No es posible regeneración democrática sin revolución ética y política, sin transformación del marco normativo de la mediación periodística.
De la Declaración y Principios Fundamentales de la UNESCO (1978) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (1966) a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2001), el corpus normativo que regula la profesión periodística, aún sin ser vasto, establece claras bases deontológicas de la función social informativa. Otra cosa es la praxis de la libertad de prensa. El imperativo categórico de autonomía, la libertad con responsabilidad social de informadores e instituciones mediáticas, sigue siendo una tarea pendiente sin la que es posible pensar un habitar, morada o refugio, digno de ser llamado como tal. Y en ello la academia tiene un compromiso por cumplir, dada la ausencia, criticada hace una década por McQuail, de teoría normativa en la investigación y, yo añadiría, desde luego, en la enseñanza, en lo inmediato, tanto como en lo mediato de las políticas públicas en la materia.
En un escenario de crisis de representación y privatización de lo público, de crisis del capitalismo y de los mediadores, de la profesión periodística sobremanera, cabe, como siempre a contrapelo de la historia, pensar, en lo concreto, qué tipo de comunicación, qué periodismo y formas de organización informativa son necesarias para la regeneración democrática. Y cuando nos proponemos tal tarea llama la atención la escasa literatura disponible que trascienda la crítica negativa para una construcción de universos posibles que imaginar a este respecto. Así, por ejemplo, en nuestro país brilla por su ausencia los aportes y debates sobre figuras como los Consejos Informativos, las defensorías del telespectador, y menos aún, pese al derecho de acceso reconocido en el artículo 20 de la Constitución, contribuciones conceptuales sobre los Consejos de Participación Ciudadana o el siempre postergado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. De lo macro a lo micro, la crítica y la protesta sobre el quehacer de los medios no se ve complementada, en fin, por la dignidad de la propuesta instituyente, ante la indignidad del antiperiodismo que nos interpela y concierne para, como defiende Pascual Serrano, construir medios democráticos. Al tiempo, en otros países como México o Estados Unidos, la proliferación de protocolos de calidad y control ético contrastan, por otra parte, con la extrema degradación del ecosistema informativo dejando en evidencia que el problema, en este punto, no es, básicamente, una cuestión de métodos ni técnicas de control de calidad sino, más bien, por el contrario, de episteme y sentido de la mediación social. En otras palabras, el espectro de cuestiones a abordar por la teoría normativa es hoy por hoy mucho más amplio que lo que suponemos a priori, y más urgente de la coyuntura de actualidad si pensamos el contexto de turbulencias que estamos viviendo.
Escribo estas líneas inmerso, como parte del Comité de Expertos, en el concurso público para una gobernanza democrática de la RTVE. Meses atrás nos hemos venido pronunciando en favor del Derecho a la Comunicación ante el golpe de Estado en Brasil que apartara de la presidencia a Dilma Rousseff y que, por acción del golpismo mediático, mantiene preso político al Presidente Lula, siguiendo la escaleta planificada por el grupo GLOBO, que históricamente, en la misma línea de otros medios de la región como Mercurio en Chile, o ABC en España, se han distinguido por justificar e incluso promover la violación sistemática de los Derechos Humanos. Este proceder en modo alguno debe considerarse excepcional. Obedece más bien a una lógica institucional que cabe impugnar por principio en defensa de la democracia. El estudio del profesor Fernando CASADO titulado “ANTIPERIODISTAS. Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela” (Akal, Madrid, 2015) confirma las tesis que aquí venimos sosteniendo. En un reciente acto que organizamos con la UNESCO a propósito de los Golpes Mediáticos, tuve a bien insistir en la ausencia de garantías democráticas para una ecología informativa digna entre otras razones porque no hay instancias sancionadoras que velen por el interés público. De ahí la pertinencia de la Organización Internacional de Corregulación de Medios (OICM) en un mundo cosmopolita de redes distribuidas de información y conocimiento. Pero no solo. Es preciso repensar la Economía Social de la Comunicación y hacer realizable el ethos de una comunalidad verdaderamente humana. En un tiempo de imposición del panóptico digital, la libertad y la autonomía social de lo procomún, de Hannath Arendt a Elinor Ostrom, de la ética a la ecología de vida, nos obliga moralmente a pensar ejes problemáticos que hoy por hoy, pese al histórico abandono, resultan a todas luces retos sustanciales a efecto de los derechos de la ciudadanía.
De la experiencia histórica reciente, de Caracas a Madrid, pasando por Brasilia o La Paz, dos lecciones caben aprender de la ausencia de fiscalización pública de los medios periodísticos. Primero, de acuerdo con Luis Tapia, la autonomía, la verdadera independencia, no la fingida de grupos poderosos como Televisa, exige desplegar toda la potencia cognitiva y de creación a partir de las propias capacidades ético-intelectuales en un horizonte, fundamentalmente, de intersubjetividad plural y abierta. Segundo, no es posible regeneración democrática sin revolución ética y política, sin transformación del marco normativo, de la mediación periodística. Todo atento analista sobre las mediaciones del periodismo sabe que, estructuralmente, existe un conflicto permanente entre propiedad de los medios, bienes comunes y reconocimiento cultural de la realidad referenciada por los informadores. Esta disfuncionalidad es evidente en procesos como los vividos en Brasil o Venezuela y explican retrocesos democráticos como los vividos en Ecuador y Perú. En Chile, por ejemplo, cerrar el capítulo nefasto de la Dictadura de Pinochet exige un proceso constituyente y, al tiempo, una reforma del sistema de medios que no excluya a la mayoría de chilenos y al pueblo mapuche. En definitiva, necesitamos otro marco de convivencia y sabemos que OTRA INFORMACIÓN ES POSIBLE, UNA ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN ES PERTINENTE Y NECESARIA. UNA COMUNICACIÓN DE MÚLTIPLES MUNDOS EN EL QUE QUEPAN OTROS MUCHOS MUNDOS ES VIABLE. La cuestión es revolucionar nuestro modo de pensar y producir la mediación social. Educar para transformar, transformar para educar en otro marco normativo de referencia. Aquí y ahora. Esta es la exigencia mayor de nuestro tiempo y la razón de ser del Principio Esperanza que ha de habitar el campo de la Comunicología como Ciencia de lo Común, si no queremos sufrir la violencia simbólica de los Antiperiodistas.
Publicado en el Nº 319 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2018.
