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Sumar registra en el Congreso la ley que prevé un fondo estatal contra la exclusión en los barrios vulnerables

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El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados la ley que persigue la creación de un fondo estatal que cada año destine cantidades suficientes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los barrios más empobrecidos del país. La iniciativa de esta norma parte de la oficina parlamentaria de IU en Andalucía, donde están las barriadas más desfavorecidas.

El diputado por Sevilla Francisco Sierra, junto con sus compañeros, lleva tiempo, como avanzó Público, manteniendo encuentros vecinales, de los que se han extraído las ideas fundamentales que ahora se plasman en la proposición de ley, que lleva por nombre Ley Integral de Barrios Vulnerables.

«Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Plataforma de Barrios Vulnerables, del movimiento vecinal, de sindicatos y organizaciones sociales que conocen de primera mano la situación extrema en los barrios pobres y que desde la izquierda plurinacional no vamos a dejar», afirma Sierra.

Para su aprobación la norma necesita de numerosos apoyos en el Congreso. Al respecto, Sierra manifestó: «Confiamos que en la tramitación de la ley las fuerzas de investidura de la mayoría del hemiciclo respalden esta iniciativa por justicia histórica y por necesidad social».

Fondo con cargo a los PGE

El texto registrado plantea la creación de lo que denomina «Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios vulnerables». La finalidad es «llevar a cabo actuaciones de mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los barrios y áreas urbanas que, por sus características sociales, económicas y ambientales, se identifican como áreas de atención especial».

Estos barrios son, analiza Sierra en conversación con Público, «territorios segregados y marginados por el Estado que requieren de una agenda social y de nuevas garantías legales». «Hablamos de una política integral y multinivel, participada e interseccional, una ley que exige un presupuesto mayor para estos barrios para acometer cambios en la cultura cívica, en el espacio urbano, en la seguidad y proyectos de vida de sus vecinos», agrega.

La proposición de ley no recoge una cantidad, tampoco un porcentaje respecto al PIB o a las cuentas. Sí expresa que «debe dotarse económicamente con el presupuesto anual del Estado» y añade que puede complementarse con «financiación autonómica y proveniente de la Unión Europea o de otras fuentes». Y establece además que «deberá siempre tener en cuenta el número de personas que viven en España en entornos urbanos vulnerables».

El Gobierno de España mantiene un Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, que, entre otras herramientas, contiene un atlas por secciones censales. Aún debe actualizarse con los últimos datos de 2021.

Los beneficiarios de esta financiación serían los municipios, «individualmente o de manera conjunta con otros municipios, así como las Diputaciones, cabildos u otros entes públicos de ámbito local». «La participación en el Fondo de Recuperación debe ser solicitada por dichos entes locales«, recoge el borrador presentado este miércoles.

La norma, de ser aprobada, establecería plazos de ejecución. Así, «cada una de las actuaciones financiadas debe ejecutarse en un […] máximo de cinco años desde la fecha de otorgamiento de la financiación, sin perjuicio de las prórrogas que puedan haber. Dicho plazo puede ampliarse a ocho años, siempre que al cabo de cuatro años se haya ejecutado o comprometido, salvo causas de fuerza mayor, el 50% del gasto».

Derechos humanos

«Desde el Grupo Parlamentario tenemos claro que lo prometido es deuda, decimos y hacemos y por ello desde la Oficina Parlamentaria de IU en Andalucía nos dimos a la tarea de diagnosticar la situación en los barrios, identificar retos de política pública y apostar por una ley que ayude a transformar el entorno urbano y social de barrios como Los Pajaritos o el Polígono Sur», afirma Sierra.

Justo este martes, la APDHA presentó su informe Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados. En él, se expone con toda crudeza, que «los barrios vulnerables son, cuantitativa y cualitativamente, el principal espacio de vulneración de los derechos humanos en Andalucía».

Las cifras indican que un tercio de la población en Andalucía vive en riesgo de exclusión, más de la mitad de la ciudadanía —el 57%— no llega a fin de mes y hasta un 43% de las pensiones que se cobraron en 2023 no superaron el umbral de la pobreza.

«En Andalucía se ha consagrado durante los últimos años un modelo productivo que condena a millones de andaluces y andaluzas a la pobreza y a la precariedad. Diez de los quince barrios más pobres de todo el Estado español se encuentran en Andalucía, así como son andaluces once de los 16 municipios con menos ingresos per cápita», se lee en el trabajo.

