonra no solo tiene carnet de periodista: desde los 18 años he trabajado en prensa local, periódicos culturales especializados, radios municipales, en la cadena SER, en producciones audiovisuales y como jefe de prensa de organizaciones sociales. Aún hoy ejerzo en varios medios el oficio, como esta columna de Andalucía Digital.

Pero pareciera para una mentalidad obtusa que la teoría es lo contrario de la práctica y que un teórico de la comunicación nada ha de saber de la práctica informativa. No es el caso. Tampoco se aprende más sirviendo cafés en el ABC o dentro de los medios, donde no hay tanto magisterio como se presume y, lo que es peor, falta concepto y visión general, que es lo que aporta la universidad, por ejemplo, para no incurrir en vulneración del Código Deontológico de la FAPE.

Debería saber que hay normas y, en la teoría de los géneros, el profesor López Hidalgo seguro que le explicaría –conozco bien su obra– que los artículos de opinión no son para decir lo que a uno le venga en gana o para descargar opiniones infundadas. Hay un arte de la retórica y de la argumentación que falta en su artículo, como se falta a la verdad.

Empieza hablando de persecución a ABC de Sevilla. Si hubiera visto el video de la intervención, que no lo hizo, por escribir de oídas, sin escuchar atentamente, comprobaría que literalmente afirmé que Anibal González fue muy maltratado por los amigos del ABC –se entiende que por la oligarquía económica y política local, lea la historia–.

Por cierto, el ABC sí existía antes que la edición local. Otra mentira: nunca hablamos de ABC de Sevilla. Y para rematar la batería de inexactitudes en su campaña de desprestigio abunda en la idea central de un ataque a ABC de Sevilla. En el mundo al revés, los verdugos se presentan como víctimas sin pudor.

Si se hubiera informado bien, podría comprobar en las propias páginas de su periódico que, como decano, colaboré activamente con ABC de Sevilla, como con todos los medios, sin distinción ideológica o línea editorial; que recibí a autoridades religiosas, aun siendo partidario del laicismo.

En los cinco años al frente de la Facultad de Comunicación organicé varias actividades y exposiciones de ABC y sus directivos fueron invitados en todo momento; incluso organizamos un panel de aniversario del diario con Antonio Miguel Bernal y el por entonces director Álvaro Ybarra, el mismo que empezó una causa contra mi persona simplemente por acoger un acto del teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, víctima del lawfare, para denunciar las manipulaciones del medio.

Nunca en público, siendo decano o no, ataqué al ABC. Y mire que hay razones sobradas para ser crítico con un medio que colaboró en los crímenes de lesa humanidad del franquismo, que ocultó la corrupción de la Casa Real, que hizo apología del nazismo y del fascismo con campañas de ensalzamiento de Hitler y Mussolini en sus portadas y páginas interiores.

Pero sí que fui víctima del diario, mucho antes, cuando, como simple académico, cobré del Ayuntamiento –como otros destacados intelectuales– 200 euros por un taller de capacitación. El diario nunca contó que fuimos muchos de los citados, como Joaquín Herrera y yo, quienes trabajamos gratis en los Presupuestos Participativos de Sevilla sin recibir honorario alguno.

Tampoco se esmeraron mucho cuando, en plena campaña electoral, titularon a toda página: Marxista, chavista e investigado en Ecuador por mal uso de fondos públicos. Todo cierto, a decir verdad, pero digo yo que por respeto al proceso de elección no es lo más apropiado, salvo que la intención de la noticia no sea otra que favorecer en la disputa el segundo escaño de VOX y, por tanto, el gobierno de la nación.

No se explica de otro modo el perfil que hizo Mercedes Benítez en el que no le quedó más remedio que reconocer los méritos y prestigio internacional que como académico he tenido a lo largo de mi dilatada trayectoria para, acto seguido, descalificar como docente mi trabajo por hablar de cosas incomprensibles para el ABC como la Teoría de la Aguja Hipodérmica –que vuelve a recordar el supuesto columnista, que no sabe aplicar las reglas del género de opinión– o por abordar debates contemporáneos de la revolución digital, como el Capitalismo Cognitivo, todo ello documentado en una web de dudosa fiabilidad. En fin, sin comentarios.

