Trump y la guerra cultural mediatizada

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Del análisis histórico de la guerra de la información, es posible colegir que la era twitter es el tiempo de organización intelectual corporativa del odio político de la extrema derecha como plataforma de validación del proceso de acumulación por desposesión del capital financiero. Nada que ver, como se suele aceptar coloquialmente, con la polarización.

La RAE define polarizar como la acción de restringir en una dirección vibraciones de una onda transversal, como la luz u otras radiaciones electromagnéticas, y en un sentido más acorde con lo social, concentrar la atención o el ánimo en algo, atraer, captar, concentrar, absorber, orientar en dos direcciones contrapuestas, suministrar una tensión fija a alguna parte de un aparato electrónico, en un sentido metafórico, socioculturalmente hablando, y como resultado disminuir la corriente que produce, por aumentar la resistencia del circuito a consecuencia del depósito de hidrógeno sobre uno de los electrodos.

Tal definición nos permite cuestionar la concepción unívoca que sobre el trumpismo se ha establecido en el debate público, sin respuesta, por cierto, en la práctica, de los propios operadores políticos, aunque es posible jugar y contravenir tal definición, establecida indiscutiblemente, para hacer una enmienda a la totalidad al sentido común que se nos impone desde los propios medios.

Primero, cuando hablamos de polarización suele hacerse para referirse al problema del populismo, a la tensión discursiva, política, en dos direcciones contrapuestas. Pero no sucede así, en realidad, como efectivamente ocurre en nuestro tiempo, porque el trumpismo en la comunicación política contemporánea es hoy una corriente hegemónica, el llamado populismo de derecha, que anula toda otra forma de representación, particularmente en los medios (de Estados Unidos a Europa) y sobre todo en las redes (colaboradoras necesarias, las big tech de Silicon Valley, del ascenso de la extrema derecha) no tiene polo, salvo discursivamente, que oponer. Véase el caso de Brasil, el golpe de Estado en Bolivia, o el Brexit, y podrá concluirse, empíricamente, lo aquí afirmado.,

Desde este punto de vista, debería llamar la atención la significativa reducción de la pluralidad política en España, un sistema parlamentario que el bipartidismo o la política de bloques trata desde el 15M de anular, limitando la transversalidad social necesaria de acuerdo al orden instituido en el régimen del 78 que ya hace tiempo ha colapsado. En este marco, y pensando desde el Sur y desde abajo, la polarización es la estrategia, exitosa, de Reagan a Trump, o en España Ayuso, de concentrar la atención en algo superficial o irrelevante, envolviendo el clima de opinión en temas secundarios de forma bipolar. Léase la visita de Milei, cuando en la Comunidad de Madrid o en Andalucía sufrimos un grave deterioro de los servicios públicos o cuando en la agenda pública debieran abordarse cuestiones de urgencia social en el debate político normalmente silenciado o abordados marginalmente en los medios.

Para ser más claros en nuestro razonamiento, el proceso de acumulación por desposesión requiere la polarización de la política como espectáculo. Como ilustra J.B. Thopmson en su ensayo sobre el caso Monica Lewinski, la polarización tiene por objeto dejar oculta la tramoya de los intereses reales, la arquitectura de la lógica de expropiación de lo común. O como dijera Clinton en campaña: es la economía, estúpidos. En otras palabras, lo que no forma parte de la agenda mediática son los intereses de los Florentino de turno, la agenda oculta del capital financiero, los intereses creados de los lobbies de la oligarquía económica y financiera que determinan el curso político en Bruselas. Este trumpismo, que es la degradación y crisis de legitimidad de la democracia, se traduce en España en una suerte de crisis de representación, similar a la que Joaquín Costa cuestionara en su vindicación del regeneracionismo y la reforma contra el caciquismo y la corrupción en la vida pública en España. Es decir, hay un hilo rojo de la historia que conecta el siglo XIX con la lógica destituyente en la que opera hoy la extrema derecha y la derecha extrema en España: de la primera y segunda república, al gobierno de Zapatero, de Aznar y el 11M a actualmente el ciclo Pablo Casado y Feijoo. Una y la misma estrategia de acoso y derribo del gobierno electo legítimamente cuyo empeño por llevar a efecto una agenda social y políticas socialdemócratas no son aceptadas por las clases dominantes de este país lo que termina por socavar las instituciones de representación. Por ello, es evidente que hay un problema de fondo, de concepción y cultura política de las clases dominantes en España, de la oligarquía económica y sus terminales partidarias y mediáticas. Un ejemplo para ilustrar nuestras tesis es la recurrente apelación, tanto del PP como de Vox en el discurso público, a la supuesta colonización de las instituciones.

