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La ‘Operación López’ y la urdimbre de la tutela informativa

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La apuesta por la autonomía y gobernanza democrática de Radiotelevisión Española (RTVE) y de los medios públicos en España es una tarea inaplazable, por más que el debate público en nuestro país parezca anclado en el siglo XX –hablando de ETA– o, a veces, en el XIX –cuando se trata de la monarquía y la relación con las antiguas colonias–.

El caso es que el Plan de Acción Democrática nos ha situado ante el reto de cambiar de pantalla. Y no parece que las fuerzas mayoritarias del bipartito se hayan dado cuenta del cambio de marco en el que estamos. Hace meses advertimos que el cese de la presidenta interina, Elena Sánchez, ponía en evidencia un modelo fallido de gobernanza, el del PP/PSOE, y que era hora de apostar por un esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, tal y como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Hasta la fecha, PP y PSOE nada han hecho. Y el Real Decreto convalidado por el Congreso es una errática respuesta a la lógica de bloque institucional de la derecha.

Si el concurso público para la elección de la Presidencia y el Consejo de Administración fue una ocasión fallida para desgubernamentalizar el ente, hoy la falta de dominio del bipartidismo debiera ser la ocasión, si de una dirección independiente hablamos, para plantear retos urgentes que PP y PSOE no han cumplido como fuerzas mayoritarias en el Congreso, manteniendo la situación de excepcionalidad en el marco europeo que debe superarse resolviendo de inmediato:

  1. La aprobación de un mandato marco renovado y posterior aprobación del primer Contrato-Programa entre el Gobiernos y la Corporación RTVE.
  2. Un pacto de Estado para la democratización, financiación y estabilización de la RTVE con el fin de acometer los retos tecnológicos de la convergencia digital.
  3. Reforzar la producción propia y la activación de centros territoriales como el de Andalucía con la paralización urgente de la externalización de programas, formatos y medios.
  4. Cumplir el mandato constitucional del Artículo 20 de acceso y participación con la constitución de un Consejo Ciudadano conformado por representantes de la sociedad civil (sindicatos, asociación de consumidores, organizaciones de defensa de la audiencia, academia) que proponga y evalúe el desempeño del servicio público audiovisual de RTVE.
  5. Democratizar la gestión interna del ente retomando órganos como la Mesa de Producción Propia con el espíritu que se ideó.

Quienes siempre hemos defendido las políticas de comunicación, estamos convencidos de que, más pronto que tarde, esta dinámica cambiará, sea por acción comprometida de profesionales y sociedad civil o por obligación, al tener que cumplir el Reglamento Europeo de Medios.

La Operación López, que algunos irónicamente la tildan de simulada revuelta, en la que están empeñados tanto el PSOE como pareciera que el PP, y hasta los de Pablo Iglesias, no será sostenible en el tiempo, por más que el modelo patriarcal de dominio caciquil dentro y fuera de la Corporación trate de pervivir en el tiempo capturando el dominio público y lo común.

El viejo topo de la historia opera lentamente, pero de forma irremisible. Incluso allá donde parece que nada pasa y todo sigue igual, como en Andalucía. En Galicia, se ha movilizado el personal contra la manipulación del PP; otro tanto sucede en Telemadrid y, mientras tanto, en la RTVA, el informe del Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado la deriva privativa y decadente de los responsables de la tele de todos los andaluces.

Más de 400 ejemplos en el que Andalucía y los andaluces han dejado de ser el centro de la televisión pública y han sido desplazados por una agenda ideológica al servicio de intereses políticos. En suma, los Servicios Informativos de Canal Sur han abandonado su misión de servicio público, la información veraz, plural, rigurosa, imparcial e independiente a que obligan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA, el Contrato Programa, la Carta de Servicio Público y el Estatuto Profesional, abonado como está históricamente la derecha ultramontana a la censura, la propaganda y el modelo Fox News que anticipara Urdaci.

En la RTVE es previsible que vuelvan los viernes de negro y, mientras tanto, unas pocas voces no conseguimos cambiar la lógica de la Cámara con debates de altura para mejorar nuestro sistema público audiovisual. Francamente, no nos lo merecemos, ni la UE lo admite. Tiempo de mudanza pues.

