La noción de espacio regional de comunicación fue un concepto discutido por colegas catalanes en los años noventa al plantearse las políticas autonómicas de comunicación desde una perspectiva progresista y radicalmente transformadora. Recientemente, en la Asociación Española de Investigación en Comunicación celebramos un congreso internacional en la Universidad del País Vasco para actualizar las dimensiones de este constructo conceptual, útil para pensar el modelo federal y pluralista en España, aunque curiosamente apenas ha sido pensado en Andalucía, pese a su relevancia y centralidad desde el punto de vista de la soberanía popular y los retos largo tiempo postergados de nuestra autonomía cultural. Conscientes que el proyecto del nuevo Estatuto no será viable sin pensar en términos de espacio autónomo y sistema nacional de comunicación, retomar esta reflexión se torna perentoria. Pues sabemos que, en política, no hay autonomía posible sin la institución de lo imaginario, sin explorar, como sugiere Castoriadis, la organización y praxis de lo social como ruptura con el relato que lo haga posible. La autonomía, desde este punto de vista, no es un proceso de producción basado en la descentralización territorial. La autodeterminación exige plena independencia, primero, culturalmente, a nivel simbólico, y esto no es posible sin un sistema propio de medios ni una política de comunicación que construya un espacio propio de libertades y representaciones en común como pueblo y sujeto histórico. Desde esta visión no parece sorprendente que una de las primeras reclamaciones de la ultraderecha para apoyar un gobierno conservador en Andalucía sea acabar con Canal Sur y la radio pública andaluza. Creemos imprescindible, por tanto, dibujar una hoja de ruta que haga visible, no sólo la necesidad de unos medios de comunicación públicos para Andalucía, sino más allá aún trazar el camino y los pasos necesarios para transformar los pilares de una cultura al servicio de la gente común de Andalucía.
HEGEMONÍA Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN
La coyuntura actual tras las elecciones hace aún más indispensable la necesidad de dar forma a ese imaginario que genere una identificación transversal sin perder su potencial de transformación. Sabemos que para construir la hegemonía política es necesario (re)construir previamente una hegemonía cultural. Por ello, hoy más que nunca, es preciso plantear una rebelión democrática de las matrices culturales que nos definen en Andalucía desde una visión estratégica para la construcción de un nuevo bloque histórico.
Las políticas de comunicación y cultura pueden desempeñar en este sentido una función estratégica de cara a proyectar nuevas lógicas de mediación, contribuyendo desde las instituciones y políticas públicas autonómicas a promover procesos de rearticulación de solidaridades en pro de la autonomía cultural necesaria. Uno de los principales retos que cabe plantear desde esta perspectiva alternativa es el de saber conectar nuestro discurso político con los imaginarios de las clases populares, adaptando prioridades y teniendo en cuenta los cambios generacionales que, en términos políticos, han marcado la historia reciente de nuestro país.
El problema es que dicha visión estratégica brilla por su ausencia, antes (durante los gobiernos del PSOE) y más aún ahora, con las políticas ultraconservadoras que dominan la Junta de Andalucía, y la restauración de un modelo asimétrico y periférico del sur en el diseño de la Unión Europea. Considerando, además, la ausencia de grandes grupos mediáticos autóctonos, ello se traduce en una mayor dependencia cultural de Andalucía. La ausencia de voluntad política, en fin, afecta sobremanera a nuestra región. Por ello cabe reconocer en esta posición una quiebra importante de nuestra autonomía. Al margen de los principios fijados por el nuevo Estatuto, el Gobierno de la Junta de Andalucía y la actual dirección de Canal Sur, han renunciado a toda voluntad real de cambio, pese a las promesas de la alternancia bipartidista. No se han definido los retos de sus canales y la oferta de la RTVA en la era de la TDT, la financiación no garantiza el cumplimiento de los fines que les son propios, la modificación de la composición de órganos vitales de la política pública en este sentido, no han significado sino la reducción de gasto público sin proyectar una misión y estrategias de colaboración claros y productivos tanto de instituciones como la Fundación Audiovisual o la Cineteca como iniciativas como la Comisión Fílmica y otros agentes del sector, mientras el tejido productivo y las nuevas plataformas de distribución audiovisual siguen a expensas de los vaivenes aleatorios del mercado, pese al discurso autocomplaciente de emergencia del cine andaluz. La renuncia a una política científica y tecnológica avanzada del nuevo gobierno y la catastrófica gestión de la Consejería de Cultura inciden por ende en el histórico abandono del campo cultural al tiempo que la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía sigue sin materializarse en programas y proyectos concretos que contribuyan a la verdadera función motriz que la Junta y la RTVA deben promover para el desarrollo del sector audiovisual como industria y eje nuclear de articulación de un proyecto común de futuro. La designación por otra parte de algunos representantes, claramente sin la idoneidad necesaria, y la consiguiente polémica en el Consejo Audiovisual y el Consejo de Administración del ente público han impedido el necesario debate sobre las funciones de ambos órganos y la misión de las Políticas Autonómicas de Comunicación en medio de una creciente debilidad por la crisis tanto de las