Que la administración Trump y los movimientos del oligopolio de las grandes plataformas tecnológicas son una amenaza a la democracia y al proyecto de integración de la Unión Europea es, prácticamente, compartido por el conjunto de la ciudadanía y las fuerzas políticas de progreso. No es tan extendido, sin embargo, la naturaleza o diagnóstico de las amenazas que vislumbramos en el horizonte a corto y medio plazo y menos aún se observa la definición de alternativas democráticas que contravengan el proceso en curso de restauración autoritaria de la hegemonía imperial de Estados Unidos.
Somos conscientes que en la vida, como en la política, siempre hay opciones y posibilidades por explorar. El arte de lo posible implica definir agendas para la acción distintas a las establecidas a priori.
Se da la circunstancia que en materia de transformación digital se ha instalado en la sociedad un discurso naturalizado de Silicon Valley que ha permeado la práctica política de dirigentes y fuerzas políticas imposibilitando una agenda propia de definición del futuro de la era de la Inteligencia Artificial. Y en este marco la UE no es que corra peligro de perder s razón de ser del modelo social de Estado de Bienestar que alentó el proyecto de integración comunitaria, es que, antes bien, está en juego su propio futuro y subsistencia.
Bien es cierto que desde la Comisión se han avanzado iniciativas como la primera regulación internacional de la IAAT, la Carta de Derechos Digitales de 2021 o la reciente creación del Observatorio de Derechos Digitales para hacer efectivo la Europa de los Ciudadanos en la galaxia Internet. Pero estas medidas llegan tarde y son insuficientes ante el dominio absoluto de las grandes plataformas tecnológicas como ‘X’ (ex Twitter), ‘Meta’ (Facebook, Instagram, WhatsApp…) Alphabet (que incluye a Google como su principal subsidiaria), nombradas en su día como GAFAM, que hoy han decidido convertir la norma de terra nullius, la ventaja tecnológica y su posición cuasi monopólica en la regla del Estado de excepción a nivel internacional, vulnerando todos los derechos y garantías constitucionales a escala global.
El alineamiento con el gobierno de Trump ya se ha traducido en medidas concretas como la remoción de mecanismos de moderación de contenidos que hasta ahora lograban filtrar -aunque de un modo acotado- diversos modos de desinformación (fake news, deep fakes), discursos de odio, instigación a la violencia, controles sobre contenidos relativos a infancias etc., y una agresiva política de injerencia que nos recuerda que estas compañías, las big tech, nacen, se incuban, y despliegan su poderío como un vector estratégico del imperialismo estadounidense definido en el programa originario de la Sociedad de la Información de Al Gore, bajo tutela de los dos bastiones que sostienen el dominio político y económico de la potencia en decadencia: nos referimos al Pentágono y al muro de Wall Street.
No es comprensible el proyecto tecnofeudalista que abandera Musk con el trumpismo sin este análisis de la estructura de comando de la telemática ya diagnosticado por la economía política de la comunicación y estudiosos como Herbert I. Schiller. Ni tampoco es posible diseñar alternativas de futuro si se renuncia a la autonomía estratégica y se trata de definir una política de ciberseguridad, como en el Congreso de los Diputados en España, de la mano de Google y las corporaciones del complejo industrial-militar estadounidense.
Asumir el designio de los amos de la información y el capitalismo de plataformas bajo tutela de EE.UU. o la OTAN es, en definitiva, renunciar a la Europa social y de derecho y, al tiempo, convertir la UE en una colonia dependiente tecnológica, económica y militarmente de una potencia que no demuestra ser aliado cuando despliega una guerra comercial con los aranceles, sino especialmente cuando desde el propio nacimiento de la comunidad económica europea ha mantenido el espionaje, control y tutela de las redes de información y conocimiento, tal y como quedara constancia en el informe del Parlamento Europeo sobre la red ECHELON. Ahora se constata con la abierta injerencia en las elecciones de Alemania como ya se hiciera con el Brexit y los resultados por todos conocidos.
La UE, colonia tecnológica
La modificación de los procesos de intermediación y el control del algoritmo abundan no solo en la falta de transparencia de estos operadores políticos, sino que reafirman la estrategia de desinformación de las fuerzas de control global del Capitolio con el fin de restaurar su posición hegemónica ante China y su superioridad comprobada en ciencia y tecnología.
Las declaraciones recientes del Vicepresidente Vance respecto a la gobernanza de la Inteligencia Artificial, y no olvidemos de Internet, bajo control de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) son lo suficientemente esclarecedoras como para definir en Bruselas otra hoja de ruta a la seguida hasta ahora, marcada, nunca mejor dicho, por el seguimiento de las directrices del lobby de los GAFAM.
La necesidad de transparentar los procesos de información social, blindar el avance de plataformas globales que disputan el control al Estado y resguardar los derechos ciudadanos requiere de políticas activas por parte de la UE y nuestro gobierno. No solo declaraciones alertando de la tecnocasta. La reducción de los riesgos para la ciudadanía en términos de manipulación de la información, visibilizando, censurando u ocultando contenidos como el genocidio de Gaza del sionismo, forma parte de un nuevo orden informacional y una geopolítica imperialista que busca ser impuesto para controlar los comportamientos y direccionar de la voluntad política de la ciudadanía para hacer posible ya no la acumulación por desposesión, como analiza David Harvey, sino el régimen de excepción de la acumulación por despojo criminalizando la pobreza y extendiendo la guerra, cultural y efectiva, por todos los medios imaginables.
Ya en su célebre libro Mil Mesetas, Deleuze y Guattari, definían de modo precursor al accionar de las fuerzas exteriores al estado como Máquinas de Guerra. En el presente, la máquina informacional, con el despliegue de sistemas de machine learning e IA se ha sofisticado y vuelto inmanejable en algunos sentidos. Cabe preguntarse cuál es el espacio de acción que tienen los Estados Nacionales y la UE para desarrollar políticas de cuidado y acciones soberanas, qué medidas conviene adoptar en defensa del proyecto común de la Europa social y de derechos.
El dominio de las Big Tech sobre la información, la comunicación y la logística plantea serios problemas sobre el cumplimiento de las leyes de competencia y antimonopolio de la propia UE, pero no se han adoptado medidas, salvo algunas penalizaciones económicas irrelevantes a efectos de la estructura de control. A pesar de los intentos regulatorios, como las investigaciones antimonopolio en varios países, las estrategias de estas compañías para absorber a pequeñas startups, manipular algoritmos o generar redes de dependencia siguen siendo una práctica común sin que Bruselas haya acometido una estrategia consistente, aliándose por ejemplo con el proyecto de 5G chino.
Esto ha terminado limitando la economía europea, poniendo en riesgo la innovación y la diversidad empresarial, y sobre todo otorgando un control exclusivo sobre el mercado a compañías como Amazon, sin oposición ni estrategias de cooperación para hacer frente a los retos de futuro de la economía del conocimiento.
La confrontación geopolítica que hemos iniciado desde que Donald Trump irrumpiera en la escena política internacional es un paso más en esta escalada de subordinación y colonialismo tecnológico de Europa. La asunción del enfoque estadounidense sobre la ciberseguridad, la infraestructura 5G y la privacidad de los datos pliega el proyecto de la UE al fortalecimiento de la industria nacional estadounidense y la expansión de la OTAN, consolidando la tecnología ajena como un pilar esencial en la redefinición de las relaciones internacionales desde la subalternidad y la pérdida de total autonomía, y ello a pesar de las supuestas lecciones aprendidas durante la pandemia donde por vez primera escuchamos hablar de soberanía digital y un aggiornamiento keynesiano como salida a la crisis del colapso económico o de capítulos conocidos como el Brexit o en otras latitudes la campaña destituyente del gobierno de Dilma Rousseff o el golpe de Estado contra Evo Morales.
Infracciones de las plataformas digitales
Bien es cierto que la UE dispone de diversos dispositivos normativos diseñados con el fin de garantizar la implementación de mecanismos adecuados para supervisar posibles infracciones legales de las plataformas digitales dominantes en el mercado e intervenir en consecuencia. Aunque los recientes cambios y medidas adoptados por ‘Meta’ y ‘X’ puedan ser compatibles con la legislación estadounidense, su aplicación en la UE debería ser descartada, dado que las normativas existentes sobre la eliminación de contenido que infrinja la legislación, como los discursos de odio o el contenido destinado a alterar procesos electorales, lo prohíben explícitamente.
