El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 170 votos a favor, 144 abstenciones y 33 votos en contra, la proposición no de Ley promovida por Sumar en demanda de «medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético» en barrios con interrupciones en el mismo y la «reforma integral de los barrios con menor renta«, con mención expresa al Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate, los barrios de menor renta neta media anual por persona según las estadísticas oficiales y donde Endesa y una auditoría externa encargada por la Junta atribuyen las incidencias a acometidas ilegales a la red para alimentar cultivos interiores de marihuana.
En dicho texto, fruto de una plataforma andaluza de trabajo ciudadano y recogido por Europa Press, Sumar señala que «Andalucía se enfrenta a la dramática realidad de tener los barrios más pobres de España», extremo que refleja el estudio anual de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que identifica a los barrios con menor renta, con este informe en el que anualmente Sevilla concentra seis de los 15 barrios de España con menor renta neta media anual por persona, con el Polígono Sur a la cabeza.
«Año tras año, los barrios más pobres de España son andaluces, lo que confirma el carácter estructural de la situación de exclusión social que padecen«, señala la proposición no de ley, agregando que «estos barrios sufren la falta de inversión pública, la segregación urbana, el paro y la precariedad laboral, la falta de servicios públicos, bajos niveles formativos, inseguridad ciudadana, graves problema con los servicios básicos esenciales, con cortes de luz, calles sin mantenimiento, deficiencias en la recogida de basura, etcétera, con una intensidad que vulnera los derechos humanos más elementales«.
Peticiones
Es por ello que con esta proposición no de ley, Sumar solicita que el Gobierno central, conformado por el PSOE y la propia coalición de izquierdas, emprenda «medidas para garantizar el abastecimiento energético a los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad por parte de las compañías eléctricas, así como para hacer efectiva la obligación que tienen de modernizar sus infraestructuras eléctricas«, pues en el caso del Polígono Sur, por ejemplo, mientras la empresa achaca los cortes a las acometidas ilegales a la red, los colectivos sociales le recriminan una supuesta falta de inversiones.
El documento de Sumar apuesta además por promover «un proyecto de ley de rehabilitación integral de los barrios con menor renta, tal como recogen los Indicadores Urbanos del INE».
Para ello, la coalición de izquierdas reclama «concretar e identificar los barrios prioritarios para las actuaciones integrales de regeneración y renovación urbana en función de los datos objetivos ofrecidos por el INE para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación global sobre el parque de vivienda social, especialmente sobre las viviendas construidas con anterioridad a 1980″.
«Medidas urgentes de regeneración»
«En todo caso», según la proposición no de ley, «se establecerán medidas urgentes de regeneración y renovación urbana para los tres barrios con menor renta de España: Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate», todos ellos en Sevilla.
Esta proposición no de ley fue defendida el pasado lunes en el Congreso por el diputado sevillano de Sumar Francisco Sierra, quien lamentaba el «intolerable abandono histórico» que sufren múltiples barrios «ignorados» en Andalucía, con mención expresa a los «tres barrios más pobres» del país, localizados en Sevilla, por lo que llamaba a «cumplir» con la ciudadanía que «resiste y sobrevive» en estas barriadas, víctimas del «oligopolio eléctrico» y de autoridades que «no responden cuando se les requieren». Por eso, pedía «alternativas reales y concretas» para estos barrios.
En del debate plenario con motivo de las enmiendas promovidas por los grupos parlamentarios, Carlos Hernández Quero, de Vox, avisaba a los partidos de izquierda que «ya nadie les cree, y menos en los barrios» desfavorecidos, conectando la carestía de estos entornos urbanos con el supuesto empeño del Gobierno del PSOE y Sumar de «quitar músculo a la hacienda» nacional con la financiación singular de Cataluña, promovida por «la oligarquía separatista».
Por el PSOE, el diputado Lorenzo Cazorla exponía que las empresas suministradoras de energía deben «realizar inversiones» y en el caso de estos barrios, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, tiene la obligación de «vigilar y sancionar» los incumplimientos de estas empresas, en defensa de «los usuarios de buena fe».
Cazorla defendía que el Gobierno central cuenta con un plan nacional con 8.400 millones de euros para políticas de rehabilitación de vivienda y espacios urbanos, pero la Junta «demuestra que no tiene capacidad de gestionar» los fondos que se le conceden, como es el caso de los europeos, según sus palabras.
El tiroteo y las plantaciones
En el caso del PP, la diputada Sol Cruz-Guzmán argumentaba que la prioridad es solucionar «la falta de seguridad», porque «sin seguridad, no hay soluciones para el Polígono Sur ni para ninguno de estos barrios» desfavorecidos, lo que le llevaba a señalar el reciente tiroteo con «armas militares» en dicha barriada sevillana y el papel de los cultivos interiores de marihuana, con sus correspondientes acometidas ilegales a la red eléctrica, como clave de las interrupciones en el suministro de energía al saturar las redes de abastecimiento por su alto consumo.
Así, alertaba de que en Sevilla capital «faltan medio millar de policías nacionales», sin los cuales, según su opinión, esta proposición no de ley se limita a una mera «carta a los Reyes Magos», con lo que pedía al Gobierno central que instase al ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, a que solucione dicho extremo.
La diputada de Podemos Martina Velarde alertaba por su parte de la «aporofobia y el clasismo de los medios y de algunos partidos» políticos, apostando por «mejorar los barrios y más derechos» en lugar de «pedir más policías», lo que le llevaba a avisar de que las interrupciones en el abastecimiento energético suponen «una vulneración de los Derechos Humanos».
Maribel Vaquero Montero, del PNV, mostraba la oposición de su grupo a esta iniciativa, explicando que aunque es necesario «promover más medidas en todos los ámbitos» para mejorar estos barrios, ya rigen «acuerdos» entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para promover políticas de regeneración urbana y de viviendas con cargo a fondos europeos, con lo que a su entender no había quedado concretado «qué mejora supondría» crear una ley específica para ello; tras lo cual el diputado Francisco Sierra precisaba que Sumar sólo admitía la enmienda del Grupo socialista.