productoras y empresas generadoras de contenidos, como en los medios tradicionales enfrentados a una bajada de ingresos y cierta desafección de las audiencias, por no mencionar las diatribas de responsables del nuevo gobierno contra sindicatos, profesionales y trabajadores de la empresa pública de la RTVA que poco o nada pueden contribuir al compromiso y motivación de una plantilla sometida a la parálisis y la desesperanza por la dilación de la anterior gestión al frente de Susana Díaz. Antes bien, asistimos perplejos a la insistencia en los índices de audiencia de Canal Sur, y la voluntad del equipo directivo de subir a los dos dígitos la cuota de pantalla como si todo el problema de comunicación en Andalucía pase por mejorar resultados, como un problema de eficiencia, cuando es conocido que el verdadero reto de Canal Sur es definir un nuevo modelo de servicio público audiovisual en la era multipantalla renovando, para afrontar la cuarta revolución industrial, equipos, recursos humanos y procesos de organización y producción en un ecosistema que ha cambiado radicalmente y que requiere nuevas respuestas y, desde luego, otras preguntas y objetivos institucionales. En otras palabras, en el actual momento histórico, es preciso salir del actual círculo vicioso para contribuir desde las políticas públicas a definir un nuevo escenario de proyección histórica que dispute nuestro espacio cultural en términos de contrahegemonía.
En este proceso, no todo está perdido. En tiempos de involución, y ante un escenario francamente adverso, desde la academia, hemos logrado sumar voluntades y crear, entre tres universidades públicas, el Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (INACOM), una herramienta para generar conocimiento de vanguardia, saber aplicado para las industrias culturales como la incipiente industria de videojuegos o el dinámico sector cultural. Tenemos conocimiento, cultura y talento. Faltan políticas públicas activas y de progreso. En este empeño, el campo de la comunicación es estratégico: y no solo para reconocernos y proyectar otra imagen de Andalucía, si no para desarrollar la llamada economía creativa, la industria de la comunicación y la cultura locales. Sin ella, como decimos, no es posible la autonomía ni el desarrollo social de la región. Pero hemos de comenzar a definir la disputa ideológica en esta materia más allá de los principios normativos y concepciones al uso que han venido pautando el desarrollo de la principal empresa pública del sector, verdadero motor del audiovisual andaluz y base para tejer el espacio común como nacionalidad histórica.
RTVA Y SERVICIO PÚBLICO AUDIOVISUAL
Reconstruir el espacio de comunicación de Andalucía tiene que acometer un primer problema de partida. Las televisiones públicas se ven hoy más denostadas (y amenazadas) que nunca. Los intentos de manipulación partidista por parte de los gobiernos central, autonómicos y locales, y la campaña sistemática de descrédito liderada por los medios de comunicación privados, hoy organizados en un duopolio de facto, marcan lo que algunos expertos denominan el déficit democrático de la transición en España que ha conducido a la estigmatización de muchos de los medios de comunicación públicos con los que contamos. En el caso particular de Andalucía, no ha habido políticas coordinadas ni un plan de formación y apoyo económico a la industria cultural del denominado Tercer Sector. Es más, la comunicación parece ser, para nuestras autoridades y en especial lo ha sido para Susana Díaz, el correlato perfecto para la orientación de las posibilidades autonómicas deseables según la ley propagandística de dosificación, por la que se administra, jerarquiza y controla los contenidos y las ideas discutibles en el marco de reforma del Estado, bien mediante la limitación del número de actores posibles y las voces únicas visibles en la esfera mediàtica, o definiendo los límites del juego o reglas de la comunicación política a cumplir. Exactamente todo lo contrario de lo que parece razonable para el fortalecimiento y la gobernabilidad en los tiempos que vivimos. Sabemos que todo sistema, también nuestro sistema político autonómico, se fortalece en la medida que los flujos de información, las conexiones, los actores y las iniciativas de articulación social se multiplican, se traman y cruzan en múltiples direcciones, complejizando y enriqueciendo las miradas, los discursos y las propuestas de futuro. Por ello, y a tenor de la deriva de jibarizaciòn del sector público audiovisual ya iniciado en la administración de Susana Diaz, con anuencia de Bruselas y los oligopolios privados de comunicación, considerando la gravedad de la situación que vive el sector público y a tenor de los hechos reseñados, sería necesario reclamar de modo urgente un Foro Democrático sobre Sistema Público Audiovisual y Desarrollo Cultural de Andalucía que reúna a empresarios, sindicatos, profesionales y entidades de la sociedad civil con la vista puesta en la apertura de un debate que, con el concurso de todos los actores, y la ciudadanía en general, contribuya a crear un polo andaluz de desarrollo de la industria audiovisual andaluza desde otra racionalidad y visión estratégica. A tenor de la ausencia de grupos propios de comunicación y una burguesía que promueva el desarrollo cultural de Andalucía, es deseable que se garantice desde el sector público:
La creación de una Plataforma de Servicio Público de Radiotelevisión, una red de coproducción andaluza con televisiones locales, comunitarias y culturales que incentive y desarrolle el sector audiovisual con Canal Sur como locomotora, central de compras y principal empresa de exportación y coproducciones del audiovisual andaluz.
La reorganización de la Fundación Audiovisual y la Comisión Fílmica como vías para generar recursos, con una mayor relación con la RTVA, la Universidad y la sociedad civil.
La planificación industrial del audiovisual andaluz como un sistema integrado, que integre a todos los actores del sistema (Universidades, tejido productivo, ETICOM, medios locales, etc.), como generador de empleo en convergencia con las empresas públicas o participadas por la Junta de Andalucía en el sector de las telecomunicaciones.
La regulación de forma transparente y organizada de la contratación con el sector privado, privilegiando el talento y empresas de origen y base andaluza.
El desarrollo de un sistema y plataforma de medios dentro y fuera de la comunidad. Dentro, en torno a la RTVA, y fuera, para los andaluces en el exterior, a fin de atender a la migración, que ha jalonado de forma determinante la historia del pueblo andaluz, dando cobertura tanto por radio como por televisión a los andaluces en Cataluña y Madrid, cuando menos.
La asunción de estos objetivos mínimos de la agenda política sobre el audiovisual andaluz pasa por articular la política y gestión de los medios públicos desde nuevos criterios:
Trasladar el debate de lo económico a lo político, pues el servicio público de radiotelevisión se rentabiliza no en términos económicos, sino en términos de calidad informativa, de democracia, de pluralismo, de derechos culturales y de participación ciudadana. La defensa de lo público, frente a las pretensiones desreguladoras y privatizadoras azuzadas por los operadores privados, significa la apuesta no sólo por la existencia de un servicio público de radiotelevisión de calidad, sino también la exigencia de una regulación que afecte a las emisiones de los operadores privados, que también tienen una responsabilidad en términos de democracia, de cultura y de educación que no puede ser dejada al arbitrio del libre mercado (que se traduce en precariedad y homogeneidad informativa, tal y como estamos viendo).
Asumir que los valores que tienen que regir el sector público de radiodifusión son la independencia, la libertad informativa, el dominio público y los derechos ciudadanos.
Plantear un sistema de financiación claro y preciso para la radiotelevisión pública, como existe en otros países que, también afectados por la crisis, no condenan a su servicio público de radiodifusión a la marginalidad e irrelevancia social con los recortes y políticas del austericidio.
Hay además algunos aspectos que nos gustaría resaltar y que son necesarios clarificar para no dejarnos confundir en el camino dibujado:
Necesitamos reivindicar un concepto de medios comunitarios radicalmente opuesto a la visión que se establece en la Ley Audiovisual de Andalucía y que reproduce una visión liberal, privada, y no pública o comunitaria, de esta modalidad de acceso a radiofrecuencias. Así, en la norma, se tiende a equiparar ideológicamente lo comunitario con lo libre frente a lo público, coincidiendo en ello con los operadores privados en una lógica de acceso siempre restringido para la ciudadanìa.
Por otro lado, es necesario dotar de una función efectiva y social a organismos como el Consejo Audiovisual de Andalucía, que continúa relegado y disminuido, al igual que el Consejo de Participación Audiovisual que queda como una instancia meramente consultiva sin trascendencia ni función relevante alguna desde el punto de vista social.
