Noviembre 2018
La crisis estructural de la televisión en abierto suscita cuestiones inaplazables sobre la función social de la radiotelevisión del Estado y el modelo institucional de organización.
Si por crédito, según la RAE, hemos de entender apoyo o autoridad, afirmarse y establecerse en la buena reputación del público por medio de sus virtudes o de sus más que loables acciones, la clausura institucional en torno al gobierno de turno del servicio público audiovisual ha resultado, históricamente, un descrédito para la RTVE. La cuestión no es solo la manipulación de la agenda informativa, como es habitual apuntar, sino la propia ausencia de un proyecto integral de desarrollo del sector público
audiovisual que incida en la modernización y que garantice el derecho de acceso y participación de los ciudadanos. Las llamadas de atención que gremios profesionales y diferentes movimientos sociales han manifestado a propósito de la cobertura y contenidos de la RTVE expresan un hartazgo evidente sobre la discrecionalidad en el manejo de la empresa por el poder ejecutivo ante lo que es preciso dar nuevas respuestas acorde con las demandas de los telespectadores más allá de la cuota de share. La crisis de audiencia, la falta de financiación y la ausencia de un modelo sostenible en plena revolución digital exige hoy repensar el papel de los medios públicos en nuestro país desde nuevos principios y marcos de actuación. Y es que la crisis estructural de la televisión en abierto suscita cuestiones inaplazables sobre la función social de la radiotelevisión del Estado, el modelo institucional de organización y la propia oferta de un ecosistema audiovisual dominado por plataformas como Netflix y el duopolio televisivo mientras tiene lugar un proceso de mutación radical de los hábitos culturales de la población. El primer paso se ha dado ya al plantearse preguntas largo tiempo postergadas con el proceso de concurso público y a movilización de los viernes de negro. Y fruto de ello tenemos alguna certeza incontestable: el futuro de la RTVE y los medios públicos no se resolverá exclusivamente vía presupuesto o con soluciones quirúrgicas en el Parlamento. La clave fundamental es garantizar una mayor eficiencia y sobre todo equidad y pertinencia en el gasto público y la organización de la empresa para de verdad sentirla como la instancia de una inmensa mayoría. La televisión y radio de todos y para todos. Por ello, hoy más que nunca es preciso abrir un debate entre profesionales, académicos, poderes públicos y ciudadanía en general sobre el papel de la RTVE en la construcción del proyecto de país. La ausencia de un modelo estratégico fruto de la deliberación pública dejaría en papel mojado la voluntad democratizadora que ha expresado el gobierno de Sánchez. Para salir del actual círculo vicioso del discurso de los oligopolios e intereses creados en el sector y avanzar propuestas de futuro es necesario, además de resolver el déficit democrático en comunicación, hacer válida la sentencia de Castoriadis según la cual la transformación de la sociedad de nuestro tiempo se revela como inseparable de la autosuperación que movimientos como la huelga feminista, la toma de la plaza pública de la Puerta del Sol, la lucha de los afectados contra la hipoteca o las preferentes de Bankia vienen desplegando en contra de un capitalismo de amiguetes que todo lo cerca, empezando por los propios medios de comunicación, sean públicos o privados. Con información, con debate, con un esfuerzo colectivo de pedagogía política, sabemos que todo es posible. Por ello, en el caso de la RTVE, hoy toca afirmar la libertad, el diálogo y participación de medios y mediadores imbricados en el presente y futuro de la empresa, con las puertas abiertas a todos y a todas frente a lo que, hoy por hoy, la RTVE ha representado como servicio público. En este proceso, el concurso abierto es un logro histórico que, esperemos, no sea solo el punto de llegada para un tiempo nuevo en la concepción y funcionamiento del servicio público audiovisual.
