Esta semana la audiencia en Washington por las denuncias de la Coalición por una Comunicación Democrática marca la agenda del debate sobre el Derecho a la Comunicación en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Se produce esta visita en el marco de la polémica de los Papeles de Panamá y las revelaciones de Wikileaks sobre la estrategia de Estados Unidos de desplegar un frente en la región de intervención geopolítica en la que el gobierno de Macri cumple un papel claramente instrumental y sumiso a los intereses del muro de Wall Street. Vaya por delante que esperamos más bien poco de la CIDH, como es difícil confiar en una Relatoría de Libertad de Expresión, cuyo titular, en una posición claramente neoliberal, considera, entre otros razonamientos, que no es necesario exigir titulación para ejercer en los medios: esto es, que deben ser las compañías quienes determinen la función y el acceso profesional del sujeto cualificado del derecho a la información en lugar del Estado. Primera paradoja.