Laicismo y cultura pública

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La virulenta respuesta de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza y, en general, de los representantes de la Iglesia y los centros concertados ante la propuesta de SUMAR de implantar progresivamente un modelo de enseñanza pública, laica y de acceso universal abre un debate, tradicionalmente postergado, cuando no marginal en la agenda política, sobre nuestra calidad democrática. Esta debe no solo definir con criterio un modelo educativo que garantice el derecho a la igualdad, sino también plantear la construcción misma del dominio público que distingue una forma de Estado democrática que constitucionalmente afirmó el reconocimiento efectivo de la aconfesionalidad y, en consecuencia, la necesaria promoción de una cultura pública laica y libre para todos. La cuestión es que la separación Iglesia-Estado es, a día de hoy, meramente formal. De facto, la Iglesia Católica ha mantenido prerrogativas de orden fiscal, educativas e incluso políticas contraviniendo el espíritu de la Constitución, que reconoce en su articulado la libertad de conciencia, la libertad ideológica y religiosa, y un principio implícito de neutralidad del Estado en cuestiones confesionales. Los portavoces de la derecha patria suelen, sin embargo, invocar el derecho a la libertad educativa como panoplia justificativa de lo que no es sino el reclamo de mantenimiento de privilegios contrarios a la Constitución, demostrando así cierta cultura constitucionalista fija pero discontinua o, como en tiempos de la contrarreforma laboral de Mariano Rajoy, a fuer de apropiarse de parte de la Constitución, terminan siendo constitucionalistas a tiempo parcial. Pero el artículo 16.3 es claro a este respecto. El Estado debe garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que el mantenimiento del orden público. Nada que ver con sufragar con dinero público centros privados mientras en la educación pública y universal el principio de igualdad se ve conculcado por privilegios concedidos a la Iglesia Católica y los centros privados.

Es un hecho que la relación política y cultural de España con la Iglesia Católica ha mantenido la herencia proteccionista del franquismo, regulando por medio de acuerdos con la Santa Sede los privilegios mantenidos desde siempre por el poder eclesiástico. La cultura pública ha estado, como resultado, dominada por el nacionalcatolicismo, limitando la práctica del laicismo y la libertad de conciencia en España como formas marginales cuando debiera ser política de Estado. Prevalece así una suerte de criptoconfesionalismo en nuestro ordenamiento jurídico y en las costumbres que persiste desde la transición de forma autoritaria y discrecional. No es solo una manifestación evidente del dominio del franquismo sociológico hoy emergente en el discurso y la esfera mediática, sino también, y en especial, una forma de mantenimiento de privilegios excluyentes que operan por medio de una financiación pública favorable a los intereses privados, con la presencia y ocupación de espacios institucionales de símbolos religiosos y acuerdos con el Vaticano que no han sido revisados adecuadamente conforme a la naturaleza de un Estado aconfesional. El origen de esta situación, que lleva a actores como los centros concertados a hablar de su derecho a la libertad educativa, está en el trasfondo del proceso de construcción del Estado. En palabras de Gonzalo Puente Ojea, España es un país mal hecho que permitió, en la transición, la influencia continuada de la Iglesia por evitar una ruptura democrática en línea de continuidad con la Constitución de la II República. El espíritu de la transición se tradujo en el mantenimiento de los lazos franquistas con la Iglesia, hoy representada por Vox y PP, en su empeño por transferir fondos públicos a negocios particulares. En un país que aprobó ser aconfesional en su Constitución, la autonomía y los principios de libertad de conciencia están cercados por los privilegios instituidos. Una praxis que se traduce en la proliferación de universidades privadas y centros concertados que incumplen las normas debidas, hospitales de órdenes religiosas contratados por el Estado que deja en manos de la Iglesia prestaciones esenciales para la ciudadanía al tiempo que naturaliza la ocupación y apropiación de ceremonias institucionales en la función pública por la vía de los hechos consumados.