«Y la pobreza, tal y como se puede comprobar estadísticamente, repercute directamente en las condiciones de vida: nueve de los quince municipios con menor esperanza de vida se ubican también en Andalucía», agrega la ONG. «Es significativo y tremendamente alarmante que la esperanza de vida pueda variar en una misma ciudad, de un barrio rico a uno pobre, en casi nueve años», se añade.

Sumar quiere abrir ya en el Congreso el debate sobre el reparto de la publicidad institucional a los medios

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Sumar ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley (PNL) con las que pretende abrir el debate sobre la publicidad institucional de los medios y su regulación. La Mesa debe aún calificarlas, por lo que aún no se sabe todavía cuándo se verán en la Cámara.

«La publicidad institucional es un reto. Hoy por hoy sirve como fondo para comprar voluntades y hacer campañas de desinformación. Deben utilizarse esos fondos con criterios de proporcionalidad, según audiencia, relevancia y diversidad», afirma a Público el diputado Francisco Sierra, portavoz de Sumar en la Comisión de Calidad Democrática y catedrático de Teoría de la Información en la Universidad de Sevilla. La comisión parlamentaria aborda desde hace meses sesiones sobre desinformación en España.

En el texto de las proposiciones se recoge la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español el reglamento europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. «A la espera, hay medidas urgentes que deben ser acometidas por el Estado, al ser en algunos casos tareas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico desde la transición«, plantea Sumar.

Así, en la primera de las PNL, en cuya exposición de motivos se plantea que existe un «contexto de crisis del periodismo» y una «peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en el sistema mediático«, lo que, a juicio de Sumar, «hace necesario definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información».

Así, Sumar plantea en la proposición cinco asuntos además de la necesidad de «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».

Por un lado, el «diseño» de «un plan de alfabetización mediática y digital de la ciudadanía para el desarrollo de competencias socioculturales contra la manipulación informativa y la desinformación». Por otro, la derogación de la llamada ley mordaza, que «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información».

Además, «adoptar medidas de protección del trabajo periodístico y regular los procesos de robotización de las redacciones con el uso inapropiado de la Inteligencia Artificial». También, «impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes imprescindible para el desarrollo del periodismo de investigación».

Y, por último, «promover políticas contra la precariedad de los profesionales de la información que protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos, impulsando medidas de igualdad de género en los puestos directivos de nuestro sistema informativo».

Servicios comunitarios

En la segunda de las proposiciones, Sumar se ocupa del fomento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. El partido explica en el texto que «la Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010, de 31 de marzo, creó una nueva categoría de radio y televisión por ondas terrestres, [estos servicios, que estarían] destinados a atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales y fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo».

Añade Sumar en la PNL: «Desde la creación de este tipo de servicios, han sido numerosas las solicitudes realizadas por las Comunidades Autónomas para que la Administración General del Estado planificara el espectro radioeléctrico necesario para proceder a conceder licencias. Sin embargo, hasta el momento […] el Estado no ha planificado ninguna frecuencia ni ha establecido ninguna normativa. La inacción por parte del Gobierno impide a las Comunidades Autónomas el desarrollo de sus competencias y supone una restricción a la libertad de expresión al impedir la creación de estos nuevos medios de comunicación».

Así, Sumar plantea lo siguiente al respecto. Por una parte, «habilitar en el plazo de 6 meses el dominio público radioeléctrico solicitado por las Comunidades Autónomas para destinar a servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro». Y, por otra, elaborar «un censo de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro» y «desarrollar un plan de fomento» para apoyar estos servicios, que contenga una «convocatoria anual de ayudas».

Sumar trabaja en la creación por ley de un fondo estatal contra la exclusión en los barrios vulnerables

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El diputado de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, lleva meses, junto con sus compañeros andaluces, manteniendo encuentros con los vecinos y vecinas de los barrios más vulnerables de la comunidad. Es en Andalucía donde se acumulan las zonas con peores indicadores de renta de todo el país, según el INE.

«Además de la España vaciada tenemos espacios urbanos en todo el territorio nacional, en Andalucía especialmente, en los que el Estado no está. No está para los servicios públicos», afirma Sierra en un encuentro con Público.

«Hay varios sesgos de la desigualdad muy brutales, uno tiene que ver con la clase, que históricamente conocemos; está también el de género, del que somos cada vez más conscientes en la política y en las políticas públicas. Y otro está en donde vives. Según tu código postal ya estás condenado a un itinerario de vida«, añade.

