Autor: Albert
Sumar trabaja en la creación por ley de un fondo estatal contra la exclusión en los barrios vulnerables
El diputado de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, lleva meses, junto con sus compañeros andaluces, manteniendo encuentros con los vecinos y vecinas de los barrios más vulnerables de la comunidad. Es en Andalucía donde se acumulan las zonas con peores indicadores de renta de todo el país, según el INE.
«Además de la España vaciada tenemos espacios urbanos en todo el territorio nacional, en Andalucía especialmente, en los que el Estado no está. No está para los servicios públicos», afirma Sierra en un encuentro con Público.
«Hay varios sesgos de la desigualdad muy brutales, uno tiene que ver con la clase, que históricamente conocemos; está también el de género, del que somos cada vez más conscientes en la política y en las políticas públicas. Y otro está en donde vives. Según tu código postal ya estás condenado a un itinerario de vida«, añade.
De esos trabajos con representantes vecinales ha surgido, explica Sierra, la idea de presentar un proyecto de ley en el Congreso en el que se recoja la creación de un fondo del Estado, que estaría vinculado a los presupuestos generales, es decir, contaría con una financiación anual, para combatir la exclusión.
Al reparto de ese dinero podrían optar todos los barrios del Estado en situación de vulnerabilidad –los parámetros y detalles irían recogidos en un reglamento–. Lo que pretende Sumar es que cualquier zona urbana desfavorecida, no solo en ciudades sino también en entornos rurales, pueda, mediante un trabajo desde abajo y con la colaboración de los ayuntamientos y comunidades autónomas, dar lugar a un plan integral específico y propio, que el Estado financiaría.
Por la red circula un manifiesto impulsado por entidades vecinales y titulado Por una ley integral de barrios vulnerables. En él se recoge lo siguiente: «Nos proponemos la elaboración y aprobación de una Ley de Barrios Vulnerables en esta legislatura que apruebe un Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social para evitar el riesgo de fractura social y hacer frente a la crisis ambiental».
El programa electoral de Sumar recogía la «creación de un programa estatal para los barrios vulnerables» que «pondrá a disposición de las comunidades y de los ayuntamientos los recursos y el apoyo necesario para desarrollar estas intervenciones a través de convocatorias anuales de ayudas directas«.
La idea que plantea Sierra profundiza en esa promesa electoral: «Vimos [durante el trabajo con los vecinos] –explica– que era necesario un proyecto de ley que fuera integral, en el que colaboren los ayuntamientos, las autonomías y el Estado, y que sea interdepartamental. Los diagnósticos que hemos hecho en los barrios que hemos visitado [nos dicen que] es que los proyectos [planteados hasta ahora] son fragmentarios, discontinuos».
«El objetivo fundamental –agrega el parlamentario– es un proyecto que sea una política de Estado. Hicimos un equipo técnico los diputados de Andalucía, con el objetivo de lograr un diagnóstico participado; no queríamos una prueba de laboratorio».
«Dijimos: vamos con los vecinos, que nos van a decir seguramente lo que ya sabemos, en algunos casos, desde hace más de 30 años. Pero vamos a construir con ellos y esto es el resultado de lo que ha salido: la ley surge desde la iniciativa parlamentaria pero se edifica con diálogo y desde una escucha activa real«, reivindica Sierra.
La arquitectura del fondo
Así cuenta Sierra a Público la arquitectura de ese fondo: «Gran parte de las competencias para [ejecutar] un plan integral para un barrio son municipales y autonómicas. Hemos estado dándole vueltas y hemos optado por un modelo similar a los fondos Feder, que es un modelo concursal. Es la única manera en que el Estado puede disponer de fondos y programas, que con la participación de ayuntamientos y autonomías, puedan lograr el objetivo final, que es cambiar los barrios».
«Hay otros dos elementos importantes –agrega el diputado–. Las Comunidades tienen que cooperar. Como en la ley de dependencia [se habilitaría] un sistema de lealtad institucional, de cooperación institucional, esto hay que garantizarlo en la ley. Y un elemento que queremos introducir es que haya una participación vecinal, que los vecinos no estén como destinatarios, sino que puedan participar en el proceso».
La idea de base la resume Sierra de este modo: «Ahora que tratan de destruir las bases del Estado del Bienestar, la sanidad, la educación, lo que queremos nosotros es ampliarlo y atender desde el Estado políticas avanzadas».
El meollo es, en efecto, esa partida, que, de ser aprobada, garantizaría continuidad y flexibilidad en los proyectos. ¿Cuánto podría destinarse cada año a estas políticas? «La parte más delicada va a ser esa: dotar un fondo», asume Sierra. «Como política del Estado del Bienestar –agrega–, habría una cuantía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están dotados para lograr continuidad. Esta política hay que seguir peleándola. Tendríamos un marco de ley al que podrían apelar los vecinos y, si la sacamos adelante, sería una obligatoriedad establecer esos fondos».
«Queremos –añade el diputado de Sumar– que un único fondo integre todo: todas las variables que formen parte de una partida y así evitar la dispersión de esfuerzos. Las cantidades de dinero anuales en los PGE las tendríamos que negociar como una política de Estado, como sucede con la ley de dependencia: hay unas partidas específicas anuales para este programa. Este es el compromiso que tenemos que establecer».
El proyecto, para ver la luz, aún tendría que superar varias fases. Primero, cerrar los detalles con las organizaciones vecinales. Después, registrar la proposición de ley en el Congreso –para lo que se necesita consenso en la coalición– y, posteriormente, en su caso, negociarla con la mayoría de la investidura. Un complejo plan, que requeriría del apoyo de numerosos grupos parlamentarios, de diferentes sensibilidades.
«Va a ser difícil, pero tenemos que empezar. Lo estamos concretando con los vecinos y esperamos que sea política pública, de Estado. Nuestra hoja de ruta es el mes de junio. Nos faltaría terminar los diagnósticos y mantener un encuentro, porque todavía tenemos que hacer ajustes en los documentos, con los vecinos. Y después, hacer el registro», afirma Sierra.
Flexibilidad y trabajo con los vecinos
Rosario García, portavoz de la Plataforma Nosotros también somos Sevilla y vecina del Polígono Sur, explica que, en efecto, han estado desde el principio tratando con Sumar sobre este proyecto. Después de muchos años de promesas y de planes que no han terminado de solidificarse, García no pierde la ilusión. «Yo no sé alguna gente, pero yo no la voy a perder«, afirma, mientras comparte un café con el diputado Sierra y con Público.
«El proyecto tiene que mirar de cara a las necesidades que tenga la gente«, agrega. Luego, García pone un ejemplo: «El Polígono Sur no tiene las mismas características que Torreblanca [otro barrio vulnerable de Sevilla]. Mucho depende del Estado».
García plantea también que la ley debe permitir la flexibilidad en los planes: «Hay que conocer a las personas, hacer un plan que trabaje con las personas, sabiendo la realidad que tienen. En un despacho, es muy bonito el proyecto, pero cuando se lo presentan a Juan, no tiene nada que ver con la necesidad de Juan. Los proyectos [no] se [pueden] plantear desde un laboratorio y que se diga, Juan, esto es lo que hay que hacer con él».
Explica Sierra: «La ley va a ser la misma para todos, pero el plan cambiará según el barrio. Un plan integral por barrio: eso permite ese concepto de flexibilidad y adaptabilidad que decía Rosario García. La ley va a ser general, lo que da es un fondo y un marco normativo para cada territorio. Lo que va a hacer un barrio de Almería, de Bilbao o de Sevilla no va a ser lo mismo: va a ser distinto. Entonces, se hará el plan integral de acuerdo a la casuística«.
«Aquí se hace hincapié en rehabilitación de vivienda y seguridad y a lo mejor en otro barrio interesa más la educación y el empleo. El plan integral se construye desde el territorio. Al ser por concurso, se permite esto, construyes el proyecto y lo haces con los actores«, agrega el parlamentario de Sumar.
«En cada caso, hay que ver», afirma Sierra. «Esto es lo difícil: crear una comisión en la que colaboren las distintas administraciones. Esa es la idea. El plan, en cada caso, tiene que abordar todos los elementos. En el caso del Polígono Sur hay competencias de Interior muy claras», reconoce.
García añade: «Desde la plataforma no queremos que ningún barrio se quede fuera. Que en tal barriada, el Ayuntamiento tendrá que ver junto con la [administración autonómica] y el Estado y los vecinos cómo arreglan las cuestiones. Así lo veo yo. Lo que queremos es que todos los barrios a nivel del Estado salgan de esta situación. Las personas tenemos que vivir dignamente. Y punto«.
Sobre las razones por las que en Sevilla el plan integral que se elaboró para el Polígono Sur no ha terminado de cuajar por completo, García asegura: «No se ha cumplido. Estuvimos dos años para elaborarlo, comisiones de barrio, dos años escribiendo las necesidades, se aprueba el plan integral, se nombra al comisionado, pero luego no se trabaja integralmente«.
«Se han hecho cosas, claro», agrega. Pero pone este ejemplo: «Hay entidades que han hecho proyectos, que han trabajado con la abuela y luego con la hija y ahora con los nietos. Si yo trabajo con la abuela es para que sea capaz de sacar adelante a la familia y no para que su hija entre en el programa después. Si se repite eso, es porque no ha dado el resultado«.
Apertura Campaña 9J
Universidades. No se compra. No se vende.
Teledetodos
Los medios de información en España no han mejorado la pesada herencia de la escuela Emilio Romero. Por lo general, con algunas excepciones puntuales, suelen actuar como medios de intoxicación que alimentan el escuadrismo y la reacción, una suerte de NODO posmoderno en el que se marcan los límites de lo pensable y de lo decible y ello sin distinción, desde luego en el duopolio televisivo, pero también en los medios públicos, mayoritariamente en manos de la derecha y VOX, véase el caso de Telemadrid o de Canal Sur donde personajes como Teodoro León Gross afinan la mirilla y disparan ejerciendo una suerte de postureo y violencia simbólica propias del fascismo amable que ya Nixon estableció como política de propaganda de la era Reagan: hablar suavemente y utilizar bien el garrote. Y así estamos, agarrotados, incluso en RTVE donde, paradójicamente, reina, nunca mejor dicho, la ley Calviño, la de quien fuera Director General del Ente, la misma del ala neoliberal del PSOE en el Banco Europeo de Inversiones que piensa que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero los hechos demuestran a diario exactamente todo lo contrario.
El reciente cese de la Presidenta Interina, Elena Sánchez, y el nombramiento de Concepción Cascajosa ponen en evidencia que el modelo de gobernanza de la Corporación RTVE es un sistema fallido, que es tiempo de mudanza de paradigma, que los poderes públicos han de procurar un verdadero esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, siguiendo en esta línea criterios equiparables a los de otros países de nuestro contexto europeo. No es tan difícil. Ya de hecho lo ensayamos con el concurso público para la Presidencia y composición del Consejo de Administración, un proyecto auspiciado por Unidas Podemos que el bipartidismo terminó por trabar ante el empeño de la izquierda de desgubernamentalizar los medios públicos en España. Persiste así, desde entonces, un modelo PP/PSOE que incide en el error de una anomalía histórica claramente excepcional en el marco europeo, un notorio déficit democrático que debe superarse resolviendo de inmediato al menos la renovación del Consejo de Administración, conforme a la ley vigente, además de la creación de una subcomisión parlamentaria para definir el nuevo convenio marco de cara al nuevo contrato programa que la Corporación ha de suscribir con el gobierno previo pacto de Estado por la democratización, financiación y estabilización de la empresa si es que de verdad hay voluntad política de acometer los retos, nada fáciles, de la actual revolución digital que está trastocando las formas, narrativas, formatos y modelos de gestión del servicio público audiovisual.
Podríamos enumerar en esta columna numerosas asignaturas pendientes que deben ser acometidas ante el nuevo ecosistema informativo, más aún en un contexto marcado por la estrategia de jibarización de los medios públicos iniciado en la era Mario Monti desde Bruselas logrando orillar a las empresas estatales hasta extremos insostenibles desde el punto de vista económico e institucional. Pero no es el caso aburrir al lector con detalles menores. Lo sustancial es constatar la ausencia de alternativa en la bancada de la derecha extrema y el PSOE neoliberal. En otras palabras, el futuro de la RTVE depende a día de hoy, primero y antes que nada, de la voluntad política y en segundo lugar de la demanda ciudadana que lamentablemente apenas se manifiesta. Hasta ahora solo los propios profesionales de la casa vienen pidiendo, a través de sus organizaciones sindicales, un plan de producción propia y el fortalecimiento de los recursos tecnológicos y de personal frente a la actual lógica de externalización que debilita la corporación y su autonomía estratégica como empresa vital para vertebrar el Estado y la cultura popular.
A falta de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que vele por la buena dirección de la RTVE, a la espera de concretar una política de Estado que de verdad dé sentido a la Secretaría de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, y que los dos partidos mayoritarios comprendan que el servicio público audiovisual es, como la sanidad, una cuestión de salud pública, quizás ha llegado la hora de empezar a definir una estrategia de campo abierto desde la sociedad civil organizada, promoviendo una Auditoría Ciudadana y una Coalición para la Teledetodos que impugne la lógica de la alternancia de los Contreras, MEDIAPRO y los intereses creados de siempre que han terminado por deteriorar hasta límites impensables la radiotelevisión pública.
