Etiqueta: derechos digitales

Elogio de la lentitud

Posted on by Albert
Share

Trumpismo rima con aceleracionismo, no solo con autoritarismo filofascista. Por ello conviene pensar los tiempos de la política y la mediación social en la era de la Inteligencia Artificial. En el Seminario Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Pablo Olavide, al tratar el reto de la relación entre justicia, política y mediación social desde la filosofía de la praxis, señalábamos el pasado mes de enero que ampliar los derechos de ciudadanía exige hoy reinventar la lógica de la norma desde la filosofía de la liberación cuestionando, en primer lugar, las temporalidades que la cuarta revolución industrial nos impone a fuerza de desplegar la llamada «destrucción creativa del turbocapitalismo».

Ya lo advirtió Benjamin. Es hora de poner freno a la locomotora de la historia. Los tiempos del progreso imparable nos llevan inexorablemente al horizonte abismal del precipicio del colapso con el pie pisando el pedal del acelerador hasta el fondo, puesta la quinta marcha, para avanzar sin retrovisor por los senderos trillados del retorno del despojo.

La sensación de liviandad, rapidez y visibilidad de la dialéctica informativa termina, como resultado, agudizando las patologías culturales de una comunicación que desperdicia la experiencia y mediatiza el sentido común, más aún en tiempos de lawfare.

La experiencia, esa categoría fundamental para cultivar el saber, para alimentar los sentipensamientos, colonizando las culturas populares está siendo menoscabada, suprimida como un desperdicio prescindible en la cápsula del efecto burbuja.

En tiempos del poshumanismo, del giro emocional y lingüístico, en la era ciber de un mundo hipervigilado por los señores del aire, es hora, pues, de vindicar, en la guerra cultural, derechos digitales para todos y reinstituir lo común, que es tanto como articular la acción instituyente frente al poder tecnofeudal destituyente de Trump y sus secuaces.

Frente a la lógica de terra nullius, el derecho a luchar por tener derechos solo será posible repensando la economía moral de la atención desde lo común, confrontar la postpolitica desde la justicia social, desde el antagonismo contra el imperio de la fuerza de la lex mercatoria, recuperando, en fin, los espacios de socialización.

Esto es, ralentizando los tiempos de consumo por las comunidades reflexivas a partir de una pedagogía de la esperanza, de una ecología política de la comunicación que tenga memoria, conocimiento, saberes y espacios de dialogo y puesta en común.

Si los dispositivos reticulares del comando del capital nos separa y aísla e impone cámaras de eco, parece evidente que ha llegado la hora de afirmar la cultura subalterna de las emergencias reales y concretas del mambito de lo local y sus biorritmos contrarios a la dieta digital de los dispositivos de dominio a lo Instagram.

Desconectar del capitalismo de plataformas y las redes privativas y abrir las puertas y ventanas de la vida y la cultura tabernaria puede ser un primer paso. Podríamos empezar por recuperar una tradición tan andaluza como la tertulia a la fresca en el patio, hablar por hablar, recuperando formas primarias de comunicación no instrumentales ni colonizadas; aprender de Séneca y nuestro gusto por platicar el derecho al cuidado común no mediatizado.

Como recordara Anguita en conversación con Alberti, hay que aprender a perder el tiempo y, como es lógico, educar también a los profesionales de la información a rechazar el scoop y desacelerar sus lógicas productivas si no quieren ser reemplazados por bots y la IA.

En contra de la razón corporativa de los Musk de turno, cultivemos el tiempo para pensar y aprender, para gozar y ser reflexivos, para cuidarse y cuidarnos, para mediar y sentir. Ahora que aprendimos que folgar, follar y hacer huelga tienen más que ver con el derecho a la pereza de Paul Lafargue que con ese productivismo a lo Stajanov que ha prevalecido habitualmente en la izquierda, prestemos atención a la intromisión en los mundos de vida y nuestros cronotopos de los señores de la guerra, que nos han comprado con las máquinas de soñar una experiencia vicaria falsificada e insostenible –de facto inhabitable–, para dominarnos hasta el fin del mundo, como los personajes del film del mismo título de Wim Wenders.

