Un plan reformista para salvaguardar la democracia

Share

Toda política pública pasa por la voluntad de intervención, el conocimiento y la pericia técnica, la construcción y articulación de procesos colectivos, el desbloqueo de obstáculos y la mediación productiva para el respaldo de la opinión pública. Entre la adaptación y la condescendencia, de un lado, y la posición revolucionaria que nos identifica, en SUMAR pensamos que es posible una vía reformista, una política que se piensa desde la mayoría social y que, por lo mismo, representa una estrategia contrahegemónica en un contexto definido por la llamada guerra cultural. Estos días de discusión sobre las medidas del gobierno sobre regeneración conviene pues aclarar el sentido y alcance de las propuestas que desde el Grupo Parlamentario Plurinacional hemos defendido y los retos que tenemos por delante para una transformación integral ante los rezagos que amenazan las libertades públicas en nuestro país. Como es sabido, en la cámara legislativa no existe una comisión específica que aborde cuestiones sustantivas en la materia, a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad reguladora que garantice el espíritu de la ley y la Constitución en su artículo 20. Esta constatación es reveladora de la lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales y de la propia actividad informativa.

El Plan de Acción por la Democracia viene a reformar parcialmente esta situación acometiendo la crisis de legitimidad y representación, y la problemática realidad de la desinformación intensiva que ha proliferado en los últimos años, con una batería de medidas centradas en tres ejes:

—La transparencia del sistema mediático.

—La mejora y cualificación de la información institucional del gobierno.

—Y la modernización del sistema normativo en línea con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios y las recomendaciones de la Comisión Europea.

LAS ENSEÑANZAS DEL BREXIT

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo la deriva informativa que la revolución digital y el lobby del complejo industrial-militar del Pentágono, en particular los sectores ultraderechistas coordinados por Steve Bannon y otras potencias europeas, ha venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del Brexit. Desde hace cuatro años, en congruencia, la UE se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, garantizar el pluralismo en los medios de comunicación, combatir la manipulación informativa y la injerencia de intereses extranjeros, fiscalizar las plataformas de Silicon Valley y sostener un ecosistema político y mediático financieramente autónomo.

Con el inicio de la XV Legislatura, el PSOE impulsó, en esta línea, una discusión monográfica en la Comisión de Calidad Democrática sobre desinformación. El Plan aprobado por el Ejecutivo es en parte una síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo durante las comparecencias de expertos de la academia, periodistas, directores de medios y lógicamente de la iniciativa de las fuerzas del bloque de progreso, SUMAR, particularmente, que celebró el 3 de mayo el día de la libertad de prensa con un encuentro para debatir junto a sindicatos, colegios de periodistas, académicos y miembros del Grupo de Trabajo HERMES, los retos que Bruselas viene señalando a este respecto.

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se encaminan, punto por punto, a las exigencias comunitarias tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas de los medios de información, una apuesta que ha dado lugar a una reacción desmedida, en tono y forma, de la oposición ultramontana (PP y VOX) como de la prensa conservadora que, desde el inicio, calificó toda medida en materia de comunicación como censura, fija como está en la posición decimonónica del mantra liberal del libre flujo de la información. Las resistencias y negación de lo evidente de los medios ultra y la mirada neoliberal del PSOE limitan, ciertamente, la adopción de medidas urgentes en una dirección que, de verdad, garanticen el pluralismo y la democracia informativa. Cabe desde luego formular diversas críticas al Plan de Acción, pero lo importante es que esta iniciativa del ejecutivo abre un debate al que toda la sociedad civil está llamada a intervenir. Un primer paso es tomar la iniciativa y definir medidas de política pública en materia de pluralismo y transparencia del sistema nacional de información. Por supuesto que el Plan es manifiestamente mejorable. Por señalar tres puntos centrales:

  1. La derogación de la Ley Mordaza sigue siendo un compromiso incumplido del PSOE desde la anterior legislatura y esta posición inmovilista afecta no solo al trabajo de los periodistas, sino a principios básicos de la libertad de expresión como es el derecho de reunión y manifestación.
  • Igualmente, las medidas de transparencia adoptadas son insuficientes si pensamos en la Ley de Secretos Oficiales o en la apuesta por un control de los abusos habidos con la publicidad institucional.
  • Y para hacer cumplir las exigencias de Bruselas, hace falta un Consejo Estatal de Medios y una ley de Medios que aborde la actual concentración duopólica del sector. La transposición de esta norma a la legislación española debería implicar la mudanza de las competencias sobre el audiovisual, hoy en manos de la CNMC y del Ministerio de Economía, a un nuevo Comité Estatal de Servicios de Medios incluyendo la gestión del espacio radioeléctrico y la concesión de licencias; la capacidad normativa y sancionadora, prolijamente detallada en la Ley General de Comunicación Audiovisual; con la ampliación de sus atribuciones a la tutela de la calidad informativa en su vertiente deontológica; la gestión de la normativa que deba desarrollarse en relación a la publicidad y las subvenciones institucionales; las garantías necesarias para la transparencia informativa sobre las participaciones societarias y la propiedad de los medios; el desarrollo de medidas para la limitación de la concentración en el mercado de la comunicación; la regulación del derecho de acceso y participación de la sociedad civil y grupos sociales en los medios de titularidad pública etc…, extendiendo el ámbito de las competencias de este organismo a la prensa escrita en cualquier soporte, tal y como esboza el Reglamento.

