Las ofertas de los candidatos a la Presidencia de la República se ven reflejadas en sus cuentas de redes sociales.
Los presidenciables ofrecen desde acabar con leyes e instituciones, hasta implementar la pena de muerte.
Redacción Política
Una vez inscritos los 8 candidatos a la Presidencia de la República, el baratillo de ofertas parece que será la tónica de la campaña. Revisar los espacios de cada presidenciable en medios de comunicación y redes sociales permite tener una aproximación a sus propuestas.
Una constante, entre opositores, es la fiscalización, que dicen llevarán a cabo a los funcionarios del actual Gobierno. De esto hablaron Patricio Zuquilanda (PSP), Washington Pesántez (Unión Ecuatoriana) y Abdalá Bucaram Pulley (FE).
Esto responde al “juego político latinoamericano, pero no a demandas nacionales”, de acuerdo al consultor político Carlos Chávez. En sus investigaciones, el empleo y la seguridad son las principales preocupaciones del elector y no el tema de fiscalización. Entonces, los actores políticos no logran “engancharse con la ciudadanía”.
Entre las supresiones que la oposición busca realizar está la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En esa propuesta coinciden Paco Moncayo (ID), Guillermo Lasso (CREO) y Zuquilanda.
Frente a ello, Edwin Jarrín, vicepresidente del CPCCS, explicó que se debe evitar una ‘regresión’ en el ejercicio de derechos ciudadanos.
Considera que con la Constitución del 2008 se avanzó en el derecho a la participación, al generarse un mecanismo para que la ciudadanía elija a las autoridades de control. “Es un pensamiento anacrónico decir que se va a generar juntas de notables para que envíen ternas al Congreso”, manifestó. Por ese motivo, los candidatos deberían ser claros en qué mecanismos proponen para aumentar los derechos de participación.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) también incomoda a varios candidatos y por ello ofrecen desaparecerla, como es el caso Zuquilanda, o reformarla, en el caso de Pesántez, quien además ofrece reformar la Constitución y dar amnistía a perseguidos políticos.
Esta ley es considerada como una “gran conquista democrática” por Francisco Sierra, director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal).
Según él, toda ley es reformable, pero por primera vez Ecuador tiene “un marco normativo integral para mejorar las condiciones laborales de los periodistas, impulsar los contenidos educativos y dar atención a las minorías”. Para Sierra, “sin ley no hay derechos y, por tanto, derogarla implica ir a un modelo de libre mercado y concurrencia que es una vuelta al pasado”.
Si el ganador fuese Moncayo acabará con el Bachillerato General Unificado (BGU). Darwin Corrales, de la Red de Maestros por la Revolución Educativa, cree que sería “retroceder años en la educación”. Para él, el BGU beneficia al estudiante porque le permite tener más conocimientos previo a su ingreso a la Universidad. “Si se regresa a lo anterior el estudiante se centraría solo en física, por ejemplo, pero no conocería historia del Ecuador”.
Otra de las propuestas fue la de Iván Espinel (Compromiso Social), quien afirma que implementará la pena de muerte para violadores.
Para Billy Navarrete, secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, este tipo de propuestas son “descabelladas” y usadas para llamar la atención. A su criterio, esta propuesta no cabe en la normativa jurídica del país y “sería una regresión de derechos”.
La pena de muerte ha sido cuestionada a nivel jurídico, científico e inclusive religioso. “No cabe en una sociedad civilizada mantener un castigo tan extremo e irreversible que no ha comprobado su eficacia para crímenes violentos”, añadió.
El empleo también se ha convertido en una especie de subasta de quién da más. Mientras Lenín Moreno (AP) ofrece 200 mil plazas laborales, al igual que Cynthia Viteri (PSC), el banquero Guillermo Lasso (CREO) aseguró la creación de un millón de puestos de empleo a través de créditos financieros.
Salgado, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cree que este es un tema complejo y es “demagogia plantear que a partir de la entrega de créditos se va a cambiar el país. Hay que entender como esos sectores se van a desarrollar en el largo plazo. No es factible generar empleo en el corto plazo”. (I)
DATOS
Otra propuesta de Iván Espinel contempla mantener abiertos los centros de salud y los dispensarios médicos las 24 horas del día para la ciudadanía.
Guillermo Lasso, en cambio, durante una reunión con asociaciones campesinas y agropecuarias, ofreció devolver las armas a los campesinos, para que, “puedan defender como varón a sus esposas y a sus hijos”.
Para Cynthia Viteri la manera en la que subirá los salarios de los trabajadores será por medio de la reducción y eliminación de impuestos y bajando el costo de la energía eléctrica.
Patricio Zuquilanda en una entrevista con Teleamazonas se refirió a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su propuesta se inclina a que el Gobierno no volverá a participar como director sino tan solo como un miembro más. (I)
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