La política andaluza de comunicación

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La evolución de Andalucía en materia de comunicación ni es imparable, como rezaba la campaña de la Junta, ni progresa adecuadamente, como la educación. La imagen apropiada para describir el estado de la nación es la del tiovivo. Y no es este un juicio apresurado, sino la constatación del sentido de las medidas del nuevo gobierno, obcecado en liquidar toda forma de autonomía cultural. De hecho, hay profesionales de Canal Sur que viven el supuesto cambio regenerador como el pálido reflejo de lo ya vivido. Y no tanto por la competencia de quienes han de pilotar la nueva legislatura como por la constatación que la promesa de mejoras es hoy la reedición de lo mismo, una suerte de déjà vu, actualizada en forma de farsa. Apenas variaciones superficiales en la programación, decisiones cosméticas de gestión del personal y nulas transformaciones estructurales en la definición de la política pública, como ya anticipara en estas mismas páginas Francisco Andrés Gallardo. De hecho, pareciera prevalecer la idea de que la mejor política de comunicación es la que no existe. El problema es que ello se traduce en una mayor dependencia cultural. La ausencia de voluntad política, en fin, afecta sobremanera a nuestra región. Por ello cabe reconocer en esta posición inmovilista una quiebra de nuestra autonomía. Al margen de los principios fijados por el nuevo Estatuto, el Gobierno de la Junta ha renunciado a toda voluntad real de cambio. No se han acometido los retos fundamentales de la RTVA en la era Netflix, la financiación no garantiza el cumplimiento de los fines que le son propios, la modificación de la composición de órganos vitales de la política pública no han significado más que la reducción de gasto público sin proyectar una nueva visión estratégica ni definir programas de colaboración de instituciones como la Fundación Audiovisual o la Cineteca con iniciativas como la Comisión Fílmica y otros agentes del sector, mientras el tejido productivo continúa a expensas de los vaivenes aleatorios del mercado. La designación por otra parte de algunos representantes, claramente sin la idoneidad necesaria, tanto en el Consejo Audiovisual como en RTVA han impedido el necesario debate sobre las funciones de ambos órganos y el papel de las políticas autonómicas en medio de una creciente debilidad por la crisis tanto de las productoras de contenidos como de los medios tradicionales, enfrentados a una bajada de ingresos y cierta desafección de las audiencias, por no mencionar las diatribas de responsables del nuevo gobierno contra sindicatos y trabajadores de Canal Sur que poco o nada pueden contribuir a la motivación de una plantilla que viene padeciendo una larga parálisis institucional fruto de la dilación impuesta por el gobierno de Susana Díaz. Mientras tanto, asistimos perplejos a la insistencia en los índices de audiencia, como si todo el problema de comunicación en Andalucía pase por mejorar resultados, cuando es conocido que el verdadero reto de las televisiones autonómicas es definir un nuevo modelo de servicio público renovando, para afrontar la cuarta revolución industrial, equipos y procesos de organización en un ecosistema cultural que requiere nuevas respuestas y, desde luego, otras preguntas y objetivos institucionales. En otras palabras, es preciso salir del círculo vicioso de la política realista a corto plazo para contribuir a un nuevo escenario acorde con las necesidades tanto del sector como de la ciudadanía. Definir una política industrial activa, mejorar la articulación con las políticas de educación y cultura, generar semilleros y cuencas de cooperación, avanzar estrategias integrales en materia de modernización de la economía digital y, sobre todo, liderar desde el sector público tecnopolos que promuevan el empleo y formación en sectores estratégicos como el videojuego, la animación y el desarrollo de servicios y aplicaciones avanzadas de los dispositivos móviles.

En este empeño, no todo está perdido. En tiempos de involución, y ante un escenario francamente adverso, hemos logrado sumar voluntades y crear, entre tres universidades públicas, el Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, una herramienta para generar conocimiento de vanguardia, saber aplicado para las industrias culturales con la que confiamos poder contribuir a cambiar el curso de una comunidad que no puede apostar todo a la dependencia de la construcción y el turismo. Tenemos conocimiento, cultura y talento. Pero faltan políticas públicas activas. Sabemos que el campo de la comunicación es central en la nueva era digital: y no solo para reconocernos y proyectar otra imagen de Andalucía, sino para desarrollar la llamada economía creativa, la industria de la comunicación y la cultura locales. Sin ella, no es posible la autonomía, ni el desarrollo social de la región.

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