Avanzar en el sentido de lo expuesto, requiere legislar más allá de lo que se puede esperar de una simple transposición de la norma europea, sujeta además a unos plazos. Pero persiste un debate no resuelto y una recurrente contraposición entre la defensa de la autorregulación de los propios medios y periodistas para la salvaguarda de la veracidad y la deontología en el ejercicio de la profesión y la regulación a través de organismos ajenos al universo corporativo y lo que se impone de forma recurrente es el falseamiento, como hacen los propios medios comerciales, de la propia historia de la comunicación y los antecedentes de regulación de un servicio público esencial para la democracia. Cabe recordar, por ejemplo, que la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) contempló inicialmente la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero posteriores reformas de la norma no contemplaron este organismo, hoy demandado por el actual Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Y que incluso en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia o Portugal existen entes autónomos que responden a una lógica distinta a la que sostiene el PSOE y su política neoliberal en materia de comunicación.

El derecho a la comunicación es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el neofascismo. Y la izquierda en España no está acometiendo este frente cultural como un eje prioritario

RETOS DEMOCRÁTICOS

Desde el GP de SUMAR sabemos que apenas empieza la disputa de la hegemonía por la democratización de la comunicación. Urge situar por ello el debate en sus debidos términos, hacer memoria democrática de los frentes y luchas por el derecho a la comunicación, y empezar a abrir cinco ejes de diálogo y acuerdo para el consenso democrático que, necesariamente, habrá de liderar la sociedad civil, considerando las posiciones hoy hegemónicas entre las principales fuerzas partidarias. A saber:

  1. Una reforma institucional de la RTVE para una dirección plural, independiente, en condiciones propicias para convertirse en la ventana de encuentro, pluralidad, innovación, diversidad y disenso de nuestra cultura y política a nivel estatal.
  • El diseño de un gobierno abierto que permita la interlocución en cada proposición de ley, con capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales y cualquier colectivo ciudadano sobre asuntos de interés público o específico de la población. Para ello, muchos Estados, Brasil y México, por ejemplo, pero también Portugal, tienen canales de televisión que además emiten las sesiones de pleno y de comisión para cumplir con el derecho de acceso de la ciudadanía.
  • Una ley de transparencia que regule la publicidad institucional, auténtico fondo de reptiles del siglo XXI, por el que se financian medios digitales de extrema derecha y golpistas que socavan la democracia sin control ni fiscalización pública. Un mínimo común sobre el que resulta incuestionable estar de acuerdo es el hecho de que la ciudadanía merece saber quién, cuánto y cómo se financian los medios de comunicación. Es una medida de transparencia mínima en cualquier democracia. Esta regulación es además un requisito necesario para vindicar un reparto justo y equilibrado que garantice financiar medios sin ánimo de lucro, o comunitarios, con carácter cooperativo, que dan voz a sectores que no tienen medios de expresión ni acceso a las grandes compañías y/o canales de comunicación.
  • El desarrollo del dominio público. Recurriendo a un símil futbolístico, cuando la polarización, cuando el polo autoritario, achica espacios, restringe, o reduce la pluralidad, hay que hacer un cambio de orientación, y sentido, abrir el campo de disputa y de juego. Una estrategia, no la única, es ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de los medios y resolver el déficit democrático cumpliendo lo estipulado en el artículo 20 de la Constitución para garantizar el derecho de acceso y participación, bien con servicios interactivos desde los medios públicos, o a través de consejos ciudadanos de participación en medios autonómicos y locales, además de la constitución de la Comisión Estatal de Medios que contempla el nuevo Reglamento de Bruselas con representación de asociaciones de vecinos, de consumidores y usuarios, de colectivos culturales,  los gremios y el tercer sector.
  • Una política estatal de formación mediática. Los casos de abuso en las redes, vulneración de las leyes por jóvenes y adultos en el capitalismo de plataforma, plantea un reto en nuestro país de capacitación educomunicacional, y no tanto en términos de superación de brechas digitales (por ejemplo, de los más mayores), como de formación ética de la ciudadanía digital para hacer pedagogía democrática de la mediación en la era de las redes expandidas por el capitalismo de plataformas.

El Derecho a la Comunicación es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el neofascismo. Y no casualmente, se trata del derecho fundamental para luchar por tener derechos, pues sin voz, sin derecho de acceso a los medios, sin derecho a la palabra no es posible movilizarse en la defensa de derechos y libertades fundamentales. Toda pedagogía de la esperanza pasa en este sentido por acometer este eje central de articulación y disputa de la hegemonía, y hoy por hoy la izquierda en España no está acometiendo este frente cultural como un eje prioritario, ni de forma activa ni a nivel institucional. Convendría pensar el por qué. Esta XV Legislatura debiera servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda, y el país reconozca, que regular los medios es garantizar mediaciones democráticas, que la comunicación es un derecho y no un negocio y que, por lo mismo, debe estar garantizado por ley, con políticas públicas activas. Este es el reto que hay que desplegar.

Sumar quiere abrir ya en el Congreso el debate sobre el reparto de la publicidad institucional a los medios

Share

Sumar ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley (PNL) con las que pretende abrir el debate sobre la publicidad institucional de los medios y su regulación. La Mesa debe aún calificarlas, por lo que aún no se sabe todavía cuándo se verán en la Cámara.

«La publicidad institucional es un reto. Hoy por hoy sirve como fondo para comprar voluntades y hacer campañas de desinformación. Deben utilizarse esos fondos con criterios de proporcionalidad, según audiencia, relevancia y diversidad», afirma a Público el diputado Francisco Sierra, portavoz de Sumar en la Comisión de Calidad Democrática y catedrático de Teoría de la Información en la Universidad de Sevilla. La comisión parlamentaria aborda desde hace meses sesiones sobre desinformación en España.

En el texto de las proposiciones se recoge la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español el reglamento europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. «A la espera, hay medidas urgentes que deben ser acometidas por el Estado, al ser en algunos casos tareas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico desde la transición«, plantea Sumar.

Así, en la primera de las PNL, en cuya exposición de motivos se plantea que existe un «contexto de crisis del periodismo» y una «peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en el sistema mediático«, lo que, a juicio de Sumar, «hace necesario definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información».

Así, Sumar plantea en la proposición cinco asuntos además de la necesidad de «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».

Por un lado, el «diseño» de «un plan de alfabetización mediática y digital de la ciudadanía para el desarrollo de competencias socioculturales contra la manipulación informativa y la desinformación». Por otro, la derogación de la llamada ley mordaza, que «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información».

Además, «adoptar medidas de protección del trabajo periodístico y regular los procesos de robotización de las redacciones con el uso inapropiado de la Inteligencia Artificial». También, «impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes imprescindible para el desarrollo del periodismo de investigación».

Y, por último, «promover políticas contra la precariedad de los profesionales de la información que protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos, impulsando medidas de igualdad de género en los puestos directivos de nuestro sistema informativo».

Servicios comunitarios

En la segunda de las proposiciones, Sumar se ocupa del fomento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. El partido explica en el texto que «la Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010, de 31 de marzo, creó una nueva categoría de radio y televisión por ondas terrestres, [estos servicios, que estarían] destinados a atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales y fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo».

Añade Sumar en la PNL: «Desde la creación de este tipo de servicios, han sido numerosas las solicitudes realizadas por las Comunidades Autónomas para que la Administración General del Estado planificara el espectro radioeléctrico necesario para proceder a conceder licencias. Sin embargo, hasta el momento […] el Estado no ha planificado ninguna frecuencia ni ha establecido ninguna normativa. La inacción por parte del Gobierno impide a las Comunidades Autónomas el desarrollo de sus competencias y supone una restricción a la libertad de expresión al impedir la creación de estos nuevos medios de comunicación».

Así, Sumar plantea lo siguiente al respecto. Por una parte, «habilitar en el plazo de 6 meses el dominio público radioeléctrico solicitado por las Comunidades Autónomas para destinar a servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro». Y, por otra, elaborar «un censo de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro» y «desarrollar un plan de fomento» para apoyar estos servicios, que contenga una «convocatoria anual de ayudas».

Sumar defiende luchar contra la desinformación en el Día Mundial de la Libertad de Prensa

Share

Francisco Sierra, diputado de Sumar, ha organizado junto al Grupo HERMES la jornada «Los retos de la libertad de prensa. Hacia el derecho democrático a la comunicación» para debatir sobre la situación actual del periodismo y realizar propuestas relativas a la protección de un bien público como la comunicación.

Desde 1993, cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La fecha fue escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para rememorar la Declaración de Windhoek. En este manifiesto de 1991 elaborado en un seminario de la UNESCO, representantes de diversos medios de comunicación africanos lograron establecer los principios fundamentales de la libertad de prensa. Además, en esta fecha, se homenajea a todos los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

Francisco Sierra, diputado y portavoz de Sumar en la Comisión de Calidad Democrática, ha gestionado este acto junto a Daniela Monje (coordinadora del Grupo Hermes y profesora en la Universidad Nacional de Córdoba -Argentina-) para conmemorar este Día Mundial de la Libertad de Prensa. En esta jornada celebrada en la Sala Sagasta del Congreso de los Diputados, Francisco Sierra ha lamentado que «ha habido serios retrocesos en el sector del periodismo por el ascenso de la extrema derecha«. Además, la conferencia ha contado con la intervención de varios periodistas y académicos especializados en comunicación.

Retos internacionales de la libertad de prensa

Daniel Cabrera, profesor de la Universidad de Zaragoza, mostró la realidad vivida actualmente por el periodismo de Sudamérica. «La polarización es un tema central de América Latina. El populismo parecía un movimiento de izquierda, pero Trump, Bolsonaro y Milei demostraron que también puede ser un movimiento de derecha. Se está produciendo un afán de controlar la opinión pública desde las emociones que fomentan esos populismos», afirmó Cabrera.

Asimismo, el catedrático Luis Albornoz mencionó el estudio anual Freedom in the World de la ONG estadounidense Freedom House, en el que se constata que la libertad de prensa mundial ha disminuido por 18º año consecutivo. En los últimos meses, el deterioro fue tan amplio que esta disminución de la libertad de prensa afectó a una quinta parte de la población mundial. Los derechos políticos y civiles descendieron en 52 países de los 73 analizados por el estudio. Destaca el caso de Ecuador, que pasó de ser un país libre a parcialmente libre por la violencia y asesinatos de candidatos vividos en sus últimas elecciones. Albornoz también recuerda que, en la última clasificación por la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, se considera que las condiciones para ejercer correctamente el periodismo sólo se dan en una cuarta parte de los países del mundo.

