Con Gema Delgado, subdirectora de Mundo Obrero, Francisco Sierra, diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y Daniela Monje.
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Medios y calidad democrática
Durante el primer periodo de la actual legislatura, en la Comisión Parlamentaria de Calidad Democrática hemos venido trabajando sobre el problema de la desinformación, una demanda de Bruselas que en nuestro país es si cabe más que preocupante y que en clave de la UE viene a evidenciar la fragilidad de nuestra soberanía y cómo se ha quebrado el diálogo político y social por un capitalismo tecnofeudal de plataformas que hizo posible el Brexit y hoy cabalga a lomos de la ultraderecha en frentes culturales de la guerra híbrida bajo la hegemonía de los patriotasy, por ser más precisos, del capital financiero internacional. La prensa ha puesto el acento en los contenidos y calificado la iniciativa de censura, como aquellos jueces que antes de conocer la Ley de Amnistía ya estaban interpretando sobre el vacío. Pero el reto que tiene este país para la mayoría social es modificar las estructuras del sistema informativo, transformando un modelo, en su marco de referencia axiológico y organizativo, heredero del franquismo, en pro de una lógica de la mediación que haga posible el derecho de acceso, la participación ciudadana y un pluralismo, hoy inexistente, en el que todas las corrientes de opinión y colectivos tengan su voz en el espacio público.
En los próximos meses, la batalla ideológica va a ser más que dura, empezando porque, desde el primer minuto, el coro fariseo de voces ultramontanas, repitiendo las santas letanías contra el control de los medios y hasta la supuesta colonización del gobierno como una amenaza a las libertades públicas, se ha activado para mantener incólume el bastión del sistema de dominación hegemónico. Ya sabemos lo que significa, en la praxis, el discurso liberal a lo Milei: censura, propaganda y regulación liberticida ya no de los medios sino del propio derecho de reunión, manifestación y expresión, como en tiempos de Fraga, a la sazón Ministro de Información y Turismo y artífice, como denunciara Ignacio Escolar en su comparecencia, de la ley de referencia que los adoradores de Murdoch prefieren conservar ante toda iniciativa reformista, por mínima que ésta sea. Convendría recordar al supuesto bloque constitucionalista de la derecha que el artículo 9.2 exige a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Sin derecho a la comunicación no es posible cumplir con estas garantías, de ahí la pertinencia de comprender, como es lógico, el sistema mediático donde se configura lo público y el diálogo social. Este era el espíritu del artículo 20 de nuestra Constitución cuando, además de reconocer el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de reproducción, y el derecho a recibir información veraz, de calidad, se apunta la necesidad de garantizar el acceso a los medios públicos “de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. El artículo 51 exige, por otra parte, que los poderes públicos protejan activamente a consumidores y usuarios mediante “procedimientos eficaces, en materia de seguridad, salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Cuando vindicamos medidas contra la desinformación, habría que recordar que la Constitución (Artículo 51.2) establece que “los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca”. Ello apunta a la necesidad de políticas activas de educomunicación así como de instituciones como el Consejo Estatal de Medios que velen y garanticen la representación de la ciudadanía y la fiscalización de los medios que operan en el espacio público. Hablamos, claro está, de un derecho universal y no de una mercancía sujeta a la supervisión de una comisión del mercado de la competencia.
