Los medios de información en España no han mejorado la pesada herencia de la escuela Emilio Romero. Por lo general, con algunas excepciones puntuales, suelen actuar como medios de intoxicación que alimentan el escuadrismo y la reacción, una suerte de NODO posmoderno en el que se marcan los límites de lo pensable y de lo decible y ello sin distinción, desde luego en el duopolio televisivo, pero también en los medios públicos, mayoritariamente en manos de la derecha y VOX, véase el caso de Telemadrid o de Canal Sur donde personajes como Teodoro León Gross afinan la mirilla y disparan ejerciendo una suerte de postureo y violencia simbólica propias del fascismo amable que ya Nixon estableció como política de propaganda de la era Reagan: hablar suavemente y utilizar bien el garrote. Y así estamos, agarrotados, incluso en RTVE donde, paradójicamente, reina, nunca mejor dicho, la ley Calviño, la de quien fuera Director General del Ente, la misma del ala neoliberal del PSOE en el Banco Europeo de Inversiones que piensa que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero los hechos demuestran a diario exactamente todo lo contrario.
El reciente cese de la Presidenta Interina, Elena Sánchez, y el nombramiento de Concepción Cascajosa ponen en evidencia que el modelo de gobernanza de la Corporación RTVE es un sistema fallido, que es tiempo de mudanza de paradigma, que los poderes públicos han de procurar un verdadero esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, siguiendo en esta línea criterios equiparables a los de otros países de nuestro contexto europeo. No es tan difícil. Ya de hecho lo ensayamos con el concurso público para la Presidencia y composición del Consejo de Administración, un proyecto auspiciado por Unidas Podemos que el bipartidismo terminó por trabar ante el empeño de la izquierda de desgubernamentalizar los medios públicos en España. Persiste así, desde entonces, un modelo PP/PSOE que incide en el error de una anomalía histórica claramente excepcional en el marco europeo, un notorio déficit democrático que debe superarse resolviendo de inmediato al menos la renovación del Consejo de Administración, conforme a la ley vigente, además de la creación de una subcomisión parlamentaria para definir el nuevo convenio marco de cara al nuevo contrato programa que la Corporación ha de suscribir con el gobierno previo pacto de Estado por la democratización, financiación y estabilización de la empresa si es que de verdad hay voluntad política de acometer los retos, nada fáciles, de la actual revolución digital que está trastocando las formas, narrativas, formatos y modelos de gestión del servicio público audiovisual.
Podríamos enumerar en esta columna numerosas asignaturas pendientes que deben ser acometidas ante el nuevo ecosistema informativo, más aún en un contexto marcado por la estrategia de jibarización de los medios públicos iniciado en la era Mario Monti desde Bruselas logrando orillar a las empresas estatales hasta extremos insostenibles desde el punto de vista económico e institucional. Pero no es el caso aburrir al lector con detalles menores. Lo sustancial es constatar la ausencia de alternativa en la bancada de la derecha extrema y el PSOE neoliberal. En otras palabras, el futuro de la RTVE depende a día de hoy, primero y antes que nada, de la voluntad política y en segundo lugar de la demanda ciudadana que lamentablemente apenas se manifiesta. Hasta ahora solo los propios profesionales de la casa vienen pidiendo, a través de sus organizaciones sindicales, un plan de producción propia y el fortalecimiento de los recursos tecnológicos y de personal frente a la actual lógica de externalización que debilita la corporación y su autonomía estratégica como empresa vital para vertebrar el Estado y la cultura popular.
A falta de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que vele por la buena dirección de la RTVE, a la espera de concretar una política de Estado que de verdad dé sentido a la Secretaría de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, y que los dos partidos mayoritarios comprendan que el servicio público audiovisual es, como la sanidad, una cuestión de salud pública, quizás ha llegado la hora de empezar a definir una estrategia de campo abierto desde la sociedad civil organizada, promoviendo una Auditoría Ciudadana y una Coalición para la Teledetodos que impugne la lógica de la alternancia de los Contreras, MEDIAPRO y los intereses creados de siempre que han terminado por deteriorar hasta límites impensables la radiotelevisión pública.
Como rezaba el anuncio de La 2, somos la inmensa minoría, pero toda revolución empieza cuando y donde menos se la espera: en cada esquina y plaza pública, en los patios y encuentros de vecinos, en el corazón joven y rebelde de la generación Z que huyó de la pantalla chica y surfea de cuando en cuando por RTVE PLAY, en el arte de cineastas y amantes de la vida buena y la cultura con mayúsculas que confían en la ventana de oportunidad de la corporación para cultivar nuestros imaginarios o, como siempre, en los profesionales de la esperanza de la casa, no la de la escuela de Emilio Romero, que ya sabemos para lo que sirve, sino más bien la de Alicia Gómez Montano que, a la sazón, debiera ser hoy la Presidenta de la radiotelevisión pública por todos los méritos, conocimiento y potencia que acreditó en el concurso público, esa potencia que aún hoy pervive en Prado del Rey y que hay que mover para cambiar la historia, para cambiar el medio. En su momento, la muerte y los letrados del Congreso hicieron su trabajo. No dejemos que la RTVE termine por colapso e inacción. Es una cuestión elemental de democracia.