Para un medio que hace bandera de la falta de ilustración, cualquier excusa es válida. Y el supuesto periodista hace gala de ello: con errores de bulto, con numerosas falsedades e inexactitudes, para difamar con dolo, con incorrección de forma y fondo en el registro de lo que debe ser un artículo de opinión, y lo que es más revelador: con la propia negación de su cualificación cuando, por desprestigiarme y ensalzar al ABC, termina por echar piedras sobre su propia titulación y formación académica. Y es que no hay peor necio que el que no quiere aprender.

Si al presunto periodista le parecen absurdas las clases, podemos comprobar que, desde luego, estudiar no estudió mucho, porque ni sabe de lo que habla, ni tiene sólida formación científica y parece ser que las clases de Redacción Periodística tampoco las siguió con mucha aplicación. La de Códigos y Valores Profesionales sabemos que no. Pero no saber escribir una columna de opinión respetando las reglas del oficio ya dice mucho del personaje. Lo dicho, malos tiempos para la profesión cuando la ignorancia es norma de referencia y la impunidad, rutina.

 

Sumar propone impulsar leyes que regulen los medios para «garantizar su independencia»

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Sumar va a presentar un proyecto no de ley en el Congreso que dibujará, por primera vez, la regulación de los medios de comunicación. El Gobierno anunció una ley de medios que presentará este mes, pero de la que no ha detallado nada. Las seis iniciativas que incluye el documento del socio de Ejecutivo, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, aborda desde promover ayudas públicas a los medios para garantizar su independencia económica y la pluralidad informativa, hasta regular la inteligencia artificial para evitar la «robotización» de las redacciones.

Desde Sumar establecen dos objetivos claros: comenzar a alentar políticas que regulen los medios de comunicación y tengan por objetivo garantizar su independencia y fomentar el pluralismo informativo. Legislar para favorecer que la cuota informativa no quede en manos de pocos medios y proteger la diversidad en el sector. La formación admite que los grupos políticos llegan tarde y que debieron atajar antes unas reformas que consideran fundamentales para la «regeneración democrática» del país, aseveran desde Sumar.

El sentido de estas propuestas es instar al Gobierno a seguir estas políticas, de modo que aún falta por concretar cómo se atajarían estas reformas. Desde Moncloa siguen sin dar pistas ni concretar en qué se transformará la ley de medios que anunciaron a finales de abril, después de los cinco días de reflexión que se tomó el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente.

Una PNL con seis líneas de actuación

El documento que presentará Sumar esta semana en la Cámara Baja bajo el título «medidas urgentes para dignificar e impulsar el periodismo» ataja por primera vez la regulación de los medios, anunciada por el Gobierno como «gran causa nacional». El documento está elaborado íntegramente por Sumar, sin intervención de los socialistas, y recoge las propuestas de, —entre otras—, las asociaciones de prensa de Andalucía.

La formación política establece seis objetivos. No se concreta la manera exacta de alcanzarlos porque la naturaleza de una PNL es, simplemente, instar al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas en este sentido. Un planteamiento que tiene lógica, pues se presenta a pocas semanas de que Moncloa o el grupo socialista en el Congreso presenten su ley de medios.

Dar ayudas a los medios para luchar contra la precariedad

Una de las líneas de actuación más llamativas es la número seis. Sumar sitúa en el centro de sus propuestas que las instituciones públicas actúen contra la precariedad económica que atraviesa el periodismo. La formación consideran que la salud financiera de los medios es directamente proporcional a su independencia e instan a aplicar «políticas contra la precariedad de los profesionales de la información» que «protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos».

Aunque aún es pronto para afirmar qué medidas quieren ejecutar para conseguirlo, sí se plantean dar ayudas directas a los medios de comunicación para hacer frente a esta precarización que alcanza a los profesionales, según confirman a ECD fuentes de la formación. En Sumar miran como referencia modelos como los que rigen los países nórdicos, donde la aportación con dinero público es una fuente de ingresos más de los medios y afloja la independencia de los mismos de la publicidad institucional o comercial.