En este marco, nuestro país ha de acometer tres retos estratégicos para normalizar la vida pública, equiparando los principios constitucionales con la política diaria, como es lo común en otros países avanzados de nuestro entorno. Primero, es hora de revertir procesos establecidos de financiación de la Iglesia sin justificación alguna, salvo la tradición y el privilegio mantenido por siglos en España. Si bien es cierto que desde 2007 la Iglesia Católica no recibe financiación directa a través de los Presupuestos Generales del Estado, no es justificable mantener la recaudación vía la declaración de la renta. Hablamos de más de 320 millones de euros que sostienen medios como la COPE, no precisamente respetuosos con el principio de autonomía y la libertad de conciencia por su continua injerencia en los asuntos públicos. Las inmatriculaciones y el mantenimiento del patrimonio cultural terminan por hacer efectiva la lógica con la que operan estos defensores de lo concertado: la patrimonialización, un mal extendido, como criticara Azaña, en nuestro país. La práctica de apropiación privada del dominio público financiado por todos los contribuyentes es la cuestión social que está en el centro de este debate.

Sabemos que la educación pública, universal y laica es la garantía de formación en libertad de las futuras generaciones, el dominio público donde deben aprender no solo a respetar la diversidad religiosa y ejercer la libertad de conciencia, sino también aprender a vivir en democracia. En este sentido, el debate de la financiación de la concertada y el papel de la Iglesia no es un problema de libertad de elección, como afirman los portavoces de la derecha, sino exactamente todo lo contrario, un liberticidio. Pues la libertad de conciencia exige una escuela laica accesible para todos. Sin libertad de conciencia y educación pública, sin separación clara entre lo público y lo privado nuestra libertad está amenazada por los privilegios de quienes se apropian del dinero público para intereses particulares.

La propuesta de SUMAR no es otra cosa que equiparar nuestro sistema de educación con los mejores estándares de países nórdicos como Finlandia. Urge una reforma moderna de la educación donde la libertad de conciencia no sea una promesa constitucional sino un derecho efectivo y el laicismo la garantía de una sociedad justa e inclusiva, garantizando la gestión pública de la educación y la separación efectiva de la Iglesia y los negocios privados, que desde luego tienen derecho a subsistir pero no a costa del erario público. Es tiempo, en fin, de actualizar nuestro presente y ajustar las cuentas con el pasado. Los acuerdos entre Estado e Iglesia, los Concordatos, no son otra cosa que la sanción del privilegio en favor de un sector exclusivo y excluyente de la población. De ahí la airada respuesta de la prensa y portavoces de los intereses privados ante la iniciativa de sentido común de que el dinero público se destine solo a la educación pública. No se confunda libertad de enseñanza, religiosa o no, con liberticidio de los derechos comunes de la mayoría social. Nosotros apostamos por construir sólidamente la casa común de la educación y el dominio público para todos, sin privilegios, con derechos, respetando la Constitución, haciendo efectiva la libertad educativa, la libertad de conciencia, sin beaterías ni subterfugios canovistas de la oligarquía y el caciquismo. Si asumen la idea del Estado social y de derecho, estamos convencidos de que terminarán respaldando estas tesis, como ya lo hicieron, tarde y mal, con otras libertades públicas fundamentales.

Medios virales en tiempos de COVID-19. Cultura pública en la sociedad del riesgo

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Del COP25 al COVID-19, la lógica de representación espectral de este capitalismo del apocalipsis opera, en su fase terminal, por abreviaturas, secretos algoritmos y formas opacas que ocultan los dispositivos reales y concretos de dominación, empezando por las operaciones de lawfare y, con mayor incidencia, cosas de la guerra de baja intensidad, del warfare. Por ello es difícilmente aceptable la necesidad de una política de comunicación de salud pública. En la cultura de la libertad de empresa informativa, salvo rescatar con cargo al fisco los medios privados en dificultades, la apuesta por una otra lógica de la mediación social es inconcebible. Pero he aquí que la pandemia pone en cuarentena la función informativa, no solo por la alarma social que ha generado, sino por las veleidades interpretativas de opinadores y gacetilleros de dudosa fiabilidad que ahora reclaman la intervención del Estado en un tour de force muy propia, como demuestra la historia, del pánico neoliberal. Es lo que podemos calificar como la mediatización y dialéctica del botín y la salud pública que tiene lugar normalmente en momentos de crisis extrema e inestabilidad social.  Ahora bien, con la situación de alerta y emergencia sociosanitaria cabe hacer otras lecturas pensando a largo plazo y en profundidad el acontecer que, cabe decir, en modo alguno va a cambiar nuestras vidas, pues la recurrencia de la lógica implícita en esta situación viene de largo.