De esos trabajos con representantes vecinales ha surgido, explica Sierra, la idea de presentar un proyecto de ley en el Congreso en el que se recoja la creación de un fondo del Estado, que estaría vinculado a los presupuestos generales, es decir, contaría con una financiación anual, para combatir la exclusión.

Al reparto de ese dinero podrían optar todos los barrios del Estado en situación de vulnerabilidad –los parámetros y detalles irían recogidos en un reglamento–. Lo que pretende Sumar es que cualquier zona urbana desfavorecida, no solo en ciudades sino también en entornos rurales, pueda, mediante un trabajo desde abajo y con la colaboración de los ayuntamientos y comunidades autónomas, dar lugar a un plan integral específico y propio, que el Estado financiaría.

Por la red circula un manifiesto impulsado por entidades vecinales y titulado Por una ley integral de barrios vulnerables. En él se recoge lo siguiente: «Nos proponemos la elaboración y aprobación de una Ley de Barrios Vulnerables en esta legislatura que apruebe un Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social para evitar el riesgo de fractura social y hacer frente a la crisis ambiental».

El programa electoral de Sumar recogía la «creación de un programa estatal para los barrios vulnerables» que «pondrá a disposición de las comunidades y de los ayuntamientos los recursos y el apoyo necesario para desarrollar estas intervenciones a través de convocatorias anuales de ayudas directas«.

La idea que plantea Sierra profundiza en esa promesa electoral: «Vimos [durante el trabajo con los vecinos] –explica– que era necesario un proyecto de ley que fuera integral, en el que colaboren los ayuntamientos, las autonomías y el Estado, y que sea interdepartamental. Los diagnósticos que hemos hecho en los barrios que hemos visitado [nos dicen que] es que los proyectos [planteados hasta ahora] son fragmentarios, discontinuos».

«El objetivo fundamental –agrega el parlamentario– es un proyecto que sea una política de Estado. Hicimos un equipo técnico los diputados de Andalucía, con el objetivo de lograr un diagnóstico participado; no queríamos una prueba de laboratorio».

«Dijimos: vamos con los vecinos, que nos van a decir seguramente lo que ya sabemos, en algunos casos, desde hace más de 30 años. Pero vamos a construir con ellos y esto es el resultado de lo que ha salido: la ley surge desde la iniciativa parlamentaria pero se edifica con diálogo y desde una escucha activa real«, reivindica Sierra.

La arquitectura del fondo

Así cuenta Sierra a Público la arquitectura de ese fondo: «Gran parte de las competencias para [ejecutar] un plan integral para un barrio son municipales y autonómicas. Hemos estado dándole vueltas y hemos optado por un modelo similar a los fondos Feder, que es un modelo concursal. Es la única manera en que el Estado puede disponer de fondos y programas, que con la participación de ayuntamientos y autonomías, puedan lograr el objetivo final, que es cambiar los barrios».

«Hay otros dos elementos importantes –agrega el diputado–. Las Comunidades tienen que cooperar. Como en la ley de dependencia [se habilitaría] un sistema de lealtad institucional, de cooperación institucional, esto hay que garantizarlo en la ley. Y un elemento que queremos introducir es que haya una participación vecinal, que los vecinos no estén como destinatarios, sino que puedan participar en el proceso».

La idea de base la resume Sierra de este modo: «Ahora que tratan de destruir las bases del Estado del Bienestar, la sanidad, la educación, lo que queremos nosotros es ampliarlo y atender desde el Estado políticas avanzadas».

El meollo es, en efecto, esa partida, que, de ser aprobada, garantizaría continuidad y flexibilidad en los proyectos. ¿Cuánto podría destinarse cada año a estas políticas? «La parte más delicada va a ser esa: dotar un fondo», asume Sierra. «Como política del Estado del Bienestar –agrega–, habría una cuantía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están dotados para lograr continuidad. Esta política hay que seguir peleándola. Tendríamos un marco de ley al que podrían apelar los vecinos y, si la sacamos adelante, sería una obligatoriedad establecer esos fondos».

«Queremos –añade el diputado de Sumar– que un único fondo integre todo: todas las variables que formen parte de una partida y así evitar la dispersión de esfuerzos. Las cantidades de dinero anuales en los PGE las tendríamos que negociar como una política de Estado, como sucede con la ley de dependencia: hay unas partidas específicas anuales para este programa. Este es el compromiso que tenemos que establecer».