De momento, la PNL solo habla de implementar ayudas a los medios comunitarios. Se trata de publicaciones «sin ánimo de lucro, no son públicos ni comerciales, y surgen a partir de colectivos y asociaciones de vecinos, comunidades o barrios», explican desde Sumar. Pero no recoge como propuesta dar ayudas a los grandes medios comerciales. La concreción de este punto de la PNL se debatirá en las próximas semanas, cuando el equipo de Sumar se reúna con editores y asociaciones de prensa para aterrizar y plasmar al detalle cómo colaborar desde las instituciones a frenar la «precarización» del sector.

Igualdad de género en los altos cargos

También llaman a impulsar «medidas de igualdad de género en los puestos directivos» de los medios de comunicación. Un informe de la agencia internacional Reuters publicado a comienzos de este año resalta que en España, las mujeres ocupan solo el 20% de los puestos directivos del sector, mientras que representan el 40% de las redacciones.

Enseñar a identificar bulos

El documento aboga, en primer lugar, por «diseñar un plan de alfabetización» para que la ciudadanía esté mejor preparada en la lucha «contra la manipulación informativa y la desinformación». Fuentes de Sumar explican que una de las posibilidades sería que los profesionales impartan clases a los más jóvenes para ayudarles a identificar los canales oficiales de información, consultar informaciones contrastadas y esquivar todas las noticias falsas que abundan en las redes sociales: la principal fuente de consumo en estas edades.

El propio Sánchez también ha puesto en el foco la lucha contra los «pseudomedios» —como los denomina el presidente— por difundir «bulos» sobre su esposa. El líder socialista ha incidido en la necesidad de revisar la publicidad institucional que reciben dichos digitales y profundizar en la transparencia de los mismos, para conocer quiénes son sus dueños y cómo se financian. En Moncloa consideran que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular riegan con dinero público a los medios afines «que después publican estos bulos contra el entorno del presidente», afirman altos cargos del Gobierno a ECD.

Una ley sobre transparencia en la publicidad institucional

En Sumar defienden que ambos partidos, tanto el PP como PSOE, hacen un uso discrecional de la publicidad institucional para favorecer a determinados medios en función de su línea editorial, y en consecuencia, llaman a abordar esta problemática en el segundo punto de la PNL. En concreto, el documento insta a «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».

El equipo de Sumar en el Congreso, afirma que el objetivo último es poner fin a la discrecionalidad con la que los partidos favorecen a medios afines y establecer una serie de baremos objetivos que deban cumplir todos los Ejecutivos municipales, autonómicos y el poder central, para evitar cualquier trato de favor.

Recuperar la reforma de la ley mordaza

La tercera propuesta de Sumar pasa por una reforma que se quedó en el cajón en la pasada legislatura: la ley de protección de seguridad ciudadana o ‘ley mordaza’. Los grupos de investidura abordaron su derogación, que finalmente se transformó en cambiar la norma, no en eliminarla. Pero Esquerra Republicana y EH Bildu no quisieron aceptar las modificaciones que proponía el PSOE, o más bien, la negativa de los socialistas a reformar artículos de la ley que los independentistas consideraban claves para poner fin a los «aspectos más lesivos» de la misma.

La presión de los sindicatos policiales fue enorme: celebraron manifestaciones en Madrid en las que fletaron autobuses de toda España cuando la reforma aún era un borrador y no se había puesto en marcha. Incluso hubo una fuerte división entre las asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Por un lado, las que llamaban a concentrarse de nuevo, y por otro, las que abogaban por esperar a ver qué documento salía de la Comisión de Interior en el Congreso, como adelantó ECD. Finalmente, no salió ninguno.

En Sumar consideran fundamental reformar la norma porque «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información», como reza el texto que van a presentar.

Lucha contra la llegada de la IA y proteger el secreto profesional

La irrupción de la Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en muchos sectores de la sociedad. Desde la educación hasta la cultura; y el periodismo no queda exento de ello. Por eso, Sumar ha reservado uno de los seis puntos de su PNL a la lucha contra el «uso inapropiado» de la IA. Un apartado que en Sumar denominan la «robotización de las redacciones» y que relacionan también con la precarización del sector.