Todos sabemos que sin libertad de prensa no hay democracia, sin periodistas, como vindica la FESP, no hay democracia y sin medios libres no es posible la protección de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución pues el primer derecho es el derecho a tener voz para luchar por los derechos. Pero en España las políticas de Estado en materia de comunicación son una asignatura pendiente en democracia. En el Congreso no existe una Comisión que aborde cuestiones sustantivas sobre la materia, la Secretaría de Estado opera, históricamente, como un gabinete de prensa de Presidencia y, a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad específica que garantice el cumplimiento de los derechos contemplados en el artículo 20. Por ello, un objetivo estratégico de esta XV Legislatura es situar en la agenda pública, más allá de la reflexión del presidente Sánchez, el reto de las políticas activas de comunicación. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación abre la posibilidad, en este sentido, de avanzar un paquete de medidas urgentes para la regeneración democrática. Según el Media Pluralism Monitor Report 2024, España es el Estado europeo en el que los medios son menos transparentes, solo por delante de Chipre y Hungría. Tenemos, de facto, una situación de absoluta discrecionalidad en la asignación de fondos públicos que nos sitúa más en el siglo XIX y la lógica de los llamados fondos de reptiles que en un sistema moderno y ejemplar. No se trata, como dice Feijoo, de limitar la financiación de los medios críticos, antes bien el reto es que la publicidad institucional cumpla su función de informar a la ciudadanía y contribuir al pluralismo y la libertad de empresa con equidad, transparencia y pluralismo, regulando esta función con una norma basada en criterios objetivos, evaluables y monitoreados por organismos independientes de autorregulación y corregulación. En suma, cumplir con el Reglamento sobre Libertad de Medios y equipararnos a los países de nuestro entorno comunitario. De lo contrario seguiremos en una situación de nivel de riesgo del 75% en materia de pluralismo. Es hora pues de abrir el diálogo social con organizaciones civiles, sindicatos, grupos de investigación, asociaciones de consumidores y usuarios, expertos, gremios profesionales y empresas periodísticas para realizar el derecho a la comunicación, un derecho universal, reconocido por la UNESCO, que no puede ser cercado por la racionalidad mercantil o intereses espurios. De la libertad informativa como una cuestión exclusiva de la empresa informativa hay que abrir el campo de interlocución: de los medios a las mediaciones con todas las voces y actores sociales. Este es nuestro reto democrático, la apuesta por una comunicación como bien común. Una comunicación de todo el sistema de información para todos. En juego está, bien lo sabemos, el futuro de la democracia.
Políticas mediáticas, derecho a la comunicación y democracia
El vínculo entre comunicación y democracia es una construcción política, jurídica e intelectual que se ha consolidado a lo largo de los últimos 75 años en el marco del derecho público internacional y que se asienta fundamentalmente en la definición de los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión a partir de los documentos suscritos en el período de posguerra como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 define por vez primera como un derecho universal el derecho a la información que cualquier persona puede ejercer, entendido en su triple dimensión de emitir, recibir e investigar sin censura alguna por parte de los poderes públicos o privados.
Desde entonces se han desplegado una batería de declaraciones, directivas y legislaciones diversas tanto a nivel internacional como en la Unión Europea y España que, fundadas en este espíritu, han recogido y mejorado con especificaciones varias, la complejidad creciente que el derecho a la información, y más ampliamente los derechos a la comunicación, demandan en las sociedades contemporáneas como garantía para el despliegue de sistemas democráticos de calidad. Uno de los aspectos considerados a inicios del siglo XXI, sobre la base de la revisión del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en 1969, fue la ampliación en el año 2000 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión elaborado por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se indica específicamente que «la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática«. El mismo documento señala asimismo que «los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos», y se ofrece un despliegue de interpretaciones sobre lo que significa hablar de libertad de expresión, lo cual implica el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones con igualdad de oportunidades por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla, así como a acceder a la información sobre si misma en poder del Estado.
Estas definiciones, aun cuando resultan progresivas en materia de derechos, se han mostrado insuficientes a la luz de las transformaciones tecnológicas que se produjeron de modo acelerado a partir de la revolución digital. El despliegue de plataformas de contenidos que aconteció a partir de 2004 generó un desplazamiento estructural en el mercado, en los modos de producción y consumo de información que no tiene parangón en la historia: iniciando con la creación de Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter 2006, IPhone en 2007, 2009 Whatsapp, 2010 Instagram, 2013 Telegram, 2015 Alphabet, por solo ofrecer algunos ejemplos de lo ocurrido en una década.