Compadecencia

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A día de hoy no sabemos sin en el Congreso de los Diputados priman las comparecencias o las compadecencias. Tiendo a pensar que esto último, y no por decencia en común, ya quisiéramos, sino por acompañar obligatoriamente el principio de rendición de cuentas, a veces sin cuentos, ni contar nada, pero padeciendo en primera persona del singular, al cargo que le toque en suerte.

Uno, que es militante del principio esperanza, tiende a pensar que el viejo topo de la historia hará su trabajo. Mientras, a corto plazo, toca disputar la guerra de posiciones, en la trinchera que nos ha tocado en suerte ejercer como diputados: toda una aventura, les aseguro.

Para el caso, estos días tuvimos la Comisión Mixta de Control de la Radio Televisión Española (RTVE) con la presidenta interina de la Corporación, la señora Concepción Cascajosa, a quien tenemos por desgracia al frente de la teledetodos fiel a su partido, el PSOE, pero que comparte con el PP –y no digamos VOX– el mal hispano de la patrimonialización, la cultura de considerar lo público propio y el Estado, un espacio de subsunción y expropiación de lo común.

No se disguste el lector con esta afirmación categórica pues, siendo como somos de la tribu Anguita, sabemos que existe una diferencia significativa entre estos partidos. El PP es más del orden del NODO, de la televisión franquista, fieles a la tradición de su fundador, Manuel Fraga, a la sazón ministro de Información y Turismo.

Estos días, justamente, el Comité Intercentros de la Televisión de Galicia (TVG) denunciaba un nuevo caso de “represión contra los trabajadores díscolos que le plantan cara a la dirección o se ponen a las prácticas de manipulación informativa”.

El afectado es el redactor David Fernández Vázquez. Pese a ser declarado indefinido por un juzgado de lo social, en noviembre, al considerar su despido improcedente, la TVG optó por indemnizarlo en vez de readmitirlo, “algo que nunca había sucedido en esta categoría laboral”.

De Telemadrid o Valencia ni hablemos. Y en Telemoreno, el Consejo Profesional ha denunciado la censura y manipulación de la directora de Informativos, alumna aventajada de Urdaci, por esconder, por ejemplo, en los informativos la noticia del informe desfavorable de Intervención sobre la gestión del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía con motivo de contrataciones no fiscalizadas, y arbitrarias, además de la devolución de los fondos destinados a guarderías. Sobre la ley de amnistía o Venezuela pueden imaginar que Canal Sur dio todo lujo de detalles.

Por descontado, VOX querría esta deriva goebbelsiana de Juan de Dios y Carmen Torres, con más toros, Bertín Osborne y, dos huevos duros, los del cantante José Manuel Soto que siempre repite Por ella, y no es España, sino, como la historia nos enseña de la ultraderecha patria, más bien canta todo lo que sea por la pasta. Ya saben, piden alzar el brazo para robarnos mejor la cartera.

Nada que ver con las sutilezas neoliberales del PSOE. Cien años de honradez y un paraíso fiscal en las Caimán. Para ello, Felipe hizo monárquico el partido, siempre en defensa del rey emirato, que dijo al comandante Chávez que se callara y eso logró durante su reinado con el silencio protector de los medios nacionales, los mismos que hoy defienden la democracia en Venezuela.

Como Isidoro, deben referirse a la Democracia de los Carlitos: la de Carlos Andrés Pérez, Carlos Salinas de Gortari o Carlos Menem que, para el caso, es lo mismo que Milei, o quizás esté pensando en el modelo Reagan, condenado por un tribunal penal internacional por la guerra sucia en Nicaragua contra el sandinismo, mientras empleados de la CIA, como Edmundo González, planificaban el asesinato selectivo de toda oposición en El Salvador.

¿Y qué tiene que ver esto con la teledetodos? Se preguntará el lector. Pues, políticamente, todo. Porque en el PSOE, lo de la regeneración democrática es puro postureo instagramer. Un reclamo para ocultar al personal los negocios silentes del IBEX 35 y sus terminales mediáticas.

Traducido en gestión de la televisión, el resultado es equivalente al del PP: un “viva la prensa libre” para garantizar que los de siempre cojan el dinero y corran. Y eso hizo el Borbón. Felipe, que es más listo, sigue en el negocio. Y va de estadista cuando es estadístico de las cuentas propias y de los negocios ajenos.