Desde que Ulrich Beck advirtiera que en las sociedades complejas, en la era de la globalización y la conectividad total, hemos de aprender a gestionar lo que denominara la sociedad de riesgo, un incremento de la incertidumbre y las amenazas planetarias que trascienden las tradicionales fronteras y espacios territoriales viene marcando la agenda pública, sin que la teoría y práctica de la acción política haya madurado en sus lógicas de reflexividad y proyección constatada esta nueva dinámica de reproducción. En este escenario, los medios de comunicación cumplen un papel crucial en las formas de gobierno y articulación social, pues pueden contribuir a representar adecuadamente los riesgos y amenazas reales y concretas, además de identificar las alternativas y soluciones para un control social democrático de pandemias como la que vivimos. Si, como analizara el sociólogo alemán, las constantes de una sociedad sometida a fuertes riesgos y a procesos de individualización radical debilitan las formas de equilibrio y reproducción de la vida en común, el papel difusor de pánico moral o salud pública de las noticias de las catástrofes ecológicas, las crisis financieras, el terrorismo o los conflictos bélicos son factores determinantes en la construcción de los horizontes de progreso y exigen, por lo mismo, una decidida intervención política en consecuencia. Así, si analizamos la crisis del coronavirus en términos de Cultura Pública y Democracia Social, observamos que, en países como España, con déficits notorios en la construcción del Estado, marcada por una historia de absolutismo y negación del dominio público, la crisis epidemiológica cuestiona aspectos sustanciales del modelo de gobierno que conviene considerar en detalle. Entre otros problemas de fondo, cabe destacar, cuando menos, cuatro ejes de discusión que resultan estratégicos en la actual coyuntura histórica desde el punto de vista de la acción política institucional:

1. La planificación centralizada y la coordinación territorial. La necesaria descentralización de las políticas públicas que ha demostrado, como lo hace la ciencia regional, ser más adecuada para el desarrollo y crecimiento autónomo conforme a las necesidades locales se ha demostrado ineficaz en momentos de crisis como la del coronavirus. Y no viene al caso aquí señalar la diferencia entre China e Italia, sino más bien, por el contrario, pensar en la dificultad que países federales como Alemania o España encuentran a la hora de responder diligentemente ante una crisis humanitaria. Si trasladamos este problema del Estado-nación a proyectos de soberanía compartida como la UE, la cuestión resulta más delicada si cabe y vuelve a situar en la agenda de discusión el reto de definir una integración política con clara delimitación de competencias, no solo de forma exclusivamente subsidiaria, sino también de forma proactiva en respuesta a retos sistémicos como el cambio climático o la llamada cuarta revolución industrial. Experiencias analizadas como las políticas culturales o de asistencia social en grandes naciones como Brasil ilustran la importancia de la coordinación interterritorial al tiempo que la exigencia de un Sistema de Planificación Democrática con capacidad de maniobra para acometer problemas de emergencia nacional y/o estructurales como las crisis virales, sean de salud o, como previsiblemente resultan cada vez más habituales, de carácter financiero.