A partir de la plataformización de la sociedad, resulta imperioso conformar espacios de reflexión que contribuyan a la calidad democrática, a la construcción de marcos normativos éticos fundados en el cuidado y la reducción de riesgos a partir de una interacción virtuosa entre el Estado, la academia, el sector privado y la ciudadanía. La agenda de problemas en materia de comunicación ha sumado a los ya históricos temas referidos a infraestructura, derechos de los periodistas, democratización de las comunicaciones, radiodifusión, monopolios de la comunicación, acceso y participación ciudadana, otros retos vinculados a los procesos de digitalización, gestión de datos e información personal, control y manipulación de comportamientos o regulaciones varias sobre Inteligencia Artificial generativa aplicada en el campo de la comunicación y la cultura. Con la sanción del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, recientemente aprobado, se inicia un nuevo ciclo global que pondrá en relación los diferentes acuerdos alcanzados para avanzar en la gobernanza de la InteligenciaArtificial, ya sea mediante directrices o a través de principios o códigos de conducta como los definidos en otras latitudes tales como la Orden Ejecutiva de Biden, la declaración de Bletchley o el proceso de Hiroshima. Toda una renovada batería de problemas inaugura un nuevo tiempo público para la gestión de políticas públicas orientadas a alcanzar la conectividad y la digitalización, la gestión del 5G y la renovación de las redes e infraestructuras de conectividad entre otros aspectos de relevancia hacia el futuro que deben ser objeto de discusión e intervención social desde una perspectiva democrática.
En los últimos años, sin embargo, las transformaciones aceleradas de la revolución digital y la ausencia de políticas activas del Estado ante el intensivo proceso de concentración de la prensa y la creciente precariedad de la profesión, han llevado a un notorio deterioro de la calidad informativa, con la consiguiente crisis de confianza de los públicos y la desafección de las nuevas generaciones respecto a los contenidos de actualidad periodística. Los informes anuales del Instituto Reuters son concluyentes a este respecto y sitúan a nuestro sistema informativo como uno de los peores del espacio de la UE.
En un contexto de crisis estructural del oficio y con la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en nuestro entorno mediático, parece llegada la hora de definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información. Con el dominio absoluto de las grandes corporaciones y la hegemonía foránea de Silicon Valley, los poderes públicos están emplazados a sentar las bases materiales necesarias para garantizar el diálogo público abierto y democrático, garantizando la apertura de espacios de interlocución para enriquecer la cultura deliberativa. Por ello mismo, el Parlamento y el Consejo Europeo han adoptado el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que los países miembros deberán aplicar antes de agosto de 2025. En esta línea, desde la Plataforma Cívica Hermes, convocamos durante el pasado mes de mayo en el Congreso de Diputados la jornada LOS RETOS DE LA LIBERTAD DE PRENSA. HACIA EL DERECHO DEMOCRATICO A LA COMUNICACIÓN en el marco de la conmemoración del Dia Mundial de la Libertad de Prensa.
Hoy que debatimos en España sobre el plan de regeneración democrática de Moncloa, conviene tomar nota de las conclusiones del encuentro para una política de Estado en la materia que procure:
- Proponer una Comisión Parlamentaria específica en Políticas de Comunicación.
- Desarrollar una ley de transparencia sobre publicidad institucional y la estructura de poder de los medios de comunicación.
- Promover un proyecto de ley estatal de Educación para la Comunicación y Comunicación Educativa.
- Modificar el sistema de gobernanza de RTVE y los medios públicos con cambio normativo en la línea del concurso público, garantizando además un sistema mejorado de financiación y administración.
- Promover la regulación y medios ciudadanos comunitarios, así como la economía social de la comunicación.
- Impulsar medidas y una política pública para cumplir las obligaciones nacionales en materia del convenio internacional de la UNESCO de protección de la diversidad en los medios.
- Adoptar normas para garantizar el pluralismo interno en el sistema mediático frente al actual duopolio audiovisual y la alta concentración informativa.
- Regular la desinformación y los bulos con medidas preventivas, tanto de autorregulación como de sanciones en contra de la mala praxis periodística.
- Constituir el Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas e impulsar medidas en favor de la dignidad, y protección de los profesionales de la información.
- Crear el Consejo Estatal de Medios de Comunicación trasponiendo las indicaciones del nuevo reglamento comunitario para la mejora del sistema de comunicación.