Y así nos va, con los Contreras de turno y la RTVE teledirigida desde Moncloa. Con opacidad, por supuesto, y una militante subalterna cumpliendo las instrucciones cabalmente, con incumplimiento sistemático de los requerimientos de los auditores del Estado y de la IGAE, por no hablar del propio Consejo de Administración y otros organismos como el Tribunal Supremo, que vienen demandando transparencia en lo referido a la publicación del sueldo de los directivos y presentadores como Broncano.

Para la señora Cascajosa, la ausencia de proyecto, la falta de liderazgo, la externalización creciente en beneficio de las productoras de siempre, la degradación de contenidos según el patrón MasterChef y la falta de iniciativa y de identidad del servicio público audiovisual son problemas menores en comparación con el éxito de La Revuelta.

Así que, como esa es la dinámica, confiamos en que de La Resistencia pasemos a la revolución, pues de seguir el sendero histórico marcado por el bipartido de la dictadura hasta nuestros días, el resultado va a ser la reducción del pluralismo, ya de por sí más que preocupante en España, y la jibarización o extinción del servicio público audiovisual. O, en otros términos, la vuelta al NODO y la tele del ordeno y mando. No nos lo merecemos, francamente.

Teledetodos

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Los medios de información en España no han mejorado la pesada herencia de la escuela Emilio Romero. Por lo general, con algunas excepciones puntuales, suelen actuar como medios de intoxicación que alimentan el escuadrismo y la reacción, una suerte de NODO posmoderno en el que se marcan los límites de lo pensable y de lo decible y ello sin distinción, desde luego en el duopolio televisivo, pero también en los medios públicos, mayoritariamente en manos de la derecha y VOX, véase el caso de Telemadrid o de Canal Sur donde personajes como Teodoro León Gross afinan la mirilla y disparan ejerciendo una suerte de postureo y violencia simbólica propias del fascismo amable que ya Nixon estableció como política de propaganda de la era Reagan: hablar suavemente y utilizar bien el garrote. Y así estamos, agarrotados, incluso en RTVE donde, paradójicamente, reina, nunca mejor dicho, la ley Calviño, la de quien fuera Director General del Ente, la misma del ala neoliberal del PSOE en el Banco Europeo de Inversiones que piensa que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero los hechos demuestran a diario exactamente todo lo contrario.

El reciente cese de la Presidenta Interina, Elena Sánchez, y el nombramiento de Concepción Cascajosa ponen en evidencia que el modelo de gobernanza de la Corporación RTVE es un sistema fallido, que es tiempo de mudanza de paradigma, que los poderes públicos han de procurar un verdadero esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, siguiendo en esta línea criterios equiparables a los de otros países  de nuestro contexto europeo. No es tan difícil. Ya de hecho lo ensayamos con el concurso público para la Presidencia y composición del Consejo de Administración, un proyecto auspiciado por Unidas Podemos que el bipartidismo terminó por trabar ante el empeño de la izquierda de desgubernamentalizar los medios públicos en España. Persiste así, desde entonces, un modelo PP/PSOE que incide en el error de una anomalía histórica claramente excepcional en el marco europeo, un notorio déficit democrático que debe superarse resolviendo de inmediato al menos la renovación del Consejo de Administración, conforme a la ley vigente, además de la creación de una subcomisión parlamentaria para definir el nuevo convenio marco de cara al nuevo contrato programa que la Corporación ha de suscribir con el gobierno previo pacto de Estado por la democratización, financiación y estabilización de la empresa si es que de verdad hay voluntad política de acometer los retos, nada fáciles, de la actual revolución digital que está trastocando las formas, narrativas, formatos y modelos de gestión del servicio público audiovisual.

Podríamos enumerar en esta columna numerosas asignaturas pendientes que deben ser acometidas ante el nuevo ecosistema informativo, más aún en un contexto marcado por la estrategia de jibarización de los medios públicos iniciado en la era Mario Monti desde Bruselas logrando orillar a las empresas estatales hasta extremos insostenibles desde el punto de vista económico e institucional. Pero no es el caso aburrir al lector con detalles menores. Lo sustancial es constatar la ausencia de alternativa en la bancada de la derecha extrema y el PSOE neoliberal. En otras palabras, el futuro de la RTVE depende a día de hoy, primero y antes que nada, de la voluntad política y en segundo lugar de la demanda ciudadana que lamentablemente apenas se manifiesta. Hasta ahora solo los propios profesionales de la casa vienen pidiendo, a través de sus organizaciones sindicales, un plan de producción propia y el fortalecimiento de los recursos tecnológicos y de personal frente a la actual lógica de externalización que debilita la corporación y su autonomía estratégica como empresa vital para vertebrar el Estado y la cultura popular.

