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El diputado de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, lleva meses, junto con sus compañeros andaluces, manteniendo encuentros con los vecinos y vecinas de los barrios más vulnerables de la comunidad. Es en Andalucía donde se acumulan las zonas con peores indicadores de renta de todo el país, según el INE.

«Además de la España vaciada tenemos espacios urbanos en todo el territorio nacional, en Andalucía especialmente, en los que el Estado no está. No está para los servicios públicos», afirma Sierra en un encuentro con Público.

«Hay varios sesgos de la desigualdad muy brutales, uno tiene que ver con la clase, que históricamente conocemos; está también el de género, del que somos cada vez más conscientes en la política y en las políticas públicas. Y otro está en donde vives. Según tu código postal ya estás condenado a un itinerario de vida«, añade.

De esos trabajos con representantes vecinales ha surgido, explica Sierra, la idea de presentar un proyecto de ley en el Congreso en el que se recoja la creación de un fondo del Estado, que estaría vinculado a los presupuestos generales, es decir, contaría con una financiación anual, para combatir la exclusión.

Al reparto de ese dinero podrían optar todos los barrios del Estado en situación de vulnerabilidad –los parámetros y detalles irían recogidos en un reglamento–. Lo que pretende Sumar es que cualquier zona urbana desfavorecida, no solo en ciudades sino también en entornos rurales, pueda, mediante un trabajo desde abajo y con la colaboración de los ayuntamientos y comunidades autónomas, dar lugar a un plan integral específico y propio, que el Estado financiaría.

Por la red circula un manifiesto impulsado por entidades vecinales y titulado Por una ley integral de barrios vulnerables. En él se recoge lo siguiente: «Nos proponemos la elaboración y aprobación de una Ley de Barrios Vulnerables en esta legislatura que apruebe un Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social para evitar el riesgo de fractura social y hacer frente a la crisis ambiental».

El programa electoral de Sumar recogía la «creación de un programa estatal para los barrios vulnerables» que «pondrá a disposición de las comunidades y de los ayuntamientos los recursos y el apoyo necesario para desarrollar estas intervenciones a través de convocatorias anuales de ayudas directas«.

La idea que plantea Sierra profundiza en esa promesa electoral: «Vimos [durante el trabajo con los vecinos] –explica– que era necesario un proyecto de ley que fuera integral, en el que colaboren los ayuntamientos, las autonomías y el Estado, y que sea interdepartamental. Los diagnósticos que hemos hecho en los barrios que hemos visitado [nos dicen que] es que los proyectos [planteados hasta ahora] son fragmentarios, discontinuos».

«El objetivo fundamental –agrega el parlamentario– es un proyecto que sea una política de Estado. Hicimos un equipo técnico los diputados de Andalucía, con el objetivo de lograr un diagnóstico participado; no queríamos una prueba de laboratorio».

«Dijimos: vamos con los vecinos, que nos van a decir seguramente lo que ya sabemos, en algunos casos, desde hace más de 30 años. Pero vamos a construir con ellos y esto es el resultado de lo que ha salido: la ley surge desde la iniciativa parlamentaria pero se edifica con diálogo y desde una escucha activa real«, reivindica Sierra.

La arquitectura del fondo

Así cuenta Sierra a Público la arquitectura de ese fondo: «Gran parte de las competencias para [ejecutar] un plan integral para un barrio son municipales y autonómicas. Hemos estado dándole vueltas y hemos optado por un modelo similar a los fondos Feder, que es un modelo concursal. Es la única manera en que el Estado puede disponer de fondos y programas, que con la participación de ayuntamientos y autonomías, puedan lograr el objetivo final, que es cambiar los barrios».

«Hay otros dos elementos importantes –agrega el diputado–. Las Comunidades tienen que cooperar. Como en la ley de dependencia [se habilitaría] un sistema de lealtad institucional, de cooperación institucional, esto hay que garantizarlo en la ley. Y un elemento que queremos introducir es que haya una participación vecinal, que los vecinos no estén como destinatarios, sino que puedan participar en el proceso».

La idea de base la resume Sierra de este modo: «Ahora que tratan de destruir las bases del Estado del Bienestar, la sanidad, la educación, lo que queremos nosotros es ampliarlo y atender desde el Estado políticas avanzadas».

El meollo es, en efecto, esa partida, que, de ser aprobada, garantizaría continuidad y flexibilidad en los proyectos. ¿Cuánto podría destinarse cada año a estas políticas? «La parte más delicada va a ser esa: dotar un fondo», asume Sierra. «Como política del Estado del Bienestar –agrega–, habría una cuantía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están dotados para lograr continuidad. Esta política hay que seguir peleándola. Tendríamos un marco de ley al que podrían apelar los vecinos y, si la sacamos adelante, sería una obligatoriedad establecer esos fondos».

«Queremos –añade el diputado de Sumar– que un único fondo integre todo: todas las variables que formen parte de una partida y así evitar la dispersión de esfuerzos. Las cantidades de dinero anuales en los PGE las tendríamos que negociar como una política de Estado, como sucede con la ley de dependencia: hay unas partidas específicas anuales para este programa. Este es el compromiso que tenemos que establecer».

El proyecto, para ver la luz, aún tendría que superar varias fases. Primero, cerrar los detalles con las organizaciones vecinales. Después, registrar la proposición de ley en el Congreso –para lo que se necesita consenso en la coalición– y, posteriormente, en su caso, negociarla con la mayoría de la investidura. Un complejo plan, que requeriría del apoyo de numerosos grupos parlamentarios, de diferentes sensibilidades.

«Va a ser difícil, pero tenemos que empezar. Lo estamos concretando con los vecinos y esperamos que sea política pública, de Estado. Nuestra hoja de ruta es el mes de junio. Nos faltaría terminar los diagnósticos y mantener un encuentro, porque todavía tenemos que hacer ajustes en los documentos, con los vecinos. Y después, hacer el registro», afirma Sierra.

Flexibilidad y trabajo con los vecinos

Rosario García, portavoz de la Plataforma Nosotros también somos Sevilla y vecina del Polígono Sur, explica que, en efecto, han estado desde el principio tratando con Sumar sobre este proyecto. Después de muchos años de promesas y de planes que no han terminado de solidificarse, García no pierde la ilusión. «Yo no sé alguna gente, pero yo no la voy a perder«, afirma, mientras comparte un café con el diputado Sierra y con Público.

«El proyecto tiene que mirar de cara a las necesidades que tenga la gente«, agrega. Luego, García pone un ejemplo: «El Polígono Sur no tiene las mismas características que Torreblanca [otro barrio vulnerable de Sevilla]. Mucho depende del Estado».

García plantea también que la ley debe permitir la flexibilidad en los planes: «Hay que conocer a las personas, hacer un plan que trabaje con las personas, sabiendo la realidad que tienen. En un despacho, es muy bonito el proyecto, pero cuando se lo presentan a Juan, no tiene nada que ver con la necesidad de Juan. Los proyectos [no] se [pueden] plantear desde un laboratorio y que se diga, Juan, esto es lo que hay que hacer con él».

Explica Sierra: «La ley va a ser la misma para todos, pero el plan cambiará según el barrio. Un plan integral por barrio: eso permite ese concepto de flexibilidad y adaptabilidad que decía Rosario García. La ley va a ser general, lo que da es un fondo y un marco normativo para cada territorio. Lo que va a hacer un barrio de Almería, de Bilbao o de Sevilla no va a ser lo mismo: va a ser distinto. Entonces, se hará el plan integral de acuerdo a la casuística«.

«Aquí se hace hincapié en rehabilitación de vivienda y seguridad y a lo mejor en otro barrio interesa más la educación y el empleo. El plan integral se construye desde el territorio. Al ser por concurso, se permite esto, construyes el proyecto y lo haces con los actores«, agrega el parlamentario de Sumar.

«En cada caso, hay que ver», afirma Sierra. «Esto es lo difícil: crear una comisión en la que colaboren las distintas administraciones. Esa es la idea. El plan, en cada caso, tiene que abordar todos los elementos. En el caso del Polígono Sur hay competencias de Interior muy claras», reconoce.

García añade: «Desde la plataforma no queremos que ningún barrio se quede fuera. Que en tal barriada, el Ayuntamiento tendrá que ver junto con la [administración autonómica] y el Estado y los vecinos cómo arreglan las cuestiones. Así lo veo yo. Lo que queremos es que todos los barrios a nivel del Estado salgan de esta situación. Las personas tenemos que vivir dignamente. Y punto«.

Sobre las razones por las que en Sevilla el plan integral que se elaboró para el Polígono Sur no ha terminado de cuajar por completo, García asegura: «No se ha cumplido. Estuvimos dos años para elaborarlo, comisiones de barrio, dos años escribiendo las necesidades, se aprueba el plan integral, se nombra al comisionado, pero luego no se trabaja integralmente«.

«Se han hecho cosas, claro», agrega. Pero pone este ejemplo: «Hay entidades que han hecho proyectos, que han trabajado con la abuela y luego con la hija y ahora con los nietos. Si yo trabajo con la abuela es para que sea capaz de sacar adelante a la familia y no para que su hija entre en el programa después. Si se repite eso, es porque no ha dado el resultado«.