Una lección básica de Economía Política es la creación de valor por la producción artificial del principio de escasez y necesidad. Se induce el colapso, por ejemplo, de la sanidad pública y se derivan a los pacientes a las aseguradoras, con el resultado conocido del pogromo neoliberal. En la educación superior de nuestro país, esta lógica de mercantilización sigue el mismo sendero de privatización de un pilar fundamental del Estado de Bienestar, conculcando un derecho constitucional con argumentos insostenibles como el mantra de la libertad educativa.
El problema es que el incremento exponencial de universidades privadas no cumple los mínimos establecidos en el marco normativo vulnerando las reglas del juego al punto de cuestionar el propio sistema universitario español, su calidad y confianza certificadora. El caso más reciente de Extremadura es ilustrativo, como Andalucía, de una deriva que en el fondo ataca el núcleo esencial de este derecho constitucional: la igualdad de acceso y de movilidad social. Y el resultado, conocido. El número de estudiantes matriculados en universidades públicas españolas desciende mientras aumenta el de las universidades privadas que ya han alcanzado en número a las públicas y de seguir esta progresión las superarán en breve. El boom de los campus privados perfila un paisaje de universidades monotemáticas, centros de educación superior corporativos e incluso medios de comunicación con sus masters propios y promesas de empleo en Universidades privadas, como la Europea de Madrid mientras prestigiosas universidades como la Complutense viven al límite de su operatividad institucional por las restricciones presupuestarias y el acoso de un gobierno autonómico que pretende promover una Ley de Universidades dirigida a precarizar y socavar la autonomía universitaria. Y, desde luego, como es tradición en los liberticidas, de Fernando VII a Moreno Bonilla, de Milei a Díaz Ayuso, evitar así todo conocimiento libre, atreverse a saber, siendo como es esta, desde la ilustración, la precondición necesaria para la libertad y el cambio social.
Paradójicamente, el ministerio de Universidades aprobó una norma para evitar las «universidades chiringuito» y endurecer los requisitos para autorizar los campus de nueva creación. El Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, fijó los criterios mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, como también de equipamientos y de organización, y que todos los centros universitarios del país deben cumplir. Todos, indistintamente su naturaleza jurídica. Las universidades deberán adaptarse y demostrar su cumplimiento antes de 2026. Ello explicaría la aprobación precipitada, en apenas pocos meses, de numerosas universidades privadas, muchas de ellas con informes desfavorables del Consejo de Política Universitaria y de las agencias acreditadoras.
Las universidades privadas han logrado copar así más del 60% de las plazas ofertadas de posgrado. Y, salvo sorpresa, superarán a las públicas en alumnos matriculados de máster este curso. La falta de planificación democrática de la educación superior se ha traducido como resultado en una sobreoferta al tiempo que se abunda en la escasez de plazas en sectores estratégicos como las Facultades de Medicina, donde se viene conformando un pool sanitario privado. El lobby empresarial presiona incluso para que la formación del MIR se pueda acometer en sus propios centros, algunos de los cuales apenas tienen una Facultad de Medicina o titulaciones especializadas en tecnología y cultura digital.
Ante este escenario es hora de que el Congreso adopte medidas decididas en la disyuntiva de la bolsa o la vida, ante la contradicción de fomento y desarrollo del sistema público de educación superior como garante de la igualdad frente a la lógica especulativa del capital que impone la mercantilización de la Universidad, la expansión del capital financiero en la educación superior con total falta de transparencia y en algunos casos fraude de ley en los procesos de aprobación y puesta en marcha de nuevas universidades vinculadas a los intereses creados del IBEX35 en medio de campañas que vienen prodigándose regularmente contra la universidad pública al tiempo que se promocionan programas de grado y posgrado con publicidad engañosa sobre la supuesta excelencia académica no verificada, cuando los informes de las agencias acreditadoras son desfavorables, la investigación inexistente y la inversión especulativa una dominancia en ascenso.
Un dato revelador es que la facturación de universidades privadas y escuelas de negocio en España ha crecido un 44,7% en poco más de cinco años: de 2.255 millones de euros ingresados en 2017 a más de 3.300 millones en 2023. Se crean, compran y venden universidades, participadas por fondos de inversiones, especulando como con la vivienda.
Aunque desde el Gobierno y las Comunidades Autónomas se señale periódicamente que se «revisarán» y «endurecerán» los criterios para la creación de nuevas universidades, la realidad es que el Sistema Universitario Español sigue sin resolver esta situación con el incremento por ejemplo de universidades privadas no presenciales en torno al 10%. No se ha creado una universidad pública desde hace décadas y hay necesidades manifiestas por cubrir por el sistema de acceso universal.
Cuando lo especulativo, que debiera ser una noble tarea de pensar libremente y contribuir al progreso del conocimiento, deviene excepción por el dominio del capital financiero que interviene el mercado, los poderes públicos han de actuar en defensa de la mayoría social. Por ello, desde el GP plurinacional de Sumar hemos defendido iniciativas parlamentarias en línea con las vindicaciones de la Conferencia de Rectores y Unidigna, instando al Gobierno a actuar cuando menos en cinco líneas estratégicas:
- La planificación de un sistema financiero plurianual y estable de las universidades públicas que alcance al menos el 1% del PIB para converger con los países de nuestro entorno, evitando el principio de escasez inducida para beneficiar el mercado artificiosamente.
- Una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas para evitar fraude de ley, como sucediera en la aprobación de centros en Andalucía.
- El cumplimiento estricto de los requisitos exigidos legalmente y establecer medidas sancionadoras en el caso de incumplimiento de los requerimientos debidos.
- La creación de una unidad fiscalizadora en la Conferencia General de Política Universitaria para la inspección o creación de cualquier universidad privada.
- La planificación del mapa de titulaciones y oferta de plazas en el sistema público acorde con las necesidades sociales y no solo en función de la demanda voluble del mercado a fin de configurar una oferta equilibrada, proporcional y universal, cumpliendo así con el precepto constitucional.
La deriva de sociedad anónima en la educación superior, la UNIVERSIDAD S.A., termina devorando la sociedad, anémica, por la destrucción creativa de la dialéctica de la escasez y la sobreoferta. Lo vimos en Estados Unidos, esta política dio lugar al estallido social en Chile y fracasó en el Brasil de Bolsonaro. No nos lo podemos permitir aquí, a estas alturas de la historia. Así que ni gente sin plazas universitarias, ni plazas universitarias sin gente. Actúese.