A falta de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que vele por la buena dirección de la RTVE, a la espera de concretar una política de Estado que de verdad dé sentido a la Secretaría de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, y que los dos partidos mayoritarios comprendan que el servicio público audiovisual es, como la sanidad, una cuestión de salud pública, quizás ha llegado la hora de empezar a definir una estrategia de campo abierto desde la sociedad civil organizada, promoviendo una Auditoría Ciudadana y una Coalición para la Teledetodos que impugne la lógica de la alternancia de los Contreras, MEDIAPRO y los intereses creados de siempre que han terminado por deteriorar hasta límites impensables la radiotelevisión pública.

Como rezaba el anuncio de La 2, somos la inmensa minoría, pero toda revolución empieza cuando y donde menos se la espera: en cada esquina y plaza pública, en los patios y encuentros de vecinos, en el corazón joven y rebelde de la generación Z que huyó de la pantalla chica y surfea de cuando en cuando por RTVE PLAY, en el arte de cineastas y amantes de la vida buena y la cultura con mayúsculas que confían en la ventana de oportunidad de la corporación para cultivar nuestros imaginarios o, como siempre, en los profesionales de la esperanza de la casa, no la de la escuela de Emilio Romero, que ya sabemos para lo que sirve, sino más bien la de Alicia Gómez Montano que, a la sazón, debiera ser hoy la Presidenta de la radiotelevisión pública por todos los méritos, conocimiento y potencia que acreditó en el concurso público, esa potencia que aún hoy pervive en Prado del Rey y que hay que mover para cambiar la historia, para cambiar el medio. En su momento, la muerte y los letrados del Congreso hicieron su trabajo. No dejemos que la RTVE termine por colapso e inacción. Es una cuestión elemental de democracia.

Generación Z

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Casi un semestre después de tomar posesión del escaño, y a la luz de la experiencia vicaria de la llamada nueva política en primera persona, es tiempo de escribir a propósito de las culturas y formas de mediación de los nuevos sujetos de este tiempo que gobierna los vientos de cambio. Más que nada porque es preciso comprender y definir otras posiciones de observación. Uno, de hecho, se pregunta a diario para qué pensar, cuál es la función intelectual de intervención en la arena pública. Qué haN de inspirar y proyectar como virtud los pensadores en la era digital. Pareciera que se impone la moda de la transición, con especial virulencia en España, del paso de ideólogos e intelectuales comprometidos a meros influencers. Como práctica teórica, enseñar, escribir, investigar, publicar libros, esta misma columna, resultan actividades cada vez más irrelevantes ante el culto inmediatista, a golpe de post, de la lógica digital. Contra la inteligencia, la era TikTok es un tiempo de estulticia propiciatoria para la quema de libros, o su apilado censor, con la consiguiente caza del intelectual, una especie protegida en peligro de extinción que se ve amenazada por la cultura de la diferencia y la sordera, o dicho con otras palabras, por el imperio de la indiferencia.