El proyecto, para ver la luz, aún tendría que superar varias fases. Primero, cerrar los detalles con las organizaciones vecinales. Después, registrar la proposición de ley en el Congreso –para lo que se necesita consenso en la coalición– y, posteriormente, en su caso, negociarla con la mayoría de la investidura. Un complejo plan, que requeriría del apoyo de numerosos grupos parlamentarios, de diferentes sensibilidades.

«Va a ser difícil, pero tenemos que empezar. Lo estamos concretando con los vecinos y esperamos que sea política pública, de Estado. Nuestra hoja de ruta es el mes de junio. Nos faltaría terminar los diagnósticos y mantener un encuentro, porque todavía tenemos que hacer ajustes en los documentos, con los vecinos. Y después, hacer el registro», afirma Sierra.

Flexibilidad y trabajo con los vecinos

Rosario García, portavoz de la Plataforma Nosotros también somos Sevilla y vecina del Polígono Sur, explica que, en efecto, han estado desde el principio tratando con Sumar sobre este proyecto. Después de muchos años de promesas y de planes que no han terminado de solidificarse, García no pierde la ilusión. «Yo no sé alguna gente, pero yo no la voy a perder«, afirma, mientras comparte un café con el diputado Sierra y con Público.

«El proyecto tiene que mirar de cara a las necesidades que tenga la gente«, agrega. Luego, García pone un ejemplo: «El Polígono Sur no tiene las mismas características que Torreblanca [otro barrio vulnerable de Sevilla]. Mucho depende del Estado».

García plantea también que la ley debe permitir la flexibilidad en los planes: «Hay que conocer a las personas, hacer un plan que trabaje con las personas, sabiendo la realidad que tienen. En un despacho, es muy bonito el proyecto, pero cuando se lo presentan a Juan, no tiene nada que ver con la necesidad de Juan. Los proyectos [no] se [pueden] plantear desde un laboratorio y que se diga, Juan, esto es lo que hay que hacer con él».

Explica Sierra: «La ley va a ser la misma para todos, pero el plan cambiará según el barrio. Un plan integral por barrio: eso permite ese concepto de flexibilidad y adaptabilidad que decía Rosario García. La ley va a ser general, lo que da es un fondo y un marco normativo para cada territorio. Lo que va a hacer un barrio de Almería, de Bilbao o de Sevilla no va a ser lo mismo: va a ser distinto. Entonces, se hará el plan integral de acuerdo a la casuística«.

«Aquí se hace hincapié en rehabilitación de vivienda y seguridad y a lo mejor en otro barrio interesa más la educación y el empleo. El plan integral se construye desde el territorio. Al ser por concurso, se permite esto, construyes el proyecto y lo haces con los actores«, agrega el parlamentario de Sumar.

«En cada caso, hay que ver», afirma Sierra. «Esto es lo difícil: crear una comisión en la que colaboren las distintas administraciones. Esa es la idea. El plan, en cada caso, tiene que abordar todos los elementos. En el caso del Polígono Sur hay competencias de Interior muy claras», reconoce.

García añade: «Desde la plataforma no queremos que ningún barrio se quede fuera. Que en tal barriada, el Ayuntamiento tendrá que ver junto con la [administración autonómica] y el Estado y los vecinos cómo arreglan las cuestiones. Así lo veo yo. Lo que queremos es que todos los barrios a nivel del Estado salgan de esta situación. Las personas tenemos que vivir dignamente. Y punto«.

Sobre las razones por las que en Sevilla el plan integral que se elaboró para el Polígono Sur no ha terminado de cuajar por completo, García asegura: «No se ha cumplido. Estuvimos dos años para elaborarlo, comisiones de barrio, dos años escribiendo las necesidades, se aprueba el plan integral, se nombra al comisionado, pero luego no se trabaja integralmente«.

«Se han hecho cosas, claro», agrega. Pero pone este ejemplo: «Hay entidades que han hecho proyectos, que han trabajado con la abuela y luego con la hija y ahora con los nietos. Si yo trabajo con la abuela es para que sea capaz de sacar adelante a la familia y no para que su hija entre en el programa después. Si se repite eso, es porque no ha dado el resultado«.