Además, el marco normativo actual mantiene como pauta una visión mercantil y comercial en contra del Estatuto de Autonomía, preservando para el sector privado la publicidad total (de la que quedan exentos los medios comunitarios y los futuros medios educativos vinculados a la Universidad) e incluyendo contenidos de nocivos efectos para la salud pública como los espacios comerciales de esoterismo y juegos. Nada se dice, además, de la publicidad que atenta contra la identidad y los valores de la cultura andaluza. En suma, se asimila en la norma la doctrina liberal de la UE sobre la publicidad en todos sus formatos, modalidades y en exclusiva para los operadores privados, lo que a medio plazo garantiza un dominio del espacio audiovisual por los grupos nacionales de comunicación de Madrid, considerando la debilidad de la industria publicitaria en nuestra tierra.
Por último y de manera sorprendente, el papel de la Universidad es irrelevante en todo el desarrollo normativo. Paradójicamente, no se habla de I+D, de tecnopolos audiovisuales, de industria y política económica para el sector, por más que se insista en la promoción del empleo y la importancia que tiene para Andalucía el desarrollo de este sector.
La falta de voluntad política para acometer estos frentes culturales explica en buena medida la ausencia de un sistema nacional de comunicación y la renuncia a construir un espacio autónomo propio mientras se agudizan las contradicciones entre marco normativo (Estatuto) y realidad cultural.
DISONANCIAS COGNITIVAS Y POLÍTICA EMERGENTE
Que Andalucìa es una tierra promisoria para la colonización y dependencia cultural es una cuestión histórica innegable. La disonancia cognitiva entre la pantalla y medios dominantes y la realidad del hacer común ilustra tal hipótesis: de Juan y Medio a Mariló Montero, del ABC de Sevilla a los tertulianos de Madrid. Vivimos en la subalternidad y periferia un proceso de captura y estereotipia en la que las autoridades autonómicas incumplen, a diario, los artículos principales del nuevo Estatuto de Autonomía sobre la necesidad de impulsar nuestra identidad, nuestra lengua y cultura en el espacio propio de comunicaciòn. Domina, en fin, una suerte de cultura cosmopaleta por la que Netflix es la ventana de colonización del imaginario que refuerza la cultura GAFAM socavando las propias raíces identitarias. Ni siquiera el anuncio de la alianza de Telefónica y Atresmedia para crear una productora común de contenidos, visto el éxito de La Casa de Papel, podrá hacer frente a un mercado dominado absolutamente por la industria estadounidense por más que por vez primera se hagan producciones en nuestra tierra como La Peste.
Hace tiempo que sabemos que las previsiones del programa MEDIA no aciertan a resolver el verdadero reto de nuestro tiempo que no es la producción de contenidos, sino los oligopolios de distribución como hace tiempo se viene denunciando por los profesionales del cine. Por más que se insista en producir series, filmes y contenidos audiovisuales de animación, el resultado no alcanza a superar el horizonte prospectivo de convertirnos en maquila de las grandes corporaciones tipo HBO, Amazon Prime o la propia Netflix, o, peor aún, convertirnos en atrezzo del turismo, en plató y escenografía inane que haga Andalucía de Cine pura imagen, sin valor de uso ni proyección cultural, mientras la Comisión Europea renuncia a liderar la televisión de alta definición y no acaba de entender que este sector es un vector estratégico de la geopolítica internacional. En este escenario, la cuestión ahora es pesar qué hacer desde el Sur y desde Abajo, cómo propiciar la construcción de este espacio propio de comunicación y la autonomía cultural andaluza.
¿Estamos a tiempo de cumplir estas condiciones estatutarias cuando nuestros medios de comunicación públicos viven hoy amenazados de muerte por la extrema derecha de ayer y de hoy ?. Creemos, sinceramente, que sí, pese a lo aquí expuesto en este breve artículo. Ello pasa por rebelarse contra un destino, el de la RTVA, de arma propagandística y reivindicar su papel de pilar de lo común, con más praxis y menos declaraciones solemnes. Esto es, construyendo autonomía desde la voluntad instituyente del pueblo andaluz como ya hiciera décadas atrás el 4D. Es tiempo, en fin, de discutir y evaluar las políticas de comunicación y cultura en clave andaluza. La ausencia de la Junta hasta hoy en el campo de producción simbólica del imaginario, da cuenta de la renuncia a la propia libertad de un necesario proceso constituyente, del PSOE a VOX pasando por las negociaciones en Madrid del PP y Ciudadanos. Los cambios políticos aún por definir en esta etapa de bifurcación o disyuntiva no auguran un cambio a mejor en este sentido, más bien todo lo contrario. Por ello, corresponde ahora más que nunca pensar qué hacer y cómo: dar cuerpo a la autonomía desde la alegre pasión de quienes han perdido todo menos la esperanza de un futuro mejor para nuestra tierra.