No son todas las medidas necesarias para la calidad democrática de nuestro sistema, pero sí las más urgentes para avanzar en el derecho universal a la comunicación.
*Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación y portavoz de SUMAR en la Comisión de Calidad Democrática
*Daniela Inés Monje Medina es catedrática de Comunicación Política y coordinadora de la Plataforma HERMES.
Soberanía digital
Decía Neil Postman que los medios son metáforas de la cultura, y el bueno de Mark Zuckerberg lo confirma: su META, la fantasía virtual de la era robótica, es una propuesta de episteme para determinar el espíritu de nuestro tiempo, un tiempo pensado sin narrativa ni horizonte político posible salvo el del consumo compulsivo de la pantalla total. El metaverso es la negación de la poesía, es la narrativa 3D del capital, un espacio tóxico contra la democracia y la autonomía que debiera ser objeto de disputa, pero la soberanía digital no está en la agenda estratégica de Bruselas. Hay quien afirma, y no le falta razón, que el encuentro o cumbre de Versalles no solo es un avance, tardío e improbable, hacia la unidad e integración política del espacio común, sino quizás el canto del cisne de la propia existencia de la UE, que hace pocos años, tras el colapso de la pandemia, renunció a la ventana de oportunidad de acometer radicalmente lo evidenciado por el covid: la dependencia tecnológica. Como en la crisis financiera de 2008, la voluntad de refundar el modelo de desarrollo científico-técnico de la UE fue apenas un tímido escorzo difundido para unos cuantos titulares de la prensa y poco más. Y ello a pesar de la evidencia de lo inapropiado de la política de no intervención en el sector constatada con la crisis sociosanitaria. La falta de voluntad política y la posición subalterna de la Comisión Europea respecto al lobby Silicon Valley abonaron la nula imaginación creativa de los responsables de Bruselas en la materia, aun contando con ejemplos de buenas prácticas próximos y conocidos. Analizar y aprender no son divisas comunes en el espacio de libre comercio.
Occidente sigue con la asignatura pendiente de aprender de los cambios del gigante asiático a la vanguardia tecnológica en la larga transición de chinatown a chinatech, más allá del cambio del eje Atlántico al Pacífico El objetivo chino de liderar en 2030 la innovación en IA es ya un hecho, por planificación política y la eficiencia del gobierno de Pekín. Xi Jiping invertirá además casi un billón y medio en sectores estratégicos de la revolución digital. La cultura tecnológica desplegada en el país está siendo ampliada a velocidad de crucero con más de 800 millones de usuarios de smartphones y empresas líderes de referencia como Tencent, Alibaba o Huawei a la cabeza del cambio tecnológico. Y qué hablar de la ciberseguridad. Con Bairang, Dahua, Transinfo y Hikvision, China demuestra no ya ser la potencia emergente que ha de marcar el curso de la historia este siglo, sino además con ello se constata que es capaz de proyectar un modelo alternativo de gobernanza tecnológica. Tiene ciertamente el problema de la amenaza de guerra comercial de EE. UU. y la fuga de cerebros, además de la escasez de semiconductores en manos de los aliados de Washington, empezando por el gobierno de Milei en Argentina. Este poder y el de la arquitectura de la infraestructura son todavía determinantes para el proceso de transición digital y exige de nuestra parte una crítica actualizada del imperialismo cultural ahora que sabemos o más bien que hemos observado que existe una geopolítica de los cables submarinos que nos conectan. Conviene por lo mismo empezar a explorar las infraestructuras y procesos de organización subterráneas que nos limitan y condicionan los accesos para empezar a entender que ni somos tan libres ni Internet es autónomo y que el futuro de nuestra vida depende del modelo de implantación de la economía de silicio. Un proceso que está acelerando la modernización y automatización de la producción, reestructurando los modelos de mediación social y alterando radicalmente la experiencia vicaria de todos, en una suerte de cóctel explosivo que puede hacer implosionar toda forma de reproducción mientras asistimos impasible a la imposición de la ciencia de las redes pensando como mucho en la estética de las pantallas y las máquinas de sincronización cuando es vital disputar el sentido de la autonomía y más allá aún las ecologías de vida. Los desechos tecnológicos, de lo que nos acordamos no como ruina sino cuando en situaciones críticas como la ausencia de chips electrónicos apunta la necesidad de cuestionar la obsolescencia planificada y las dificultades de acoplamiento y de ensamblaje que la empresa-red y la política META/FISICA de los dueños de la psicoesfera nos abocan a definir, son un síntoma de la encrucijada histórica en la que nos encontramos, cuya lógica de innovación ni tiene fin, al menos social, o meta pertinente, ni permite la supervivencia de la propia especie, físicamente. Esta es la disputa y la cuestión a debatir: de la escuela a la vida, del trabajo a la cultura, y de la sociedad al gobierno de la polis, si aspiramos a que la telépolis tenga encaje futuro, ensamblando la sociedad real con la formal o figurada.
Gran lanzamiento de la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023
Tecnopolítica, cultura cívica y democracia
Tecnopolítica, cultura cívica y democracia analiza cómo y de qué forma los regímenes tecnológicos ejercen su poder, y cómo las tecnologías son construcciones sociales —totalitarias— que han de percibirse como producto de las relaciones de poder.
La incidencia que las tecnologías digitales sociales —y su despliegue como dispositivos de mediación social— tienen sobre los sistemas democráticos supone un desafío que requiere de una comprensión crítica, ampliada y comprometida.
Desde hace más de una década, los autores de este ensayo, junto con el resto de miembros del grupo de investigación COMPOLÍTICAS de la Universidad de Sevilla, han venido analizando las apropiaciones y mediaciones que los movimientos sociales globales han ejercido, con el propósito de observar y comprender la nueva economía moral de las multitudes conectadas, los repertorios simbólicos, las formas de ser y estar de los actores sociales y su subjetividad para explorar, en suma, los imaginarios instituyentes de la nueva ecclesia digital.
Congreso COMUNIMEDIA (Sao Paulo. 9 de noviembre, 2022)
Capitalismo, democracia, medios y lawfare
Desinformación, manipulación, opinión travestida de información, lo verdadero puesto en duda o la mentira, lisa y llana, sin distinción. Es en ese marco que la era digital instaló, por su abrumadora abundancia, soportes para detectar noticias falsas (fake news).
La crisis del modelo capitalista, su mutación del capital productivo al capital financiero puso (y pone) en jaque los supuestos hasta ayer verdaderos, democráticos. La convivencia ciudadana se tornó hostil. Y esa crisis, que se remonta a la década del 80 con algunos mojones memorables (como la crisis de 2008), impacta de lleno en las prácticas políticas (y también en las partidarias). Los sujetos políticos con poder de decisión poco hablan de “bien común”, concepto polisémico si lo hay. Y los que hablan son acusados de “populistas” y en algunas geografías de “comunistas”.
Pero además hay que agregar al menos tres variables que en últimos años cobraron más vigor: La concentración mediática, con índices que alarman; el lawfare, una suerte de “guerra jurídica” desarrollada para atacar a oponentes políticos utilizando herramientas del derecho y fraguar “procedimientos legales”, lo cual es más que judialización de la práctica política y, más recientemente, los virulentos discursos de odio.
“Todos estos temas planteados son un real desafío no solo de los medios sino también de las democracias”, afirma el periodista y docente español de la Universidad de Sevilla, Francisco Sierra Caballero, quien días atrás visitó Rosario y dicto un seminario organizado por la Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto al Centro de Estudios en Derecho a la Comunicación (Facultad de Derecho).
“El fenómeno del lawfare no es nuevo. Encaja conceptualmente con la noción de «guerras de baja intensidad» de la década del 80 o «guerras irregulares», las cuales son abordadas con un entramado multidimensional e integral. No son soló la cuestión judicial en sintonía con el aparato mediático. También se incluyen variables económicas y la generación de corrientes de opinión. Muchas veces no preguntamos cómo son los «golpes blandos»; pues estos son. El capitalismo pasó de su fase productivista a la financiera y ahora estamos en lo que podríamos llamar el capitalismo de plataformas”, explicó Sierra Caballero.