Francisco Sierra, el negociador a la izquierda del PSOE: «No podemos permitirnos otra legislatura de Moreno Bonilla»

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El diputado de Sumar teje una candidatura única que sea capaz de cogobernar con el PSOE y terminar con la mayoría absoluta de Moreno Bonill.

La ruptura de Podemos con Sumar en el Congreso de los Diputados levantó muchas cejas en la izquierda patria. Pero no en Andalucía, donde la calma fue generalizada. La comunidad más poblada de España es definida como un oasis de “estabilidad y diálogo” por Francisco Sierra Caballero, que espera que la vía de la izquierda andaluza pueda influir a nivel nacional.

Francisco Sierra, diputado de Sumar por Sevilla en el Congreso, es Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es además un conversador que conecta temas e ideas con referencias latinoamericanistas sobre el control de los medios de comunicación, la calidad democrática y cita a nóveles como Thomas Picketty o figuras como Marx.

Sierra es defensor de lo que define como “constitucionalismo colaborativo”, que implica que la escucha en calles, barrios y pueblos cristalice en un cuerpo legal más justo e integrador. Se confiesa alertado por la degradación de los servicios públicos en Andalucía, por la deriva del tejido universitario, y por la voracidad de las grandes digitales y la IA en los medios de comunicación, lo que “nos degrada como sociedad cada vez más polarizada”.

Su rostro ganó popularidad en las últimas elecciones andaluzas. En el debate televisado por Canal Sur, en el que ignoró a la candidata de Vox, Rocío de Meer. Aquella estrategia, confiesa ahora, “no la repetiría, no se entendió mi silencio como una resistencia pacífica. Era una manera de no contribuir a la bola de nieve de intoxicación” que para el de Sumar representan los planteamientos de la ultraderecha. En cualquier caso, su discurso ahora aboga por dialogar y, sobre todo, escuchar.

Su nombre siempre aparece como una de las avanzadillas de “cascos azules” que tejen el diálogo y erigen infraestructuras de entendimiento. En las anteriores elecciones andaluzas trabajó mucho porque hubiera una candidatura única en la izquierda. Ahora, afirma que el grupo parlamentario Por Andalucía donde Podemos, IU, Más País y Sumar conviven, no corre peligro.

“Nuestro objetivo es que toda la izquierda esté incorporada a Sumar Andalucía, tenemos aún que definir la forma”, detalla. El próximo 19 de febrero, adelanta a ElPlural.com, se perfilará el funcionamiento orgánico de un nuevo bloque que esperar contar con Podemos o Adelante Andalucía, “un eje rojo, verde, violeta y andalucista”.

La “unidad dialogada” emerge como prioridad ante la actual mayoría absoluta del PP “que no llegó por mérito de la derecha, sino por demérito de la izquierda”, asume. Afirma estar convencido de que Andalucía cuenta con una “mayoría social que quiere progreso y no lo que estamos viviendo: un supuesto gobierno moderado que es en realidad una derecha ultramontana que recorta, destruye servicios y gestiona mal”.

Diálogo a izquierda y derecha

El diagnóstico desde Sumar es claro, Andalucía gestiona mal los fondos europeos, no desarrolla medidas estatales como por el ejemplo el bono joven de alquiler, por lo que es necesario que haya voces andaluzas y andalucistas en el Congreso. “El diálogo con Podemos es ahora muy importante, la unidad en la izquierda están en el ADN de Podemos, así que no vamos a optar por una situación de repliegue de la identidad política por culpa de formaciones partidarias. Necesitamos un frente amplio y andaluz”.

Asume que Podemos tiene derecho a contar con portavocías a nivel estatal, pero lamenta los desplantes públicos hechos hacía Yolanda Díaz. Aún así, aspira a crear un espacio en el que Podemos en Andalucía esté cómodo para que el frente andaluz “sea una alternativa de gobierno”.

Sobre la relación del bloque de la izquierda andaluza con el PSOE, de nuevo, debe ser “un gobierno de diálogo, como a nivel estatal”. “Espero que Juan Espadas entienda que no podemos permitirnos otra legislatura de la derecha por el grado de deterioro de los sistemas públicos en educación o sanidad”.

También se diferencia del PSOE en temas derechos sociales y políticas económicas, en materia de vivienda pública o políticas ambientales. En estos cambios agradece que el PSOE haya “abandonado su posición tradicionalmente liberal” para acercarse a algunos de sus postulados, “pero, por ejemplo, en lo económico, nosotros tenemos posicionamientos mucho más avanzados. No podemos seguir siendo una economía de turismo y ladrillo”.