2. Política de seguridad y control democrático. Las crisis de emergencia por catástrofes o repuntes epidemiológicos exigen reformular la doctrina dominante de seguridad pública, comenzando por trascender la visión estadounidense de la seguridad como el arte de la guerra por un concepto de seguridad como red de apoyo mutuo ante las amenazas, en virtud de la necesaria solidaridad y cooperación ante epidemias como la soledad y el abandono de los sectores vulnerables, los primeros en sufrir las catástrofes como se pudo comprobar con el huracán Katrina en Nueva Orleans. La amenaza de la guerra bacteriológica, a todas luces más que inminente, y las tensiones de guerra económica y ciberguerra entre Washington y Pekín dibujan además un escenario poco o nada proclive a la cultura de paz y la coexistencia pacífica, máxime cuando coincidiendo con el coronavirus se ejecutan maniobras como Defender Europa 20, con una clara voluntad militar de alcanzar los objetivos políticos estratégicos de la Casa Blanca por otros medios. Por otra parte, el recurso a armas biológicas y la doctrina de guerra total no es nada nuevo. Recordemos las acciones imperialistas del Departamento de Estado contra Cuba (dengue, fiebre porcina, sabotaje de cultivos) o la exportación de armamento con la construcción de la red de terrorismo internacional más amplia en la historia del mundo por parte del complejo industrial-militar del Pentágono, tal y como revelara en sus investigaciones Edward Herman[1]. Considerando la filosofía de la OTAN, que la UE asume acríticamente, todo análisis de las políticas públicas en nuestro tiempo debe asumir, desde una perspectiva democrática, las tesis que impugnan la biopolítica contemporánea por la criminalización de las formas de resistencia de la ciudadanía que vienen desplegándose con especial intensidad desde la década de los ochenta a lo largo y ancho del mundo.

En este sentido, la gestión de la crisis representa el fin de los límites y regulación del Estado social y democrático de derecho ante la exigencia de expansión del espacio vital de reproducción y acumulación del capital financiero internacional imponiendo, como sostenemos a modo de hipótesis, el estado de excepción como regla, frente a toda contractualidad o legitimación democrática. Entre la forma y la fuerza, entre la regla y la excepción, entre la cooperación y la desconfianza, entre la transparencia y la ocultación, la sociedad de vigilancia, tal y como la piensa Mattelart, nos sitúa poco a poco a la multitud como potencialmente sospechosa, convertidos en intocables, criminales, potenciales terroristas o apátridas de un régimen que, conforme a su racionalidad, tiende a excluir a toda la ciudadanía universal. “El estado de excepción, en el que la nuda vida era, a la vez, excluida del orden jurídico y apresada en él, constituía en verdad, en su separación misma, el fundamento oculto sobre el que reposaba todo el sistema político. Cuando sus fronteras se desvanecen y se hacen indeterminadas, la nuda vida que allí habitaba queda liberada en la ciudad y pasa a ser a la vez el sujeto y el objeto del ordenamiento político y de sus conflictos, el lugar único tanto de la organización del poder estatal como de la emancipación de él”[2].

3. La regulación del sistema financiero. La relevancia de la pandemia no solo es la vulnerabilidad de la vida humana, ni el alcance global de toda situación de emergencia o catástrofe por venir, sino singularmente la fragilidad del sistema económico internacional. De hecho, esta crisis nos muestra una forma ya habitual de producción de valor. Cuando hablamos de la acumulación por desposesión no es solo una lógica que evidencia el recurso a los bonos basura o las preferentes para mantener la tasa de beneficio, o procesos como la supresión del derecho a la ciudad con las intensivas dinámicas de gentrificación y segregación espacial sino, sobre todo, la artificial dinámica de producción de procesos especulativos con las guerras o las crisis humanitarias que hacen posible las operaciones de Wall Street, basadas en el principio No Man’s Land por el que se suspenden los derechos fundamentales, imperando la ley del más fuerte y la lógica darwinista de selección natural, conforme a la lectura del liberalismo radical, más allá o al margen de la ley, en un proceso que empezó con la información confidencial y las filtraciones interesadas en la era Reagan y hoy ha evolucionado hacia la planificación de macroeventos mediáticos con los consabidos efectos sobre cotización, deuda pública y desarrollo de sustanciosos beneficios de los amos del mundo financiero.

