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Toda democracia presupone, por principio, un sistema de información plural, transparente y equilibrado. No es posible el diálogo público sin un ecosistema informativo autónomo, diverso y que cumpla el principio de acceso y participación que nuestra Constitución consagra en el artículo 20. Tales condiciones normativas son, sin embargo, exigencias ni siquiera consideradas por lo general en el proceso de deliberación y discusión política. Más aún desde que las transformaciones aceleradas de la revolución digital y la ausencia de políticas activas del Estado para garantizar el pluralismo interno y la diversidad sociocultural necesarias han naturalizado una concepción mercantil, y consumista, del derecho universal a la comunicación. En un contexto de intensivo proceso de concentración mediática, con la consiguiente precariedad de la profesión, y de mercantilización extrema de la producción informativa, algunas voces han empezado, no obstante, a dejar en evidencia en nuestro país el grave deterioro del entorno periodístico y los efectos nocivos para la democracia de un modelo de organización informativa caracterizado por la infoxicación, el culto a la mentira y el uso propagandístico sistemático y desmesurado de la oligarquía económica y del sistema partidario, lo que se ha traducido en una crisis aguda de confianza y credibilidad de los públicos y la desafección de las nuevas generaciones respecto a los contenidos de actualidad informativa. Los informes anuales del Instituto Reuters son concluyentes a este respecto y sitúan a nuestro sistema mediático nacional como uno de los peores de la UE. Llama la atención cómo esta tendencia contrasta con la autopercepción que los propios informadores y las principales cabeceras y medios sostienen sobre sí mismos pese a que el discurso y presentación del campo periodístico ya no justifique tanto su accionar en la idea de independencia como en la sostenibilidad del mercado en tanto que medios mercantilistas. Este desplazamiento es algo más que simbólico. Que el poder informativo no insista tanto en los criterios de calidad, autonomía y profesionalidad por la lógica de valor que penetra desde los años ochenta, con el marketing editorial, las redacciones, significa una enmienda a la totalidad del mito de la libertad de prensa justo en un tiempo en el que la dependencia de los medios es cuasi absoluta con respecto a los poderes fácticos, el capital financiero y los grandes operadores de telecomunicaciones y compañías eléctricas, dejando en evidencia las contradicciones entre dichos y hechos, entre discurso y práctica periodística, sea en la cobertura del genocidio de Gaza, en el despliegue atlantista del conflicto en Ucrania o cuando se suceden los desahucios bancarios y las medidas sociales del gobierno de coalición.

En este contexto, la iniciativa del ejecutivo de una política de regeneración democrática en materia de medios ha sido recibida con un alud de críticas y descalificación cuestionando, por principio, toda iniciativa de regulación del Congreso en materia de política de medios, un mantra neoliberal que persiste en toda la UE y replica la doctrina de la primera enmienda de Estados Unidos, a saber: la mejor ley de prensa es la que no existe. Un ejemplo de esta lógica de los medios que no hace mucho solicitaban financiación pública del Estado para su sostenimiento desde AEDE es El Mundo que al señalar las amenazas a la libertad de expresión empieza por destacar toda crítica a la prensa. Con motivo de la campaña contra La última hora, que dice lo que se oculta de la Casa Real y de lo que hace habitualmente el cerco mediático en la tramoya de la historia, este diario, como otros en distintas ocasiones, enarbola un discurso que subsume el derecho universal a la comunicación como un derecho exclusivo de los periodistas y, de facto, como un derecho de la empresa informativa. Cuando Víctor de la Serna sentencia que la libertad de expresión tiene límites, las libertades de los demás elude, como es habitual entre la profesión, considerar cuestiones estructurales que sitúan a España como uno de los países con mayor riesgo y restricciones a la libertad de prensa, no tanto por el desarrollo normativo de una política de comunicación específica, como por la ley mordaza y la cultura de la impunidad del desacato que ha conformado una cultura informativa autoritaria y oligopólica, sostenido por la precariedad de los propios periodistas que suelen desarrollar su actividad profesional en situaciones de subalternidad extrema y dependencia absoluta de los grandes operadores del mercado. Sea el caso de Vicente Vallés y ATRESMEDIA al servicio de la banca, las hidroeléctricas y los fondos buitre, y en general del IBEX35, o la proliferación de medios de extrema derecha como Libertad Digital y OK Diario que fabulan la realidad, normalizando la barbarie narrada por Umberto Eco en Noticias de Mañana, el corporativismo mal entendido (perro no come a perro) del sistema informativo en nuestro país conforma así el espacio público como un campo social cercado, unidimensional y hegemónicamente estructurado por las voces autorizadas del poder económico y la derecha patrimonialista en posesión del Estado, validando la hipótesis de que nuestro sistema político y mediático vive el bipartidismo no tanto de la fallida transición democrática del 78 como la de liberales y conservadores del siglo XIX en plena era de la revolución digital.