Respecto a las relaciones con la derecha, Sierra lamenta el posicionamiento de bloques de los de Feijóo y su estrategia de “acosar desde las varonías y las autonomías al gobierno central”. Es “sorprendente” que ahora que “por primera se cumplen las reivindicaciones andaluzas de una mejor financiación autonómica, el PP ni siquiera se siente a negociar”.

IA y medios de comunicación

Francisco Sierra forma parte de las comisiones parlamentarias que debaten sobre la RTVE, sobre ciencia, innovación y universidad y sobre calidad democrática, entre otros asuntos. En el contexto actual, con la revolución tecnológica de la IA proyectando dudas e incertidumbres, aboga por la reducción de la jornada laboral ante la robotización y automatización de procesos productivos para “repartir trabajo y ganar calidad de vida. El trabajo no debe asumir la carga de la revolución científico-técnica, tiene que hacerlo el capital por ser el principal beneficiario”.

También aborda la realidad mediática e informativa con la generación automática de contenidos en las redacciones periodísticas, “no podemos permitir que se sustituya a periodistas por robots”, alerta.

Destaca el papel de las grandes corporaciones como Google y sus motores de búsqueda y agregadores de noticias que “están destruyendo nuestra industria informativa, pero también son redes que crean un ambiente tóxico que deteriora las relaciones sociales. Esto es muy patente en la política y los dirigentes que gobiernan a golpe de tuits… como sociedad nos debilita, no solo por el número de palabras y caracteres, sino también por el tono”.

Privatización en quirófanos y aulas

Expone que su trabajo en la próxima legislatura estará muy ligado al trabajo para desarrollar competencias digitales, no solo en jóvenes, también en adultos. Es la “mejor manera” de preservar la soberanía tecnológica, cultural e informativa del país», asegura.

En este aspecto, señala la importancia de que las universidades públicas cuenten con autonomía y fondos para seguir investigando y formando. Todo lo contrario al panorama actual. Sierra, que fue decano de la Facultad de Comunicación hasta 2010, conoce bien el tejido universitario andaluz.

La Junta de Andalucía acaba de autorizar la implantación de nuevas universidades privadas merced a su mayoría absoluta en el Parlamento. Sin embargo, advierte Sierra, “son universidades que están en fraude de Ley, porque la propia comunidad universitaria dice claramente que estas nuevas entidades no cumplen los requisitos legales”.

Señala que el modelo universitario de Moreno Bonilla nos lleva hacia un sistema sin prestigio y de precariedad laboral, “el problema es que estas universidades privadas tienen clientela porque se debilita por sistema a la pública mediante la falta de financiación, la precarización de condiciones y la falta de apoyo a la investigación”. La Junta de Andalucía, señala, “nunca ha cumplido” los marcos de financiación de la universidad pública.

El resultado del deterioro del sistema universitario “es el mismo que vive la sanidad. De hecho, se pueden conectar: crece la medicina privada a la par que crecen las universidades de medicina privadas”, apunta. Desde la Junta de Andalucía señalan que la crisis sanitaria de las listas de espera tiene que ver con la falta de sanitarios. Sin embargo, Sierra punta a los contratos temporales de unos sanitarios precarizados. «No es que falten médicos -y sí admito que tenemos una ratio muy baja en comparación a Europa- pero lo que realmente falta es una política que brinde estabilidad  y oportunidades de desarrollo profesional adecuadas».

Como conocedor de otros contextos socioeconómicos, detalla que este modelo de “mercantilización de la educación o la sanidad es un modelo ya colapsado en EEUU; Chile o Ecuador”, porque son modelos que no cohesionan y solo se desarrollan “en base a desigualdades territoriales”.

Por último, afirma sentirse retado por el mandato de que su trabajo parlamentario traiga cambios sustanciales y de servicios y oportunidades para alguno de los barrios más pobres de España. Precisamente, 6 de los 15 barrios con menor renta per cápita de España están en Sevilla.

Pero su trabajo también se traslada a pueblos y zonas rurales donde cree que «Sumar y la izquierda no tiene que cambiar de políticas, pero sí tenemos mucho que aprender sobre cómo darnos a conocer», reflexiona. Admite que los grupos de la izquierda posterior al 15M tienen un carácter «urbanita, hispter y elitista» que les aleja del votante rural y a una desafección con el votante más tradicional.

