Entrevista a Francisco Sierra Caballero
Francisco Sierra Caballero es un investigador español, doctor en Ciencias de la Información, con posgrado en Sociología, Ciencia y Tecnología. Desde julio de 2014 es director general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL). Es fundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Investigación en Comunicación y vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas en Comunicación (CONFIBERCOM).
¿Cómo se entiende el principio de la réplica o rectificación en el ámbito del periodismo a nivel global?
Hay una tradición que arranca en la crisis del primer tercio del siglo en Estados Unidos, que se denominó en principio responsabilidad social, frente a ciertos abusos que afectaban el honor y propia imagen de personas. Se vio la necesidad, especialmente en EE.UU., de replantear el papel del periodismo como servicio público, como función social y en ese ámbito los propios gremios de periodistas empezaron a ver la necesidad de responder. Si observamos la etimología de la palabra respuesta, tiene que ver con la dimensión dialógica; es decir, la información es de alguien para alguien y, por tanto, debe tener una garantía para proteger la honorabilidad, la propia imagen y dar una respuesta si hay inexactitudes, sesgos, incorrecciones en la prensa. Esto está muy presente en casi todos los códigos deontológicos de diferentes países desde los años 50.
Se dice que el derecho a la réplica es una limitación al ejercicio de la libertad de expresión y el libre flujo de ideas. ¿Qué opinión le merece este punto de vista?
Eso se afirma por ignorancia. La libertad no es concebible sin responsabilidad y la responsabilidad implica una serie de garantías, entre ellas, el derecho a la réplica. Afortunadamente en Ecuador está registrado como un derecho. Si se quedara solo como una norma en un código deontológico podría suceder lo ocurrió en los años 50 en algunos países, cuando los propios profesionales no lo respetaron o los medios no amparaban los derechos de réplica y rectificación. Ambos han sido una reivindicación histórica de los gremios profesionales.
¿Cree que la práctica de los derechos a la réplica y a la rectificación, que constan en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) develó un punto débil del periodismo en Ecuador?
Lo que entra en crisis es el periodismo que se ve obligado a corregir, a matizar, a evitar sesgos o tratamientos inapropiados de la información.
De algún modo obliga al profesional y a los medios a ser mucho más cuidadosos.
Si los periodistas ven que eso exige mayor cuidado e implica ser más rigurosos en el modo de producir, ¡qué bueno! porque veo muchas inexactitudes en la práctica diaria. Hay mucha mala praxis en los profesionales. La ley ha mejorado, por lo menos, en que sean cautelosos en el tratamiento de la información y si incumplen los principios básicos se vean obligados a atender los reclamos de quienes han sido objeto de una noticia inexacta.
¿Cree que ahora los periodistas son más rigurosos al momento de escribir?
Son más rigurosos, creo que han mejorado, pero todavía queda bastante por hacer. Creo que hay una mala praxis en cuanto al manejo de fuentes, el tratamiento exige un trabajo que una política y una ley no puede resolver. Necesitamos más capacitaciones. Por ejemplo, con el caso del terremoto hemos visto bastantes incumplimientos deontológicos de la profesión, al cuidar la imagen de personas vulnerables o afectadas, al cubrir con las fuentes oficiales, que es lo que recomiendan los manuales de comunicación de emergencia.
Usted se refiere a casos como EE.UU., por ejemplo, donde los códigos deontológicos se incumplen ¿Qué importancia le merece el control en Ecuador?
La esencia de la democracia es la deliberación sobre los límites, por tanto, es en esos límites donde nos jugamos la democracia y es en el derecho que podemos garantizar que la libertad de expresión sea responsable, respete y no vulnere sistemáticamente estos aspectos. Pero cuando se habla de control, lamentablemente el periodista y los medios piensan que la libertad es hacer sin dar cuentas de nada (…)
No puede haber libertad si no hay un control democrático, eso es la esencia del Estado, un equilibrio que debe darse en todos los ámbitos, en el jurídico, en el legislativo, en el económico y, por supuesto, en el derecho a la comunicación.
Sin un control democrático se da lo que estamos viendo en el mundo con los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora que se desclasificaron papeles del Pentágono sabemos que arrasaron un país como Irak con falsedades, inventadas por los grandes medios de comunicación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para justificar los intereses geopolíticos de adquirir los grandes yacimientos de petróleo.
Pero se dice que el cuarto poder, la prensa, puede autorregularse. ¿Cómo explicar la rectificación y réplica como principios universales del periodismo?
Ese es un modelo antiguo del siglo XIX. En el siglo XXI defender la autorregulación es resguardar el poder de los grandes grupos mediáticos, que no son democráticos, que no han sido representados por la ciudadanía, que no amparan los Derechos Humanos. En el siglo XIX alguien construía un periódico con una pequeña imprenta y tenía capacidad de difusión y un discurso a nivel internacional. Hoy en día no es así, se necesita un gran conglomerado y tejido. Y esa idea del cuarto poder también es falsa porque el primer poder es el capital financiero, que es el propietario de todos los grandes medios de comunicación. Hoy la concentración de propiedad de los medios es mucho mayor. Hoy se debe responder a las audiencias, tienen que cumplirse las normas, impulsar la educación y la cultura, contribuir al desarrollo nacional, fomentar la solidaridad, evitar sesgos y distorsiones, no desinformar. Esos son los límites en el derecho a la comunicación, que se deben implementar, de lo contrario no tenemos el derecho a la comunicación, tendremos otra cosa.
Los derechos de réplica y rectificación que constan en la LOC apuntan a que las personas y las empresas ya no estén indefensas ante los errores de los medios de comunicación. ¿Por qué cree que directivos de organizaciones como la AEDEP, sostienen que la LOC debe ser eliminada por completo?
La Sociedad Interamericana de Prensa, las asociaciones de editores diarios, los empresarios de la comunicación quieren mantener el monopolio de la comunicación. No están dispuestos a poner límites a su control y, por tanto, cualquier regulación va a ser criticada. No es la Ley Orgánica de Comunicación lo que quieren derogar, quieren evitar cualquier regulación, quieren tener el poder de la palabra y esto se da en el caso de Ecuador, en Europa, en Estados Unidos. Coincide la misma premisa, la SIP, la AEDEP, esas organizaciones patronales que defienden posiciones poco plurales. No hay en América Latina tradición de un medio del sector público que equilibre esa versión de los medios corporativos privados. Difícilmente estarán a favor de una regulación porque implica poner límites a la concentración, no quieren la presencia de los medios comunitarios en la sociedad civil (…) Y aquí necesitamos límites, equilibrios, esa es la esencia del derecho y la democracia.
Antes de la LOC no se veían rectificaciones en los medios de comunicación sino pequeños espacios denominados correcciones. ¿Cree que a tres años de vigencia estos dos derechos se han consolidado?
A mí me preocupa más la pedagogía democrática en el caso de Ecuador. Se ha hecho un buen trabajo, se ha impulsado desde los medios públicos la socialización de la ley pero todavía entre profesionales, empresas y ciudadanía hay que hacer un mayor esfuerzo para mostrar, de algún modo, la importancia que tienen estos derechos. Actores que tradicionalmente han sido excluidos del espacio público, como organizaciones de mujeres o minorías, ahora pueden pedir el amparo de la SUPERCOM, pueden establecer un diálogo con los empresarios. Lo que tienen que aprender los empresarios y los periodistas es que su función es social, que es un servicio público y, por tanto, este derecho es una conquista, que siempre fue defendida por los profesionales de la comunicación en códigos deontológicos.
¿Cómo califica la definición que dan organizaciones no gubernamentales respecto a que el Estado ejerce su derecho a la réplica y rectificación a través de la imposición de contenidos en los medios?
En la profesión periodística, como en cualquier ámbito profesional, debe haber límites y obligaciones. El derecho a la rectificación es una obligación. Por ejemplo, un médico, si ha habido mala praxis, el colegio médico puede condenarle y puede perder la profesión de por vida, más allá de las consecuencias penales. Lamentablemente en la profesión periodística esto no se ha dado y no podemos seguir en el siglo XIX, confundiendo la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos para salir a las calles, a protestar, a escribir, con la libertad de prensa y con los medios que tienen una posición dominante.
Hoy en la era hipermediatizada no podemos seguir con modelos del siglo XIX, tenemos que desarrollar normativamente garantías para que la calidad periodística, el sistema de medios sea equilibrado e interactúen todos los actores.
¿Por qué cree que hay tanta molestia por parte de los medios, en su mayoría, al canalizar los pedidos de réplica y rectificación?
Porque no tienen cultura de diálogo, son monológicos; es decir, no saben que están haciendo una función social. Yo soy periodista, he ejercido el periodismo durante años y cuando he hablado, por ejemplo, de hacer un consejo de participación ciudadana, mis propios colegas han considerado que no ¿Cómo va a venir un ciudadano a decirme qué es lo que hecho mal o bien en la profesión? Esa es la esencia, los límites en el derecho tienen que ser fiscalizados. La información es de alguien para alguien y ese interlocutor algo deberá decir sobre nuestro oficio. En todas las profesiones se establecen cauces de participación, entonces ¿por qué no en la comunicación? Creo que hay que cambiar un modelo de monopolio de la palabra por un modelo de diálogo y de intercambio compartido de la palabra y los sistemas de comunicación.
Y ¿cómo consolidar ese modelo?
Creo que haciendo un poco de pedagogía, en el sentido de compartir derechos y deberes, no solo con los periodistas y las empresas, también con la ciudadanía. Solo con una pedagogía democrática podremos seguir cambiando. Creo que esto va a ir con un cambio generacional. La ciudadanía, los jóvenes que están en las redes sociales, que interactúan, que interpelan, que deliberan, poco a poco irán exigiendo esta cultura. Tenemos un déficit en las facultades, debemos incluir materias de políticas de comunicación, de ética y deontología. Creo que hay un gran desconocimiento de la profesión, no solo en Ecuador, en España mismo, los propios gremios están en contra de la regulación y afirman modelos que no son útiles para garantizar los derechos de la ciudadanía. Ojalá en Ecuador también surjan, como hay en otros países, asociaciones de telespectadores, colectivos que trabajen en educación crítica para la recepción. Ese esfuerzo es de todos, no solo de las instituciones del Estado que protegen o amparan el derecho a la comunicación.
¿Cómo llegar a los directivos de los medios?
De momento en los medios públicos ya hay espacios que han abordado el tema de los medios de comunicación. Es paradójico, necesitamos un espacio en los medios hablando de los medios de manera sosegada, deliberativa, académica porque creo que hay una tarea de largo plazo por hacer entre y académicos de las facultades de comunicación, los propios profesionales, los empresarios, los poderes públicos y, por supuesto, la ciudadanía.
En los medios privados hay una posición frontal, hay incluso una estrategia para derogar la Ley Orgánica de Comunicación, una campaña desde la SIP y Fundamedios. Lo que quieren derogar en la ley no es un derecho de réplica y rectificación que incomoda a los profesionales y a los empresarios. Buscan que toda la estructura de medios sea mercado. Por ejemplo, lo que le preocupa a Estados Unidos es que la música de la radio sea local porque eso desarrolla industria nacional, que la publicidad no se grabe en Madison Avenue sino que se desarrolle aquí, lo que afecta al negocio del mercado de la comunicación. Esa una de las principales virtudes de la LOC que se presta menos atención. Se ha centrado demasiado en lo periodístico, en lo político y menos en la industria nacional audiovisual, en los contenidos, en el desarrollo del empleo, en la mejora de la calidad de las condiciones laborales de los profesionales, que recogen el espíritu de la LOC. Es normal que estén en contra, lo anormal es que parten de una visión ‘paleoliberal’, antigua, a la hora de entender qué es el derecho a la comunicación.
Contraviene la propia Convención Interamericana de Derechos Humano que reconoce que es una función social, que es un servicio público. La propia ley que funda el sistema de radiodifusor de EE.UU. define la radiodifusión con un servicio público. Deberían estar más informados cuando hacen esas aseveraciones porque van en contra de todos los convenios suscritos por el Estado ecuatoriano como por otros países.
