Que las grandes empresas de tecnología dominan el mundo y tienen el control de nuestros datos con todo lo que eso significa no es un secreto. Que sepan dónde estamos, qué hemos comido, cuántas veces al día buscamos qué en google y hayan tejido una red neuronal alrededor de nuestra vida que incluso se anticipa a nuestros deseos es algo con lo que hemos aprendido a convivir. Pero ¿Qué consecuencias podría tener sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión que sean estas Big Tech, estas grandes empresas de tecnología, quienes aglutinen- también- la información que “elegimos” para conocer la actualidad? ¿Qué pasa si también el poder de la información se concentra en muy pocas manos?¿Y por qué este proyecto se hace a cargo de los fondos europeos?
Desde LUH hemos preguntado por esta suerte de “gran Netflix” para informarnos de todo a Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación, investigador y académico de la Universidad de Sevilla.
Pregunta: ¿Qué implicaciones puede tener para la salud de la libertad de expresión de los periodistas y del derecho a la información de los ciudadanos este tipo de proyectos?
Respuesta: El capitalismo de plataformas digitales está contribuyendo a la concentración del poder de informar como nunca antes en la historia moderna de la comunicación. Si el informe McBride alertaba en 1980, hoy el alto nivel de concentración restringe el pluralismo interno, la diversidad de voces. Y es una tendencia acentuada.Lo contradictorio es que Bruselas hable de pluralismo, diversidad y haya contribuido a esta concentración evitando regulaciones antitrust y contribuyendo con sus políticas activamente a grandes oligopolios so pretexto de competir con los big mediaamericanos. El resultado es que algunos de esos conglomerados terminaron participados y absorbidos por actores como Murdoch. Es decir, la apuesta de financiar con fondos públicos de reconstrucción a actores como Telefónica son lesivos para el derecho a la comunicación favoreciendo no solo el control de la oferta sino replicando la matriz Silicon Valley que en modo alguno es un referente, pues es contrario a las libertades públicas fundamentales.
P: ¿Abre esto definitivamente la puerta a que sean las Big Tech quienes decidan qué es información y qué no?
R: Si antaño en el XIX la lucha por la libertad de expresión significaba combatir las restricciones o limitaciones impuestas al movimiento obrero y la prensa radical, hoy el derecho de acceso pasa por las corporaciones GAFAM que establecen peajes y accesos limitados. Es falso que la era Internet es la era de la libertad de expresión, menos aún tras la quiebra del principio de neutralidad que impulsó la administración Trump. Antes bien vamos a una democracia censitaria que, como denunciara Habermas sobre la comunicación en el siglo XX, se traduce en una opinión pública aclamativa dominada por el secreto del algoritmo y la concentración de canales. Los peajes son impuestos por grandes corporaciones que lógicamente establecen sus agendas y vulneran derechos fundamentales, no solo de la ciudadanía. Hay que comprender que la precariedad de los periodistas, la debilidad de la prensa pasa por la dependencia de la tecnología foránea que afectan a los derechos sobre los contenidos.
No es casual que hace más de una década la AEDE, la patronal de editores de la prensa en España, vindicaran recursos públicos para sostener los periódicos como instituciones fundamentales en la democracia. Estos mismos editores fueron contrarios sin embargo a la Ley de Comunicación que las asociaciones de prensa, sindicatos y colectivos del sector presentaron a través de Izquierda Unida para defender la titulación , la dignidad profesional y condiciones propicias. Asistimos hoy sin embargo a una pugna o desplazamiento del poder de informar que inicia con Reagan y la autorización de participación cruzada de las telecos en medios audiovisuales e impresos. Desde la liberalización de la década gloriosa del neoliberalismo esta dinámica se ha normalizado con grave deterioro de la economía de las empresas periodísticas, ya de por sí concentradas (véase el caso de PRISA) y una participación mayoritaria del capital financiero, las grandes compañías como Telefónica y, claro, las eléctricas. El problema es que ello se ha traducido en una creciente dependencia, en menor pluralismo y una degradación de los contenidos informativos en prensa, radio y televisión, como es notorio, en especial en España que es una anomalía en la UE por su baja calidad informativa y pluralista.
P: Riesgo de mensaje único con canales cada vez concentrados en menos manos y la pregunta que surge es ¿el dueño del canal es quién decide la información? ¿es quién silencia las voces? Me viene a la mente la cuenta de Donald Trump bloqueada el día del asalto al Capitolio
R: Evidentemente. Llama la atención que el movimiento cibertario alerte del control de datos y de información personal por los gobiernos como el debate sobre los bulos en España, cuando sabemos que el control está en manos de los GAFAM. Quién decide censurar una cuenta, por qué, con qué criterios. Los señores del aire son señores feudales y la lucha por el derecho a la comunicación pasa por una gobernanza democrática y multinacional de la red ahora en manos de EEUU y de la NSA y fiscalizar a Facebook, Amazon, Twitter, Microsoft que amenazan la democracia. Porque lo mismo que dejaron hacer a grupos contrarios a los derechos humanos dieron respaldo al golpismo en Brasil, Bolivia y en la llamada primavera árabe. No olvidemos que la historia de estas compañías es inseparable del proyecto del Pentágono incluso en la ciberguerra contra China y Huawei.
P: Es una doble vara de medir. Esos dueños de los canales informativos también han decidido silenciar voces de activistas por el derecho a la vivienda suspendiendo cuentas de Twitter. ¿Entonces a quien se otorga el derecho a la censura (si es que debe existir desde fuera) y bajo qué criterios?
R: El problema de las redes y el uso de la violencia simbólica es que se parte de una falsa premisa. La idea de que Internet no es regulable o que la libertad de expresión no puede ser limitada. Ahora, el derecho consiste en límites. No hay libertad sin responsabilidad. El problema es cómo definimos los límites que garanticen la autonomía y eviten, en lo posible, el abuso de la infoxicación que contamina el medio social. En concreto, no vale decir que se vulnera la libertad de expresión cuando se cierra una cuenta de Trump por incitación al odio. El problema, creo, es que esa decisión no la formula un juez ni una instancia democrática sino una corporación privada. Cuando hay discursos xenófobos y racistas estos provienen de organizaciones claramente identificadas y cuya intención es atentar contra derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida.
Por ello precisamos regular y actuaciones institucionales con monitoreo y censura de discursos que atentan contra la democracia y la convivencia. Igual que existe censura moral es preciso censurar las voces que amenazan la democracia. Esto se puede hacer de forma democrática con consejos ciudadanos, defensores de la ciudadanía e instrumentos jurídicos y normativos que sancionen. Pero lo que tenemos es el discurso y la lógica de No man´s land, una suerte de tierra de nadie o ley del oeste que favorece el discurso del más fuerte a golpe de algoritarismo. Francamente, los discursos contrarios a regular e intervenir en la red, aún viniendo de colectivos comunitaristas y libertarios, coinciden punto por punto con el lobby de Silicon Valley, con el discurso Reagan, con la matriz neoliberal que está en la base de la violencia simbólica. Y en esto se equivocan los partidarios de Richard Stallman como Noam Chomsky. La idea de free flow of information es contraria, siempre lo ha sido, a la democracia y al derecho a la comunicación. No podemos seguir con una visión decimonónica en la era de la comunicación total. A los hechos me remito.
