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El destacado académico de la Universidad de Sevilla y actual diputado por el Partido Sumar en España, participó hace pocos días en un congreso en Santiago y conversó con El Desconcierto sobre el panorama respecto a la regulación de medios en el continente. “Cuando hablamos de derecho a la comunicación hablamos de derechos sociales que deben ser regulados”, dice.

Hace 20 años atrás, más o menos en esta misma fecha, el académico de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra se encontraba en Chile participando en un congreso latinoamericano de comunicación realizado en la Universidad Diego Portales.

Recuerda una época marcada por los tratados de libre comercio, la formación de la Unión Europea y el Mercosur. Pese a los abundantes acuerdos, los investigadores concluyeron que existían pocos estudios comparativos sobre industrias culturales.

“Ahí surgió la idea de aglutinar el pensamiento crítico en comunicación con una perspectiva iberoamericana”, dice Sierra dos décadas más tarde en el lobby de un hotel en Providencia.

Formó parte hace pocos días del congreso bianual que celebra la ULEPICC, la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, donde abrió el evento con una clase sobre lo que lo ha apasionado todos estos años: políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana.

-En los sesenta se acuñó el concepto de derecho a la comunicación desde Latinoamérica. ¿Cómo has visto su evolución todos estos años?

Yo diría que hay tres etapas importantes. Una primera etapa en la que América Latina lideró la Comisión MacBride, que se fraguó por teóricos como Fernando Reyes Matta y académicos como Luis Ramiro Beltrán, vinculados al pensamiento crítico latinoamericano. Sin ese empuje, no hubiera existido el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). Y, en ese sentido, el informe MacBride marcó un antes y un después.

-¿De qué manera?

Era primera vez que se teorizaba sobre las políticas de comunicación y la UNESCO era el organismo internacional para democratizar las comunicaciones en el mundo. La segunda es la proscripción del NOMIC en la UNESCO y otros organismos internacionales. Y la tercera se inicia con los llamados gobiernos posneoliberales o de progreso, o populistas, cuya agenda democrática para las reformas estructurales de sus economías y desarrollos será en el espacio público. Y ese espacio público es un espacio mediático. Un espacio llamado a ser democratizado.

 -Varios países de América Latina compartieron políticas regulatorias como en Uruguay, Argentina, Venezuela y Ecuador.

Por primera vez tenemos estados que regulan integralmente el derecho a la comunicación, que en algunos casos incluso reconocen constitucionalmente. Todos suelen mirar al norte, Europa, Estados Unidos, pero esta última etapa en América Latina ha sido la vanguardia de los procesos regulatorios y del derecho a la comunicación.

-Cuando se habla de derecho a la comunicación, ¿qué es lo que se propone, en el fondo?

Pasar de una conceptualización sobre la libertad de expresión como una realidad individual, básicamente de carácter negativo, como la capacidad que tiene cualquier sujeto de expresarse públicamente -en la calle o a través de la prensa- a un concepto más integral, que implica una visión social,  comunitaria, colectiva, y que en términos positivos implica que el Estado y los  poderes públicos deben garantizar a través de políticas, programas o iniciativas, ese derecho a la comunicación que es universal.

-Es un concepto que se confunde -intencionalmente o no- con la libertad de prensa.

Se confunde con libertad de prensa o con esa dimensión de libertad de expresión individual. Cuando hablamos de derecho a la comunicación estamos hablando de derechos colectivos, de ciudadanía, de subjetividad política y, por tanto, de derechos sociales que deben ser regulados. Es un desplazamiento conceptual importante, reconociendo que el derecho a la comunicación universal es de todos los ciudadanos, y muchas veces se confunde que solo pertenece a los periodistas o a los editores de prensa. El derecho a la comunicación es un derecho universal reconocido por la UNESCO y las Naciones Unidas.

-¿Por eso el debate sobre el derecho a la comunicación y su contribución a la democratización de las sociedades?

Es un vínculo fundamental. Por ejemplo, en España tenemos un déficit democrático y es porque no hay una política de Estado en comunicación. Si no hay política de Estado en comunicación no hay garantías. ¿Dónde se dirime el interés general? ¿Dónde se definen las prioridades de agenda política? ¿Dónde se establecen los términos del debate sobre medidas económicas, financieras, ecológicas o medioambientales en el espacio público?, cuando sabemos  que ese espacio público está mediatizado y no hay políticas de Estado democráticas,  ni democracia informativa, ni pluralismo interno en la mayoría de los países.

-Es lo que denunciaba el informe Mac Bride a comienzo de los 80.

Sí, alertaba sobre los niveles de concentración que existen en los ecosistemas informativos. Hoy en día, por ejemplo, esos niveles son infinitamente superiores a lo que diagnosticó el informe debido al neoliberalismo, los procesos de crecimiento, la innovación tecnológica y la hiper concentración. Si en 1980 hablábamos de 40 grandes compañías que concentraban prácticamente el 80% del flujo de información a nivel mundial; hoy estamos hablando que menos de una decena de empresas controlan el 95% de los flujos de información en todo el mundo. Los GAFAM -las cinco gigantes tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y Maicrosoft- son un ejemplo de esto. Y evidentemente aquello plantea un déficit democrático.

-¿En qué sentido?

Se han organizado golpes de Estado en Brasil, con la colaboración activa de Facebook, WhatsApp y empresas de Google que han actuado para intervenir en ese territorio. Y como lo anunciaron parte de los teóricos latinoamericanos en los años `70, estas grandes empresas han sido colaboracionistas de esos intereses ajenos que a veces terminan en golpes de Estado. Y forman parte del complejo industrial-militar del Pentágono. En ese sentido, no ha existido una variación de estructura de poder en el sistema internacional comunicativo.

-Y en esta actual lógica de mercado, el periodismo es un producto que debería ser regulado.

Por supuesto, porque no es cualquier mercancía, pero al igual que otros derechos fundamentales, si la calidad democrática depende de un bien como la información, que es un bien público, hay que introducir conceptos como  bienes públicos globales, como se está debatiendo en la UNESCO respecto a si consideramos internet como patrimonio común de la humanidad. Y esto  tiene que ser logrado con una gobernanza democrática, no por la racionalidad mercantil de los GAFAM. Por tanto, si hablamos de que eso se reduce a una mercancía, las lógicas que operan detrás son ajenas a los valores  democráticos.

-No es cualquier mercancía, además, como planteas.

Sí, no estamos hablando de un producto de uso cotidiano como alimentación perecedera o vestimenta, sino de la sabia con la que operan los agentes y actores políticos en terreno. Evidentemente, si eso se convierte en una mercancía, no hay una relación democrática que garantice que todos los actores puedan concurrir. La lógica de valor que ha impuesto la industria está generando problemas como la desinformación y las fake news. Gran parte de las patologías de la información, hoy en día, tienen que ver con una creciente mercantilización de este objeto de consumo y no por su valor social. Por tanto, es un elemento sujeto a regulación.

-¿Cómo se modifican los distintos marcos regulatorios en los países para incorporar este tipo de reformas?

Pues tenemos ahí dos dificultades objetivas. Una es que los profesionales de la información, los periodistas y sus gremios, suelen ser reaccionarios a una regulación. Siempre que se inicia un debate, como sucedió aquí en Chile, la reacción es identificar inmediatamente regulación con censura. No puede haber libertad si no hay una regulación que permanezca estable y que permita, por ejemplo, que si hablamos de prensa o de derecho a la comunicación, operen todos los sectores, incluidos los medios que otorgan servicios a minorías que no van a estar atendidas por la lógica de mercado. Por tanto, como cualquier otro sector de actividad, tiene que haber regulación.

-¿Cuál es la segunda dimensión?
La segunda dimensión es que el debate está mediatizado por los propios medios que son juez y parte. Los objetos que van a ser regulados informan sobre ese proceso de regulación. Es un sector híper concentrado y ha operando radicalmente en contra de los procesos de regulación cuando se han iniciado en todos los países. Lo ha vivido Chile y también España. Se vivió en Ecuador y en Argentina.

-¿Por qué los periodistas han sido tan reticentes a modificar el modelo?

Hay muchas razones. Una tiene que ver con la propia precariedad del oficio en la mayoría de países. La otra, fundamental, es por cuestiones ideológicas. En la formación de los periodistas y en las facultades se replica este mantra liberal: que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y ese mantra se ha demostrado históricamente que es falso. Ahora mismo debatimos en España sobre la situación de los periodistas por la inteligencia artificial y las redacciones automatizadas. Esa ideología ha defendido el gremio profesional, porque en las facultades no se estudia economía política ni políticas de comunicación.

-¿Cómo observas hoy el debate sobre procesos de regulación en América Latina?

Bueno, con cierta preocupación en casos como Chile y, en otros, con una  evaluación muy negativa porque han existido retrocesos. Luego de una década donde se conquistaron sistemas de regulación muy avanzadas, hemos visto como se ha dado, en muy pocos años, un proceso de desinstitucionalización. En Argentina, cuanto llegó Macri, se deconstruyó lo que había costado décadas con dos o tres decretos.

-Acá en Chile, la comisión contra la desinformación encabezada por la ministra Vallejo, fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, el último vestigio del statu quo Pinochetista.

Hay que elogiar en primer lugar la acción de la responsable ministerial, Camila Vallejo, por tomar la iniciativa de regular este derecho humano fundamental. Porque seguimos teniendo a la Sociedad Interamericana de la Prensa, la Asociación Nacional de la Prensa y El Mercurio insistiendo en un discurso que confunde libertad de prensa con libertad de empresa informativa. Los que abogan porque no haya regulación están estableciendo que el derecho a la comunicación sea única y exclusivamente de las grandes corporaciones periodísticas.

-Intereses que suelen ser transnacionales…

Sus estructuras accionarias responden a intereses de grandes compañías de telecomunicaciones, ubicadas en Europa o Estados Unidos, que no defienden los derechos humanos de su propio país ni el progreso de la mayoría de la población. No se ha querido regular que exista pluralismo en un sistema mediático que sigue siendo muy concentrado y que no ofrece garantías para establecer nuevos derechos para la profesión y la existencia de medios comunitarios que puedan aportar otro relato de la realidad.

-En los proceso de modificación de los marcos regulatorios, ¿cómo ves las instancias de participación de los distintos actores?

Falta participación, lo digo desde una autocrítica de la academia y los sectores progresistas, porque no hemos sido capaces de sumar otros actores para una política de regulación. Creo que las experiencias más ricas, como la de Uruguay y Argentina, que lograron sumar gente desde la sociedad civil, la cultura, el arte, la industria del espectáculo y sectores anexos. Yo siempre insisto que el derecho a la comunicación es el primer derecho humano, porque si no tenemos capacidad de debatir sobre nuestros derechos producto de un cerco informativo, no vamos a poder reivindicar ni el derecho a la salud, ni el derecho al empleo, ni al trabajo digno, ni a la vivienda y muchos otros derechos fundamentales. Por eso siempre que hablamos de regulación, de democratización, estamos hablando de contenidos ideológicos.

-Es lo que también sucede con los medios digitales, que terminan reproduciendo la información de los medios hegemónicos, generando mesas de redacción que no reportean…

Elaborar información es el lema de Le Monde Diplomatique y cuesta dinero. Implica tiempo, gente que se dedique a elaborar noticias y formular una voz distinta. Cuando hablamos que es necesario democratizar el espectro y que haya medios comunitarios, se puede resolver a través de una política pública y otorgar un tercio para esos operadores. Lo difícil es que la gente participe y sostenga económicamente la producción de contenidos propios, para que de verdad tenga sentido un medio comunitario.

-Eso se podría paliar con una mejor distribución de la publicidad estatal, que es una discusión que siempre ha estado presente.

Ese debate sobre la transparencia y financiamiento de los medios es central, porque tanto los públicos como privados dependen del presupuesto del Estado. Es más, diría que los medios privados impresos tradicionales, analógicos,  dependen en su 70% de la publicidad institucional proveniente del Estado. Y los medios digitales dependen en un 80%, no de sus suscriptores, salvo algunas excepciones. Los medios digitales de derecha y de extrema derecha, dependen absolutamente de la publicidad institucional. Y ahí hay una opacidad absoluta sobre ese reparto. Entonces, el pluralismo interno empieza cuando los recursos públicos sirvan para alimentar una estructura mediática plural, desde los medios comunitarios a los públicos, pasando también por los privados. Pero eso no está sucediendo en la mayoría de los países. Especialmente en nuestros países.