En el número de julio/agosto de El Viejo Topo, Genís PLANA ponía el énfasis, en un sentido prospectivo, en la centralidad de la maquinaria mediática y su capacidad de promover narrativas políticas, marcos cognitivos para el consenso social en torno al capitalismo y la centralidad de la empresa como hacedora del bien común, sea en la lucha contra el cambio climático o en la propia transformación de la economía con la revolución digital. La centralidad de la comunicación en la crisis del capitalismo y la emergencia de las formas autoritarias y neofascistas de gobierno en Europa es más que evidente. Y conviene abordar una reflexión cuando menos sucinta sobre elementos de crítica y análisis para transformar una realidad, que como toda lógica de la mediación es estructurable, debe ser objeto de controversia pública y requiere la intervención política en forma de políticas activas de comunicación. En esta línea, de acuerdo con la denominada por Chul Bul Han era de la INFOCRACIA, es necesario empezar por abordar tres ejes determinantes del actual modelo de mediación social propia de la cultura política de la posverdad marcado por fenómenos como el asalto a la razón y la crisis de legitimidad de la democracia ante las contradicciones y el colapso del capitalismo en su salida a la crisis de acumulación por desposesión. Nos referimos a la exigencia para la calidad democrática de la verdad, la confianza y la memoria.

VERACIDAD, INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN SOCIAL DE LO COMÚN

En un contexto de emergencia y dominio del discurso público fascista, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht concluía que para decir la verdad las principales cinco dificultades que tiene todo sujeto político pasa, a su juicio, por:

1. El valor, la dignidad y el poder decir y hacer pública la verdad cuando en tiempos de Trump y Milei el discurso del odio, la propaganda del miedo, domina todo el espacio social haciendo imposible enunciar lo evidente, como ilustrara en su drama didáctico La excepción y la regla. El sentido del lawfare no es otra cosa que la picota medieval del siglo XXI, la muerte civil y el castigo ejemplarizante medieval, como pudo comprobarse con la persecución de Julian Assange, o como ocurre regularmente con dirigentes de la izquierda en España, Chile, Brasil o Colombia, por no hablar de Portugal. De ahí que la delación y los colaboracionistas, en los medios y en las instituciones, proliferen por doquier y hagan cada día más difícil algo tan elemental como tener el arrojo de defender la verdad contra la oligarquía económica y sus ejecutores en el desplazamiento de la realidad por la representación que confunde la opinión publicada con la Opinión Pública.
2. La inteligencia, la capacidad de comunalizar el conocimiento, en el sentido gramsciano, como filosofía de la praxis, es otra condición para organizar metódicamente, con disciplina, con voluntad de poder, los resortes y grietas del hegemón a la hora de construir un espacio democrático de interlocución. Llama la atención en este sentido la escasa cultura política de los profesionales de la información sobre políticas mediáticas, sobre el Derecho a la Comunicación, sobre alternativas de cooperación, autogestión y corregulación de los medios informativos, cuando las experiencias, dentro y fuera de la UE, son numerosas y conocidas al menos en los principales gremios sindicales de los periodistas europeos. De modo que la falta se saber y conocimiento de uno de los actores clave del sistema dificulta toda política de progreso en esta materia.
3. El arte de hacer la verdad manejable, inteligible y comunicable. En sus últimos escritos, Horkheimer reflexionaba sobre la elección del mal. Qué hacemos, cuestión por reflexionar siempre en la izquierda, si el común, los sectores populares, eligen el mal, si apoyan el discurso restaurador neofascista, cómo hacer, en fin, pedagogía democrática en los medios, cómo desplegar mediaciones articulables desde los frentes culturales que avancen en dirección contraria a lo que hoy vivimos en el ecosistema informativo. No cabe duda que no es posible el cambio social sin política de comunicación y sin una estrategia sentipensante que haga que la comunicación sea comprensible pero también que emocione para cambiar la vida, para cambiar la historia. Esta exigencia formó parte de la propuesta estética y política del teatro épico de Brecht y ha sido objeto de reflexión de la teoría crítica sobre las formas culturales, pero desde la izquierda, salvo episódicamente, como con la emergencia del 15M y Podemos, apenas se ha explorado y constituye aún un reto en la disputa antagonista por el dominio público en materia de comunicación.
4. La confianza y el liderazgo de quien pueda hacer posible otra lógica de la mediación social que haga de la verdad la norma y no la excepción.
5. La astucia de la razón que, en términos del filósofo sardo, no es otra cosa que instrucción, estrategia, escucha activa de los sectores populares, pedagogía y organización de la resistencia en el despliegue de la lucha o disputa del sentido social.