La iniciativa busca poner coto a esta tecnología para que no sustituya a los redactores. La formación asegura que se han detectado numerosos casos en los que la inteligencia artificial ya elabora artículos automáticamente que antaño correspondían a un periodista, con el riesgo de sustituir a los profesionales por esta nueva tecnología.

Además, también pretender elaborar una ley que proteja el secreto profesional, más allá de las breves referencias en el Código Penal que actualmente protegen al gremio de revelar sus fuentes. Pero desde Sumar afirman que no tiene un desarrollo normativo que consideran elemental para proteger a los profesionales. También añaden que ha habido quejas en los últimos años de distintas asociaciones de periodistas por situaciones en las que no se ha blindado lo suficiente este derecho.

Sumar quiere abrir ya en el Congreso el debate sobre el reparto de la publicidad institucional a los medios

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Sumar ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley (PNL) con las que pretende abrir el debate sobre la publicidad institucional de los medios y su regulación. La Mesa debe aún calificarlas, por lo que aún no se sabe todavía cuándo se verán en la Cámara.

«La publicidad institucional es un reto. Hoy por hoy sirve como fondo para comprar voluntades y hacer campañas de desinformación. Deben utilizarse esos fondos con criterios de proporcionalidad, según audiencia, relevancia y diversidad», afirma a Público el diputado Francisco Sierra, portavoz de Sumar en la Comisión de Calidad Democrática y catedrático de Teoría de la Información en la Universidad de Sevilla. La comisión parlamentaria aborda desde hace meses sesiones sobre desinformación en España.

En el texto de las proposiciones se recoge la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español el reglamento europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. «A la espera, hay medidas urgentes que deben ser acometidas por el Estado, al ser en algunos casos tareas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico desde la transición«, plantea Sumar.

Así, en la primera de las PNL, en cuya exposición de motivos se plantea que existe un «contexto de crisis del periodismo» y una «peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en el sistema mediático«, lo que, a juicio de Sumar, «hace necesario definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información».

Así, Sumar plantea en la proposición cinco asuntos además de la necesidad de «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».

Por un lado, el «diseño» de «un plan de alfabetización mediática y digital de la ciudadanía para el desarrollo de competencias socioculturales contra la manipulación informativa y la desinformación». Por otro, la derogación de la llamada ley mordaza, que «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información».

Además, «adoptar medidas de protección del trabajo periodístico y regular los procesos de robotización de las redacciones con el uso inapropiado de la Inteligencia Artificial». También, «impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes imprescindible para el desarrollo del periodismo de investigación».

Y, por último, «promover políticas contra la precariedad de los profesionales de la información que protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos, impulsando medidas de igualdad de género en los puestos directivos de nuestro sistema informativo».

Servicios comunitarios

En la segunda de las proposiciones, Sumar se ocupa del fomento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. El partido explica en el texto que «la Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010, de 31 de marzo, creó una nueva categoría de radio y televisión por ondas terrestres, [estos servicios, que estarían] destinados a atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales y fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo».

Añade Sumar en la PNL: «Desde la creación de este tipo de servicios, han sido numerosas las solicitudes realizadas por las Comunidades Autónomas para que la Administración General del Estado planificara el espectro radioeléctrico necesario para proceder a conceder licencias. Sin embargo, hasta el momento […] el Estado no ha planificado ninguna frecuencia ni ha establecido ninguna normativa. La inacción por parte del Gobierno impide a las Comunidades Autónomas el desarrollo de sus competencias y supone una restricción a la libertad de expresión al impedir la creación de estos nuevos medios de comunicación».

Así, Sumar plantea lo siguiente al respecto. Por una parte, «habilitar en el plazo de 6 meses el dominio público radioeléctrico solicitado por las Comunidades Autónomas para destinar a servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro». Y, por otra, elaborar «un censo de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro» y «desarrollar un plan de fomento» para apoyar estos servicios, que contenga una «convocatoria anual de ayudas».

Sionismo informativo

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Que la ultraderecha neofascista se organiza y coordina internacionalmente en su estrategia contra la democracia no es nuevo: repite un patrón similar a los años treinta. La agenda política une así a Netanyahu con los ultras patrios de VOX aún siendo de tradición antisemita. Paradojas de la historia. O no.