La crisis bursátil del año 2000, con la vertiginosa caída del valor de las nuevas empresas punto.com, y sus secuelas de cierres, absorciones y despidos masivos hasta el año 2003, puso en evidencia por vez primera, tras dos décadas de neoliberalismo, un sistema financiero que hace posible la descapitalización de pequeños y medianos ahorradores en beneficio de los grandes tiburones del mercado de valores, mientras en los medios periodísticos se construía una imagen esplendorosa e irreal del turbocapitalismo que tendía a promocionar el libre juego de la economía casino. La experiencia, sin embargo, no habría de sorprender a los críticos de la llamada nueva economía. Pues, históricamente, la lógica especulativa del capitalismo ficción venía jugando sus cartas en perjuicio de los pequeños inversionistas sin información privilegiada desde hacía dos décadas, por más que la “Dama de Hierro” quisiera convencer a la humanidad de las ventajas sociales del capitalismo popular. Tal y como demostraron algunos tribunales de justicia en EE.UU. en varios recursos anteriores al descalabro y explosión de la burbuja de las empresas punto.com, el recurso habitual a prácticas ilegales de ocultación y doble contabilidad de los herederos de la “Moral Majority” tiende a ser favorecida por una mediación periodística espectacularizante que, con su apelación al enriquecimiento rápido y el discurso de la innovación, propia de la lógica de la destrucción creativa,  acelera el proceso de circulación sin límites ni fiscalización del Estado, mientras se ocultan a la opinión pública las consecuencias de las decisiones bursátiles y el valor real de las operaciones, emplazados como están los públicos a participar activamente del capitalismo ficción en lo que Habermas denomina la opinión pública por aclamación.

Ejemplos de esta doble articulación de abertura y cierre, de efecto llamada y demostración, de ocultación y publicidad sesgada del mercado son de hecho muy comunes en nuestros días. Como también, el uso de la información privilegiada. Recordemos aquí el caso de France Télécom y su sospechosa privatización, cuestionada por la Autoridad de los Mercados Financieros galo, ante la evidencia de movimientos accionariales y transacciones previas a la negociación de la teleoperadora francesa por el que se cedía más del 10 por ciento del capital público a grupos privados. Hoy estas operaciones orquestadas en la oscuridad se despliegan también con la extensión del pánico moral administrado a través de la propaganda del miedo. La ruptura de la confianza es impulsada como una estrategia de control que se inicia con cualquier catástrofe o acontecimiento de impacto (como en el caso de esta pandemia) y continúa con la velada amenaza de la destrucción total de la economía si no se aceptan las medidas de “austeridad”. De esta forma, la domesticación de la economía monetaria, en el sentido de Peter Sloterdijk, tiene lugar con un discurso de agitprop y terror en torno a los efectos previsibles de una negativa a aceptar la ley de hierro del capital rentista. Y dado que existe una relación inversamente proporcional entre anomalías en el flujo y circulación del capital financiero internacional y el control democrático de escrutinio público, el discurso del miedo, el pesimismo de los dividendos y los mensajes catastrofistas cumplen una función de desmovilización y aceptación de la quiebra del sistema público en beneficio de la apropiación privada.

La instauración de este sistema hegemónico de dominación espectacular ha supuesto, como consecuencia, un cambio social tan profundo que, lógicamente, ha transformado el arte del gobierno. Hoy la banalización de la guerra como instrumento ético de las viejas naciones imperiales es reactualizada desde una cultura mediática diferente, en la que la “pantalla total” que coloniza los medios de vida adquiere una relevancia insospechada: la de representar la fuerza del poder hegemónico, la de reproducir la potencia de la soberanía, sobrecodificando la capacidad del Imperio de garantizar policialmente el orden al servicio del derecho y la paz, alterando las condiciones de organización y planeación de la acción política. Así, si Clausewitz hizo célebre la distinción entre táctica, como empleo de la fuerza en combate para alcanzar la victoria, y estrategia, como el empleo de las victorias a fin de alcanzar los objetivos de la guerra, hoy la solución de continuidad entre una y otra es prácticamente indiscernible en la definición de la escalada de intensidad, baja o alta, de los conflictos, al punto que toda la vida social aparece como un problema estratégico de seguridad pública, en una concepción de la guerra, representada en los medios, total y prolongada, pensada incluso como la anticipación calculada de previsibles puntos de intervención conforme a lo que Debord denomina “lo espectacular integrado”[3]. Así, la sofisticación tecnológica y la pregnancia de una retórica de escenificación militar espectacularizada, característica de los sistemas imperiales, envuelven hoy los discursos económicos, informacionales y bélicos de la aldea global. En esta operación, el discurso espectacular es un discurso terrorista. “La sociedad del espectáculo manda utilizando una antigua arma. Hobbes reconoció tiempo atrás que a los efectos de una dominación adecuada la Pasión más efectiva es el miedo. Para Hobbes, es el miedo el que conduce a y asegura el orden social, y aún hoy el miedo es el mecanismo primario de control que inunda la sociedad del espectáculo. Aunque el espectáculo parece funcionar mediante el deseo y el placer (deseo de mercancías y placer de consumo), lo hace en verdad mediante la comunicación del miedo –es decir, el espectáculo crea formas de deseos y placer que están íntimamente asociadas al miedo”[4].

De manera que la construcción noticiosa del pánico moral de las multitudes impulsada por la prensa valida la hipótesis de Klein sobre la doctrina del shock como pérdida de sensibilidad y conciencia de la situación real vivida. Del Chile de Pinochet a la guerra de Irak, pasando por los conflictos de los profesionales del silencio, las ideas de Milton Friedman cobran así actualidad en una situación de estado de emergencia en el que, como critica Agamben[5], la excepción es la norma y la mediación informativa una comunicación del pavor orientada a reproducir la narrativa estática del neoliberalismo, esto es, el aislamiento físico, psicológico y, claro está, político contra las medidas impuestas de expropiación[6]. Frente a esta lógica devastadora del capital rentista, es precisa la lucha democrática por la información. Comenzando por las redes digitales. De acuerdo con Pierre Lévy, la transparencia financiera ciberdemocrática exige:

  • Luchar contra la corrupción impulsando medidas y soluciones de control presupuestario por la función pública.
  • Inspirar la confianza de los ciudadanos.
  • Implicar a la ciudadanía en la administración de la prosperidad, definiendo otra comunicación del riesgo y la dinámica económica en lo que debería ser una política que pase de lo reactivo a lo proactivo, especialmente pensando en los agentes implicados en la mediación de los abusos especulativos, a saber: poderes públicos, periodistas, agencias reguladoras y sociedad civil[7].

 

 

4. La cultura pública y la solidaridad. La pandemia proclamada por la OMS pone en crisis además el sistema internacional de Naciones Unidas, crecientemente privatizado a través de ONGs, al igual que las actuales formas de cooperación bilaterales en la geopolítica internacional, lo que pone en cuestión la necesaria salvaguardia de los bienes comunes y el dominio público. Si en el ámbito del Estado-nación la crisis sanitaria apunta en dirección al alcance y consistencia de la cultura pública, el problema de la fratria en la democracia neoliberal nos obliga a repensar la solidaridad internacional entre los pueblos y gobiernos desde bases distintas a las que han prevalecido desde la primera década del desarrollo auspiciada por la ONU. Más allá del ejemplo de China con respecto a Italia o la medicina cubana colaborando con potencias tradicionalmente empecinadas en su dominación colonial, esta crisis pone en evidencia la necesidad no tanto de refundar el capitalismo como de reorganizar el sistema internacional si se ha de garantizar la vida en el planeta. Las enseñanzas de la URSS en luchas cruciales en su tiempo contra la viruela o, en la actualidad, el modelo reconocido como más consistente de Cuba o China ponen el acento en la salud preventiva, más que en el arte de la guerra, a partir del principio de cooperación y solidaridad, cuestionando el pogromo ordoliberal sobre la sanidad o los servicios públicos como gasto, justamente más que cuestionable si observamos en lo concreto el caso contrafáctico de Estados Unidos e Inglaterra, previsiblemente las potencias que se verán más perjudicadas por esta crisis por las políticas que rigen en ambos países desde Thatcher y Ronald Reagan. En otras palabras, y como nos enseñara la antropología materialista, la grieta que agranda esta crisis es la inviabilidad de la política de la pleonexia y la necesaria vindicación de lo común, como también de nociones al uso del decrecimiento como la política de sobriedad, frente al colapso de las redes de dependencia que han dominado por décadas en las relaciones internacionales con el neoliberalismo