Estas cinco condiciones marcan ya una hoja de ruta para articular un proyecto alternativo de futuro en materia de comunicación y cultura y enmarca el debate reciente en España sobre regeneración informativa en otro enclave y con distintos clivajes que conviene discutir desde la tradición emancipadora, dada la ausencia de programa y estrategia en esta materia que ha aquejado la acción política de las fuerzas de izquierda históricamente, en estos momentos, de forma preocupante.

CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN

La discusión sobre la necesaria regeneración democrática en los medios nacionales es indisociable de la crisis de legitimidad y de representación que socava toda mediación política y cultural de los poderes públicos, particularmente el judicial, pero también de la propia función mediadora del periodismo con la notoria desafección de los públicos y la creciente desconfianza de la ciudadanía por la mala praxis dominante en la profesión. Esta lógica de la desintermediación no representa en modo alguno un proceso democratizador, sino antes bien un desplazamiento y concentración del poder simbólico de actores nacionales, los medios generalistas o tradicionales de base nacional, hacia gigantes tecnológicos que conforman la dieta informativa de los ciudadanos según sus intereses y agenda oculta, por lo general manifiestamente ultraderechista y autoritaria como ilustran los casos del Brexit, la guerra de Ucrania o los golpes de Estado mediáticos en Bolivia, Brasil y Venezuela. El resultado de todo ello es la pérdida de horizonte referencial, la colonización de la conciencia por las llamadas falsas noticias. En la era trumpista, las masas aceptan todo: la tosquedad del falseamiento, la superstición y creencias prefabricadas, el bulo o la insidia con dolo, el jesuitismo sofista o la modelación calculada del sesgo. Como anotara Gramsci en su tiempo, el momento que se atraviesa hoy es tan crédulo, fanático y partidista que no puede ser perjudicial el fermento de la crítica, un elemento de pensamiento, un núcleo de gente que mire más allá de los intereses inmediatos. El problema es que apenas hay grietas por las que intervenir un sistema o campo, el mediático, que determina no solo la agenda de temas por deliberar, sino que además interfiere y evita toda regulación y política que afecte a los propios intereses, salvo que se regule para continuar con la espiral de concentración y disimulo con la que nos presentan su quehacer informativo.

Ello es posible, en buena medida, porque el sector ha logrado imponer su norma y el capital financiero que domina el campo informativo no está dispuesto a mudar las reglas del juego. Por si esta dinámica de cercamiento no fuera suficiente, actores como OPEN SOCIETY de Georges SOROS financia grupos de investigación y colectivos supuestamente en defensa del derecho universal de la comunicación que cumplen un papel similar a la Sociedad Interamericana de Prensa, la patronal del sector en las américas, FUNDAMEDIOS y otros institutos ligados al poder económico con las que se clasifican las víctimas dignas o indignas de vulneración de la libertad de expresión según la geopolítica del Pentágono.

Que el discurso del odio y la internacional ultraderechista opera a escala global, más allá de Steve BANNON, es un hecho consabido, no solo por las declaraciones de Elon Musk. La coordinación ideológica, mediática y económico-política de los adalides de la posverdad se evidencia en la agenda común de la UE y se materializa en una articulación o plataforma no precisamente solo a nivel político, pues en su seno comprende imperios y operadores transnacionales como News International Corporation (Grupo Murdoch), actores financieros como Goldman Sachs y grupos ultra neonazis con sus terminales locales como el Ku Klux Klan o los neofranquistas de Vox que actúan de arietes del discurso restaurador de forma similar a como tuvo lugar la crisis de representación y confianza, el discurso cínico de la corrupción y la estigmatización de población, en los años 30 del pasado siglo. De ahí la pertinencia de reconstruir las enseñanzas de la propaganda y el papel de los medios en la historia.