Lo cierto es que en esta ceremonia de la confusión parece pasar inadvertido el rol estratégico de los medios como artífices del pogromo autoritario del ordeno y mando al son del capital financiero. Y menos aún es conocido que el sistema informativo internacional desplegó hace tiempo una agenda sionista que hoy hace posible la negación del principio de jurisdicción universal y las acciones de la Corte Internacional de Justicia contra los crímenes de guerra del Gobierno de Israel.

Por ello, en el coloquio que colegas de la Facultad de Derecho organizaron en mi universidad, en la que un supuesto rector toma medidas nada rectas para agredir al movimiento estudiantil acampado contra el genocidio, insistí en que, ante la guerra en Gaza, tenemos tres frentes culturales que acometer en defensa de la paz y la palabra: el orientalismo hegemónico de los medios, el colonialismo y la economía política de la comunicación que hace posible el relato legitimador de la barbarie.

De lo primero, qué decir, además de recordar las tesis del intelectual Edward Said sobre los imaginarios Disney que, del Pato Donald al Rey León, han cultivado las industrias culturales, estigmatizando la cultura árabe. Los medios, además, por principio, son etnocentristas y, como demostrara Van Dijk, también racistas.

Alimentan a diario un imaginario islamófobo, con una retórica WASP, muy acorde con el modelo Fox News del trumpismo y el Coffe Party. Ello explica todo uso de tropos para confundir una parte con el todo, Hamás con el pueblo palestino, Oriente con la barbarie, Occidente con la civilización, y la guerra con un mal menor necesario para la conquista de un pueblo negado que debe ser sometido para civilizar, como muestran las narrativas de la literatura al cine, del videojuego al cómic, de la publicidad a los noticieros de televisión.

El segundo elemento desapercibido para la opinión pública cuando vemos los niños muertos de Palestina es el colonialismo informativo. La geopolítica de la comunicación dibuja un mapa de las redes del Norte a Sur, de Nueva York y Tel Aviv a Londres y París, en las que los pueblos sin Estado, y los Estados pobres sin medios de representación, de Palestina al Sáhara, viven dependientes de los relatos prefabricados por el núcleo hegemónico del sistema internacional, básicamente estadounidense, cuyas empresas controlan más del 70 por ciento del flujo de información del sistema internacional de comunicación.

Ello explica la guerra del Golfo, manipulada por la CNN, y la versión dominante en los medios, RTVE incluida, sobre la guerra en Oriente Medio. En este escenario, Israel no es un país cualquiera, sino aliado estratégico de Estados Unidos, y socio preferencial del complejo industrial-militar del Pentágono, cuyo control de la red satelital y las comunicaciones electrónicas esenciales para la ciberguerra es absoluto, como total es la comunicación para la guerra que interviene en el espacio público para distinguir víctimas dignas e indignas, como ilustrara en el caso de Timor Oriental y Camboya Noam Chomsky y Ed Herman.

A ello cabe añadir los intereses sionistas en Hollywood y Silicon Valley, la colusión de intereses entre telecomunicaciones, capital financiero y medios de información. Una combinación de intereses surgida de los tiempos de la Guerra Fría que explica en buena medida el discurso bélico prevaleciente en nuestras pantallas por doquier.

Como demuestran los estudios de economía política de la comunicación, cinco actores mediáticos controlan prácticamente la totalidad de los contenidos gracias a la concentración extrema de la propiedad, cuya estructura e ideología sionista criminaliza toda protesta contra el criminal de guerra Netanyahu.

Democratizar las falsas noticias pasa en consecuencia hoy por descolonizar la cultura angloamericana y sionista en los medios; denunciar los bots y LAS estrategias paramilitares en las redes de Inteligencia Artificial, los montajes y las campañas de relaciones públicas del Gobierno de Israel; los encubridores y colaboradores necesarios tertulianos que actúan de reforzadores de opinión a lo Pilar Rahola, y advertir que existe una censura sistemática de Estados Unidos e Israel sobre las guerras de este nuestro mundo, como recientemente se hizo con el documental de Jhon Pilger sobre la manipulación de las noticias en la guerra desplegada por décadas del Estado de Israel contra el pueblo Palestino.