Dicho esto, toca militar, primero en el PGB, y desde hoy mismo en la cultura enlentecida de la vida buena, del buen vivir, si no queremos que nos roben la vida y la esperanza. Lo primero, al menos generacionalmente, para los que nos educamos en el universo Makoki, El Jueves o Víbora, es una conminación a la cultura subalterna de lo tabernario, de la mayoría y el frente común de la multitud adscrita por activa o pasiva al Partido de la Gente del Bar en el que nos reconocemos, conversamos, conspiramos y hacemos posible el principio de fraternidad. No es poca cosa. ¿Se suman?

Soberanía digital y Europa social

Posted on by Albert
Share

Que la administración Trump y los movimientos del oligopolio de las grandes plataformas tecnológicas son una amenaza a la democracia y al proyecto de integración de la Unión Europea es, prácticamente, compartido por el conjunto de la ciudadanía y las fuerzas políticas de progreso. No es tan extendido, sin embargo, la naturaleza o diagnóstico de las amenazas que vislumbramos en el horizonte a corto y medio plazo y menos aún se observa la definición de alternativas democráticas que contravengan el proceso en curso de restauración autoritaria de la hegemonía imperial de Estados Unidos.

Somos conscientes que en la vida, como en la política, siempre hay opciones y posibilidades por explorar. El arte de lo posible implica definir agendas para la acción distintas a las establecidas a priori.

Se da la circunstancia que en materia de transformación digital se ha instalado en la sociedad un discurso naturalizado de Silicon Valley que ha permeado la práctica política de dirigentes y fuerzas políticas imposibilitando una agenda propia de definición del futuro de la era de la Inteligencia Artificial. Y en este marco la UE no es que corra peligro de perder s razón de ser del modelo social de Estado de Bienestar que alentó el proyecto de integración comunitaria, es que, antes bien, está en juego su propio futuro y subsistencia.

Bien es cierto que desde la Comisión se han avanzado iniciativas como la primera regulación internacional de la IAAT, la Carta de Derechos Digitales de 2021 o la reciente creación del Observatorio de Derechos Digitales para hacer efectivo la Europa de los Ciudadanos en la galaxia Internet. Pero estas medidas llegan tarde y son insuficientes ante el dominio absoluto de las grandes plataformas tecnológicas como ‘X’ (ex Twitter), ‘Meta’ (Facebook, Instagram, WhatsApp…) Alphabet (que incluye a Google como su principal subsidiaria), nombradas en su día como GAFAM, que hoy han decidido convertir la norma de terra nullius, la ventaja tecnológica y su posición cuasi monopólica en la regla del Estado de excepción a nivel internacional, vulnerando todos los derechos y garantías constitucionales a escala global.

El alineamiento con el gobierno de Trump ya se ha traducido en medidas concretas como la remoción de mecanismos de moderación de contenidos que hasta ahora lograban filtrar -aunque de un modo acotado- diversos modos de desinformación (fake news, deep fakes), discursos de odio, instigación a la violencia, controles sobre contenidos relativos a infancias etc., y una agresiva política de injerencia que nos recuerda que estas compañías, las big tech, nacen, se incuban, y despliegan su poderío como un vector estratégico del imperialismo estadounidense definido en el programa originario de la Sociedad de la Información de Al Gore, bajo tutela de los dos bastiones que sostienen el dominio político y económico de la potencia en decadencia: nos referimos al Pentágono y al muro de Wall Street.

No es comprensible el proyecto tecnofeudalista que abandera Musk con el trumpismo sin este análisis de la estructura de comando de la telemática ya diagnosticado por la economía política de la comunicación y estudiosos como Herbert I. Schiller. Ni tampoco es posible diseñar alternativas de futuro si se renuncia a la autonomía estratégica y se trata de definir una política de ciberseguridad, como en el Congreso de los Diputados en España, de la mano de Google y las corporaciones del complejo industrial-militar estadounidense.

