La convocatoria de huelga de los trabajadores de la RTVA de hoy y mañana y la tramitación de los nuevos presupuestos del Gobierno de la Junta, con un recorte radical de la partida destinada a la principal empresa cultural de la región, marcan un antes y un después en la historia de la autonomía y el futuro de Andalucía. El panorama institucional que se dibuja en la actual coyuntura política no sólo amenaza la viabilidad y desarrollo sostenible de Canal Sur sino, más allá aún, la propia pervivencia de un tejido o industria audiovisual históricamente dependiente del ente autonómico por la falta de políticas activas del Ejecutivo andaluz. Llama en este sentido la atención el errático razonamiento de algunos portavoces de la derecha mediática sobre lo que está en juego a este respecto. Una vez más, como con el concurso público de RTVE, se sigue sin entender la naturaleza de servicios públicos esenciales, el sentido, en fin, del dilema en liza con la radiotelevisión pública y que, en modo alguno, es una cuestión fundamentalmente de empleo, ya de por sí importante por su volumen, sino antes que nada nos enfrentamos a la pervivencia de un sector y polo de desarrollo necesario para la vertebración territorial. La intervención disonante de algunas firmas en pro del austericidio contra la RTVA sólo se explica por la supina ignorancia o la voluntad de expropiación de lo común, una lógica que reincide en la histórica anomalía de un servicio radiotelevisivo siempre cercado al amparo de un modelo de gestión y organización institucional que no es razonable ni puede ser normalizado, a poco que se compare con otros países de nuestro entorno. Sea como fuere, este tipo de discursos nos sitúa ante una encrucijada y una disputa sociocultural que, en forma de crisis, puede resultar una oportunidad para la transformación y modernización de la empresa. Ésta es, de hecho, la firme voluntad de la sociedad civil que se ha agrupado en la Plataforma para su defensa como servicio público.
Ante el dilema de reforma o liquidación, la derecha en Andalucía ha optado por la vía fácil, como antes hizo en Valencia y Madrid, con el conocido fracaso económico a resultas de una deriva política, revertida en tribunales, más propia de formaciones premodernas que de una concepción liberal equiparable en el espacio de integración de la UE. Puede el lector revisar los estudios de ULEPICC que hemos venido presentando en sucesivos congresos sobre la baja financiación que tienen nuestros medios públicos en comparación con la media comunitaria o la ausencia de órganos fiscalizadores como el Consejo Superior del Audiovisual en Francia. Este déficit democrático explica por qué se impone el espíritu Urdaci y se traspasan todos los límites deontológicos en los modos y usos de un canal público para mayor gloria de quienes siempre se opusieron a la propia autonomía andaluza, negando por activa y por pasiva una Andalucía soberana e independiente, cultural e informativamente. En este escenario, no parece factible, si es coherente con los valores de la profesión y el desarrollo de la autonomía que marca el Estatuto, la continuidad de Juan de Dios Mellado como director general del ente público.
La apuesta por la alianza con Vox del PP y Ciudadanos supone una ruptura en toda regla del marco estatutario como espacio de convivencia democrática, lo que se manifiesta no solo en este capítulo, sino en temas sensibles como la educación, la desigualdad de género o la propia institucionalidad de nuestra autonomía. Del cierre solicitado de la RTVA, inviable estatutariamente, a la herida de muerte presupuestaria hay solamente un paso. De resultar exitosa esta apuesta política acabará no sólo con la principal empresa autóctona de comunicación, sino con las formas germinales del audiovisual andaluz, sea cine, producción serial o animación.
Por ello es el momento de vindicar un Canal Sur de todas y para todos, un canal público desgubernamentalizado, atento a la identidad andaluza, ejecutora de los planes de educación, cultura y desarrollo regional, dando voz a los actores locales en los ámbitos de proximidad, sosteniendo un polo industrial, un cine propio con proyección y voluntad de futuro, una radiotelevisión pública motor de la convergencia tecnológica, la innovación social y cultural, a partir de la renovación e incremento de su plantilla con la vista puesta en ampliar el marco de actuación hacia sectores estratégicos como la industria del videojuego y la televisión a la carta donde la RTVA puede y debe explorar sus potencialidades. De ello depende, sin duda, no sólo el futuro de la profesión, sino la calidad de la democracia y la propia autonomía. Pues sabemos que el primer derecho es el derecho a luchar por tener derechos y esto no es posible sin el Derecho a la Comunicación. Sin voz, ni medios públicos, que es la condición indispensable para ello, no hay democracia ni habrá autonomía. La ciudadanía andaluza agrupada en la Plataforma en Defensa de la RTVA es consciente de este hecho histórico y se ha constituido para, justamente, hacerlo efectivo: por España y por la Humanidad.
