Toda política pública pasa por la voluntad de intervención, el conocimiento y la pericia técnica, la construcción y articulación de procesos colectivos, el desbloqueo de obstáculos y la mediación productiva para el respaldo de la opinión pública. Entre la adaptación y la condescendencia, de un lado, y la posición revolucionaria que nos identifica, en SUMAR pensamos que es posible una vía reformista, una política que se piensa desde la mayoría social y que, por lo mismo, representa una estrategia contrahegemónica en un contexto definido por la llamada guerra cultural. Estos días de discusión sobre las medidas del gobierno sobre regeneración conviene pues aclarar el sentido y alcance de las propuestas que desde el Grupo Parlamentario Plurinacional hemos defendido y los retos que tenemos por delante para una transformación integral ante los rezagos que amenazan las libertades públicas en nuestro país. Como es sabido, en la cámara legislativa no existe una comisión específica que aborde cuestiones sustantivas en la materia, a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad reguladora que garantice el espíritu de la ley y la Constitución en su artículo 20. Esta constatación es reveladora de la lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales y de la propia actividad informativa.
El Plan de Acción por la Democracia viene a reformar parcialmente esta situación acometiendo la crisis de legitimidad y representación, y la problemática realidad de la desinformación intensiva que ha proliferado en los últimos años, con una batería de medidas centradas en tres ejes:
—La transparencia del sistema mediático.
—La mejora y cualificación de la información institucional del gobierno.
—Y la modernización del sistema normativo en línea con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios y las recomendaciones de la Comisión Europea.
LAS ENSEÑANZAS DEL BREXIT
Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo la deriva informativa que la revolución digital y el lobby del complejo industrial-militar del Pentágono, en particular los sectores ultraderechistas coordinados por Steve Bannon y otras potencias europeas, ha venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del Brexit. Desde hace cuatro años, en congruencia, la UE se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, garantizar el pluralismo en los medios de comunicación, combatir la manipulación informativa y la injerencia de intereses extranjeros, fiscalizar las plataformas de Silicon Valley y sostener un ecosistema político y mediático financieramente autónomo.
Con el inicio de la XV Legislatura, el PSOE impulsó, en esta línea, una discusión monográfica en la Comisión de Calidad Democrática sobre desinformación. El Plan aprobado por el Ejecutivo es en parte una síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo durante las comparecencias de expertos de la academia, periodistas, directores de medios y lógicamente de la iniciativa de las fuerzas del bloque de progreso, SUMAR, particularmente, que celebró el 3 de mayo el día de la libertad de prensa con un encuentro para debatir junto a sindicatos, colegios de periodistas, académicos y miembros del Grupo de Trabajo HERMES, los retos que Bruselas viene señalando a este respecto.
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se encaminan, punto por punto, a las exigencias comunitarias tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas de los medios de información, una apuesta que ha dado lugar a una reacción desmedida, en tono y forma, de la oposición ultramontana (PP y VOX) como de la prensa conservadora que, desde el inicio, calificó toda medida en materia de comunicación como censura, fija como está en la posición decimonónica del mantra liberal del libre flujo de la información. Las resistencias y negación de lo evidente de los medios ultra y la mirada neoliberal del PSOE limitan, ciertamente, la adopción de medidas urgentes en una dirección que, de verdad, garanticen el pluralismo y la democracia informativa. Cabe desde luego formular diversas críticas al Plan de Acción, pero lo importante es que esta iniciativa del ejecutivo abre un debate al que toda la sociedad civil está llamada a intervenir. Un primer paso es tomar la iniciativa y definir medidas de política pública en materia de pluralismo y transparencia del sistema nacional de información. Por supuesto que el Plan es manifiestamente mejorable. Por señalar tres puntos centrales:
- La derogación de la Ley Mordaza sigue siendo un compromiso incumplido del PSOE desde la anterior legislatura y esta posición inmovilista afecta no solo al trabajo de los periodistas, sino a principios básicos de la libertad de expresión como es el derecho de reunión y manifestación.
- Igualmente, las medidas de transparencia adoptadas son insuficientes si pensamos en la Ley de Secretos Oficiales o en la apuesta por un control de los abusos habidos con la publicidad institucional.
- Y para hacer cumplir las exigencias de Bruselas, hace falta un Consejo Estatal de Medios y una ley de Medios que aborde la actual concentración duopólica del sector. La transposición de esta norma a la legislación española debería implicar la mudanza de las competencias sobre el audiovisual, hoy en manos de la CNMC y del Ministerio de Economía, a un nuevo Comité Estatal de Servicios de Medios incluyendo la gestión del espacio radioeléctrico y la concesión de licencias; la capacidad normativa y sancionadora, prolijamente detallada en la Ley General de Comunicación Audiovisual; con la ampliación de sus atribuciones a la tutela de la calidad informativa en su vertiente deontológica; la gestión de la normativa que deba desarrollarse en relación a la publicidad y las subvenciones institucionales; las garantías necesarias para la transparencia informativa sobre las participaciones societarias y la propiedad de los medios; el desarrollo de medidas para la limitación de la concentración en el mercado de la comunicación; la regulación del derecho de acceso y participación de la sociedad civil y grupos sociales en los medios de titularidad pública etc…, extendiendo el ámbito de las competencias de este organismo a la prensa escrita en cualquier soporte, tal y como esboza el Reglamento.