MEMORIA, HISTORIA Y POLÍTICAS MEDIÁTICAS

Una facultad cognitiva fundamental de la inteligencia creativa es la memoria. La información es un proceso sujeto a la dialéctica de mediación entre mano y cerebro, el decir y el hacer constituyen la base de toda experiencia comunicacional, y particularmente mediática, de ahí la importancia de pensar la agenda de los medios en clave del montaje y desmontaje de la historia, y las políticas del recuerdo que, más allá del discurso negacionista del holocausto o el genocidio franquista, apunta a la importancia de pensar cómo opera la infoxicación con el principio de inversión semiótica para hacer efectivo el discurso de que la guerra es la paz y la esclavitud la libertad en un sentido owelliano.

Más allá de la dialéctica del amo y del esclavo, sabemos que la cultura es transformación, agencia y autonomía que hace posible el despliegue de la potencia emancipadora del principio esperanza siempre que la disputa del sentido común se teja con los mundos de vida, con las culturas populares. Esto ya lo supo ver Heritage Foundation y fue llevado a la práctica Reagan y más recientemente Trump, Bolsonaro y Milei. De ahí la necesidad de aprender de la historia tal y como demostramos en “La guerra de la información” (CIESPAL Quito, 2016). Pues los fenómenos que tienen lugar en nuestro tiempo son producto de continuidades y rupturas, de quiebres y aperturas a tomar en cuenta desde una perspectiva histórica. Esta lectura, como las políticas de reconocimiento, es central desde el punto de vista de impugnar la lógica de control informativo y la deriva ultramontana del discurso público que medios y mediadores imprimen en la esfera pública sin cuestionar, por el periodismo de declaraciones, los pronunciamientos altisonantes de líderes políticos de la derecha y sus reforzadores de opinión o tertulianos que operan tal cual como comentaristas a sueldo de los intereses dominantes en la estructura de accionariado del sistema informativo. Ahora, esta conformación, extrapolable a otros contextos, no es natural, de hecho. España es una anomalía, por la extrema gravedad y tratamiento informativo del fascismo emergente. Existen, no obstante, experiencias y opciones, vías de intervención, que pueden y deben alterar el ecosistema informativo para profundizar la democracia en dirección opuesta al modelo de restauración autoritaria que se proyecta en el horizonte político nacional.

ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS

En los últimos días, han sido innumerables los artículos de opinión y debates a propósito del plan de regeneración del sistema mediático. Desde luego no ha sido el momento más idóneo ni la coyuntura política más adecuada para vindicar, específicamente, la reforma de nuestro sistema informativo, pero quienes llevamos más de treinta años defendiendo políticas democráticas de comunicación sabemos que urge acometer esta asignatura pendiente de la democracia y abrir el debate en la esfera pública sobre el papel de los medios y las mediatizaciones que experimenta nuestro sistema político, con más falencias que potencialidades, desde el punto de vista de la calidad y el debido pluralismo. La ausencia del Estado y los poderes públicos en la regulación del Derecho a la Comunicación ha impedido a día de hoy garantizar principios constitucionales básicos, recogidos en el artículo 20, como el derecho de acceso y la participación de la sociedad civil. Bien es cierto que cuanto más complejo es un sistema más difícil es percibir y proyectar sus interacciones al intervenir desde los poderes públicos para configurar ecosistemas saludables democráticamente. Pero este argumento interesado de actores con una posición dominante no debe servir de justificativa para impedir la necesaria voluntad de construcción colectiva del dominio público; antes bien, ha llegado la hora de abrir el espacio de interlocución a organizaciones sociales, sindicatos y academia, además de los gremios profesionales y las propias empresas periodísticas, si hay voluntad política de mejorar las condiciones de convivencia. De no avanzar en común, juntos, la reforma del sector, superando la discusión sobre los medios hacia el horizonte de mediaciones productivas, tendremos un ámbito quebrado, históricamente suturado por brechas y ausencias de dispositivos conjuntivos, contrariamente a la línea que ya propone el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios surgida en Bruselas como respuesta a la preocupante deriva de desinformación y crisis del propio proyecto comunitario.