Quienes defendemos la paz y el derecho humanitario, bien lo sabemos, como en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) hace ya mucho tiempo. Corresponde ahora al lector protegerse contra los profesionales del silencio y la barbarie: toca vacunarse contra el virus de la desinformación de quienes quieren vendernos una moto con destino único al precipicio. La vida y la dignidad así lo aconsejan.

La defensa de los comunes

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Que una de las revoluciones por venir del siglo XXI es lo común, es una evidencia desde el ensayo de Laval y Dardot. Urge por ello analizar qué obstáculos limitan o determinan el proceso de transformación histórica desde la izquierda. En su último libro, César Rendueles aporta elementos para este debate en forma de caja de herramientas.

Más allá de las investigaciones de Elinor Ostrom y sus categorías económicas, el trabajo aborda el núcleo esencial del antagonismo y la transición postcapitalista analizando los comunes como instituciones sociales colaborativas desde las experiencias acumuladas en el tiempo. Decía Max Horkheimer que toda reificación es una forma de olvido, por ello conviene reconstruir en el debate contemporáneo la historia de las formas de autogestión a la hora de administrar los medios de subsistencia, y cuestionar cómo es posible promover una transición ecológica justa.

 

 

 

COMUNTOPIA. Comunes, Postcapitalismo y transición ecosocial
César Rendueles
Ediciones AKAL, 2024

 

 

 

 

Uno de los méritos del trabajo en este sentido es la exhaustiva revisión de la literatura y los debates conceptuales y terminológicos sobre lo común con una original revisión teórica y analítica consistente en el que se plantea desde la historia de los cercamientos y el origen de la clase obrera al ecologismo político en diálogo con autores como E.P. Thompson, Eric Hobsbawn o Maurice Dobb, entre otros. Como trasfondo, más allá del proceso de acumulación originaria, el ensayo remite al concepto central de autonomía, al problema de la soberanía popular sobre los medios de producción, hoy extensible a los medios de vida y sostenibilidad del planeta. De la tragedia de los comunes al movimiento ecologista internacional, la cuestión es politizar la cooperación ante los retos que marcan:

  1. La defensa de los comunes y la disputa en torno al acceso colectivo al sustento material.
  2. La resistencia ante la expropiación comunal
  3. Las rebeliones contra la acumulación originaria como pérdida de autonomía y libertad.
  4. El dualismo Estado-Mercado y la acumulación por desposesión.
  5. Y la tecnocracia como gestión antidemocrática ante el proceso de transformación de la llamada cuarta revolución industrial.

Para ello, Rendueles plantea cuatro ejes contemporáneos a explorar y tomar en consideración:

  1. El espacio social emergente que introduce la tecnología digital y las prácticas colaborativas en red.
  2. El activismo tecnológico en pro de los comunes digitales.
  3. El nuevo constitucionalismo latinoamericano (Venezuela, Bolivia, Ecuador) que reconoce la dimensión comunal como pilar de toda forma de sociedad.
  4. Y las políticas públicas para dar forma, de Veblen a Weber, a lo común: de la costumbre a la norma, de la autonomía a la heteronomía y de lo micro a lo macro.

Tales frentes culturales formaron parte de la discusión en espacios como el Foro Social Mundial, y apuntan directamente al problema o moraleja sociológica sobre el precio a pagar por el bienestar material, el crecimiento tecnológico y la libertad individual. El problema de la modernidad realista, analizado magistralmente por Bolívar Echeverría, nos lleva en esta dirección a repensar el Ethos Barroco, o en términos políticos la posibilidad del Estado de Bienestar tras la crisis terminal del neoliberalismo en 2008. Un debate, el propio de la Agenda 2030, que tiene lugar en un contexto de narrativas del colapso que validan la hipótesis de Zizek: es más fácil imaginar el fin de la humanidad que la propia superación del capitalismo.