Y agregó: “Hasta no hace mucho tiempo atrás era impensado ver a un periodista en público negando lo real, como es el caso del intento de magnicidio a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Incluso diría que es más grave que las fake news, es negar lo factico. En la actualidad hay que demostrar la inocencia. Estamos viviendo una etapa de oscurantismo, de desilustracion”.
La crisis en la credibilidad de los medios
En esta línea, Sierra Caballero señala que si bien hubo (y hay) un cambio en la industria de medios, lo que está en crisis –lo cual implica un cambio de paradigma– es el modelo capitalista.
“El sistema hace agua por todos lados, Desde la década del 80 el capitalismo se está redefiniendo y una de las claves es la destrucción de la razón. Lo mediático y judicial son actores políticos que vienen a sostener el sistema. Y construyen una paradoja: se sostienen sobre el mito de la objetivad”, afirma el docente español.
Y agrega: “Ya no alcanza con cuestionar el rol del Estado, que no son otra cosa los restos del estado benefectador, vienen a dinamitar el Estado, construyen en el imaginario colectivo un futuro distópico. Es más fácil imaginar el fin del mundo que una salida a la crisis actual”.
Según estudios recientes sobre el consumo de medios de las nuevas audiencias se observa que existe una merma en la confianza en los medios y también en el consumo de noticias.
Dice sierra Caballero: “Es una tendencia y no es nueva. Cuando empezó la explosión de internet se debatió en Europa la guerra de las pantallas, una guerra etaria o generacional. Es decir, los jóvenes estaban huyendo de los medios tradicionales y yendo directamente a internet para informarse. Hoy hay dos procesos: el más preocupante es el que tiene que ver con la credibilidad de los medios. Gran parte de las fake news y la desinformación viene por los medios, no viene por WhatsApp o por TikTok. Por lo tanto hay una responsabilidad indiscutible del periodismo. Después de la clase política los periodistas son los peores valorados en el rol público que desempeñan. El otro tema es más complejo, que es la desintermediación. Es decir, la crisis del papel que tenían los medios de ser puente entre las fuentes y la ciudadanía. Eso ha desaparecido y la gente lee más, pero no en la lógica de la Galaxia Gutenberg. No lee la noticia, lee cruzado, en pequeños fragmentos de información. Con lo cual, la cultura que tienen es una cultura de mosaico, muy fragmentaria, desconectada y desordenada”.
Observatorio del lawfare
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), es una institución dedicada al análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de los países de América Latina y el Caribe. Fue fundado en el año 2014, su director ejecutivo es el economista Alfredo Serrano Mancilla y posee un observatorio del lawfare en América Latina.
En unos de los últimos estudios señala que América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa.
“Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El lawfare, inicialmente asociado a una “guerra contra la corrupción”, se amplió hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que no se restringe a la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos”.
A modo de definición el Celag afirma: “El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear). En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal”.
Construir dominio público
El futuro no está escrito ni la suerte está echada. Si es cierto que vivimos una época de fuertes disputas políticas por el choque de frente de proyectos antagónicos, es el momento preciso de construir consensos públicos y explícitos en espacios públicos, en encuentro públicos. A la sociedad actual, definida como tecnofeudalismo por Sierra Caballero, hay que oponerle más presencia humana. Más presencia del Estado como regulador del entramado comunicacional.
“El debate sobre los medios no es solo de contenidos. De hecho tenemos una propensión a discutir sobre contenidos, como los que son violentos, racistas, sexistas o hasta clasistas. Pero no vamos a conseguir una ecología saludable y no tóxica de los medios si no discutimos las herramientas. Es decir, quién es el propietario de la infraestructura, quiénes son los que controlan el software. Y no se trata de ser tecnofóbico o contrario a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ni censurar que los jóvenes utilicen las TIC, sino construir dominio público”, remarca Sierra Caballero.
El espacio público es una las claves, entendiendo que las respuestas nacerán de un proceso de marchas y contramarchas. Y asumiendo que el principal derecho es el derecho a luchar para tener derechos.
