Sumar ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley (PNL) con las que pretende abrir el debate sobre la publicidad institucional de los medios y su regulación. La Mesa debe aún calificarlas, por lo que aún no se sabe todavía cuándo se verán en la Cámara.
«La publicidad institucional es un reto. Hoy por hoy sirve como fondo para comprar voluntades y hacer campañas de desinformación. Deben utilizarse esos fondos con criterios de proporcionalidad, según audiencia, relevancia y diversidad», afirma a Público el diputado Francisco Sierra, portavoz de Sumar en la Comisión de Calidad Democrática y catedrático de Teoría de la Información en la Universidad de Sevilla. La comisión parlamentaria aborda desde hace meses sesiones sobre desinformación en España.
En el texto de las proposiciones se recoge la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español el reglamento europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. «A la espera, hay medidas urgentes que deben ser acometidas por el Estado, al ser en algunos casos tareas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico desde la transición«, plantea Sumar.
Así, en la primera de las PNL, en cuya exposición de motivos se plantea que existe un «contexto de crisis del periodismo» y una «peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en el sistema mediático«, lo que, a juicio de Sumar, «hace necesario definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información».
Así, Sumar plantea en la proposición cinco asuntos además de la necesidad de «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».
Por un lado, el «diseño» de «un plan de alfabetización mediática y digital de la ciudadanía para el desarrollo de competencias socioculturales contra la manipulación informativa y la desinformación». Por otro, la derogación de la llamada ley mordaza, que «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información».
Además, «adoptar medidas de protección del trabajo periodístico y regular los procesos de robotización de las redacciones con el uso inapropiado de la Inteligencia Artificial». También, «impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes imprescindible para el desarrollo del periodismo de investigación».
Y, por último, «promover políticas contra la precariedad de los profesionales de la información que protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos, impulsando medidas de igualdad de género en los puestos directivos de nuestro sistema informativo».
Servicios comunitarios
En la segunda de las proposiciones, Sumar se ocupa del fomento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. El partido explica en el texto que «la Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010, de 31 de marzo, creó una nueva categoría de radio y televisión por ondas terrestres, [estos servicios, que estarían] destinados a atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales y fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo».
Añade Sumar en la PNL: «Desde la creación de este tipo de servicios, han sido numerosas las solicitudes realizadas por las Comunidades Autónomas para que la Administración General del Estado planificara el espectro radioeléctrico necesario para proceder a conceder licencias. Sin embargo, hasta el momento […] el Estado no ha planificado ninguna frecuencia ni ha establecido ninguna normativa. La inacción por parte del Gobierno impide a las Comunidades Autónomas el desarrollo de sus competencias y supone una restricción a la libertad de expresión al impedir la creación de estos nuevos medios de comunicación».
Así, Sumar plantea lo siguiente al respecto. Por una parte, «habilitar en el plazo de 6 meses el dominio público radioeléctrico solicitado por las Comunidades Autónomas para destinar a servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro». Y, por otra, elaborar «un censo de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro» y «desarrollar un plan de fomento» para apoyar estos servicios, que contenga una «convocatoria anual de ayudas».
