Esta semana la audiencia en Washington por las denuncias de la Coalición por una Comunicación Democrática marca la agenda del debate sobre el Derecho a la Comunicación en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Se produce esta visita en el marco de la polémica de los Papeles de Panamá y las revelaciones de Wikileaks sobre la estrategia de Estados Unidos de desplegar un frente en la región de intervención geopolítica en la que el gobierno de Macri cumple un papel claramente instrumental y sumiso a los intereses del muro de Wall Street. Vaya por delante que esperamos más bien poco de la CIDH, como es difícil confiar en una Relatoría de Libertad de Expresión, cuyo titular, en una posición claramente neoliberal, considera, entre otros razonamientos, que no es necesario exigir titulación para ejercer en los medios: esto es, que deben ser las compañías quienes determinen la función y el acceso profesional del sujeto cualificado del derecho a la información en lugar del Estado. Primera paradoja.
Si uno hace historia de la CIDH y de la Relatoría, observa, además, un claro sesgo conservador, una visión decimonónica y obsoleta del derecho a la información y, lo que es peor, una clara sujeción a los lineamientos de Estados Unidos y sus aliados cuando de informar sobre vulneración de derechos se trata. El libro recientemente editado por el profesor Bernardo Díaz Nosty en la Cátedra UNESCO de Málaga con CIESPAL da cuenta de esta orientación intencional por ejemplo cuando se habla de desaparición de periodistas en Colombia y México y se cargan las tintas con los países que han tratado, como Argentina, de regular un derecho que requiere de una clara intervención del Estado, si en verdad hablamos de garantizar de forma efectiva los derechos de la ciudadanía. Una lectura atenta a su informe y diagnóstico sobre la situación de los periodistas debería llevar a otras conclusiones pero no es a lo que nos tiene acostumbrado la CIDH y los informes de la Relatoría. Antes bien, aprovechando el papel preponderante de la OEA por la ausencia de una política nacional en la materia y, peor aún, la inexistencia de organismos internacionales específicamente latinoamericanos, esta ha sido una pauta o lógica sistemática. Así, la ausencia de una estrategia regional que, en el plano nacional, aborde la disputa comunicacional en el ámbito público ha terminado debilitando la acción de gobierno y las políticas públicas progresistas en los países inmersos en procesos democráticos revolucionarios al grado de vivir golpes mediáticos como el de Brasil, o antes países como Paraguay u Honduras, por no mencionar el caso de Venezuela.
La conveniencia de definir una agenda común, a nivel de América Latina, es evidente. Más aún, a la vista de la experiencia histórica, este reto debería ser identificado como una apuesta estratégica de UNASUR y CELAC en un marco y enfoque supranacional tendencialmente desfavorable a los países del Sur por la propia carencia de un enfoque adecuado e integral de la mediación a escala regional. En este escenario, parece poco o nada probable que la CIDH cuestione al hijo pródigo de Obama, pese a representar la Coalición por una Comunicación Democrática la mayoría de los actores involucrados en el derecho a la comunicación (organizaciones populares, de derechos humanos, medios comunitarios, cooperativos, PyMEs, sindicatos, trabajadores de la comunicación, universidades, pueblos originarios, etc. ). Tampoco es de prever que en Washington y la prensa hegemónica se cuestione la censura, persecución y recortes de libertades en Argentina.
Es verdad que en los últimos meses, la Relatoría ha iniciado una campaña sobre el problema de la concentración. Un avance en la historia infame de este organismo. Pero la lógica institucional es determinante frente a una praxis inocua o con falta de proyección social. Así si bien deseamos que de la audiencia de este viernes se valide la pertinencia y necesidad de respeto a una norma y los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática, más que nada porque es un caso fundado de un desarrollo normativo ejemplar frente a lo que ha sido una lógica de actuación común de la ultraderecha liberal: de Reagan y Thatcher a Macr, previsiblemente se imponga el dominio de la principal paradoja de la libertad de expresión en la era internet. A saber, la vulneración de derechos quede libre de consecuencia para el gobierno argentino mientras los adalides de la libertad de expresión justifican el uso violento de la fuerza del Estado en favor propio y la coalición de intereses con los grupos hegemónicos de la comunicación. Por ello uno tiene más dudas y sospechas contrarias a la idea de que la CIDH y la Relatoría se pronuncien a favor de la demanda de la Coalición.
Ahora bien, hoy por hoy, la legitimidad de la CIDH y la Relatoría, si es que aún les queda margen de confianza en estas instituciones, tras una dilatada trayectoria injustificable racionalmente, dependerá a futuro de apoyar:
1. LA COMUNICACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO QUE INCLUYE TODOS LOS SOPORTES Y PLATAFORMAS.
2. LA LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO FRENTE A OPERADORES COMO EL GRUPO CLARÍN.
3. EL ROL ACTIVO Y PRESENTE DEL ESTADO PARA UNA REDISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.
4. El ACCESO UNIVERSAL Y NO DISCRIMINATORIO.
5. LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA DE LAS COMUNICACIONES E INTERNET.
Menciono aquí solo cinco de los 21 puntos porque estamos ante las cuestiones fundamentales en disputa en este y otros casos sobre libertad de expresión en la región. Históricamente, el ADN político de la derecha no está por la labor de asumir tales principios y la propia estructura de comando del CIDH no admite veleidades democráticas cuando ha de confrontar a los enemigos de la Santa Alianza, más aún si consideramos que tal institución se funda e inspira sus principios constitutivos en una visión liberal que, en tiempos de internet y de democracias mediatizadas, convierten en obsoletos y retrógrados apelaciones insulsas a la libertad de expresión cuando esta no existe o está siendo devorada por los vasallos de Wall Street. La cuestión es saber si el cambio prometido en la Relatoría y por Obama en Cuba es del mismo tenor que el de Macri. Veamos. Que la realidad me quite la razón.