Más allá de los dilemas de la acción colectiva y la miopía cognitiva sobre la emergencia climática, se pueden documentar con todo numerosas iniciativas locales sobre los comunes que extienden el lenguaje de los vínculos más allá de las políticas de bienestar, si bien requieren desentrañar problemas implícitos como uno de los objetivos principales que nos sugiere este ensayo, a saber:

  1. El comunitarismo como repliegue y mitificación tradicionalista
  2. La crítica de la elección racional de ciertas lógicas libertarias que afrontan los comunes.
  3. La vindicación del pluralismo basado en la reciprocidad e igualdad.
  4. La construcción de una institucionalidad que combine Estado y Comunidad, frente al Mercado.
  5. La cultura del diálogo y la democracia participativa.
  6. La importancia de la comunicación y la autogestión.
  7. Y el diseño de proyectos comunales universalistas con sistemas de resolución de conflictos internos y externos a gran escala.

Toca pues tras su lectura avanzar en esta dirección que nos propone el autor, explorando los tiempos profundos y el nuevo materialismo de la geofísica de la información, aprendiendo del consejismo y la autogestión experimentados en países como Yugoeslavia, disputando el sentido de la compleja relación entre democracia, participación y libertad, abordando radicalmente, como núcleo central del nuevo capitalismo financiero, la transformación digital y la siliconización de la economía uberizada y, desde luego, politizando la acción pública institucional. Pues, en palabras del propio Rendueles, enfrentamos un gran reto de transformación de la izquierda en esta materia. Como concluye Rendueles, “los comunes son una fuerza del pasado, por decirlo con Pasolini, una cámara de eco milenaria que armoniza la miríada de voces que hoy luchan por un futuro en el que por fin se materialice la promesa ilustrada de una sociedad en la que el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos. En palabras de William Morris, una sociedad en la que no haya ni ricos ni pobres, ni señores ni vasallos, ni ociosos ni explotados, ni trabajadores intelectuales alienados ni trabajadores manuales consumidos; en definitiva, en la que todas las personas vivan en igualdad de condiciones y puedan ocuparse de sus asuntos fructíferamente, y con la plena conciencia de que dañar a una significa dañar a todas las demás: La materialización al fin del sentido de la palabra comunidad”.

Peineta digital

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Freud planteó, en su teoría del desarrollo psicosexual, la existencia de cinco fases por las que atraviesa cada sujeto: fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latencia y fase genital. Todo ser humano, de una u otra forma, experimenta esta evolución. Pero en el mundo al revés todo es posible, incluso el desorden evolutivo. Y pareciera que se impone el retorno o involución a la fase anal. Hace años ironicé en esta columna sobre la campaña del Banco de Santander, sí, el de la doctrina Botín, que no solo sabe del dinero público, el que además nos mete el dedo en el ojo, y no digo más porque es demasiado complejo, en tan breve espacio, meterse de lleno con el oculocentrismo que nos gobierna en estos tiempos de pantalla. Sí que me va a permitir el lector apuntar una breve reflexión con motivo de los proyectos en curso que, en tiempos de guerra, despliega el capital en forma de destrucción creativa de la innovación tecnológica. Hoy que los ultramontanos liberales abominan de la burocracia y las normas administrativas en su ataque al Estado y lo público, requisito, bien lo sabemos, para la lógica de acumulación, resulta que la banca sigue procesos concentracionistas al tiempo que maltrata a los mayores, nos pone a trabajar para ellos con la banca telemática, nos roban el tiempo con trámites innecesarios, y modernizan digitalmente la usura de lo mismo, demostrando que lo privado, pese al discurso, es menos eficiente aun con el manto sofisticado de la mediación hipermultimedia. El confinamiento de los teleoperadores y la calidad total a costa de las espaldas de los usuarios lo demuestra. Sabemos además que la demanda de autonomía, la vindicación en el discurso publicitario de las tecnológicas y las telecos de que cada innovación nos hará más libres, es, en realidad, expropiación de la propia vida vía  colonización del imaginario, y la novedad tecnológica reducción de costes, con destrucción de ocupación que se transfiere al usuario. Una suerte de acumulación por desposesión extraída de nuestro tiempo y pa/Ciencia. Hago estas anotaciones justo ahora que el ministro Escrivá anda en la deriva expansionista de la siliconización con la panoplia de contribuir al gobierno abierto. Un proyecto millonario que ni es interministerial, ni multinivel ni, por descontado, cuenta con la agencia de la sociedad civil, que hace décadas exige transparencia hoy ni siquiera garantizada por una ley, en el contexto europeo tardía, que se verá traspasada por la opacidad del código que programan las bigtech del complejo industrial-militar del Pentágono.

En su reciente comparecencia en el Congreso, el Ministro de Transformación Digital y Función Pública (parece un oxímoron a la luz del sistema de información privativo que nos domina), propuso tres consensos básicos. Un concurso para el impulso ético de la Inteligencia Artificial, siguiendo los lineamientos, insuficientes, de Bruselas, el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país, promoviendo inversiones estratégicas e infraestructuras en apoyo a las empresas y la administración, y, finalmente, la transformación de la Administración Pública para la mejora de los servicios y prestaciones a la ciudadanía. Un consenso que exige desde la izquierda respuesta en forma de claro disenso porque las tecnologías no son propias, el código no es libre y tales políticas se vienen haciendo y se hacen sin participación ciudadana, quizás, cabe pensar, para garantizar esas inversiones extranjeras, expandiendo el dominio de los Musk de turno. Recientemente, mis compañeras de grupo parlamentario Gala Pin y Tesh Sidi, lideraban una proposición no de ley contra el uso de la IA en el genocidio contra el pueblo palestino. En la iniciativa que suscribimos, señalamos cómo los avances tecnológicos y la infraestructura digital civil es hoy un elemento clave para sostener el régimen de apartheid y la masacre. Los mismos trabajadores de empresas tecnológicas como Google y Amazon han impulsado una campaña No Tech for Apartheid en la que piden a los dos gigantes de la tecnología que rompan relaciones con Israel, mientras éste siga usando su tecnología para la guerra. Contratos como el proyecto Nimbus (un acuerdo entre Google y Amazon para ofrecer servicios en la nube a lsrael por un monto de 1,2 billones de dólares) es la otra cara de la moneda del régimen de excepción que se está prefigurando. La era del perfila sirve para el genocidio y para la disciplina de las voces discordantes en el Norte pudiente. Así ha sido desde el origen de la alianza capital, ciencia y complejo militar del Pentágono, un entente que viene de largo y es determinante de la economía estadounidense, actualmente en caída libre. Ya lo explicó Herbert Schiller en Comunicación de masas e imperialismo yanqui y Mattelart lo analizó en su ensayo sobre satélites y napalm. Así que visto lo visto, sugiero, celebrada ya la Semana Santa, guardados en los armarios capirotes y mantillas de la moda retro que nos invade, ahora que es tiempo de primavera, pasar de la cofradía de la sentimentalidad big tech a la política de la peineta digital. Un gesto de dignidad que ha de traducirse en políticas activas de transición digital justa y democrática, con más cuerpo y corazón, y mayor sensibilidad, si no queremos convertir la era de la Inteligencia Artificial en el retorno a la fase anal de la humanidad. La historia y evolución del capitalismo informacional es más que ilustrativa a este respecto. Hora pues de cambio de sentido.

Movimiento Vecinal ENTRE AMIGOS Polígono Sur

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Mesa abierta en Radiopolis, desde la que abrimos micrófonos para dar a conocer la realidad y la lucha de los vecinos del Polígono Sur en defensa de sus derechos. Conducido por Rafael Bascón y Víctor González, como representantes del colectivo nos acompaña Rosario García, porta voz y activista de Entre Amigos y el Diputado ante el Congreso Nacional por SUMAR Francisco Sierra.

Resultados Elecciones Europeas 2024 SINCERARNOS PARA AVANZAR

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Desde nuestro espacio de información abrimos el análisis y posterior debate sobre los resultados de los comicios europeos y el creciente avance de la Derecha y Ultra Derecha en el Viejo Continente. De manera sincera y autocrítica conversamos con Francisco Sierra Diputado Parlamentario Plurinacional por SUMAR ante el Gobierno Central del Reino de España. Entrevista realizada por Víctor González, Rafael Bascón y Diana Carbajal van de Kerkhof para Radiopolis 92.3 FM