Si criticábamos como docentes hace poco tiempo a los millenials que dejaron de aspirar a ser corresponsales de guerra por emular a Ana Rosa Quintana, hoy la Generación Z (pos o proadolescente) que puebla la mayoría de las aulas de las Facultades de Comunicación aspira a ser El Rubius, millonarios sin pago por Hacienda, portavoces de lo banal, usuarios ocurrentes de TikTok, estrellas de consumo rápido, a modo de sucedáneos de Kim Kardashian, con seguidores de la nada o la nadería. Así se extiende y propaga el espíritu de nuestro tiempo marcando el tono a toda una generación de esclavos sin lugar fijo, salvo, domo diría Fusaro, la opción del Homo-Glovo. Y es que a fuerza de postear no tienen postura salvo las costuras del postureo, o la publicidad de lo que aspiran a ser: mercancías, y puro simulacro. Toca no obstante aprender a conocerlos, y no solo criticarlos, si aspiramos a cambiar la historia, y cambiar la vida. Pues todo tiempo, y todo sujeto político no está determinado de antemano. Como advertía E.P. Thompson, las clases subalternas no son, están siendo, y la generación Z crea, por ejemplo, nuevas funciones productivas, como los meMakers, o diseñan subproductos digitales para nuevos mercados emergentes abriendo espacios de esperanza y creatividad inusitados. El humor satírico del siglo XXI y su anonimato forman parte de su código cultural e inauguran a diario escenarios y horizontes por venir potencialmente revolucionarios. El problema es que la economía de la atención captura las energías y la creatividad que atesoran en una celebración imparable de la subsunción total por el capital. La recombinación aquí no es autonomía ni aprendizaje o recuerdo en forma de mímesis, sino chispa de la vida a lo coca cola style. Eso sí, todos están llamados a inscribir su imaginación proyectiva en la memesfera como los muros estaban abiertos en nuestra juventud de los ochenta a actores anónimos como Muelle. Hablamos, en suma, de un cambio cultural y una nueva estructura de sentimiento que hay que pensar para definir la nueva economía moral de la multitud conectada, pero apenas prestamos atención a ello. Esperemos que el Ministerio de Infancia y Juventud, presidido por Sira Rego, cambie esa dominancia. De momento la RTVE, en su vocación de servicio público ha apostado en serio por dar voz y protagonismo a este grupo de población. Programas como GEN PLAYZ ha invertido de forma inteligente en plataformas de mediación para avanzar en el necesario diálogo intergeneracional. Pero la nueva Ley Audiovisual avanza en dirección contraria imponiendo un marco mercantil contrario a los medios públicos. Y no hablemos de Bruselas que so pretexto de la necesaria transparencia y la deseable independencia de los medios de todos protege los intereses de los Berlusconi de turno. Como en México y Estados Unidos, cada reforma en la UE y España, al albur de contribuir al pluralismo interno y a los derechos de la ciudadanía, refuerza la posición dominante del duopolio televisivo cercando el dominio público. Con el desarrollo intensivo de la tecnología, la reproducción de la estructura real de la información y los intereses del IBEX35, el proceso desregulador continúa haciendo posible la manipulación sistemática de la opinión pública. Sin equilibrio, sin garantías democráticas, sin ajustes en los factores y déficits democráticos en materia de comunicación, sin auctoritas en fin, poca cultura audiovisual democrática tendremos. Solo por ello hay que mudar de onda y canales, abrir este ámbito a la deliberación y romper las barreas que separan a la ciudadanía. Ser un poco jóvenes, gamberros y rebeldes. No nos dejan de otra, eso lo tienen claro en la Generación Z.

Canal Sur, en cuarentena

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Mientras el candidato Risitas, que ni gracia hace, engaña hasta ayer al personal afirmando que «Andalucía Avanza» mientras no deja de recortar personal sanitario y docente, con franco deterioro de los servicios públicos, el Comité de Empresa de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) celebró una nueva huelga, coincidiendo con el último día de cierre de campaña, con un porcentaje de seguimiento superior al 80 por ciento.

Lo contamos aquí porque, casualmente, apenas ha tenido eco en los medios del régimen y porque ya quisieran los responsables del ente público radiotelevisivo una cuarta parte de esta cifra de seguimiento en los índices de audiencias. Pero con esta dirección no es que parezca improbable, sino más bien imposible.

El recorte del 10 por ciento del presupuesto, junto a la descarada y abierta manipulación informativa, han deteriorado la empresa a tal grado que “La Nuestra” es hoy solo un baluarte de la guerra cultural de la extrema derecha al servicio de los de siempre, los mismos que nunca creyeron en la autonomía andaluza. Resultado: se ha devaluado un medio público que era referencia en la región y uno de los mejores canales autonómicos del Estado.

De la misma manera que en la Guerra Civil, pasando a degüello a los parias de la tierra y a sus clases más avanzadas e ilustres, los Zancajo de turno –ahora Carmen Torres– se han dedicado a censurar y a eliminar toda voz no plegada a esta función vicaria de Telebendodo.