Apuesta por la escucha con esos votantes tradicionales para evitar el efecto Chile, en el que las propuestas renovadoras han sido rechazadas por las propias cases medias y populares por ser demasiado progresistas en la penúltima consulta constitucional. «Eso es un error, porque precisamente, los campesinos pequeños y medianos son los más beneficiados con nuestras políticas», reflexiona. Asume que le queda mucho trabajo, mucho diálogo y educación con gran parte de la sociedad no urbanita; pero también con la izquierda más acantonada para crear menos división electoral.

La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura premia a Francisco Sierra

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La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), la principal asociación científica internacional de pensamiento crítico de América Latina, rendirá tributo mañana lunes a Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y columnista de Montilla Digital.

El acto se desarrollará tras la conferencia inaugural del XIII Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, que ha organizado la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, junto a la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile.

Nacido el 17 de agosto de 1969 en Gobernador, un municipio de poco más de 200 habitantes situado en la comarca granadina de Los Montes, muy cerca de Jaén, Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde ha dirigido el Departamento de Periodismo I y ha sido decano. Además, su nombre se hizo especialmente popular hace un par de veranos, tras ser incluido en el exclusivo comité de expertos que habría de evaluar a los aspirantes a dirigir Radio Televisión Española (RTVE).

Investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, el autor de la columna Del sur y desde abajo es fundador de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación y, en la actualidad, preside la Asamblea de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación.

Autor de relevantes ensayos sobre Comunicación, Política y Cambio Social, Francisco Sierra ha coordinado equipos internacionales de investigación para la Comisión Europea o para el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo de España. En mayo de 2021, presentó en Montilla el libro Marxismo y Comunicación. Teoría Crítica de la Mediación Social, en un acto organizado por la Asamblea Local de Izquierda Unida que tuvo lugar en el Centro Cultural «Alcalde Antonio Carpio» y que contó con la participación de la historiadora montillana Pepa Polonio.

El pasado 23 de julio, Francisco Sierra Caballero encabezó la candidatura de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, resultando elegido para la XV Legislatura. Fundador del Foro Andaluz de Izquierdas, el columnista de Montilla Digital es director de la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), además de experto y consultor de la Comisión Europea en nuevas tecnologías y participación ciudadana

Francisco Sierra Caballero: «Es hora de afrontar un debate nacional sobre los mediadores o intermediarios del discurso del odio»

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¿Qué te ha llevado a dar ese paso adelante, y por qué ahora?

Como buen gramsciano, somos conscientes que no es posible la transformación social sin el compromiso histórico, sin contaminarse y asumir una suerte de epistemología del barro, nunca mejor dicho, en estos tiempos de fango y emergencia de las cloacas del Estado. Mantenerse en el espacio cómodo de la Universidad y el trabajo intelectual ajeno a la disputa política en un momento de cuestionamiento y ataque a la democracia y las libertades públicas no es ética ni socialmente sostenible. Es verdad que nunca antes he estado en la primera línea de la política, pese a los años de militancia y el trabajo en espacios como la FIM. Mi modesta contribución ha sido siembre en la lucha de las ideas y en los movimientos sociales, pero ante la actual coyuntura histórica y la propuesta de SUMAR había que aceptar el reto y trabajar por la construcción de un frente amplio. Y en ese empeño estamos, orgulloso de encabezar la lista al Congreso por Sevilla, por la Sevilla de Pepe Díaz, de una tradición y una cultura política que siempre ha pensado el principio esperanza en términos de unidad popular.

El 23J la izquierda superó las expectativas que todos tenían ¿Cómo analizas el resultado y el aumento de la participación cuando estábamos en plenas vacaciones?