Para resumir, y a modo de conclusión, como en otros momentos de crisis y bifurcación histórica, la pregunta, por impertinente, que conviene formular, siempre intempestivamente, como corresponde a una visión materialista, es quiénes se benefician de la pandemia. El neoliberalismo sabemos que fue impuesto con terrorismo de Estado: de Pinochet a Piñera. Y también somos conscientes que la viralidad de las noticias engrasan la cuenta de resultados de los medios mercantilistas. He ahí la prueba de Trump y el Washington Post. La explotación total requiere hoy de la guerra híbrida y de las pandemias globales por las dificultades del capital acumulado de realizarse en esta fase especulativa y rentista. Por otra parte, ya conocemos las lecciones de Thomas Hobbes. Esto es, este tiempo de emergencia es propio de la doctrina de seguridad total por encima de toda veleidad informativa. Pero empresas como ABC vindican el papel de los medios como el principal antídoto frente al pánico del caos informativo y de las redes virales que proliferan con bulos de diverso tipo. Una falsedad más a la que nos tienen acostumbrados. Más aún, cuando en la propia página, al lado de esta autopromoción infundada, el diario de extrema derecha aconseja suscribirse por solo 9.99 euros al mes en la plataforma Kiosko y Más para seguir la actualidad de manera personalizada, una prueba, en fin, del algodón de la prensa mercantilista en momentos de crisis. Añadamos a este razonamiento que hace tiempo, quizás desde la primera Guerra del Golfo, que sabemos que la superioridad informativa es prescriptiva del orden y lógica del control social. Y que terror y valor son del mismo campo semántico en el capitalismo zombie que vivimos. La lógica vampírica del capital, como bien ilustrara nuestro poeta en Nueva York, no para de acumular cadáveres, al tiempo que despliega una calculada política de terrorismo informativo para que, por encima de todo, nadie mire a Wall Street. Paradojas de la toxicidad de nuestro tiempo, mientras en el reino de España, con tanta saturación informativa sobre el coronavirus, la peor plaga que asola el país, el virus de la corona, sigue sin ser acometida por la espiral del disimulo gracias a los medios del régimen que ocultan o desplazan el foco de interés sobre paraísos fiscales e impunidad de la monarquía del mismo modo que antaño los tribunales protegieron al hombre fuerte del Banco de Santander. Todo, en suma, es una cuestión de botín. Pero, hoy, como ayer, atentos al contagio, y al arte de la imitación. Una lección está clara en esta crisis, como en otras experiencias anteriores, la deriva del contagio, natural o virtual, no es solo programable por la industria cultural. Es también una cultura de la emboscada de las multitudes. La historia así lo demuestra.

Francisco Sierra Caballero (@fsierracb) es catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, coordinador del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLITICAS) y Presidente de la Unión Latina de Economía Política la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).

Notas

[1] Herman, Edward (1999). The Real Terror Network: Terrorism in Fact and Propaganda. NJ: South End Press.

[2] García López, Daniel (2013): “El silencio de las sirenas en el corazón de las tinieblas. Sobre la lógica de las reformas” en Pensar desde Abajo, número 2, Fundación Andaluza Memoria y Cultura, p. 89

[3] Debord, Guy (1999). Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Madrid: Anagrama, p. 99.

[4] Negri, Antonio y Hardt, Michael (2000). Imperio. Barcelona: Debate, p. 157.

[5] Aganbem, Giorgio. (1998). Homo Sacer. Valencia: Pre-Textos

[6] Klein, Naomi (2007). La doctrina del shock, Barcelona: Paidós.

[7] Lévy, Pierre (2002). Ciberdemocracia. Ensayo de filosofía política, Barcelona: Editorial UOC, p. 154

Fotografía de Álvaro Minguito.