Por definición, colonizar es formar o establecer colonia en un país, ocupar, invadir, conquistar, someter, dominar, oprimir un territorio ajeno. Es decir, en términos de Análisis Crítico del Discurso, significa definir una frontera o un afuera. Están los que forman parte de ese espacio propio o apropiado y los que llegan a ocupar, desde fuera, y supuestamente vienen a someter un espacio propio ajeno a los actores recién llegados. Esto es, en el fondo de su concepción, el Estado les pertenece, por derecho de cuna, se infiere. Anclados como están en el clivaje de familia, tradición y propiedad, difunden una concepción patrimonialista del gobierno y del dominio público, por la gracia de Dios, según Trump y su predecesor en España, de acuerdo el cual la izquierda no está legitimada para gobernar, es intrusa, ajena, como de otro país o espacio. Su acceso al poder es ilegal, invasivo, contraria al derecho de gentes y por lo mismo hay que denunciarlo a diario en tribuna, comisiones del congreso y medios periodísticos siguiendo el precepto de difunde, por mentira que sea, o falaz, el argumento, que algo queda.

Se llama así polarización y colonización a cosas que no corresponden con lo real y concreto, mientras se invisibiliza en los medios que hay escritores que deben ir a la Feria del Libro de Madrid con escolta al tiempo que gobiernos autonómicos de la derecha ultramontana censuran obras de teatro y la contratación de artistas no alineados con estas premisas autoritarias. Operando un proceso de inversión semiótica, habitual en el discurso reaccionario desde Edmund Burke, los victimarios se presentan como víctimas de un gobierno censor, cuando en verdad el gobierno trata de ejercer sus competencias gobernando y la oposición del bloque ultramontano (PP/VOX) trata de deslegitimar, en una lógica destituyente, la existencia misma del gobierno. En otras palabras, se trata de acabar simbólicamente con toda forma de representación que trate de acometer una política de lucha contra la desigualdad en favor de la justicia social. La persistencia en la negación de la realidad sea por medio del cuestionamiento del sistema electoral en campaña, durante el 23J, la publicación diaria de bulos y noticias falsas o el hostigamiento a cargos de gobierno en las redes y la prensa nacional, o físicamente como en Valencia, hoy además se complementa con el activismo de supuestos periodistas, en algunos casos ni siquiera acreditados profesionalmente, que ejercen una función de ariete y agitadores de la ultraderecha en mítines, por las calles e incluso en la Sala de Prensa del Congreso durante la comparecencia de portavoces y líderes políticos del bloque de progreso como parte de una consciente estrategia de desgaste del gobierno y las instituciones representativas del Estado más propia del escuadrismo.

Mientras tanto, los poderes económicos promueven la restauración conservadora como salida a la crisis de acumulación del capitalismo en forma de rearme bipartidista, manteniendo la tradición del siglo XIX, favoreciendo que se consolide en el espacio público un discurso mediático ultramontano, heredero de la restauración conservadora de Reagan y la doctrina del shock, basado en:

  • La inversión semiótica.
  • La retórica contrarrevolucionaria y antireformista.
  • El populismo ultraconservador
  • La violencia simbólica
  • El fetichismo mercantil
  • La apelación a la mayoría silenciosa
  • La vindicación del patrón normativo de familia, tradición y propiedad.
  • La apelación a las emociones y la sinrazón antiilustrada.
  • El discurso fático.
  • La propaganda del miedo.
  • La estetización
  • El nacionalismo
  • El hipersimbolismo
  • La deshumanización del adversario como enemigo
  • La narrativa conspirativa
  • El oxímoron y la narrativa dislocada.
  • Y el discurso cínico.

En este escenario mediático, la cuestión es cómo avanzar una política de la comunicación capaz de articular en el campo informativo la cultura partisana de pedagogía de la esperanza que haga visible lo concreto y defina una agenda común de trabajo ante fenómenos de emergencia autoritaria y neofascista, que acompaña la vulneración de derechos y libertades fundamentales por la ausencia ostensible del Estado o la falta de intervención de los poderes públicos, salvo en un sentido negativo mediante la restricción de libertades reaccionando ante noticias alarmantes que alertan a la opinión pública como recientemente la campaña de Alvise en redes contra migrantes por el asesinato de Mocejón. Esta dialéctica sabemos que ya no logra contener el avance del trumpismo como fenómeno político de masas, entre otras razones porque la estructura reticular del capitalismo de plataformas lo favorece y planifica intensivamente.

En la era digital de los medios insecto, la difusión intensiva difumina las potencialidades de la autonomía y la capacidad racional de información y conocimiento. Se impone una cultura enjambre tóxica, fuerzas codeterminantes que no resultan idóneas para la convivencia. Antes bien, abunda una política de disgregación en la dispersión discursiva, con amplia repercusión pública, y un fondo censor autoritario de rearme moral de la oligarquía económica que se traduce en una cultura de la cancelación o, en general, de la represión siempre necesaria para legitimar la aporofobia. Es sabido, con Bauman, que el neoliberalismo requiere la criminalización de la pobreza y la protesta, por lo que es característico del discurso disciplinario de la derecha extrema la retórica de la disyunción, la brecha, el odio y la semántica y pragmática de la sanción, simbólica y efectiva. De acuerdo a una voluntad performativa del lenguaje, cuando proyectan la retórica xenófoba e inciden en el discurso de la okupación de cargos públicos, no solo se opera una suerte de malversación nominalista, o una inversión del sentido del mundo al revés de quienes mantuvieran secuestrado el máximo órgano del poder judicial, sino que por este medio se valida la disonancia cognitiva entre realidad y representación, desplazando la colusión de intereses entre jueces y partidos de la Santa Alianza con la que se garantiza la salvaguardia de los intereses de la oligarquía económica y se criminaliza toda voluntad de resistencia al proceso de acumulación por desposesión.

Por ello mismo, hoy más que nunca, frente a esta deriva dominante en nuestro sistema informativo, es tiempo de definir políticas mediáticas transformadoras que despejen el horizonte y campo discursivo: para cambiar la vida y cambiar la historia. Y hacerlo desde el campo o dominio público, abriendo el campo de interlocución y tomando medidas garantistas. En juego está la democracia.

Francisco Sierra, catedrático de Comunicación: «España es una anomalía en la UE por su baja calidad informativa y pluralista»

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Que las grandes empresas de tecnología dominan el mundo y tienen el control de nuestros datos con todo lo que eso significa no es un secreto. Que sepan dónde estamos, qué hemos comido, cuántas veces al día buscamos qué en google y hayan tejido una red neuronal alrededor de nuestra vida que incluso se anticipa a nuestros deseos es algo con lo que hemos aprendido a convivir. Pero ¿Qué consecuencias podría tener sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión que sean estas Big Tech, estas grandes empresas de tecnología, quienes aglutinen- también- la información que “elegimos” para conocer la actualidad? ¿Qué pasa si también el poder de la información se concentra en muy pocas manos?¿Y por qué este proyecto se hace a cargo de los fondos europeos?

Desde LUH hemos preguntado por esta suerte de “gran Netflix” para informarnos de todo a Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación, investigador y académico de la Universidad de Sevilla.

Pregunta: ¿Qué implicaciones puede tener para la salud de la libertad de expresión de los periodistas y del derecho a la información de los ciudadanos este tipo de proyectos?

Respuesta: El capitalismo de plataformas digitales está contribuyendo a la concentración del poder de informar como nunca antes en la historia moderna de la comunicación. Si el informe McBride alertaba en 1980, hoy el alto nivel de concentración restringe el pluralismo interno, la diversidad de voces. Y es una tendencia acentuada.Lo contradictorio es que Bruselas hable de pluralismo, diversidad y haya contribuido a esta concentración evitando regulaciones antitrust y contribuyendo con sus políticas activamente a grandes oligopolios so pretexto de competir con los big mediaamericanos. El resultado es que algunos de esos conglomerados terminaron participados y absorbidos por actores como Murdoch. Es decir, la apuesta de financiar con fondos públicos de reconstrucción a actores como Telefónica son lesivos para el derecho a la comunicación favoreciendo no solo el control de la oferta sino replicando la matriz Silicon Valley que en modo alguno es un referente, pues es contrario a las libertades públicas fundamentales.

P: ¿Abre esto definitivamente la puerta a que sean las Big Tech quienes decidan qué es información y qué no?

R: Si antaño en el XIX la lucha por la libertad de expresión significaba combatir las restricciones o limitaciones impuestas al movimiento obrero y la prensa radical, hoy el derecho de acceso pasa por las corporaciones GAFAM que establecen peajes y accesos limitados. Es falso que la era Internet es la era de la libertad de expresión, menos aún tras la quiebra del principio de neutralidad que impulsó la administración Trump. Antes bien vamos a una democracia censitaria que, como denunciara Habermas sobre la comunicación en el siglo XX, se traduce en una opinión pública aclamativa dominada por el secreto del algoritmo y la concentración de canales. Los peajes son impuestos por grandes corporaciones que lógicamente establecen sus agendas y vulneran derechos fundamentales, no solo de la ciudadanía. Hay que comprender que la precariedad de los periodistas, la debilidad de la prensa pasa por la dependencia de la tecnología foránea que afectan a los derechos sobre los contenidos.

No es casual que hace más de una década la AEDE, la patronal de editores de la prensa en España, vindicaran recursos públicos para sostener los periódicos como instituciones fundamentales en la democracia. Estos mismos editores fueron contrarios sin embargo a la Ley de Comunicación que las asociaciones de prensa, sindicatos y colectivos del sector presentaron a través de Izquierda Unida para defender la titulación , la dignidad profesional y condiciones propicias. Asistimos hoy sin embargo a una pugna o desplazamiento del poder de informar que inicia con Reagan y la autorización de participación cruzada de las telecos en medios audiovisuales e impresos. Desde la liberalización de la década gloriosa del neoliberalismo esta dinámica se ha normalizado con grave deterioro de la economía de las empresas periodísticas, ya de por sí concentradas (véase el caso de PRISA) y una participación mayoritaria del capital financiero, las grandes compañías como Telefónica y, claro, las eléctricas. El problema es que ello se ha traducido en una creciente dependencia, en menor pluralismo y una degradación de los contenidos informativos en prensa, radio y televisión, como es notorio, en especial en España que es una anomalía en la UE por su baja calidad informativa y pluralista.

P: Riesgo de mensaje único con canales cada vez concentrados en menos manos y la pregunta que surge es ¿el dueño del canal es quién decide la información? ¿es quién silencia las voces? Me viene a la mente la cuenta de Donald Trump bloqueada el día del asalto al Capitolio

R: Evidentemente. Llama la atención que el movimiento cibertario alerte del control de datos y de información personal por los gobiernos como el debate sobre los bulos en España, cuando sabemos que el control está en manos de los GAFAM. Quién decide censurar una cuenta, por qué, con qué criterios. Los señores del aire son señores feudales y la lucha por el derecho a la comunicación pasa por una gobernanza democrática y multinacional de la red ahora en manos de EEUU y de la NSA y fiscalizar a Facebook, Amazon, Twitter, Microsoft que amenazan la democracia. Porque lo mismo que dejaron hacer a grupos contrarios a los derechos humanos dieron respaldo al golpismo en Brasil, Bolivia y en la llamada primavera árabe. No olvidemos que la historia de estas compañías es inseparable del proyecto del Pentágono incluso en la ciberguerra contra China y Huawei.

P: Es una doble vara de medir. Esos dueños de los canales informativos también han decidido silenciar voces de activistas por el derecho a la vivienda suspendiendo cuentas de Twitter. ¿Entonces a quien se otorga el derecho a la censura (si es que debe existir desde fuera) y bajo qué criterios?

R: El problema de las redes y el uso de la violencia simbólica es que se parte de una falsa premisa. La idea de que Internet no es regulable o que la libertad de expresión no puede ser limitada. Ahora, el derecho consiste en límites. No hay libertad sin responsabilidad. El problema es cómo definimos los límites que garanticen la autonomía y eviten, en lo posible, el abuso de la infoxicación que contamina el medio social. En concreto, no vale decir que se vulnera la libertad de expresión cuando se cierra una cuenta de Trump por incitación al odio. El problema, creo, es que esa decisión no la formula un juez ni una instancia democrática sino una corporación privada. Cuando hay discursos xenófobos y racistas estos provienen de organizaciones claramente identificadas y cuya intención es atentar contra derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida.

Por ello precisamos regular y actuaciones institucionales con monitoreo y censura de discursos que atentan contra la democracia y la convivencia. Igual que existe censura moral es preciso censurar las voces que amenazan la democracia. Esto se puede hacer de forma democrática con consejos ciudadanos, defensores de la ciudadanía e instrumentos jurídicos y normativos que sancionen. Pero lo que tenemos es el discurso y la lógica de No man´s land, una suerte de tierra de nadie o ley del oeste que favorece el discurso del más fuerte a golpe de algoritarismo. Francamente, los discursos contrarios a regular e intervenir en la red, aún viniendo de colectivos comunitaristas y libertarios, coinciden punto por punto con el lobby de Silicon Valley, con el discurso Reagan, con la matriz neoliberal que está en la base de la violencia simbólica. Y en esto se equivocan los partidarios de Richard Stallman como Noam Chomsky. La idea de free flow of information es contraria, siempre lo ha sido, a la democracia y al derecho a la comunicación. No podemos seguir con una visión decimonónica en la era de la comunicación total. A los hechos me remito.