Pero, aunque desde Bruselas se reconoce la necesidad de regular el comportamiento de las grandes plataformas digitales, la Comisión enfrenta a día de hoy serias dificultades en la aplicación de la legislación vigente. En particular, la Ley de Servicios Digitales (DSA). La creciente complejidad de la regulación tecnológica, junto a la adopción del marco jurídico angloamericano del derecho de telecomunicaciones y las obligaciones suscritas desde la matriz neoliberal de la OMC, perfilan un escenario difícil de acometer en términos de voluntad y acción política democrática.
En otras palabras, las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley han pisado el acelerador asumiendo explícitamente el rol de actor global soberano en la reconfiguración del orden mundial de manera significativa, sin que desde Europa se responda en justa medida al reto que ello supone.
La transición digital y el control de la información, en este contexto, no solo representan un desafío tecnológico, sino también un reto político, social y ambiental de gran magnitud que evidencia que la Europa social y la propia transición ecológica en el marco de la Carta Social Europea serán letra muerta si no se actúa de inmediato.
La respuesta a esta dinámica imperialista pasa por una mayor regulación, la defensa de la privacidad y la soberanía digital, y la promoción de un espacio digital que sea verdaderamente público y democrático. La vigilancia y la crítica de estas dinámicas son esenciales para salvaguardar la democracia en el siglo XXI y exigen de organismos internacionales como la UNESCO una apuesta decidida por recuperar el espíritu McBride para hacer posible un solo mundo y voces múltiples, para un nuevo orden de la información y la comunicación (NOMIC) donde la tecnología, la red y el conocimiento de la IA sean patrimonio común de la humanidad.
Un primer paso en esta dirección es que la UE asuma un rol de defensa de los derechos a la comunicación democrática y que gobiernos progresistas como el de España contribuyan decididamente a definir una agenda distinta en Bruselas para la propia pervivencia del proyecto comunitario. Es hora de liderar en el seno de la UE una política de soberanía digital frente a las injerencias y el intervencionismo de grandes compañías en la opinión pública de los estados miembros. Frente a la política de la guerra y la tierra de nadie (terra nullius) de los GAFAM debemos impulsar cambios normativos de calado, estructurales, para exigir las obligaciones tributarias, legales y de protección de la libertad de expresión y las libertades públicas de dichas plataformas, en particular civil y hacer transparentes sus criterios de moderación de contenidos, tanto en procesos electorales, como en el debate público, con las consiguientes medidas de suspensión y sanción civil y penal en el caso de reiterados incumplimientos, como viene siendo habitual.
Promover nuevas plataformas digitales
En esta línea, es necesario revisar los acuerdos comerciales y reguladores con las grandes tecnológicas para asegurar que los intereses nacionales, democráticos y ecológicos estén protegidos frente a la creciente concentración de poder económico y político en manos de estas corporaciones. Pero también lo que la imaginación comunicológica de los tecnócratas de la Comisión no imaginan, hay que promover desde ya en nuestro espacio plataformas digitales de dominio público, así como políticas de software libre en la Administración Pública del Estado, para evitar la dependencia tecnológica.
Liderar una política de ciencia y tecnología nacional y europea en materia de IA, cambio tecnológico y cultura digital a medio y largo plazo con un plan plurianual es algo más que replicar dispositivos foráneos e importar conocimiento ajeno. Esto que el ensayista francés Sadin denomina la siliconización de la economía europea ha sido la pauta constante de la Comisión hasta la fecha. Ahora que el Congreso tiene que debatir el proyecto de Ley de Autonomía Estratégica e Industria es el momento de empezar a construir un sendero distinto desde el Sur de Europa introduciendo un capítulo específico para la promoción de medios digitales propios y tecnología soberana, si queremos hacer posible el intercambio y comunicación de nuestro sistema político y económico sin la dependencia tecnológica actual de Silicon Valley.