Avanzar en el sentido de lo expuesto, requiere legislar más allá de lo que se puede esperar de una simple transposición de la norma europea, sujeta además a unos plazos. Pero persiste un debate no resuelto y una recurrente contraposición entre la defensa de la autorregulación de los propios medios y periodistas para la salvaguarda de la veracidad y la deontología en el ejercicio de la profesión y la regulación a través de organismos ajenos al universo corporativo y lo que se impone de forma recurrente es el falseamiento, como hacen los propios medios comerciales, de la propia historia de la comunicación y los antecedentes de regulación de un servicio público esencial para la democracia. Cabe recordar, por ejemplo, que la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) contempló inicialmente la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero posteriores reformas de la norma no contemplaron este organismo, hoy demandado por el actual Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Y que incluso en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia o Portugal existen entes autónomos que responden a una lógica distinta a la que sostiene el PSOE y su política neoliberal en materia de comunicación.
El derecho a la comunicación es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el neofascismo. Y la izquierda en España no está acometiendo este frente cultural como un eje prioritario
RETOS DEMOCRÁTICOS
Desde el GP de SUMAR sabemos que apenas empieza la disputa de la hegemonía por la democratización de la comunicación. Urge situar por ello el debate en sus debidos términos, hacer memoria democrática de los frentes y luchas por el derecho a la comunicación, y empezar a abrir cinco ejes de diálogo y acuerdo para el consenso democrático que, necesariamente, habrá de liderar la sociedad civil, considerando las posiciones hoy hegemónicas entre las principales fuerzas partidarias. A saber:
- Una reforma institucional de la RTVE para una dirección plural, independiente, en condiciones propicias para convertirse en la ventana de encuentro, pluralidad, innovación, diversidad y disenso de nuestra cultura y política a nivel estatal.
- El diseño de un gobierno abierto que permita la interlocución en cada proposición de ley, con capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales y cualquier colectivo ciudadano sobre asuntos de interés público o específico de la población. Para ello, muchos Estados, Brasil y México, por ejemplo, pero también Portugal, tienen canales de televisión que además emiten las sesiones de pleno y de comisión para cumplir con el derecho de acceso de la ciudadanía.
- Una ley de transparencia que regule la publicidad institucional, auténtico fondo de reptiles del siglo XXI, por el que se financian medios digitales de extrema derecha y golpistas que socavan la democracia sin control ni fiscalización pública. Un mínimo común sobre el que resulta incuestionable estar de acuerdo es el hecho de que la ciudadanía merece saber quién, cuánto y cómo se financian los medios de comunicación. Es una medida de transparencia mínima en cualquier democracia. Esta regulación es además un requisito necesario para vindicar un reparto justo y equilibrado que garantice financiar medios sin ánimo de lucro, o comunitarios, con carácter cooperativo, que dan voz a sectores que no tienen medios de expresión ni acceso a las grandes compañías y/o canales de comunicación.
- El desarrollo del dominio público. Recurriendo a un símil futbolístico, cuando la polarización, cuando el polo autoritario, achica espacios, restringe, o reduce la pluralidad, hay que hacer un cambio de orientación, y sentido, abrir el campo de disputa y de juego. Una estrategia, no la única, es ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de los medios y resolver el déficit democrático cumpliendo lo estipulado en el artículo 20 de la Constitución para garantizar el derecho de acceso y participación, bien con servicios interactivos desde los medios públicos, o a través de consejos ciudadanos de participación en medios autonómicos y locales, además de la constitución de la Comisión Estatal de Medios que contempla el nuevo Reglamento de Bruselas con representación de asociaciones de vecinos, de consumidores y usuarios, de colectivos culturales, los gremios y el tercer sector.
- Una política estatal de formación mediática. Los casos de abuso en las redes, vulneración de las leyes por jóvenes y adultos en el capitalismo de plataforma, plantea un reto en nuestro país de capacitación educomunicacional, y no tanto en términos de superación de brechas digitales (por ejemplo, de los más mayores), como de formación ética de la ciudadanía digital para hacer pedagogía democrática de la mediación en la era de las redes expandidas por el capitalismo de plataformas.
El Derecho a la Comunicación es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el neofascismo. Y no casualmente, se trata del derecho fundamental para luchar por tener derechos, pues sin voz, sin derecho de acceso a los medios, sin derecho a la palabra no es posible movilizarse en la defensa de derechos y libertades fundamentales. Toda pedagogía de la esperanza pasa en este sentido por acometer este eje central de articulación y disputa de la hegemonía, y hoy por hoy la izquierda en España no está acometiendo este frente cultural como un eje prioritario, ni de forma activa ni a nivel institucional. Convendría pensar el por qué. Esta XV Legislatura debiera servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda, y el país reconozca, que regular los medios es garantizar mediaciones democráticas, que la comunicación es un derecho y no un negocio y que, por lo mismo, debe estar garantizado por ley, con políticas públicas activas. Este es el reto que hay que desplegar.