Quizás por ello desde los propios gremios profesionales se viene vindicando por vez primera medidas reguladoras e inicaitvas políticas en la materia. Recientemente, por ejemplo, las Asociaciones de la Prensa de Andalucía aprobaban el documento “MEDIDAS URGENTES PARA DIGNIFICAR E IMPULSAR EL PERIODISMO”, apoyado por la FAPE, en el que se reconocía que “en el ecosistema actual de la información, en el que conviven tanto medios de comunicación como “pseudo” medios; periodistas como activistas, información veraz como falsas noticias, el periodismo y sus profesionales son los que han de tomar la iniciativa para recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, en un marco, además, de constante polarización en el ámbito de la política, que genera un clima de crispación y odio a nivel general”. La propia FAPE en su última Asamblea, celebrada en Talavera de la Reina, hizo un llamamiento a todos los periodistas para que, individual y colectivamente, y de manera permanente y activa, “denuncien y rechacen a aquellos periodistas y medios de comunicación que, con su comportamiento, actuación e informaciones, denigren y desprestigien a la profesión, vulneren los valores de veracidad y honestidad y los códigos deontológicos del periodismo”. En el mismo encuentro la FAPE demandó a las administraciones públicas (Congreso de los Diputados, Senado, parlamentos y gobiernos estatal, autonómicos, provinciales y locales) para que, respetando siempre la libertad de prensa, establezcan mecanismos reglamentarios para aquellos profesionales que incumplan las mínimas normas básicas de respeto y convivencia entre los propios periodistas y los representantes públicos, y/o vulneren con sus actuaciones el Código Deontológico de la FAPE

Si bien nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el Código Civil, como en el Código Penal, contempla normas orientadas a proteger derechos fundamentales de la ciudadanía ante la mala praxis periodística, como los bulos o las campañas de desinformación, estas se han mostrado insuficientes ante la deriva dominante en nuestro ecosistema informativo. Por ello mismo, la apelación de la FAPE a los poderes públicos y los propios profesionales resulta un brindis considerando la tónica dominante y la prevalencia de una lógica de judicialización que no hace sino contribuir al franco deterioro del entorno informativo.

En un contexto de crisis del periodismo, ante la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en nuestro sistema mediático, parece más bien necesario definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información. El pluralismo interno y la diversidad del ecosistema mediático bajo el dominio de operadores foráneos como las grandes compañías de Silicon Valley exigen que los poderes públicos sienten las bases materiales necesarias para garantizar el diálogo público abierto y democrático. Los actuales desarrollos digitales, particularmente aquellos relacionados con la Inteligencia Artificial relativos a la plataformización de la sociedad, apuntan la urgente necesidad de un proceso de reflexión e intervención política que contribuyan a la calidad democrática, a la construcción de marcos normativos éticos fundados en el cuidado y la reducción de riesgos a partir de una interacción virtuosa entre el Estado, la academia, el sector privado y la ciudadanía. En esta dirección, apunta el informe “LIBERTIES MEDIA FREEDOM REPORT 2024” de la organización Civil Liberties Union for Europe que recomienda el desarrollo de políticas activas de protección de periodistas, medidas de independencia de los medios públicos y contribuir al pluralismo ante los procesos de concentración del poder de informar. Del mismo modo, el Informe “Monitorizando el pluralismo mediático en la era digital. Aplicación del Media Pluralismo Monitor en la UE, Albania, Montenegro, la República de Macedonia del Norte, Serbia y Turquía”, del Centre for Media Pluralism and Media Freedom, alertaba hace ya dos años de un alto riesgo en términos de pluralismo considerando que el mercado mediático en España es un virtual duopolio con escaso o nulo margen de atención a las diversas corrientes de opinión que existen en la sociedad civil. España tiene un riesgo medio superior a la media por restricciones al derecho a la información y la libertad de expresión como la Ley Mordaza, la falta de transparencia en la propiedad de los medios, y la ausencia de marco regulatorio en los mercados digitales. A ello cabe añadir la falta de autonomía editorial y salvaguardia para la independencia política de los medios con un pluralismo polarizado. “Según el índice Global de Derecho a la Información, España carece de un procedimiento de apelación interna, simple, gratuito y completado dentro de plazos claros. Además, en España no es posible presentar una apelación externa ante el organismo independiente de su supervisión administrativa (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) contra instituciones como la Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo , el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y similares instituciones autónomas” (p.12). Este tipo de situaciones y la falta de iniciativas de los poderes públicos para garantizar el buen desempeño de los profesionales de la información contribuyen a un deterioro paulatino del entorno mediático. Si bien el balance en España es muy negativo en términos comparativos por la ausencia de organismos independientes de monitoreo de la actividad mediática, como tiene la mayoría de países de la UE, la tendencia al paulatino deterioro del campo informativo es constatable en todo el espacio comunitario. Por ello mismo, el Parlamento y el Consejo Europeo han adoptado el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que los países miembros deberán aplicar antes de agosto de 2025. A la espera de esta trasposición hay medidas urgentes que deben ser acometidas por el Estado, al ser en algunos casos tareas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico desde la transición. Más aún, en el actual contexto de policrisis y de transición y convergencia digital de las industrias periodísticas, las políticas de comunicación tienen ante sí el reto y función estratégica de empezar a proyectar nuevas lógicas de mediación contribuyendo desde las instituciones y políticas públicas a promover procesos de rearticulación de solidaridades y la autonomía cultural necesarias en pos de salidas creativas a la crisis que evidencia el sector de la prensa, abriendo un diálogo público entre los actores del Derecho a la Comunicación que se traduzca en mayor protección de los periodistas, mejoras normativas e institucionales del Estado y garantías jurídicas suficientes para el equilibrio y desarrollo autónomo y cualificado del campo periodístico.

REGULACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA COMUNICACIÓN

En la era de la información, no podemos seguir manteniendo debates estériles y decimonónicos, sobre la pertinencia de regular o no la actividad de los medios. No se trata siquiera de consensuar una ley general, sino más bien cómo construimos una arquitectura institucional que garantice el derecho ciudadano a la comunicación, que es un derecho universal, así reconocido por la UNESCO. En este sentido, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, con ser un avance sustancial y básicamente reformista, es insuficiente, porque en nuestro país no se han acometido políticas estratégicas por parte del ejecutivo y los legisladores. Así:

1. La autonomía e independencia de medios públicos como RTVE, con un plan de organización y desarrollo que cumpla las funciones propias que establece su Estatuto más allá del modelo Urdaci y de la instrumentación que tanto PP como PSOE han venido ejerciendo en los medios públicos, es una promesa históricamente recurrente y siempre incumplida, a excepción del concurso público bloqueado desde el principio por el bipartidismo. El resultado es que, a día de hoy, RTVE sigue sin renovar su Consejo de Administración, con un mandato marco caducado, una producción externalizada y una programación que, lejos de contribuir a los valores democráticos, replica discursos y visiones más propias de otros tiempos.
2. La regulación y desarrollo de los llamados medios del Tercer Sector no ha sido atendida por los sucesivos gobiernos, pese a su reconocimiento en la Ley General Audiovisual. Los medios comunitarios continúan en una situación de interinidad sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación, como sería deseable y vienen vindicando asociaciones científicas como ULEPICC.
3. Las medidas parciales en defensa del trabajo periodístico como la supresión de artículos lesivos de la ley mordaza son a todas luces insuficientes cuando la precariedad amenaza el principio de autonomía del sujeto cualificado del derecho a la información y la IA tiende a vaciar las redacciones de profesionales responsables de aplicar los códigos y valores de la profesión.
4. La excesiva concentración informativa amenaza nuestra democracia con el dominio duopólico en el audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa, y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía, y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada.
5. La renuncia de los sucesivos gobiernos a regular el campo periodístico ha llevado a mantener un marco normativo claramente limitado con una ley de publicidad institucional ineficaz, una regulación de secretos oficiales que abunda en la falta de transparencia del Estado y la siempre postergada reglamentación del secreto profesional y la cláusula de conciencia. En su comparecencia en la Comisión de Calidad Democrática, Ignacio Escolar puso el acento en una contradicción que explica en parte la desafección y falta de confianza de la ciudadanía hacia los medios. Resulta paradójico que desde el ámbito profesional se defienda la autorregulación por sistema al tiempo que se mantienen marcos normativos de la dictadura. Pareciera que no hay voluntad de transformar un ámbito necesitado de intervención: desde los tiempos de Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo a la lógica actual del mediafare.
6. La cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazaron el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se haya promovido la educomunicación al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven por sistema. La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige en consecuencia un esfuerzo de pedagogía en este sentido.

En palabras del sabio de Treveris, la primera libertad de prensa consiste en no ser una industria. Es hora pues de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología de la comunicación democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar.