Si los procesos de acumulación por desposesión son una característica del modo contemporáneo de explotación capitalista, discutir los sistemas de propiedad intelectual y sus efectos en el conjunto de las industrias culturales y sistemas de información y conocimiento de la región se torna una prioridad estratégica que, para el caso, apunta a la necesidad de repensar las formas de determinación del trabajo creativo, la jerarquización de los discursos científicos y las autorías con las que hoy se encubren desigualdades de la división internacional del trabajo intelectual entre el norte y el sur globales, o al análisis de los problemas concretos como la centralización y el oligopolio de las plataformas de divulgación científicas basadas en criterios típicos de un diagrama en el que se valora un tipo de rentabilidad ajena a la producción de nuevo conocimiento, o incluso la estigmatización de determinados campos dentro de las disciplinas por su baja rentabilidad económica.
En este marco, la Comunicología precisa definir una agenda común sobre estos temas, reconociendo la centralidad de la subsunción del trabajo intelectual. La politización de la decolonialidad del saber-poder en nuestro ámbito proyecta en esta línea un programa de trabajo a discutir prioritariamente partiendo del principio de apertura de espacios de cooperación y apropiación del conocimiento en función de los cambios en la producción académica determinada por la relevancia de lo virtual sobre lo presencial y la centralidad de la mediación social de la ciencia. En esta línea, discutir los sistemas de propiedad intelectual y sus lógicas estructurales se torna una prioridad estratégica por la radicalización creciente del sistema de apropiación del conocimiento (patentes y copyright) que, con otros tipos de mecanismos regulatorios, se imponen con fuerza a través de diferentes escenarios: desde las negociaciones político-económicas supranacionales hasta las agendas políticas que prefiguran la promoción de modos de vida precarios y flexibles.
En estos contradictorios procesos radica la lucha en común que CIESPAL pretende realizar en conjunto con los movimientos políticos y sociales en contra de los abusos y de la radicalización de los sistemas de patentes, copyrights y otras formas de monopolios artificiales sobre bienes materiales e inmateriales en pro de un biosocialismo de los bienes de información y conocimiento y del código compartido. Es por esta razón que el pasado mes de abril se convocó un Seminario Internacional sobre Economía Social del Conocimiento como espacio de debate y reflexión en torno a los diferentes regímenes de propiedad en los cuales nos movemos, poniendo en escena las discusiones claves, buscando deconstruir y descolonizar los marcos cognitivos en los cuales se debaten y se imponen las agendas.
El desplazamiento del eje de acumulación del Capitalismo Global, desde el Capitalismo Industrial Fordista al Capitalismo Post Fordista, en el que a más de la explotación de la fuerza del trabajo físico e intelectual se produce la subsunción total de la vida, transformando la actividad relacional y las actividades sociales digitales en relaciones económicas y productivas, sitúan el reto de repensar el trabajo inmaterial, las industrias culturales y los bienes culturales de producción y reproducción simbólica, como un reto para la Comunicología Latinoamericana. En contextos como el de Ecuador y Bolivia, de avances de conceptos como Comunicación para el Buen Vivir y la configuración de políticas de progreso en materia de Economía Social del Conocimiento, tales debates se tornan, a nuestro parecer, más que urgentes.
En los últimos años, especialmente a partir de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, auspiciada por la UNESCO en Ginebra, se ha convertido en lugar muy común el plantear en las políticas públicas la importancia y centralidad de las nuevas tecnologías como herramientas de interlocución y deliberación ciudadana. Con frecuencia, sin embargo, los discursos que defienden el papel de la revolución digital en nuestras democracias como una aportación positiva al desarrollo del espacio público más que contribuir al progreso ocultan muchos de los problemas que para nuestra democracia plantea el reto de transformación de los medios digitales. Periodistas, politólogos y responsables públicos coinciden, en este punto, en resaltar, generalmente, el papel revitalizante que la cibercultura tiene hoy para la participación y acceso al espacio público y la gobernabilidad. Pero en todos los casos estos pronunciamientos y discursos eluden el pensar las lógicas y contradictorias formas de integración entre Medios Digitales y Sistema Político. Al hablar de Comunicación y Democracia, en la galaxia Internet, la inercia común comienza reproduciendo ideas recurrentes que resultan, por obvias, inoperantes, al incidir, como es el caso de la telefonía móvil, en cuestiones coyunturales, tecnológicas o insignificantes, de puro vanguardismo tecnológico, carente de criterio, sin capacidad de generación de debate público, ni proposición de enmienda del actual estado de falta de control y déficit democrático que afecta a nuestras instituciones de gobierno y de representación, si hablamos del desarrollo y configuración de la red telemática. En la opinión pública se ha instalado, de hecho, como resultado de décadas de intensivo proceso de privatización de las telecomunicaciones, la idea de que todo lo relativo a los medios digitales es una opción de consumo y no un ámbito de derechos y obligaciones.
Los datos de la UNESCO resultan, a este respecto, aleccionadores. Décadas de privatización del espectro radioeléctrico y de la red de telecomunicaciones no solo han aumentado las diferencias entre países, regiones y ciudadanos, sino que además, de manera notable, se han profundizado las desigualdades y desequilibrios en nuestras sociedades, excluyendo a sectores vulnerables como mujeres, jóvenes, inmigrantes y minorías étnicas de la posibilidad de acceso a recursos estratégicos que el mercado no provee en condiciones aceptables.
Las redes tecnológicas y de información pueden, sin duda, llegar a todos los rincones del planeta y potencialmente ser accesibles para todos. Pero ¿qué tipo de cultura y sociedad estamos construyendo al amparo de los designios de la inexistente mano invisible del mercado que margina y jerarquiza desde los dispositivos, calidad y formas de acceso y consumo culturales? ¿Es posible la democracia en un espacio público al servicio de intereses privados y en manos de unos cuantos actores sociales? ¿En otras palabras, es deseable un sistema cultural dependiente de nuevos medios de extensión tecnológica del conocimiento sin control democrático ni fiscalización social? La respuesta parece obvia. Cuando hablamos de democracia, acceso y participación ciudadana en los nuevos medios digitales cabría recordar que la apertura de las redes es limitada y tiene lugar en un proceso de intensiva concentración de poder por el que el sector público es paulatinamente desplazado para convertirse en proveedor de recursos económicos a corporaciones transnacionales según el principio de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. Modalidad que reedita, en la era prometida del acceso con Internet a la cultura, el principio despótico de todo por el pueblo pero sin el pueblo, ahora además a costa de su dinero, en menoscabo de todo principio racional de igualdad, justicia y proporcionalidad en el diseño del nuevo espacio cultural de nuestras democracias. Y es que, en realidad, la ausencia de control democrático sobre los nuevos medios digitales y la imparable privatización de la comunicación y la cultura representa -como explica Schiller- una reasignación de recursos de toda la economía y del conjunto de la población a las grandes corporaciones, prevaleciendo el principio del mercado, y más exactamente la desigual distribución de poder y de información pública en la toma de decisiones. Por ello, pensar la democracia en la era Internet es algo más que acceder al consumo y la información en red, significa cuando menos discutir públicamente temas como:
– El papel de los poderes públicos en el diseño, distribución y consumo de los nuevos canales tecnológicos.La extensión del dominio público y la defensa de la información y el conocimiento como bienes comunes frente a la imposición del derecho de propiedad intelectual
– El principio de pluralismo y la regulación de contenidos y estructura de propiedad de los sistemas hiperconcentrados que hoy se imponen en la Sociedad Global de la Información.
– Y la defensa del código abierto para el desarrollo industrial, autónomo y equilibrado de la red Internet.
De otro modo, por más que se extienda comercialmente el consumo de Internet y se haga realidad el principio de Servicio Universal, no es posible hablar, en verdad, de un renacimiento y cualificación de nuestras democracias. Por ello en nuestro encuentro responsables del sector público, profesionales de la comunicación y público en general pudo debatir cuestiones sustantivas sobre los proceso de desarrollo que vive Ecuador inmerso en la aprobación del nuevo Código Orgánico INGENIOS al fin de vislumbrar alternativas democráticas y modelos emergentes de resistencia social en la aplicación de los derechos de acceso libre y abierto al conocimiento, a la ciencia, a la cultura, al software y hardware libres, a las TIC, la conectividad y accesibilidad, y distintos recursos educativos orientadas al desarrollo de los bienes comunes (el procomún) y saberes ancestrales. Toda una oportunidad que esperamos tenga continuidad con los conversatorios en Brasilia, Montreal y Quito, nuevamente, como parte de una agenda estratégica de CIESPAL en esta materia.