«Esta pérdida de derechos se ha dado por ataques al pluralismo, cada vez más intensos. Estas tendencias generan una inestabilidad para la democracia justo en un año con gran trascendencia electoral en el que más de la mitad de la población acudirá a las urnas«, sostiene Luis Albornoz.

El problema de la concentración mediática

Además, también se trató la temática de los oligopolios existentes en el sector de la comunicación. Daniel Cabrera afirma que «la libertad de expresión no es solo una cuestión de los periodistas. También es un negocio de los empresarios tecnológicos y un lugar de inversiones muy poderosas para orientar sentimientos con la publicidad».

Albornoz también reflexionó sobre esta concentración mediática que se está expandiendo por todo el mundo. «No se trata de que haya una gran cantidad de medios porque muchos medios pueden ofrecer los mismos contenidos, sino de establecer ricos sistemas mediáticos con diversidad de contenidos y descentralizados geográficamente. Por desgracia, las estructuras monopolísticas y oligopolísticas de los medios de comunicación siguen siendo comunes en todo el mundo».

La libertad de prensa entendida desde tres posturas

Otro de los participantes en este acto organizado por Sumar fue Joan Pedro Carañana, Doctor Europeo en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo por la Universidad Complutense. Según Carañana, existen tres posiciones para entender la libertad de prensa.

«Existe una posición neoliberal que confunde la libertad de prensa con la libertad de difamar, difundir bulos… También censura las perspectivas con las que no coincide y controla con oligopolios el sistema mediático. El principal referente en esta posición es Milton Friedman, que apuesta por controlar el discurso según sus propios intereses».

La segunda perspectiva expuesta por Carañana es la posición liberal ilustrada, que encuentra en Voltaire su mayor exponente. «Voltaire pensaba que la libertad de expresión o de prensa es la libertad del que piensa diferente, pero esa libertad no debe usarse para manipular. Además, otro liberal ilustrado como Adam Smith era partidario de un libre mercado verdadero con muchos propietarios y productores de diferentes características. Esta perspectiva defiende la diversidad de mensajes en la opinión pública».

«En tercer lugar, tenemos la perspectiva crítica. Chomsky analiza las estructuras que limitan la libertad de prensa. Esas estructuras son la propiedad de los medios y la influencia de los anunciantes. Esta perspectiva es crítica con la censura y con la propia autocensura del periodista. También denuncia que, en el periodismo, existe un imperativo de la brevedad. Las redes sociales y la televisión combinan esta brevedad del mensaje con el sensacionalismo».

Según Joan Pedro Carañana, la solución a los problemas actuales del sector mediático se encuentra en combinar estas dos últimas perspectivas para recuperar la dignidad del periodismo y evitar su caída en prestigio.

Propuestas finales de Sumar para la protección del derecho a la información

Francisco Sierra concluyó el acto con una serie de propuestas y reflexiones finales. «La sociedad civil debe considerar que el derecho a la comunicación garantiza la democracia. Esa es nuestra herramienta para demandar derechos. Es necesario reformar el sistema mediático para apoyar a los medios independientes. También hay que elaborar una nueva Ley de Publicidad Institucional que evite la instrumentalización de las subvenciones a medios».

Otra sugerencia que salió a la luz en la Sala Sagasta fue la constitución de un Consejo Estatal de Medios independiente que examine a los medios de comunicación. También fue propuesta la creación de un Foro Ciudadano por el Derecho a la Comunicación para sentar las bases de futuras iniciativas legislativas relativas a la regulación de los medios. La constitución de una comisión legislativa sobre comunicación, una nueva política de transparencia sobre publicidad institucional y propiedades de medios, medidas para evitar los oligopolios mediáticos y la recuperación del concurso público en el Consejo de RTVE fueron otras ideas debatidas en este acto organizado en el Congreso de los Diputados.

Nicaragua y las agresiones híbridas

Share

Qué ha sucedido en Haití, qué se mueve en Cuba, por qué Nicaragua vuelve de nuevo a ser objetivo de polémica en la prensa internacional. La respuesta está en los documentos del Pentágono. Julian Assange nos lo ha contado todo en detalle y hoy es víctima del terrorismo imperialista. Mientras en Fort Benning, en el Instituto del Hemisferio Occidental, antigua Escuela de las Américas, siguen formando a los militares golpistas en la doctrina Reagan de la guerra irregular.

La misma que pone a Haití como estudio de caso y modelo ejemplar de exitoso golpe blando por el que Estados Unidos se presentó a la Opinión Pública mundial como mediador ante Raoul Cedras cuando en verdad fue el promotor del derrocamiento de Aristide. Y en esas seguimos, lamentablemente para Nicaragua, laboratorio de la doctrina de contrainsurgencia desde los años ochenta y hoy campo de despliegue de la llamada guerra híbrida.  Como en el caso de Cuba su posición geopolítica es estratégica y considerada dentro del perímetro de alta seguridad por su natural conexión, como con el canal de Panamá, entre el Atlántico y el Pacífico, sin contar, como en el caso de Brasil, las reservas acuíferas.

Si el siglo XX Estados Unidos promovió las guerras imperialistas por el petróleo, los asesores del Departamento de Estado estadounidense definen en este milenio los conflictos en virtud de la posesión del bien preciado del agua. Como siempre es una cuestión no solo ideológica, en la lucha contra el sandinismo, sino material. Por ello, en este contexto, desde 2018, y aún antes, como ya sucediera en la guerra sucia de la contra en los años ochenta, el gobierno de Daniel Ortega ha padecido innumerables dificultades por la acción permanente de las fuerzas colaboracionistas internas que apoya el imperialismo.

Pese a todo el gobierno sandinista ha logrado notables éxitos en materia de economía social, en la gestión del propio covid, notablemente superior en países progresistas como Cuba, respecto a los casos de gobiernos neoliberales como Ecuador o Colombia. La apuesta por la soberanía, la colaboración sur-sur y el apoyo a pequeños y medianos productores con políticas activas de inclusión y participación ciudadana explican el amplio respaldo de la población al proyecto de Sandino en el país, así como el fracaso de la intervención golpista que ha promovido con violencia la oposición derechista y un saldo de más de 200 muertos. Pese a ello la guerra irregular, la llamada guerra híbrida no cesa, pues, como en su origen la guerra de baja intensidad, el objetivo no es tanto militar como cultural, derrotar, en el frente ideológico, la voluntad de independencia y de transformación de los amplios sectores populares que apoyan como antaño el sandinismo.

El planteamiento de este tipo de ataques es generar desconfianza en el sistema democrático, político y administrativo del país e intentar socavar su cohesión social para legitimar la restauración conservadora como ya se hiciera con la victoria de Violeta Chamorro tras el asedio y guerra abierta y permanente de la ultraderecha estadounidense y sus aliados en lo que constituyera una condena internacional del gobierno Reagan por el Irangate.

Hoy los modos de intervención no son abiertamente militares pero el objetivo y modus operandi es en esencia el mismo. Brian Fleming define la guerra híbrida como la síntesis de varios tipos de guerra: guerra convencional, guerra asimétrica, guerra irregular, guerra no lineal, ciberguerra, guerra compuesta, entre otras. En definitiva, un tipo de guerra irrestricta en la que no hay límites porque todo vale. De ahí a la impresentable calificación de El País de Nicaragua como el gulag centroamericano (proclama de propaganda ya usada en tiempos de la Contra en la prensa internacional al amparo de la Casa Blanca con la colaboración de Felipe González que ha seguido los mismos pasos en Venezuela) hay un paso.

En este sentido, cabe situar la campaña de desinformación sobre el país en el contexto, como advierte Maurice Lemoine, de la hoja de ruta de la oposición «Nica» que ha comenzado a denunciar una «farsa electoral» por adelantado. El mismo guión que en Bolivia, antes Brasil o Ecuador a pesar de que todas las encuestas dan como ganador al actual jefe de Estado, incluida la nada sospechosa agencia de investigación Gallup. Desde este punto de vista, el objetivo del golpe blando de derrocar a Ortega no es otro que liquidar el sandinismo, como antaño con Hugo Chávez o como sabemos desde hace décadas en la guerra sostenida contra Castro.

Es una ley conocida de la propaganda, personalizar, demonizar al enemigo, para abstraer la inobjetable razón moral que es la inmoralidad imperialista de revertir los cambios y avances que hasta The Economist reconoce y por el que Ortega ganó, y ganará, ampliamente las elecciones revalidando el apoyo popular al proyecto de cambio que representa, de ahí la campaña mediática cuestionando con anticipación lo que la democracia refrendará.

Es previsible por ello que, en el manejo del tiempo de respuesta variable, un aprendizaje de la experiencia aplicada con motivo del tratado de Esquipulas y la guerra de baja intensidad, se intensifiquen los ataques y la campaña de aislamiento del gobierno de Nicaragua auspiciado desde la Casa Blanca usando para ello métodos y operativos encubiertos que justifiquen ante la opinión pública internacional la remoción de un gobierno molesto para los intereses del imperio. En esta guerra, el rol de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), y la Unión Nacional Azul y Blanca (UNAB), así como la supuesta izquierda que no tuvo rubor en apoyar a la derecha electoralmente y hasta la intervención en el país, no es más que la de colaboracionistas y peones del imperialismo.

Estos “guardianes de la libertad2, “los adalides de la democracia”, terminarán sin embargo fragmentándose, como en Venezuela, porque los Chamorro y sus arietes de la OEA como Almagro no tienen un proyecto de país, sino negocios varios que más pronto que tarde terminan por entrar en crisis y en el divisionismo propio de quienes proyectan para el istmo lo ya vivido en otros territorios como Libia u Honduras. El guión es ya más que conocido y documentado y comprende desde sanciones, amenazas, acusaciones infundadas, perjuicio interno y externo, ciberataques, guerra psicológica sustentada en la manipulación y tergiversación  mediática y redes sociales, el uso de la criminalidad común o la operación conjugada con determinados países, encabezados por Estados Unidos y una amplia batería de recursos propios de la retórica imperial bien detallados por Carlos Midence en su último ensayo sobre las relaciones de Estados Unidos con Nuestramérica. Como desde el siglo XIX, Estados Unidos utiliza tanto la presión bilateral a los países o instituciones que se han prestado históricamente a sus designios como formas de intervención y agresión militar en la continua ocupación de lo que considera su patio trasero, empezando a tal fin por el estrangulamiento de fondos internacionales de cooperación y continuando con el sabotaje y la financiación de la contra de ONGs.

Sobre ellas ya advirtió el politólogo James Petras en la medida que constituyen el frente cultural de la guerra ideológica, como venimos observando desde las operaciones de paz de la administración Clinton. La intervención por razones humanitarias sea en Kosovo o como ahora se propone en Cuba es un clásico del discurso de la injerencia imperialista. Así, hoy de nuevo, como en Venezuela, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Fundación para la Nueva Democracia (NED), creada en 1983 por Reagan para sustituir a la CIA en la organización de acciones «no armadas» en los tiempos de la Contra; Freedom House o la Open Society de George Soros financian, forman, coordinan y dan sostenimiento a la supuesta «sociedad civil» que quieren democratizar, imaginamos que como en Colombia, el país.

En la última década, se han destinado más de 80 millones de dólares a esta labor beneficiando a actores políticos como la Fundación Chamorro con las que se han ramificado las bases mediáticas internas del imperialismo : la Fundación ha estado alimentando los canales de televisión 10, 11 y 12, Vos TV, Radio Corporación, Radio Show Café con Voz, así como las plataformas digitales 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, BacanalNica y Despacho 505, entre otros. Mientras proliferan en la prensa internacional acusaciones falsas valiéndose de la estructura concentrada de poder informativo en una suerte de golpismo mediático que hemos documentado ampliamente en nuestro estudio “Golpes mediáticos. Teoría y análisis de casos en América Latina” (CIESPAL, Quito, 2016).

La más reciente es la campaña sobre los arrestos ordenados por el ministerio público nicaragüense a sujetos que han intentado desestabilizar, promover sanciones e implorar, a los mismos Estados Unidos, que perpetre una invasión militar al país ignorando que, como en la invasión al Capitolio, hay una Ley de Seguridad Nacional que aplicar y que en algunos casos, pese a lo dicho por la prensa no eran ni candidatos como se ha querido vender en los medios.

Nada dicen los medios sin embargo sobre el financiamiento que Estados Unidos les ha entregado a actores locales para desestabilizar el país. No sé si los profesionales de la información y los guardianes de la libertad han asumido que quien revele tales realidades ocultas a la opinión pública correrán la misma suerte que Assange. El caso es que es obvio y comprobable para cualquier atento analista que no trabaje subvencionado por las generosas fundaciones privadas al servicio del imperio que la tónica de la guerra híbrida utilizada pretende desviar el cauce de las investigaciones y la aplicación del marco jurídico reproduciendo sin límites la falsedad mediante fake news, postverdades, relatos ilusorios, el adecuado framing y las no-noticias, las verdaderas bases mediáticas de las fuerzas especiales de desestabilización del sandinismo.En el mundo al revés, la detención de golpistas es un ataque a la democracia, y el derrocamiento de presidentes electos como Evo Morales la norma deseable para la restauración incuestionable del sistema. Un simple análisis del discurso comparado sobre la cobertura de la prensa internacional de la Santa Alianza en torno a las masacres y responsables del golpe en Bolivia y las recientes detenciones en Nicaragua,  dejaría en evidencia las contradicciones de los medios mercantilistas en el empeño por instalar una realidad con la que legitimar lo que en verdad siempre ha procurado el imperialismo.

El talón de Aquiles que revela este proyecto de agresión es como siempre el hilo rojo de la historia y la circulación del dinero, en este caso la financiación de las fundaciones, ONGs y agencias que han sido Caballos de Troya, Cipayos, que han actuado a la sombra de los designios del imperio para revertir las conquistas históricas de soberanía y dignidad del pueblo, que, sabemos, tiene más inteligencia que lo que piensan los estrategas del Pentágono.

Nicaragua, en medio de tanto asedio surgido de los centros de poder colonial/imperial que, por diversas razones no soportan que países como éste defiendan su soberanía, resiste para avanzar y retomar el hilo histórico que, en su caso, marcó Sandino. Toda la maquinaria de propaganda es insuficiente para revertir la voluntad insumisa de un pueblo libre, por más que arrecie la campaña de desprestigio y manipulación en medios internacionales. Como describe Luis Buñuel en La edad de oro, los medios son como un escorpión que esconde en sus terminales el veneno del combate y la información, y en este terreno nos encontramos para el caso de Nicaragua. Toca ahora, desde la libertad e independencia, contar la verdad de las crónicas vertidas por la guerra híbrida imperial. Es una cuestión de dignidad y de Derechos Humanos.

Nicaragua y las agresiones híbridas

Share

Qué ha sucedido en Haití, qué se mueve en Cuba, por qué Nicaragua vuelve de nuevo a ser objetivo de polémica en la prensa internacional. La respuesta está en los documentos del Pentágono. Julian Assange nos lo ha contado todo en detalle y hoy es víctima del terrorismo imperialista. Mientras en Fort Benning, en el Instituto del Hemisferio Occidental, antigua Escuela de las Américas, siguen formando a los militares golpistas en la doctrina Reagan de la guerra irregular.

La misma que pone a Haití como estudio de caso y modelo ejemplar de exitoso golpe blando por el que Estados Unidos se presentó a la Opinión Pública mundial como mediador ante Raoul Cedras cuando en verdad fue el promotor del derrocamiento de Aristide. Y en esas seguimos, lamentablemente para Nicaragua, laboratorio de la doctrina de contrainsurgencia desde los años ochenta y hoy campo de despliegue de la llamada guerra híbrida.  Como en el caso de Cuba su posición geopolítica es estratégica y considerada dentro del perímetro de alta seguridad por su natural conexión, como con el canal de Panamá, entre el Atlántico y el Pacífico, sin contar, como en el caso de Brasil, las reservas acuíferas.