Durante toda la campaña, tratamos desde el minuto uno de hacer pedagogía democrática explicando el fenómeno de la espiral del silencio, el marco cognitivo que la ultraderecha y el poder mediático instalaron en el espacio público sobre la supuesta mayoría absoluta de PP/VOX. Y avisamos que la encuesta más ajustada a la realidad era la del CIS. Los medios construyeron una burbuja mediática que pronto se fue desinflando. Cuando visitamos barrios y pueblos de Sevilla no solo percibimos una mayoría social a favor de un gobierno de progreso, sino un impulso e ilusión por el proyecto SUMAR que no percibíamos desde los tiempos de Convocatoria por Andalucía con Julio Anguita. Sabíamos que la movilización era esencial y que el discurso ultramontano de la derecha tenía por objeto, con los bulos y la desinformación, incentivar la desmovilización. Afortunadamente, logramos con un modelo de campaña muy capital, muy boca a boca, desmontar el imaginario de la mayoría absoluta de la derecha. En este sentido, la valoración, considerando las fechas y la presión ideológica de los poderes fácticos, puede ser calificada de muy positiva. En particular, la campaña de SUMAR ANDALUCÍA en Sevilla fue sin duda la mejor con diferencia, triplicamos en actos a otras fuerzas políticas, y logramos, cualitativamente, llegar a dialogar y pensar en común con la ciudadanía en los actos sectoriales y en cada territorio. Una experiencia que debe ser continuada.

No pasaron. Hemos resistido. PP y Vox no suman pero la izquierda lo tendrá más difícil que en la anterior legislatura para desarrollar su agenda progresista. ¿Cómo ves la configuración del próximo gobierno?

Era un hecho que el resultado iba a ser ajustado. Han sido meses de desinformación y campaña de la derecha mediática que han ido calando en la opinión pública, pero habrá nuevo gobierno de coalición y será una legislatura que debe abordar el frente cultural y la disputa política del sentido. Probablemente, las iniciativas legislativas van a ser limitadas por lo complicado del escenario de gobernabilidad, pero tengo el convencimiento que esta puede ser una oportunidad para articular el frente amplio de SUMAR como movimiento político y social e introducir en la agenda política debates pendientes como la financiación autonómica, particularmente lesiva para los intereses, por ejemplo, de Andalucía.

¿Cuál es el trabajo que tiene por delante Sumar a corto, medio y a largo plazo?

El primero y fundamental es definir el modelo de organización y proyectar a medio y largo plazo un proyecto de unidad popular con participación de la ciudadanía que defina en los territorios la organización del movimiento político y social y la construcción del sujeto político que haga posible el proyecto de país para la mayoría social. Hay que avanzar además en las propuestas programáticas y la agenda a llevar en la XV Legislatura, y desde luego pasar del ciclo de coaliciones y acuerdos puntuales a la constitución de una plataforma e identidad política con participación de los partidos, pero abierta al proceso transversal, participativo, desbordante que hemos podido palpar en la campaña y que sin duda demanda la ciudadanía ilusionada con la propuesta de SUMAR. Estas tareas postergadas por diferentes circunstancias deben ser, a mi juicio, prioritarias. Y exige volver a trabajar en los barrios, los centros de trabajo, los espacios públicos perdidos por una visión limitada de la actuación partidaria.

¿Qué objetivos te gustaría ver realizados en la próxima legislatura?

Desearía ver alcanzados al menos tres objetivos en esta legislatura. Primero, debemos suprimir la ley mordaza para recuperar el derecho a luchar por tener derechos. Es irrenunciable. No hay garantía de propuesta y protesta, de manifestación y reunión sin abordar este retroceso democrático. Por otra parte, desde el sur, desde Andalucía, es vital definir el modelo de financiación autonómica. Precisamos una agenda política andaluza propia, voz y políticas para atender por ejemplo la problemática de los barrios más pobres que sufren la desigualdad en nuestra tierra. Y en tercer lugar, aunque puede parecer muy específico o propio del interés académico de un experto en economía política de la comunicación, tenemos un serio problema de déficit democrático en el sistema informativo. Es preciso instituir un consejo estatal de medios como en el resto de países de la UE y definir políticas democratizadoras de la función informativa frente a la actual deriva tóxica y de degradación del trabajo periodístico. El duopolio y los intereses ocultos de los medios del sistema mediático explican la polarización y degradada calidad del debate durante la campaña o en la discusión de las iniciativas normativas del gobierno de coalición. Sabemos que no hay democracia sin información ni periodistas, pero esta se ha adulterado, en forma de fakenews, y los profesionales de la información precarizados viven a merced de intereses bastardos, cuando no se prestan a ser verdaderos francotiradores, y todo ello sin regulación ni fiscalización democrática por las políticas públicas. Es hora, en fin, de afrontar un debate nacional sobre los mediadores o intermediarios del discurso del odio. No es aceptable normalizar la barbarie que vulnera todas las normas deontológicas del oficio. Si no acometemos este reto, está en peligro la democracia.