La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso rechazó hoy la proposición no de ley de Sumar que instaba a reformar las distintas normativas universitarias para que en la creación de nuevas universidades resultara vinculante un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria.
Los votos de Junts se unieron a los del PP y Vox para rechazar en el Congreso de los Diputados esta que llevaba el sello de Sumar y PSOE y con la que perseguía controlar y frenar la creación de nuevas universidades privadas, informa Efe.
La iniciativa que había sido apoyada por el PSOE también pedía reforzar «significativamente los requisitos académicos de profesorado, de investigación, de solvencia económica y de equipamientos e infraestructuras» con el fin de garantizar los estándares de calidad en las propuestas de nuevas universidades y para que las administraciones pudieran actuar en caso de que hubiera que corregir requisitos que no se cumplen.
El diputado de Sumar Francisco Sierra criticó que se esté «especulando» con la educación universitaria y lamentó que en los últimos años se hayan creado «universidades monotemáticas y corporativas, mientras las universidades públicas están en la cuerda floja». Aprovechó también para avisar de la «precarización» de las condiciones que se dan en las universidades públicas «que impactan en labores estratégicas como las de investigación».
Pos su parte, la diputada socialista Luisa Sanz se mostró de acuerdo en que «todos los centros universitarios deban acreditar exactamente los mismos estándares de calidad».
Sin embargo, la iniciativa, que también abogaba por un «mapa estatal de titulaciones para ver la oferta universitaria y sus necesidades», fue rechazada al votarse por el sistema de voto ponderado (que representa a todo el Pleno del Congreso) después de haberse producido un empate en la comisión. Durante el debate parlamentario, desde Sumar recordaron que la normativa establece que las universidades deban destinar un 5% de su presupuesto a investigación y les obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de tres de las cinco áreas de conocimiento.
Desigualdades
Por otra parte, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que, entre otros asuntos, pide revisar el lenguaje empleado para referirse a la discapacidad en las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, a fin de eliminar los «términos peyorativos» y sustituirlos por «las expresiones adecuadas»: «discapacidad» y «personas con discapacidad», informa Ep.
La solicitud fue presentada por el PSOE e insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas, «evaluar el estado del derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario y su compatibilidad con instrumentos internacionales, especialmente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; identificar brechas en las normas y políticas educativas del ámbito universitario que impiden que el estudiantado con discapacidad alcance y transite en este nivel educativo de manera inclusiva y con parámetros de calidad», y garantizar «el alineamiento de todas las normativas nacionales con la legislación internacional» sobre discapacidad.
La diputada socialista Ana Cobo apuntó que «existe un ‘‘gap’’ formativo muy importante entre los jóvenes con discapacidad y el resto de compañeros de su misma edad» que, entre otros motivos, está relacionado con su mayor tasa de desempleo. De ahí la necesidad de «seguir trabajando para garantizar su ingreso y progresión en la universidad en condiciones de igualdad», dijo durante la defensa de la proposición.
Además, destacó que la reforma del artículo 49 de la Constitución, que «eliminó un término tan denigrante como el de disminuido» y reforzó la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos y la inclusión de este colectivo, «ha de tener un efecto cascada y llegar a todas las normas e instituciones, también a la universidad».
Puntualizó también que, en la revisión de las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, se ha detectado el uso de «expresiones como diversidad funcional, capacidades diferentes u otras similares, que no están validadas ni son admisibles».