Si el siglo XX Estados Unidos promovió las guerras imperialistas por el petróleo, los asesores del Departamento de Estado estadounidense definen en este milenio los conflictos en virtud de la posesión del bien preciado del agua. Como siempre es una cuestión no solo ideológica, en la lucha contra el sandinismo, sino material. Por ello, en este contexto, desde 2018, y aún antes, como ya sucediera en la guerra sucia de la contra en los años ochenta, el gobierno de Daniel Ortega ha padecido innumerables dificultades por la acción permanente de las fuerzas colaboracionistas internas que apoya el imperialismo.

Pese a todo el gobierno sandinista ha logrado notables éxitos en materia de economía social, en la gestión del propio covid, notablemente superior en países progresistas como Cuba, respecto a los casos de gobiernos neoliberales como Ecuador o Colombia. La apuesta por la soberanía, la colaboración sur-sur y el apoyo a pequeños y medianos productores con políticas activas de inclusión y participación ciudadana explican el amplio respaldo de la población al proyecto de Sandino en el país, así como el fracaso de la intervención golpista que ha promovido con violencia la oposición derechista y un saldo de más de 200 muertos. Pese a ello la guerra irregular, la llamada guerra híbrida no cesa, pues, como en su origen la guerra de baja intensidad, el objetivo no es tanto militar como cultural, derrotar, en el frente ideológico, la voluntad de independencia y de transformación de los amplios sectores populares que apoyan como antaño el sandinismo.

El planteamiento de este tipo de ataques es generar desconfianza en el sistema democrático, político y administrativo del país e intentar socavar su cohesión social para legitimar la restauración conservadora como ya se hiciera con la victoria de Violeta Chamorro tras el asedio y guerra abierta y permanente de la ultraderecha estadounidense y sus aliados en lo que constituyera una condena internacional del gobierno Reagan por el Irangate.

Hoy los modos de intervención no son abiertamente militares pero el objetivo y modus operandi es en esencia el mismo. Brian Fleming define la guerra híbrida como la síntesis de varios tipos de guerra: guerra convencional, guerra asimétrica, guerra irregular, guerra no lineal, ciberguerra, guerra compuesta, entre otras. En definitiva, un tipo de guerra irrestricta en la que no hay límites porque todo vale. De ahí a la impresentable calificación de El País de Nicaragua como el gulag centroamericano (proclama de propaganda ya usada en tiempos de la Contra en la prensa internacional al amparo de la Casa Blanca con la colaboración de Felipe González que ha seguido los mismos pasos en Venezuela) hay un paso.

En este sentido, cabe situar la campaña de desinformación sobre el país en el contexto, como advierte Maurice Lemoine, de la hoja de ruta de la oposición «Nica» que ha comenzado a denunciar una «farsa electoral» por adelantado. El mismo guión que en Bolivia, antes Brasil o Ecuador a pesar de que todas las encuestas dan como ganador al actual jefe de Estado, incluida la nada sospechosa agencia de investigación Gallup. Desde este punto de vista, el objetivo del golpe blando de derrocar a Ortega no es otro que liquidar el sandinismo, como antaño con Hugo Chávez o como sabemos desde hace décadas en la guerra sostenida contra Castro.

Es una ley conocida de la propaganda, personalizar, demonizar al enemigo, para abstraer la inobjetable razón moral que es la inmoralidad imperialista de revertir los cambios y avances que hasta The Economist reconoce y por el que Ortega ganó, y ganará, ampliamente las elecciones revalidando el apoyo popular al proyecto de cambio que representa, de ahí la campaña mediática cuestionando con anticipación lo que la democracia refrendará.

    Es previsible por ello que, en el manejo del tiempo de respuesta variable, un aprendizaje de la experiencia aplicada con motivo del tratado de Esquipulas y la guerra de baja intensidad, se intensifiquen los ataques y la campaña de aislamiento del gobierno de Nicaragua auspiciado desde la Casa Blanca usando para ello métodos y operativos encubiertos que justifiquen ante la opinión pública internacional la remoción de un gobierno molesto para los intereses del imperio. En esta guerra, el rol de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), y la Unión Nacional Azul y Blanca (UNAB), así como la supuesta izquierda que no tuvo rubor en apoyar a la derecha electoralmente y hasta la intervención en el país, no es más que la de colaboracionistas y peones del imperialismo.

Estos “guardianes de la libertad2, “los adalides de la democracia”, terminarán sin embargo fragmentándose, como en Venezuela, porque los Chamorro y sus arietes de la OEA como Almagro no tienen un proyecto de país, sino negocios varios que más pronto que tarde terminan por entrar en crisis y en el divisionismo propio de quienes proyectan para el istmo lo ya vivido en otros territorios como Libia u Honduras. El guión es ya más que conocido y documentado y comprende desde sanciones, amenazas, acusaciones infundadas, perjuicio interno y externo, ciberataques, guerra psicológica sustentada en la manipulación y tergiversación  mediática y redes sociales, el uso de la criminalidad común o la operación conjugada con determinados países, encabezados por Estados Unidos y una amplia batería de recursos propios de la retórica imperial bien detallados por Carlos Midence en su último ensayo sobre las relaciones de Estados Unidos con Nuestramérica. Como desde el siglo XIX, Estados Unidos utiliza tanto la presión bilateral a los países o instituciones que se han prestado históricamente a sus designios como formas de intervención y agresión militar en la continua ocupación de lo que considera su patio trasero, empezando a tal fin por el estrangulamiento de fondos internacionales de cooperación y continuando con el sabotaje y la financiación de la contra de ONGs.

Sobre ellas ya advirtió el politólogo James Petras en la medida que constituyen el frente cultural de la guerra ideológica, como venimos observando desde las operaciones de paz de la administración Clinton. La intervención por razones humanitarias sea en Kosovo o como ahora se propone en Cuba es un clásico del discurso de la injerencia imperialista. Así, hoy de nuevo, como en Venezuela, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Fundación para la Nueva Democracia (NED), creada en 1983 por Reagan para sustituir a la CIA en la organización de acciones «no armadas» en los tiempos de la Contra; Freedom House o la Open Society de George Soros financian, forman, coordinan y dan sostenimiento a la supuesta «sociedad civil» que quieren democratizar, imaginamos que como en Colombia, el país.

En la última década, se han destinado más de 80 millones de dólares a esta labor beneficiando a actores políticos como la Fundación Chamorro con las que se han ramificado las bases mediáticas internas del imperialismo : la Fundación ha estado alimentando los canales de televisión 10, 11 y 12, Vos TV, Radio Corporación, Radio Show Café con Voz, así como las plataformas digitales 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, BacanalNica y Despacho 505, entre otros. Mientras proliferan en la prensa internacional acusaciones falsas valiéndose de la estructura concentrada de poder informativo en una suerte de golpismo mediático que hemos documentado ampliamente en nuestro estudio “Golpes mediáticos. Teoría y análisis de casos en América Latina” (CIESPAL, Quito, 2016).

La más reciente es la campaña sobre los arrestos ordenados por el ministerio público nicaragüense a sujetos que han intentado desestabilizar, promover sanciones e implorar, a los mismos Estados Unidos, que perpetre una invasión militar al país ignorando que, como en la invasión al Capitolio, hay una Ley de Seguridad Nacional que aplicar y que en algunos casos, pese a lo dicho por la prensa no eran ni candidatos como se ha querido vender en los medios.

Nada dicen los medios sin embargo sobre el financiamiento que Estados Unidos les ha entregado a actores locales para desestabilizar el país. No sé si los profesionales de la información y los guardianes de la libertad han asumido que quien revele tales realidades ocultas a la opinión pública correrán la misma suerte que Assange. El caso es que es obvio y comprobable para cualquier atento analista que no trabaje subvencionado por las generosas fundaciones privadas al servicio del imperio que la tónica de la guerra híbrida utilizada pretende desviar el cauce de las investigaciones y la aplicación del marco jurídico reproduciendo sin límites la falsedad mediante fake news, postverdades, relatos ilusorios, el adecuado framing y las no-noticias, las verdaderas bases mediáticas de las fuerzas especiales de desestabilización del sandinismo.En el mundo al revés, la detención de golpistas es un ataque a la democracia, y el derrocamiento de presidentes electos como Evo Morales la norma deseable para la restauración incuestionable del sistema. Un simple análisis del discurso comparado sobre la cobertura de la prensa internacional de la Santa Alianza en torno a las masacres y responsables del golpe en Bolivia y las recientes detenciones en Nicaragua,  dejaría en evidencia las contradicciones de los medios mercantilistas en el empeño por instalar una realidad con la que legitimar lo que en verdad siempre ha procurado el imperialismo.

El talón de Aquiles que revela este proyecto de agresión es como siempre el hilo rojo de la historia y la circulación del dinero, en este caso la financiación de las fundaciones, ONGs y agencias que han sido Caballos de Troya, Cipayos, que han actuado a la sombra de los designios del imperio para revertir las conquistas históricas de soberanía y dignidad del pueblo, que, sabemos, tiene más inteligencia que lo que piensan los estrategas del Pentágono.

Nicaragua, en medio de tanto asedio surgido de los centros de poder colonial/imperial que, por diversas razones no soportan que países como éste defiendan su soberanía, resiste para avanzar y retomar el hilo histórico que, en su caso, marcó Sandino. Toda la maquinaria de propaganda es insuficiente para revertir la voluntad insumisa de un pueblo libre, por más que arrecie la campaña de desprestigio y manipulación en medios internacionales. Como describe Luis Buñuel en La edad de oro, los medios son como un escorpión que esconde en sus terminales el veneno del combate y la información, y en este terreno nos encontramos para el caso de Nicaragua. Toca ahora, desde la libertad e independencia, contar la verdad de las crónicas vertidas por la guerra híbrida imperial. Es una cuestión de dignidad y de Derechos Humanos.

Golpes mediáticos y desinformación en la era digital. La guerra irregular en América Latina.

Share

Este artículo reflexiona acerca del papel que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en el fenómeno de los “golpes mediáticos” en América Latina. Para ello, se explora el modelo de propaganda a través del análisis de cuatro casos relevantes de manipulación y desinformación en la región: los casos de Venezuela, México, Brasil y Ecuador. La principal conclusión a la que se llegó es que es necesario regular el sistema de medios tradicional y digital en pro de la democracia y la paz para impedir la desinformación y los golpes mediáticos.