El inicio de la nueva Legislatura inaugura un ciclo político marcado por la conformación del primer Gobierno de coalición y la impostergable resolución de déficits históricos de nuestra democracia como la ausencia de una cultura informativa pluralista. Un reto este estratégico, a juzgar por la virulencia de los discursos ultramontanos de la extrema derecha.
Aunque considerado habitualmente un problema menor, el futuro del país dependerá en buena medida del alcance de las políticas de comunicación y la capacidad del Gobierno de influir en la consolidación de los valores democráticos de tolerancia, respeto a los principios constitucionales y una comunicación abierta y socialmente responsable.
Ello exige, como es lógico, comenzar por la renovación del Consejo de la Radiotelevisión Española (RTVE), siguiendo el modelo de concurso público, y los principios de mérito, paridad y prestigio profesional para la independencia de sus profesionales.
En este sentido, la plataforma Teledetodos viene demandando medidas urgentes respecto al modelo de gobernanza, la financiación y el proyecto de desarrollo de la radiotelevisión pública, carente a día de hoy de una dirección legitimada y de un marco estratégico adecuado a los retos del nuevo entorno informativo. Pero de ello apenas se ocupa el acuerdo de coalición progresista.
Sí se contemplan, en cambio, medidas fundamentales para el futuro de la industria cultural como la creación de la Oficina Pública de Derechos de Autor que, sin duda, puede mejorar los ingresos de este sector de la llamada economía creativa en el PIB, garantizando la sostenibilidad y las condiciones laborales de los profesionales frente al monopolio de los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft).
La apuesta del nuevo Ejecutivo por una política activa en torno a la revolución digital contempla, además, iniciativas importantes como el desarrollo de un plan de infraestructuras para la competitividad, el impulso de la tecnología 5G, y la planeación de proyectos piloto en campos tractores como el turismo o las Smart Cities, además de diversas medidas de formación como la Estrategia de Ciudadanía Digital para la participación en el ágora virtual donde se forman las identidades del nuevo sujeto de la llamada pospolítica.
Este planteamiento es coherente con la Carta de Derechos Digitales que viene impulsando la UE y puede situar a España a la vanguardia del nuevo horizonte tecnológico ante formas emergentes como el blockchain o la sociocibernética de nueva generación.
La centralidad de esta visión sobre la cuarta Revolución Industrial plantea incluso un nuevo marco de Estatuto de los Trabajadores que aborde el desafío del capitalismo de plataformas digitales. Entre las medidas de progreso, se contempla el uso del Big Data para la automatización de procedimientos administrativos y la fiscalización social con garantías para la población que sufre la precariedad de prestaciones como falsos autónomos.
La Administración Pública de la era digital que se esboza en dicha propuesta es un proyecto transversal, que el propio ministro de Universidades, Manuel Castells, ha descrito en La sociedad red con magistral erudición y visión prospectiva.
Lo inédito es que, por vez primera, un Gobierno de España se tome en serio la comunicación y no precisamente en una lectura decimonónica limitada al periodismo. Los retos de la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, la economía circular y los sistemas expertos de minería de datos, la conectividad y el Internet de las Cosas perfilan, en nuestro tiempo, un ecosistema cultural que nos obliga a repensar la comunicación para el progreso, en pleno siglo XXI, desde nuevas matrices y bases materiales.
Y ello presupone un notable incremento de la inversión pública en ciencia y tecnología, como también la consideración de enseñanzas artísticas en la formación superior universitaria, no consideradas tradicionalmente en las políticas de comunicación y cultura, aunque resultan vitales para sectores punta como la industria del videojuego.
En un sistema híbrido como el actual es necesario, en suma, revisar principios y marcos normativos convencionales y empezar a problematizar el rol de los medios, verdadero obstáculo para el futuro y la democracia. Y es que la estructurra duopólica de información sigue marcando la agenda en nuestro país con la lógica mercantilista de cuanto peor mejor en la cuenta de resultados, vulnerando toda exigencia de calidad y deontología profesional.
En otras palabras, el Ejecutivo no podrá implementar estas medidas si no empezamos a desbloquear el campo de producción del imaginario que sigue anclado, como dejó escrito Blas Infante, en la lógica política de Cánovas, el Bergamín Pontífice de la caciquería española, que más que la potencia creadora de transformación se realimenta de la destrucción creativa de la chalanería y la especulación bárbara e insultantemente inculta.
Un primer paso en esta dirección debiera ser la aprobación de una Ley General de Comunicación que modernice nuestro ecosistema mediático, empezando por la transparencia de la publicidad institucional, verdadero fondo de reptiles que hace posible la dinámica heredada del bipartidismo de lo mismo, entre liberales y conservadores.
Pero nos tememos que ello resulta, a día de hoy, inviable, entre otras razones porque la caverna mediática es eso: penumbra y oscuridad. Nos queda pues solo seguir insistiendo en la pedagogía democrática de la comunicación: por el bien de España y por el progreso de todos.