Ello ha agravado los conflictos en las redacciones con una plantilla insuficiente, desmoralizada por la falta de proyecto y liderazgo y la continua injerencia de los comisarios del Risitas. Al tiempo, la recaudación publicitaria ha descendido, el déficit ha aumentado, la audiencia sigue en descenso paulatino, la credibilidad se mantiene gravemente afectada y algunos, mientras, haciendo el negocio de las productoras o en la espiral del disimulo como Más Análisis, de Teodoro León Gross, que empezamos a dudar si alguna vez fue profesor de Periodismo o simple lector de Dovifat convertido –o, quizás, convencido de ser mero speaker de Bendodo–.

Todo ello sin comentar la proliferación de tertulianos de extrema derecha en este y otros espacios. Vamos, que lo del pluralismo no lo han entendido ni lo entenderán. Más aún si hay campaña de por medio. El tratamiento de Vox y el PP ha sido bochornoso y el ocultamiento de opciones políticas transformadoras, una vergüenza.

Canal Sur ha actuado con premeditación y alevosía, incluso haciendo invisible en las encuestas la opción Por Andalucía. Pero ¿qué podemos esperar de una mesa de análisis de derechistas travestidos de demócratas y otros lindos portavoces del orden instituido, otrora pregoneros del PSOE o, incluso, del PA? Nada nuevo bajo el sol.

Por ello, Canal Sur está en huelga y nos tememos que en cuarentena, si no en la UCI. Es previsible, además, en la actual coyuntura, que ni la promoción turística contribuya a una mejoría ante la ausencia de una prospectiva integral de comunicación para el desarrollo que haga sostenible la propuesta.

En otras palabras, proyectos de contenidos como Canal Sur Más (OTT) van a ser pan para hoy y hambre para mañana, una huida hacia adelante que ni el propio director general cree. La pérdida de media de un 10 por ciento probablemente termine siendo mayor con el paso del tiempo, por demografía y mala gestión.

Sin recursos, la plataforma será un contenedor vacío carente de proyección real, mientras se apropian de La Nuestra para garantizar que los andaluces no se levanten. Para eso están al frente de la RTVA. Son, como decía el maestro Antonio López Hidalgo, «de la hermandad del cazo»: pusieron la mano cuando el PSOE era quien mandaba; lo hicieron cuando el PA tenía algo de poder en la Junta; lo han hecho ahora con PP y Ciudadanos; y estamos convencidos de que, incluso, lo harán con VOX.

Viven para ello y carecen de todo compromiso público. Tampoco es esperable que los órganos parlamentarios que fueron creados para vigilar el buen funcionamiento del sector –léase el Consejo Audiovisual de Andalucía– pongan coto a tales desmanes. Ya vimos el papel de su presidente, Antonio Checa, con la contrarreforma de la Ley Audiovisual andaluza. De pena.

Mientras siga cobrando elevados emolumentos en lugar de la paga como jubilado, todo bien, gracias. Lo suyo no es precisamente cumplir el mandato de representación, ni cambiar nada. Ya lo harán otros, que es mejor echarse la siesta en el despacho y pasar de puntillas que asumir el mandato ciudadano, no vaya a ser que quien manda se moleste.

Bien lo sabemos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, cuando fue decano. Ser y estar, pero solo aparentando. No mudar, no hacer, no moverse, no trabajar: solo la espiral del disimulo, por verónicas, a lo Rajoy, que es el estilo que imprime sello en esta tierra.

Colaborador en su momento de El Mundo, debe estar feliz de que Rosell pudiera ser director general de la RTVA –ya están algunos correligionarios como Carmen Torres como avanzadilla, con los resultados conocidos–. Pero tenemos una mala noticia para los miembros de la hermandad del cazo: con Vox se quedarán sin voz y sin chiringuito (como lo califican los Toni Cantamañanas de turno).

Toca ahora, por lo mismo, por urgente necesidad, informar a la ciudadanía de que nos quieren robar lo nuestro, lo común, y hasta la esperanza. Sabemos que no podrán. Y, lo más divertido, ni siquiera lo saben. Es lo que tiene la miopía intelectual: no alcanzan a ver más allá de sus propias narices.

Pijus Magnificus

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Mi buen amigo Sebastián Martín Recio me reprocha, con razón, que deje de actuar como profesor. Mira que ambos somos admiradores de Anguita (ilustrar, en un sentido gramsciano, enseñando, pedagógicamente), pero lleva razón. Últimamente, no paro de advertir “te lo dije”.

Debería equivocarme, por simple cambio de hábito, o por empatía con quien ha tenido a bien compartir una difícil aventura de mediación para la unidad de la izquierda andaluza. Pero lo cierto es que este país no es diferente. Falso adagio franquista.