Como rezaba el anuncio de La 2, somos la inmensa minoría, pero toda revolución empieza cuando y donde menos se la espera: en cada esquina y plaza pública, en los patios y encuentros de vecinos, en el corazón joven y rebelde de la generación Z que huyó de la pantalla chica y surfea de cuando en cuando por RTVE PLAY, en el arte de cineastas y amantes de la vida buena y la cultura con mayúsculas que confían en la ventana de oportunidad de la corporación para cultivar nuestros imaginarios o, como siempre, en los profesionales de la esperanza de la casa, no la de la escuela de Emilio Romero, que ya sabemos para lo que sirve, sino más bien la de Alicia Gómez Montano que, a la sazón, debiera ser hoy la Presidenta de la radiotelevisión pública por todos los méritos, conocimiento y potencia que acreditó en el concurso público, esa potencia que aún hoy pervive en Prado del Rey y que hay que mover para cambiar la historia, para cambiar el medio. En su momento, la muerte y los letrados del Congreso hicieron su trabajo. No dejemos que la RTVE termine por colapso e inacción. Es una cuestión elemental de democracia.
La lógica del calamar
La serie coreana que sigue la estela de Parásitos ha tenido lecturas variopintas: crítica al capitalismo, brutalidad innecesaria, espectáculo a lo Tarantino, violencia sin guion, perversidad asiática, hasta narrativa ochentera del programa Humor Amarillo. En fin, una polémica que da cuenta de su impacto cultural: más de 140 millones de hogares en el mundo consumieron –nunca mejor dicho– la serie con fervor.
El oculocentrismo, la Era de las Pantallas, es lo que tiene: impone una férrea economía política a la multitud, incluso para su deleite o entretenimiento. Una suerte de proyección y registro en la era del perfilado para la acumulación por desposesión sin solución de continuidad.
Tiempos pues de zozobra, de zombies y de narrativa audiovisual que mueve al espectador de su zona habitual de confort para sujetarlo. Pues siempre prevalece el llamado efecto burbuja, la chispa de la vida, la euforia delirante del capital que deslumbra como durante la fiebre amarilla, la fiebre del oro que Chaplin supo documentar con ironía mostrando cómo uno ve lo que desea ver, negando el principio de realidad.
El discurso comercial del milagro económico de la cuarta revolución industrial que proyecta la tecnología es la liquidación vía liquidez en forma de falsa promesa de startups o innovación pirata a lo japonés. Todo ello aderezado con el influjo publicitario de la economía digital, inteligente o inmaterial, de la atención. Pura pendejada a lo Rogelio Velasco.
De cualquier modo, como escribiera Rafael Chirbes, «no hay medicina que cure el origen de clase (…) ni siquiera el dinero que pueda llegar luego o el prestigio social que se adquiera (…). Es una herida de cuyo dolor te defiendes, e incluso ante tus propios hijos ya desclasados sacas las uñas de animal de abajo”.
Sentencia implacable, que debe servir en este universo de imágenes que nos inunda. Siempre prevalecerá el espíritu indómito de un pensamiento salvaje. En palabras de Marcelino Camacho, ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Esa es la libertad, y no tomar cañas o suscribirse a Netflix para ver cómo nos hacen competir en un juego sin sentido.
En la guerra cultural y económica que vivimos, en la suerte de guerra de clases de nuestro tiempo, es hora pues de confrontar el frente cultual de la política Mickey Mouse, el contubernio peligroso de la alianza ratera Macri/Milei o sus amigos en España.
Primero, por dignidad y, también, por instinto de clase que ha de visualizarse en las pantallas como avanzadilla de esta disputa. De hecho, no es casual que el líder de Libertad Avanza propusiera eliminar los impuestos a los videojuegos, ni que entre su electorado arrasara en el sector juvenil.
La cultura gamer y streemer domina la pulsión plebeya y constituye un elemento crucial en el neopopulismo de derecha, imponiendo una cultura gamificada, anestesiada pero activa contra, por ejemplo, toda política de Hacienda Pública.
Tal incoherencia o inmadurez narrativa de la cultura de la gamificación participa de las estrategias retóricas del ilotismo, de la cháchara y lo superfluo, una corriente ideológica de lo insignificante o del vacío como ausencia de horizonte histórico, de acuerdo con la reflexión de Carla Mascia. Hablamos de un discurso sin compromiso, puro marketing, pura autorreferencialidad ante la realidad que emerge.
Así las cosas, conviene volver a Gramsci y contraponer la figura legal y la realidad social para desmontar tal lógica discursiva que, incluso, permea y hegemoniza la acción política de la izquierda. Frente a los ingenieros del vacío político y la algarabía mediática, es tiempo de afirmar el compromiso por contar la vida para cambiar la historia, para narrar con sentido, que es el consentimiento de los sin nadie, aquellos que, además de costumbres y sentido común, tienen sus propios cuentos y las cuentas claras.
