La política de tributación sobre servicios digitales no es un problema de armonización y justicia fiscal, sino sobre todo de soberanía y cuestionamiento del problema de la renta tecnológica, tan discutida por la teoría de la dependencia. Más allá de Stiglitz o Piketty sobre la necesidad de un impuesto digital global, la cuestión debe pues ser planteada como una batalla ideológica en el capitalismo de plataformas. Los argumentos en contra de actores como el BBVA, vía Rafael Domenech, sobre la afectación a la innovación y el desarrollo son la panoplia habitual del capitalismo corporativo que imponen como sentido común los oligopolios, hoy los GAFAM. Pero la historia demuestra lo contrario. Tales lecturas obvian la debilidad, por ejemplo, de España y la UE frente a Estados Unidos. La innovación, en fin, no se da en abstracto o sobre el vacío, sino en una estructura determinada de producción. Y la estrategia, ya lo vimos en el caso de la política audiovisual europea, de producir gigantes de la comunicación continentales termina favoreciendo a las majors y telecos de origen estadounidense, ahondando más si cabe el desequilibrio y dependencia de Europa en esta materia. Así, la actual deriva del capitalismo de plataformas es la lógica del monopolio en la extensión y explotación mercantil de la información. Cuando se afirma que la revolución digital es la era de la desintermediación se elude referir que las mediaciones entre usuarios, distribuidores, productores y proveedores de servicios tienen lugar con menos intermediarios que en la era analógica. Este control es debido a la escalabilidad y la lógica de redes de valor que alimentan las propias plataformas, además de complementar los ingresos y gastos entre servicios por medio de subvenciones cruzadas. Como explica Srnicek, una rama de la compañía reduce el precio de un servicio o de un producto mientras otra sube los precios para cubrir tales pérdidas, aprovechando la posición de virtual monopolio. Esta es la lógica extractivista hoy imperante, el progrom de lo que Éric Sadin denomina siliconización del mundo. El discurso del capitalismo de plataformas recurre para ello al tecnolibertarismo que empieza y termina con el alfa y omega de la inhibición del Estado y los poderes públicos, a fin de proteger un proceso considerado cuasi natural. Ahora, cuando medios como ZOOM pasan de los 10 millones de servicios diarios a 300, incrementando el volumen de negocio en más de 150%, con la pandemia, o la compraventa de grandes compañías como AMAZON destruyen el débil tejido del comercio de proximidad, cabe empezar a pensar que lo que se nos presenta como natural no es producto del azar, sino de la determinación social, y, por qué no decirlo, de la necedad de las autoridades que han dejado operar sin limitaciones a estos embajadores del neocolonialismo. Tanto así que hoy por hoy la dependencia de la UE respecto a Estados Unidos es más que notoria. Y pese a las evidencias, quizás por influencia de los lobbys norteamericanos de las punto.com, se ha evitado actuaciones contundentes de Bruselas contra los virtuales monopolios comerciales. Desde hace años, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (6/10/2015) se viene apuntando la necesidad de una regulación de los conglomerados de la llamada economía digital, sin que las autoridades comunitarias hayan mudado su política de gestos y amagos sin consecuencia real, en esta dirección. Las propias interpretaciones dominantes en la Comisión sobre normativa antimonopolio tienden a imponer lo que Prieto y Cabezudo denominan NET MERCATOR, una lógica de optimización de las telecomunicaciones que en nada tiene que ver con derechos universales ni prestaciones estratégicas de servicio y dominio público. Antes bien, se naturaliza la llamada por Philip Howard Pax Technica, en virtud del incremento exponencial de los nodos de conexión como consecuencia, se argumenta, del principio de libre flujo de la información.
Esta visión equívoca no es solo propia de actores como José María Álvarez-Pallete, Presidente de Telefónica. La mayoría de portavoces de la globalización piensan la revolución digital como una lógica universal, y democrática, de acceso irrestricto. Pero nada dicen de los pactos entre grandes corporaciones sobre precios, regulaciones globales y guerras económicas y comerciales contra aquellos países, como los de UNASUR, que osaron pensar en una red que no pasara por Washington o New York. Mientras, en la economía real, los sectores populares, como el mundo del taxi en España, han de ocupar la calle tras decenios de ser invadidos por los misioneros del gran capital en defensa del trabajo y sus derechos.
No sabemos si prosperará la tasa Google, en el seno de la UE, pero lo que es cierto es que, como demuestra el caso de San Francisco y la batalla judicial contra UBER, no estamos ante un videojuego. La experiencia histórica valida la tesis de Carlo Formenti sobre la lucha de clases del nuevo proletariado, precarizado en el capitalismo de plataformas digitales. Ya vemos de hecho cómo empieza la conflictividad social entre los sectores más vulnerables de las cadenas de ensamblaje global. La cuestión ahora es si pasamos de la externalización a cuestionar lo que hemos internalizado como introyección ideológica. A saber: toda tecnología es cultura, producción social, sujeta pues a relaciones específicas de producción. Y, como se crearon, pueden reinventarse. ¿Alguien en Bruselas está dispuesto a este ejercicio de imaginación y soberanía tecnológica?