Este país es previsible y doctorado en el error persistente. El último episodio ha sido la guerra en el PP, que apenas ha empezado. Un folletín de mal gusto que daría para una serie B dominical. Ya sé que resulta fácil escribirlo a toro pasado, pero desde el minuto uno avisé a amigos del PP que Pablo Casado es Pijus Magnificus, y que acabaría traicionado por su consorte voxera Ayuso, a la sazón Incontinencia Suma.

Lo que nadie alcanzó a imaginar es la forma y virulencia con la que se defenestró al presidente de los conservadores. Más que nada por el rol de la prensa. La perplejidad de la desconfianza de los medios que vivimos es una anomalía democrática en la UE solo equiparable a Polonia y Hungría. Y lo más llamativo es que escurran el bulto, profesionales y cabeceras pagadas con el dinero de todos.

El caso es que hemos traspasado una línea roja en dirección al modelo Fox News desde el clásico modelo de la BBC. Convendría por ello empezar a pensar qué democracia podemos mantener rodeados de adoradores del bulo y el insulto por bandera. Qué cultura cívica se está conformando en la esfera mediática a lo Inda.

Sabemos que en la derecha española tenemos más ajolotes que guajolotes. Nada cabe esperar de una formación que, en lo esencial, es un clon. En otras palabras, para el caso, Núñez Feijóo es tan centrista como el ministro fundador de los simuladores demócratas. Y no hablemos del risitas al frente de la Junta de Andalucía.

Todos ellos comparten con Pablo Casado no solo el actuar cual Pijus Magnificus, sino arruinar nuestro débil Estado del malestar para mayor gloria de los comisionistas de turno, sean de la Casa Real o de empresarios de sí mismos cercanos al poder, sean propietarios de universidades garaje o de hospitales de ocasión, sin contar los proveedores de la nada a lo Florentino Pérez.

Así que habrá que ponerse el mono de trabajo y reconstruir los medios públicos que están hundiendo para que Tele Bendodo pase a ser de verdad la nuestra, para que dejen de contarnos mentiras y poner algo de luz dejando claro que nuestro norte es el sur; para advertir que sin información de calidad no es posible la democracia y que el robo de lo común pasa primero por convertir en moneda común la mentira.

El episodio de la crisis del PP es un síntoma: el cáncer ya saben cuál es. Podemos hacernos los locos y jugar con la ironía, con el principio de inversión de las máscaras que nos ocultan, en medio de la disrupción del carnaval contra las formas escleróticas de la cultura dominante, pero ello no es suficiente.

Hay que empezar a construir democracia democratizando la información, cavar trincheras en los medios públicos y denunciar las conspiraciones de los de siempre contra toda posibilidad de dignidad y verdad. El futuro de Andalucía y de España depende de ello y es un compromiso irrenunciable si somos conscientes de que no estamos solos y sabemos lo que queremos.

RTVA: de la nuestra a la inmensa minoría

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En tiempos de pandemia neoliberal, la primera víctima no es la verdad sino el dominio público y, en particular, los medios del servicio público audiovisual. De Mario Monti y el berlusconismo a la campaña del falso dilema entre un quirófano o la televisión pagada con nuestros impuestos, hemos venido asistiendo a una intensa escalada de cercamiento de los medios de titularidad del Estado que, entre Bruselas y Madrid, no ha cesado, incluso puede decirse que se intensifica con especial virulencia en nuestro país.

Así, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no solo se ha tomado la licencia de atacar a TeleMadrid sino que hace tabula rasa de la doctrina del servicio público audiovisual y pone al frente del ente autonómico a un experto liquidacionista, José Antonio Sánchez, más dado a cumplir la función vicaria de correa de transmisión de los intereses del PP que a respetar la norma y el estatuto que le obliga. Mientras cae en picado la audiencia del canal autonómico, se instala en el discurso público que las radiotelevisiones de la FORTA son un lujo asiático innecesario aunque, como demuestran estudios comparados, el coste de los medios públicos en España es de los más bajos de la Unión Europea y que, como sucede con el sistema sociosanitario o la educación, pese a la baja inversión y gasto público tenemos prestaciones de calidad, alta rentabilidad social y elevada eficiencia económica, minucias para la culta y preparada comunity manager de la lideresa.