Asumir el designio de los amos de la información y el capitalismo de plataformas bajo tutela de EE.UU. o la OTAN es, en definitiva, renunciar a la Europa social y de derecho y, al tiempo, convertir la UE en una colonia dependiente tecnológica, económica y militarmente de una potencia que no demuestra ser aliado cuando despliega una guerra comercial con los aranceles, sino especialmente cuando desde el propio nacimiento de la comunidad económica europea ha mantenido el espionaje, control y tutela de las redes de información y conocimiento, tal y como quedara constancia en el informe del Parlamento Europeo sobre la red ECHELON. Ahora se constata con la abierta injerencia en las elecciones de Alemania como ya se hiciera con el Brexit y los resultados por todos conocidos.

La UE, colonia tecnológica

La modificación de los procesos de intermediación y el control del algoritmo abundan no solo en la falta de transparencia de estos operadores políticos, sino que reafirman la estrategia de desinformación de las fuerzas de control global del Capitolio con el fin de restaurar su posición hegemónica ante China y su superioridad comprobada en ciencia y tecnología.

Las declaraciones recientes del Vicepresidente Vance respecto a la gobernanza de la Inteligencia Artificial, y no olvidemos de Internet, bajo control de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) son lo suficientemente esclarecedoras como para definir en Bruselas otra hoja de ruta a la seguida hasta ahora, marcada, nunca mejor dicho, por el seguimiento de las directrices del lobby de los GAFAM.

La necesidad de transparentar los procesos de información social, blindar el avance de plataformas globales que disputan el control al Estado y resguardar los derechos ciudadanos requiere de políticas activas por parte de la UE y nuestro gobierno. No solo declaraciones alertando de la tecnocasta. La reducción de los riesgos para la ciudadanía en términos de manipulación de la información, visibilizando, censurando u ocultando contenidos como el genocidio de Gaza del sionismo, forma parte de un nuevo orden informacional y una geopolítica imperialista que busca ser impuesto para controlar los comportamientos y direccionar de la voluntad política de la ciudadanía para hacer posible ya no la acumulación por desposesión, como analiza David Harvey, sino el régimen de excepción de la acumulación por despojo criminalizando la pobreza y extendiendo la guerra, cultural y efectiva, por todos los medios imaginables.

Ya en su célebre libro Mil Mesetas, Deleuze y Guattari, definían de modo precursor al accionar de las fuerzas exteriores al estado como Máquinas de Guerra. En el presente, la máquina informacional, con el despliegue de sistemas de machine learning e IA se ha sofisticado y vuelto inmanejable en algunos sentidos. Cabe preguntarse cuál es el espacio de acción que tienen los Estados Nacionales y la UE para desarrollar políticas de cuidado y acciones soberanas, qué medidas conviene adoptar en defensa del proyecto común de la Europa social y de derechos.

El dominio de las Big Tech sobre la información, la comunicación y la logística plantea serios problemas sobre el cumplimiento de las leyes de competencia y antimonopolio de la propia UE, pero no se han adoptado medidas, salvo algunas penalizaciones económicas irrelevantes a efectos de la estructura de control. A pesar de los intentos regulatorios, como las investigaciones antimonopolio en varios países, las estrategias de estas compañías para absorber a pequeñas startups, manipular algoritmos o generar redes de dependencia siguen siendo una práctica común sin que Bruselas haya acometido una estrategia consistente, aliándose por ejemplo con el proyecto de 5G chino.

Esto ha terminado limitando la economía europea, poniendo en riesgo la innovación y la diversidad empresarial, y sobre todo otorgando un control exclusivo sobre el mercado a compañías como Amazon, sin oposición ni estrategias de cooperación para hacer frente a los retos de futuro de la economía del conocimiento.

La confrontación geopolítica que hemos iniciado desde que Donald Trump irrumpiera en la escena política internacional es un paso más en esta escalada de subordinación y colonialismo tecnológico de Europa. La asunción del enfoque estadounidense sobre la ciberseguridad, la infraestructura 5G y la privacidad de los datos pliega el proyecto de la UE al fortalecimiento de la industria nacional estadounidense y la expansión de la OTAN, consolidando la tecnología ajena como un pilar esencial en la redefinición de las relaciones internacionales desde la subalternidad y la pérdida de total autonomía, y ello a pesar de las supuestas lecciones aprendidas durante la pandemia donde por vez primera escuchamos hablar de soberanía digital y un aggiornamiento keynesiano como salida a la crisis del colapso económico o de capítulos conocidos como el Brexit o en otras latitudes la campaña destituyente del gobierno de Dilma Rousseff o el golpe de Estado contra Evo Morales.

Infracciones de las plataformas digitales

Bien es cierto que la UE dispone de diversos dispositivos normativos diseñados con el fin de garantizar la implementación de mecanismos adecuados para supervisar posibles infracciones legales de las plataformas digitales dominantes en el mercado e intervenir en consecuencia. Aunque los recientes cambios y medidas adoptados por ‘Meta’ y ‘X’ puedan ser compatibles con la legislación estadounidense, su aplicación en la UE debería ser descartada, dado que las normativas existentes sobre la eliminación de contenido que infrinja la legislación, como los discursos de odio o el contenido destinado a alterar procesos electorales, lo prohíben explícitamente.

Pero, aunque desde Bruselas se reconoce la necesidad de regular el comportamiento de las grandes plataformas digitales, la Comisión enfrenta a día de hoy serias dificultades en la aplicación de la legislación vigente. En particular, la Ley de Servicios Digitales (DSA). La creciente complejidad de la regulación tecnológica, junto a la adopción del marco jurídico angloamericano del derecho de telecomunicaciones y las obligaciones suscritas desde la matriz neoliberal de la OMC, perfilan un escenario difícil de acometer en términos de voluntad y acción política democrática.

En otras palabras, las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley han pisado el acelerador asumiendo explícitamente el rol de actor global soberano en la reconfiguración del orden mundial de manera significativa, sin que desde Europa se responda en justa medida al reto que ello supone.

La transición digital y el control de la información, en este contexto, no solo representan un desafío tecnológico, sino también un reto político, social y ambiental de gran magnitud que evidencia que la Europa social y la propia transición ecológica en el marco de la Carta Social Europea serán letra muerta si no se actúa de inmediato.

La respuesta a esta dinámica imperialista pasa por una mayor regulación, la defensa de la privacidad y la soberanía digital, y la promoción de un espacio digital que sea verdaderamente público y democrático. La vigilancia y la crítica de estas dinámicas son esenciales para salvaguardar la democracia en el siglo XXI y exigen de organismos internacionales como la UNESCO una apuesta decidida por recuperar el espíritu McBride para hacer posible un solo mundo y voces múltiples, para un nuevo orden de la información y la comunicación (NOMIC) donde la tecnología, la red y el conocimiento de la IA sean patrimonio común de la humanidad.

Un primer paso en esta dirección es que la UE asuma un rol de defensa de los derechos a la comunicación democrática y que gobiernos progresistas como el de España contribuyan decididamente a definir una agenda distinta en Bruselas para la propia pervivencia del proyecto comunitario. Es hora de liderar en el seno de la UE una política de soberanía digital frente a las injerencias y el intervencionismo de grandes compañías en la opinión pública de los estados miembros. Frente a la política de la guerra y la tierra de nadie (terra nullius) de los GAFAM debemos impulsar cambios normativos de calado, estructurales, para exigir las obligaciones tributarias, legales y de protección de la libertad de expresión y las libertades públicas de dichas plataformas, en particular civil y hacer transparentes sus criterios de moderación de contenidos, tanto en procesos electorales, como en el debate público, con las consiguientes medidas de suspensión y sanción civil y penal en el caso de reiterados incumplimientos, como viene siendo habitual.

Promover nuevas plataformas digitales

En esta línea, es necesario revisar los acuerdos comerciales y reguladores con las grandes tecnológicas para asegurar que los intereses nacionales, democráticos y ecológicos estén protegidos frente a la creciente concentración de poder económico y político en manos de estas corporaciones. Pero también lo que la imaginación comunicológica de los tecnócratas de la Comisión no imaginan, hay que promover desde ya en nuestro espacio plataformas digitales de dominio público, así como políticas de software libre en la Administración Pública del Estado, para evitar la dependencia tecnológica.

Liderar una política de ciencia y tecnología nacional y europea en materia de IA, cambio tecnológico y cultura digital a medio y largo plazo con un plan plurianual es algo más que replicar dispositivos foráneos e importar conocimiento ajeno. Esto que el ensayista francés Sadin denomina la siliconización de la economía europea ha sido la pauta constante de la Comisión hasta la fecha. Ahora que el Congreso tiene que debatir el proyecto de Ley de Autonomía Estratégica e Industria es el momento de empezar a construir un sendero distinto desde el Sur de Europa introduciendo un capítulo específico para la promoción de medios digitales propios y tecnología soberana, si queremos hacer posible el intercambio y comunicación de nuestro sistema político y económico sin la dependencia tecnológica actual de Silicon Valley.

Peineta digital

Posted on by Albert
Share

Freud planteó, en su teoría del desarrollo psicosexual, la existencia de cinco fases por las que atraviesa cada sujeto: fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latencia y fase genital. Todo ser humano, de una u otra forma, experimenta esta evolución. Pero en el mundo al revés todo es posible, incluso el desorden evolutivo. Y pareciera que se impone el retorno o involución a la fase anal. Hace años ironicé en esta columna sobre la campaña del Banco de Santander, sí, el de la doctrina Botín, que no solo sabe del dinero público, el que además nos mete el dedo en el ojo, y no digo más porque es demasiado complejo, en tan breve espacio, meterse de lleno con el oculocentrismo que nos gobierna en estos tiempos de pantalla. Sí que me va a permitir el lector apuntar una breve reflexión con motivo de los proyectos en curso que, en tiempos de guerra, despliega el capital en forma de destrucción creativa de la innovación tecnológica. Hoy que los ultramontanos liberales abominan de la burocracia y las normas administrativas en su ataque al Estado y lo público, requisito, bien lo sabemos, para la lógica de acumulación, resulta que la banca sigue procesos concentracionistas al tiempo que maltrata a los mayores, nos pone a trabajar para ellos con la banca telemática, nos roban el tiempo con trámites innecesarios, y modernizan digitalmente la usura de lo mismo, demostrando que lo privado, pese al discurso, es menos eficiente aun con el manto sofisticado de la mediación hipermultimedia. El confinamiento de los teleoperadores y la calidad total a costa de las espaldas de los usuarios lo demuestra. Sabemos además que la demanda de autonomía, la vindicación en el discurso publicitario de las tecnológicas y las telecos de que cada innovación nos hará más libres, es, en realidad, expropiación de la propia vida vía  colonización del imaginario, y la novedad tecnológica reducción de costes, con destrucción de ocupación que se transfiere al usuario. Una suerte de acumulación por desposesión extraída de nuestro tiempo y pa/Ciencia. Hago estas anotaciones justo ahora que el ministro Escrivá anda en la deriva expansionista de la siliconización con la panoplia de contribuir al gobierno abierto. Un proyecto millonario que ni es interministerial, ni multinivel ni, por descontado, cuenta con la agencia de la sociedad civil, que hace décadas exige transparencia hoy ni siquiera garantizada por una ley, en el contexto europeo tardía, que se verá traspasada por la opacidad del código que programan las bigtech del complejo industrial-militar del Pentágono.

En su reciente comparecencia en el Congreso, el Ministro de Transformación Digital y Función Pública (parece un oxímoron a la luz del sistema de información privativo que nos domina), propuso tres consensos básicos. Un concurso para el impulso ético de la Inteligencia Artificial, siguiendo los lineamientos, insuficientes, de Bruselas, el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país, promoviendo inversiones estratégicas e infraestructuras en apoyo a las empresas y la administración, y, finalmente, la transformación de la Administración Pública para la mejora de los servicios y prestaciones a la ciudadanía. Un consenso que exige desde la izquierda respuesta en forma de claro disenso porque las tecnologías no son propias, el código no es libre y tales políticas se vienen haciendo y se hacen sin participación ciudadana, quizás, cabe pensar, para garantizar esas inversiones extranjeras, expandiendo el dominio de los Musk de turno. Recientemente, mis compañeras de grupo parlamentario Gala Pin y Tesh Sidi, lideraban una proposición no de ley contra el uso de la IA en el genocidio contra el pueblo palestino. En la iniciativa que suscribimos, señalamos cómo los avances tecnológicos y la infraestructura digital civil es hoy un elemento clave para sostener el régimen de apartheid y la masacre. Los mismos trabajadores de empresas tecnológicas como Google y Amazon han impulsado una campaña No Tech for Apartheid en la que piden a los dos gigantes de la tecnología que rompan relaciones con Israel, mientras éste siga usando su tecnología para la guerra. Contratos como el proyecto Nimbus (un acuerdo entre Google y Amazon para ofrecer servicios en la nube a lsrael por un monto de 1,2 billones de dólares) es la otra cara de la moneda del régimen de excepción que se está prefigurando. La era del perfila sirve para el genocidio y para la disciplina de las voces discordantes en el Norte pudiente. Así ha sido desde el origen de la alianza capital, ciencia y complejo militar del Pentágono, un entente que viene de largo y es determinante de la economía estadounidense, actualmente en caída libre. Ya lo explicó Herbert Schiller en Comunicación de masas e imperialismo yanqui y Mattelart lo analizó en su ensayo sobre satélites y napalm. Así que visto lo visto, sugiero, celebrada ya la Semana Santa, guardados en los armarios capirotes y mantillas de la moda retro que nos invade, ahora que es tiempo de primavera, pasar de la cofradía de la sentimentalidad big tech a la política de la peineta digital. Un gesto de dignidad que ha de traducirse en políticas activas de transición digital justa y democrática, con más cuerpo y corazón, y mayor sensibilidad, si no queremos convertir la era de la Inteligencia Artificial en el retorno a la fase anal de la humanidad. La historia y evolución del capitalismo informacional es más que ilustrativa a este respecto. Hora pues de cambio de sentido.

Comunicación y progreso

Posted on by Albert
Share

El inicio de la nueva Legislatura inaugura un ciclo político marcado por la conformación del primer Gobierno de coalición y la impostergable resolución de déficits históricos de nuestra democracia como la ausencia de una cultura informativa pluralista. Un reto este estratégico, a juzgar por la virulencia de los discursos ultramontanos de la extrema derecha.

Aunque considerado habitualmente un problema menor, el futuro del país dependerá en buena medida del alcance de las políticas de comunicación y la capacidad del Gobierno de influir en la consolidación de los valores democráticos de tolerancia, respeto a los principios constitucionales y una comunicación abierta y socialmente responsable.

Ello exige, como es lógico, comenzar por la renovación del Consejo de la Radiotelevisión Española (RTVE), siguiendo el modelo de concurso público, y los principios de mérito, paridad y prestigio profesional para la independencia de sus profesionales.

En este sentido, la plataforma Teledetodos viene demandando medidas urgentes respecto al modelo de gobernanza, la financiación y el proyecto de desarrollo de la radiotelevisión pública, carente a día de hoy de una dirección legitimada y de un marco estratégico adecuado a los retos del nuevo entorno informativo. Pero de ello apenas se ocupa el acuerdo de coalición progresista.

Sí se contemplan, en cambio, medidas fundamentales para el futuro de la industria cultural como la creación de la Oficina Pública de Derechos de Autor que, sin duda, puede mejorar los ingresos de este sector de la llamada economía creativa en el PIB, garantizando la sostenibilidad y las condiciones laborales de los profesionales frente al monopolio de los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft).

La apuesta del nuevo Ejecutivo por una política activa en torno a la revolución digital contempla, además, iniciativas importantes como el desarrollo de un plan de infraestructuras para la competitividad, el impulso de la tecnología 5G, y la planeación de proyectos piloto en campos tractores como el turismo o las Smart Cities, además de diversas medidas de formación como la Estrategia de Ciudadanía Digital para la participación en el ágora virtual donde se forman las identidades del nuevo sujeto de la llamada pospolítica.

Este planteamiento es coherente con la Carta de Derechos Digitales que viene impulsando la UE y puede situar a España a la vanguardia del nuevo horizonte tecnológico ante formas emergentes como el blockchain o la sociocibernética de nueva generación.

La centralidad de esta visión sobre la cuarta Revolución Industrial plantea incluso un nuevo marco de Estatuto de los Trabajadores que aborde el desafío del capitalismo de plataformas digitales. Entre las medidas de progreso, se contempla el uso del Big Data para la automatización de procedimientos administrativos y la fiscalización social con garantías para la población que sufre la precariedad de prestaciones como falsos autónomos.

La Administración Pública de la era digital que se esboza en dicha propuesta es un proyecto transversal, que el propio ministro de Universidades, Manuel Castells, ha descrito en La sociedad red con magistral erudición y visión prospectiva.

Lo inédito es que, por vez primera, un Gobierno de España se tome en serio la comunicación y no precisamente en una lectura decimonónica limitada al periodismo. Los retos de la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, la economía circular y los sistemas expertos de minería de datos, la conectividad y el Internet de las Cosas perfilan, en nuestro tiempo, un ecosistema cultural que nos obliga a repensar la comunicación para el progreso, en pleno siglo XXI, desde nuevas matrices y bases materiales.

Y ello presupone un notable incremento de la inversión pública en ciencia y tecnología, como también la consideración de enseñanzas artísticas en la formación superior universitaria, no consideradas tradicionalmente en las políticas de comunicación y cultura, aunque resultan vitales para sectores punta como la industria del videojuego.

En un sistema híbrido como el actual es necesario, en suma, revisar principios y marcos normativos convencionales y empezar a problematizar el rol de los medios, verdadero obstáculo para el futuro y la democracia. Y es que la estructurra duopólica de información sigue marcando la agenda en nuestro país con la lógica mercantilista de cuanto peor mejor en la cuenta de resultados, vulnerando toda exigencia de calidad y deontología profesional.

En otras palabras, el Ejecutivo no podrá implementar estas medidas si no empezamos a desbloquear el campo de producción del imaginario que sigue anclado, como dejó escrito Blas Infante, en la lógica política de Cánovas, el Bergamín Pontífice de la caciquería española, que más que la potencia creadora de transformación se realimenta de la destrucción creativa de la chalanería y la especulación bárbara e insultantemente inculta.

Un primer paso en esta dirección debiera ser la aprobación de una Ley General de Comunicación que modernice nuestro ecosistema mediático, empezando por la transparencia de la publicidad institucional, verdadero fondo de reptiles que hace posible la dinámica heredada del bipartidismo de lo mismo, entre liberales y conservadores.

Pero nos tememos que ello resulta, a día de hoy, inviable, entre otras razones porque la caverna mediática es eso: penumbra y oscuridad. Nos queda pues solo seguir insistiendo en la pedagogía democrática de la comunicación: por el bien de España y por el progreso de todos.