Hace meses en la Plataforma en Defensa de la RTVA advertíamos sobre este discurso falsario en contra del espacio público y anticipábamos que la derecha en España nunca creyó, ni en tiempos del falangista Suárez, en la función motriz del servicio público audiovisual. Los antecedentes de Canal 9 en Valencia y de TeleMadrid marcan una hoja de ruta que hoy podemos observar con Canal Sur que ha dejado de ser, como rezaba la campaña de la Junta, la nuestra para convertirse en un medio marginal de la inmensa minoría. El deterioro económico y moral de la RTVA es notorio y no sorprende cuando dirigentes de la Junta hacen apología del cosmopaletismo. Caso del Consejero de Universidades, Rogelio Velasco, que en el propio aniversario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla afirmó -debe haber sido compañero de estudios de Juan Luis Cebrián- que para ser periodista no es precisa la titulación. Mejor seguir el ejemplo de Estados Unidos. Uno se titula en Bioquímica (previo crédito con el Banco de Santander) y ya con tiempo y patrocinio se suma a los colaboradores de García Ferreras como divulgador científico o si tiene la suerte de caer bien al magnate Murdoch puede ser fichado en una de sus compañías repartidas por todo el mundo. De ahí a pensar en el modelo PBS (Public Broadcasting Service, en español Servicio Público de Radiodifusión) como el ideal para los medios públicos en España hay un paso cuando la norma la marca el imperio de la ignorancia supina. No otra cosa observamos por ello en la deriva de la RTVA: degradación de los contenidos, contratación de colaboradores de ideología fascista, que hacen apología en Canal Sur Radio de opiniones machistas, homófobas y racistas, o la creciente externalización de la producción de contenidos. Frente a esta deriva preocupante, el Consejo Profesional ha denunciado la vulneración reiterada de los principios del Estatuto de Redacción sin que los responsables del canal autonómico hayan tomado medidas. Mientras, se incumple sistemáticamente la exigencia de imparcialidad, con la apología del gobierno del PP y Ciudadanos, se contrata a Javier Negre, despedido de El Mundo por inventarse una entrevista y condenado en varias ocasiones por difusión de falsas noticias, o se conecta a diario con el parte-rueda de prensa del Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

La sistemática dinámica de degradación que vive la RTVA está deteriorando el clima laboral de una plantilla considerablemente reducida en la última década, especialmente en las delegaciones territoriales. En algunos casos, sin montadores ni cámaras ni redactores para cubrir el territorio regional más grande de la UE. Muchos informativos de desconexión local, como Cádiz, se mantienen con sobrecarga de trabajo del personal dando soporte a una parrilla de programación insostenible con la reducción de efectivos por jubilación y las restricciones de la tasa de reposición. De los 1.445 efectivos en 2016, la empresa cuenta ahora con apenas 1.387 y 18 directivos, mientras sigue sin resolverse la temporalidad de más de doscientos trabajadores, aparte de la nutrida plantilla de profesionales adscritos a las productoras que mantienen una amplia franja de la parrilla. Con la inminente jubilación de al menos 30 trabajadores y un 20% de temporalidad parece difícil que la década perdida para la RTVA mejore en un contexto político de estrategia de privatización del gobierno de la Junta de Andalucía, con Vox como ariete contra la nuestra. Desde 2017 las inversiones en Canal Sur brillan por su ausencia. La reducción de su presupuesto a casi la mitad, en un entorno de necesaria modernización y convergencia digital que, entre otros retos, requiere una renovación y rejuvenecimiento de la plantilla, es mucho más que una espada de Damocles. Amenaza con hacer real el sueño dorado de la derecha: la jibarización del sistema público audiovisual en beneficio del duopolio televisivo y de la red de medios afines al IBEX35 mientras el gobierno de Moreno Bonilla propone Andalucía Trade y el señor Osborne, el toro, disfruta del escenario y los beneficios del prime time con la campechanía propia del pensamiento ultramontano que termina por resultar, en un sentido etimológico, obscena, manoseando a Andalucía para hundir a la región en la podredumbre moral, pues en el fondo el gobierno de la derecha quiere una radiotelevisión andaluza minoritaria, ya no la de todos y mucho menos inmensa. Una lección que debiéramos saber ya, vistos los antecedentes.

(*) Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid