Resumen informativo con las noticias más destacadas del 28 de octubre de 2024 a las doce.
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Sumar no logra limitar las universidades privadas
La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso rechazó hoy la proposición no de ley de Sumar que instaba a reformar las distintas normativas universitarias para que en la creación de nuevas universidades resultara vinculante un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria.
Los votos de Junts se unieron a los del PP y Vox para rechazar en el Congreso de los Diputados esta que llevaba el sello de Sumar y PSOE y con la que perseguía controlar y frenar la creación de nuevas universidades privadas, informa Efe.
La iniciativa que había sido apoyada por el PSOE también pedía reforzar «significativamente los requisitos académicos de profesorado, de investigación, de solvencia económica y de equipamientos e infraestructuras» con el fin de garantizar los estándares de calidad en las propuestas de nuevas universidades y para que las administraciones pudieran actuar en caso de que hubiera que corregir requisitos que no se cumplen.
El diputado de Sumar Francisco Sierra criticó que se esté «especulando» con la educación universitaria y lamentó que en los últimos años se hayan creado «universidades monotemáticas y corporativas, mientras las universidades públicas están en la cuerda floja». Aprovechó también para avisar de la «precarización» de las condiciones que se dan en las universidades públicas «que impactan en labores estratégicas como las de investigación».
Pos su parte, la diputada socialista Luisa Sanz se mostró de acuerdo en que «todos los centros universitarios deban acreditar exactamente los mismos estándares de calidad».
Sin embargo, la iniciativa, que también abogaba por un «mapa estatal de titulaciones para ver la oferta universitaria y sus necesidades», fue rechazada al votarse por el sistema de voto ponderado (que representa a todo el Pleno del Congreso) después de haberse producido un empate en la comisión. Durante el debate parlamentario, desde Sumar recordaron que la normativa establece que las universidades deban destinar un 5% de su presupuesto a investigación y les obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de tres de las cinco áreas de conocimiento.
Desigualdades
Por otra parte, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que, entre otros asuntos, pide revisar el lenguaje empleado para referirse a la discapacidad en las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, a fin de eliminar los «términos peyorativos» y sustituirlos por «las expresiones adecuadas»: «discapacidad» y «personas con discapacidad», informa Ep.
La solicitud fue presentada por el PSOE e insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas, «evaluar el estado del derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario y su compatibilidad con instrumentos internacionales, especialmente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; identificar brechas en las normas y políticas educativas del ámbito universitario que impiden que el estudiantado con discapacidad alcance y transite en este nivel educativo de manera inclusiva y con parámetros de calidad», y garantizar «el alineamiento de todas las normativas nacionales con la legislación internacional» sobre discapacidad.
La diputada socialista Ana Cobo apuntó que «existe un ‘‘gap’’ formativo muy importante entre los jóvenes con discapacidad y el resto de compañeros de su misma edad» que, entre otros motivos, está relacionado con su mayor tasa de desempleo. De ahí la necesidad de «seguir trabajando para garantizar su ingreso y progresión en la universidad en condiciones de igualdad», dijo durante la defensa de la proposición.
Además, destacó que la reforma del artículo 49 de la Constitución, que «eliminó un término tan denigrante como el de disminuido» y reforzó la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos y la inclusión de este colectivo, «ha de tener un efecto cascada y llegar a todas las normas e instituciones, también a la universidad».
Puntualizó también que, en la revisión de las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, se ha detectado el uso de «expresiones como diversidad funcional, capacidades diferentes u otras similares, que no están validadas ni son admisibles».
Sumar estudiará que la Secretaría de Estado de Comunicación no actúe como un gabinete de prensa
Sumar va a debatir internamente si propone reformular la función de la Secretaría de Estado de Comunicación para que deje de actuar como un «gabinete de prensa», según explican a Confidencial Digital fuentes responsables de elaborar las propuestas de la formación en esta materia. El portavoz en la Comisión de Calidad Democrática, Francisco Sierra, critica que en España se ha normalizado que el funcionamiento en la SEC corresponda más a un equipo de comunicación —encargado de cuidar y dirigir el argumentario del Gobierno de turno— que a una secretaría de Estado encargada de estructurar y proponer una estrategia comunicativa en los medios públicos como Radio Televisión Española o la Agencia EFE.
El también diputado en el Congreso propondrá esta medida en el seno del grupo parlamentario para su posterior debate. En caso de que la formación apoye esta reformulación de la SEC, se abriría la puerta a proponerlo dentro del plan de medidas sobre los medios de comunicación que anunció el Gobierno el pasado martes y que va a impulsar en los próximos meses.
Cambiar comunicación política por políticas de comunicación
Sierra, catedrático en Teoría de la Comunicación y uno de los responsables en esta materia dentro de Sumar, considera que esta Secretaría, dependiente de presidencia del Gobierno, tiene que hacerse cargo de desarrollar políticas públicas de comunicación; ya se trate de nombramientos como los directivos de la Agencia EFE o de elaborar un plan estratégico para los medios públicos.
La función de la Secretaría de Comunicación traza la línea comunicativa del Gobierno y trata con los medios para exponerles los argumentos del Ejecutivo. Una función a la que no debería limitarse dicho órgano, según afirma. «Tradicionalmente, ha ocupado tareas propias de un gabinete de prensa, no de una Secretaría que debe elaborar una propuesta comunicativa de los medios públicos», afirma el portavoz en la Comisión de Calidad Democrática.
El parlamentario asegura que sería necesario ejecutar una reforma «integral» de la legislación actual y, probablemente, desvincular la SEC de presidencia, separando claramente la comunicación política —función que desempeña actualmente— de las políticas públicas de comunicación. Unos cambios que formarían parte de un plan estatal para convertir la comunicación es una cuestión «de Estado», incluyendo ámbitos culturales como la industria de los videojuegos o todo el sector audiovisual.
Aunque en Sumar admiten que falta concienciar al resto de fuerzas parlamentarias, abordar el debate en el Congreso de los Diputados y que el legislativo discuta sobre cómo convertir este campo en un aspecto troncal de las políticas públicas, alejado de servir al gobernante.
Elaborar un plan de comunicación independiente del Gobierno
La propuesta se estudiará Sumar busca convertir a la SEC en un órgano que se encargue de crear iniciativas del Gobierno que busquen mejorar los medios públicos, fije los objetivos de los mismos y proponga un plan para que continúen siendo competitivos. Una idea distinta a que la Secretaría obedezca a defender el argumentario de Moncloa, como ha venido sucediendo tanto con ejecutivos socialistas como populares.
Diferencias entre la SEC y el resto de secretarías
Este planteamiento critica también que exista una diferencia clara entre la SEC y el resto de secretarías. Todas tienen el deber de trabajar para legislar y solucionar problemas del Ministerio al que pertenecen, pero destacan que la Secretaría de Estado de Comunicación está dejando de lado toda la parte propositiva que le corresponde para ceñirse más a tratar con los periodistas, responder preguntas en nombre del Gobierno y cumplir una función comunicativa mucho más cercana al departamento de prensa de Ferraz o Génova.
La SEC, según el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, tiene diez funciones:
- Coordinar la política informativa del Gobierno y de comunicación del Estado.
- Elaborar y difundir los comunicados del Ejecutivo, incluido el presidente.
- Informar de los temas abordados en Consejo de Ministros.
- Dirigir los servicios informativos del Estado en España y en el extranjero.
- Tratar con los medios y analizar la «coyuntura nacional e internacional».
- Organizar la cobertura informativa de todos los medios públicos (RTVE, EFE…)
- La asistencia a las actividades y comparecencias públicas del Presidente del Gobierno.
- Trabajar con la Comisión de Publicidad responsable de desarrollar el Plan anual de publicidad, entre otros.
- Gestionar la comunicación en momentos de crisis nacional.
- «El análisis de la legislación vigente en materia informativa y la propuesta de medidas para su mejora».
Este último punto es la piedra de bóveda para el equipo de Sumar encargado de trabajar los temas sobre medios de comunicación. Lo sitúan como la función más importante de la Secretaría y, precisamente, la que más está dejando de lado la SEC, según critican desde la formación.
Choque en el Gobierno por el plan antibulos: Sumar pide un órgano más independiente que la CNMC
El plan “para la democracia” anunciado por el Gobierno este martes ya ha despertado los primeros choques entre el Partido Socialista y Sumar. Desde la formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comparten parte de las medidas, aunque admiten que el plan resulta menos ambicioso de lo que habrían querido. Sin embargo, discrepan fuertemente en un punto: delegar en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) el registro de medios que determinará qué medio cumple las condiciones para ser reconocido como tal al ser un organismo cuya cúpula la elige directamente el Ministerio de Economía.
La creación de este listado, una de las grandes novedades que incluye la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo, busca diferenciar entre los que el presidente, Pedro Sánchez, califica como “pseudomedios” y aquellos que trabajan “con rigor”. Pero en la rueda de prensa de este martes, posterior al Consejo de Ministros, no se detalló qué criterios utilizará la CNMC para situar a los distintos medios en un lado o en otro.</strong
En contra del resto de países europeos
Sumar critica que la decisión de delegar en la CNMC el registro de medios supone una anomalía en Europa, en contra de lo que defendió el Ejecutivo este martes. El Gobierno prioriza, por encima de todo, explicar bien cada iniciativa, hacer pedagogía para evitar que estas medidas se entiendan como una intervención política sobre la libertad de prensa.
Por eso, los ministros que presentaron el plan, Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia, y Relación con las Cortes, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura, repitieron en multitud de ocasiones que el proyecto se basa basado en la normativa europea aprobada en mayo por el Parlamento comunitario. Moncloa insiste en que gran parte de las medidas tan solo adoptan la normativa aprobada en Bruselas.
Ahora Sumar niega que esa máxima se aplique en la decisión de situar a la CNMC al frente del registro de medios. El equipo de la formación encargado de trabajar todo lo relacionado con la comunicación, formado por expertos, afirman que el registro de medios “no debería depender de la CNMC, sino de un comité independiente, como sucede en el resto de países europeos”, afirma Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla e Investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, y diputado en el grupo Plurinacional de Sumar.
Una propuesta que la formación de Díaz ya planteó hace meses y que ahora recupera para criticar la falta de independencia que tendría derivar dicho listado en una institución donde sí hay influencia política.
No es independiente del poder político
Al margen de que suponga una anomalía en Europa, Sumar sitúa el principal problema en la falta de independencia de los partidos que tendría este órgano. El Gobierno no solo elige al presidente de la CNMC, también al vicepresidente y a los ocho consejeros. El Ministerio de Economía los propone para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros.
Una relación directa con el Ejecutivo y con el legislativo que dispara la falta de autonomía que rige en el resto de comités europeos.
La formación de Díaz asegura que esta decisión altera una de las funciones principales del plan: cortar la manipulación política de los medios públicos, una herencia creen heredada del franquismo y que continúa vigente en la actualidad.
Un comité de expertos y catedráticos
Hace meses, el partido propuso la creación de un comité completamente independiente del poder político, formado por profesionales de la comunicación, catedráticos, periodistas con años de experiencia… Una serie de perfiles que no levantasen ninguna sospecha de influencia de los partidos y que pudiese trabajar sin seguir el dictado de los mismos.
Este nuevo órgano estatal, tendría el poder de sancionar a los medios que publiquen informaciones falsas y no contrastadas, según la idea que plantean desde Sumar.
Un paso importante, pero poco ambicioso
A pesar de haber negociado todas las medidas y de que los socialistas han aceptado varios de los reclamos de la formación minoritaria del Gobierno, algunas de las propuestas se han quedado cortas, según las fuentes consultadas.
El partido de Díaz querría haber avanzado mucho más e intentaron incluir medidas en este plan “para la democracia” para reformar la Justicia. Sin embargo, el presidente vetó todas las propuestas que afectasen a los jueces, como adelantó este diario. Aun así, los socios del Ejecutivo no renuncian a añadir medidas en el futuro, principalmente en lo que consideran el gran problema de la judicatura: el acceso a la carrera judicial para las personas con menos recursos.
En Sumar sí están satisfechos porque el PSOE no haya optado por elaborar una ley de medios, porque consideraban que resultaría más eficaz elaborar una a una por la cantidad de materia sobre la que legislar. Al principio, la parte socialista del Ejecutivo apostaba por elaborar una única norma, pero ahora solo ha presentado un plan; una hoja de ruta sobre la que se redactaran distintas normas que aterricen la reforma de la financiación institucional, el propio registro de medios, etc…
Ley Europea de Medios y el Plan de Regeneración Democrática con Francisco Sierra Caballero
En su más reciente emisión, el programa «De Sevilla para el Mundo» ofreció a su audiencia una entrevista de gran interés con Francisco Sierra Caballero, Diputado Parlamentario Plurinacional por SUMAR y portavoz de la Comisión del Plan de Regeneración Democrática. A lo largo de una conversación profunda y esclarecedora, Sierra Caballero abordó temas clave para el futuro de la democracia y los medios de comunicación en España, arrojando luz sobre las medidas y reformas en marcha.
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la Ley Europea de Medios, una normativa que, según Sierra Caballero, está llamada a regular y democratizar el ecosistema mediático europeo. En un contexto en el que la concentración de los medios de comunicación y la desinformación son temas candentes, el Plan de Regeneración Democrática en España busca garantizar la pluralidad informativa y fortalecer los derechos de los ciudadanos a recibir información veraz y equilibrada. Sierra Caballero destacó el compromiso con la protección de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y la transparencia en la propiedad de los medios.
Además, el diputado parlamentario detalló el Plan de Regeneración Democrática, un ambicioso proyecto que SUMAR promueve para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Este plan, como explicó, busca combatir la corrupción, fortalecer la participación ciudadana y renovar las estructuras de gobierno para que sean más transparentes y accesibles. Sierra Caballero enfatizó la necesidad de modernizar el marco institucional, adaptándolo a las exigencias democráticas del siglo XXI, donde el diálogo social y la participación de la ciudadanía deben ser protagonistas.
La entrevista destacó no solo el compromiso político de Sierra Caballero, sino también su capacidad para comunicar de manera clara y accesible temas de gran complejidad, lo que facilitó una comprensión amplia y detallada de los desafíos que enfrenta Europa en materia de medios y regeneración democrática.
En resumen, esta emisión de «De Sevilla para el Mundo» ofreció una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el presente y futuro de la democracia en Europa, de la mano de una figura comprometida con su renovación y fortalecimiento. Una conversación imprescindible para quienes siguen de cerca la política actual y el papel de los medios en la construcción de sociedades más justas y participativas.
Francisco Sierra Caballero: «Abascal se mira en el espejo de Trump»
Sumar propone impulsar leyes que regulen los medios para «garantizar su independencia»
Sumar va a presentar un proyecto no de ley en el Congreso que dibujará, por primera vez, la regulación de los medios de comunicación. El Gobierno anunció una ley de medios que presentará este mes, pero de la que no ha detallado nada. Las seis iniciativas que incluye el documento del socio de Ejecutivo, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, aborda desde promover ayudas públicas a los medios para garantizar su independencia económica y la pluralidad informativa, hasta regular la inteligencia artificial para evitar la «robotización» de las redacciones.
Desde Sumar establecen dos objetivos claros: comenzar a alentar políticas que regulen los medios de comunicación y tengan por objetivo garantizar su independencia y fomentar el pluralismo informativo. Legislar para favorecer que la cuota informativa no quede en manos de pocos medios y proteger la diversidad en el sector. La formación admite que los grupos políticos llegan tarde y que debieron atajar antes unas reformas que consideran fundamentales para la «regeneración democrática» del país, aseveran desde Sumar.
El sentido de estas propuestas es instar al Gobierno a seguir estas políticas, de modo que aún falta por concretar cómo se atajarían estas reformas. Desde Moncloa siguen sin dar pistas ni concretar en qué se transformará la ley de medios que anunciaron a finales de abril, después de los cinco días de reflexión que se tomó el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente.
Una PNL con seis líneas de actuación
El documento que presentará Sumar esta semana en la Cámara Baja bajo el título «medidas urgentes para dignificar e impulsar el periodismo» ataja por primera vez la regulación de los medios, anunciada por el Gobierno como «gran causa nacional». El documento está elaborado íntegramente por Sumar, sin intervención de los socialistas, y recoge las propuestas de, —entre otras—, las asociaciones de prensa de Andalucía.
La formación política establece seis objetivos. No se concreta la manera exacta de alcanzarlos porque la naturaleza de una PNL es, simplemente, instar al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas en este sentido. Un planteamiento que tiene lógica, pues se presenta a pocas semanas de que Moncloa o el grupo socialista en el Congreso presenten su ley de medios.
Dar ayudas a los medios para luchar contra la precariedad
Una de las líneas de actuación más llamativas es la número seis. Sumar sitúa en el centro de sus propuestas que las instituciones públicas actúen contra la precariedad económica que atraviesa el periodismo. La formación consideran que la salud financiera de los medios es directamente proporcional a su independencia e instan a aplicar «políticas contra la precariedad de los profesionales de la información» que «protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos».
Aunque aún es pronto para afirmar qué medidas quieren ejecutar para conseguirlo, sí se plantean dar ayudas directas a los medios de comunicación para hacer frente a esta precarización que alcanza a los profesionales, según confirman a ECD fuentes de la formación. En Sumar miran como referencia modelos como los que rigen los países nórdicos, donde la aportación con dinero público es una fuente de ingresos más de los medios y afloja la independencia de los mismos de la publicidad institucional o comercial.
De momento, la PNL solo habla de implementar ayudas a los medios comunitarios. Se trata de publicaciones «sin ánimo de lucro, no son públicos ni comerciales, y surgen a partir de colectivos y asociaciones de vecinos, comunidades o barrios», explican desde Sumar. Pero no recoge como propuesta dar ayudas a los grandes medios comerciales. La concreción de este punto de la PNL se debatirá en las próximas semanas, cuando el equipo de Sumar se reúna con editores y asociaciones de prensa para aterrizar y plasmar al detalle cómo colaborar desde las instituciones a frenar la «precarización» del sector.
Igualdad de género en los altos cargos
También llaman a impulsar «medidas de igualdad de género en los puestos directivos» de los medios de comunicación. Un informe de la agencia internacional Reuters publicado a comienzos de este año resalta que en España, las mujeres ocupan solo el 20% de los puestos directivos del sector, mientras que representan el 40% de las redacciones.
Enseñar a identificar bulos
El documento aboga, en primer lugar, por «diseñar un plan de alfabetización» para que la ciudadanía esté mejor preparada en la lucha «contra la manipulación informativa y la desinformación». Fuentes de Sumar explican que una de las posibilidades sería que los profesionales impartan clases a los más jóvenes para ayudarles a identificar los canales oficiales de información, consultar informaciones contrastadas y esquivar todas las noticias falsas que abundan en las redes sociales: la principal fuente de consumo en estas edades.
El propio Sánchez también ha puesto en el foco la lucha contra los «pseudomedios» —como los denomina el presidente— por difundir «bulos» sobre su esposa. El líder socialista ha incidido en la necesidad de revisar la publicidad institucional que reciben dichos digitales y profundizar en la transparencia de los mismos, para conocer quiénes son sus dueños y cómo se financian. En Moncloa consideran que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular riegan con dinero público a los medios afines «que después publican estos bulos contra el entorno del presidente», afirman altos cargos del Gobierno a ECD.
Una ley sobre transparencia en la publicidad institucional
En Sumar defienden que ambos partidos, tanto el PP como PSOE, hacen un uso discrecional de la publicidad institucional para favorecer a determinados medios en función de su línea editorial, y en consecuencia, llaman a abordar esta problemática en el segundo punto de la PNL. En concreto, el documento insta a «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».
El equipo de Sumar en el Congreso, afirma que el objetivo último es poner fin a la discrecionalidad con la que los partidos favorecen a medios afines y establecer una serie de baremos objetivos que deban cumplir todos los Ejecutivos municipales, autonómicos y el poder central, para evitar cualquier trato de favor.
Recuperar la reforma de la ley mordaza
La tercera propuesta de Sumar pasa por una reforma que se quedó en el cajón en la pasada legislatura: la ley de protección de seguridad ciudadana o ‘ley mordaza’. Los grupos de investidura abordaron su derogación, que finalmente se transformó en cambiar la norma, no en eliminarla. Pero Esquerra Republicana y EH Bildu no quisieron aceptar las modificaciones que proponía el PSOE, o más bien, la negativa de los socialistas a reformar artículos de la ley que los independentistas consideraban claves para poner fin a los «aspectos más lesivos» de la misma.
La presión de los sindicatos policiales fue enorme: celebraron manifestaciones en Madrid en las que fletaron autobuses de toda España cuando la reforma aún era un borrador y no se había puesto en marcha. Incluso hubo una fuerte división entre las asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Por un lado, las que llamaban a concentrarse de nuevo, y por otro, las que abogaban por esperar a ver qué documento salía de la Comisión de Interior en el Congreso, como adelantó ECD. Finalmente, no salió ninguno.
En Sumar consideran fundamental reformar la norma porque «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información», como reza el texto que van a presentar.
Lucha contra la llegada de la IA y proteger el secreto profesional
La irrupción de la Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en muchos sectores de la sociedad. Desde la educación hasta la cultura; y el periodismo no queda exento de ello. Por eso, Sumar ha reservado uno de los seis puntos de su PNL a la lucha contra el «uso inapropiado» de la IA. Un apartado que en Sumar denominan la «robotización de las redacciones» y que relacionan también con la precarización del sector.
La iniciativa busca poner coto a esta tecnología para que no sustituya a los redactores. La formación asegura que se han detectado numerosos casos en los que la inteligencia artificial ya elabora artículos automáticamente que antaño correspondían a un periodista, con el riesgo de sustituir a los profesionales por esta nueva tecnología.
Además, también pretender elaborar una ley que proteja el secreto profesional, más allá de las breves referencias en el Código Penal que actualmente protegen al gremio de revelar sus fuentes. Pero desde Sumar afirman que no tiene un desarrollo normativo que consideran elemental para proteger a los profesionales. También añaden que ha habido quejas en los últimos años de distintas asociaciones de periodistas por situaciones en las que no se ha blindado lo suficiente este derecho.
Sumar quiere abrir ya en el Congreso el debate sobre el reparto de la publicidad institucional a los medios
Sumar ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley (PNL) con las que pretende abrir el debate sobre la publicidad institucional de los medios y su regulación. La Mesa debe aún calificarlas, por lo que aún no se sabe todavía cuándo se verán en la Cámara.
«La publicidad institucional es un reto. Hoy por hoy sirve como fondo para comprar voluntades y hacer campañas de desinformación. Deben utilizarse esos fondos con criterios de proporcionalidad, según audiencia, relevancia y diversidad», afirma a Público el diputado Francisco Sierra, portavoz de Sumar en la Comisión de Calidad Democrática y catedrático de Teoría de la Información en la Universidad de Sevilla. La comisión parlamentaria aborda desde hace meses sesiones sobre desinformación en España.
En el texto de las proposiciones se recoge la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español el reglamento europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. «A la espera, hay medidas urgentes que deben ser acometidas por el Estado, al ser en algunos casos tareas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico desde la transición«, plantea Sumar.
Así, en la primera de las PNL, en cuya exposición de motivos se plantea que existe un «contexto de crisis del periodismo» y una «peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en el sistema mediático«, lo que, a juicio de Sumar, «hace necesario definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información».
Así, Sumar plantea en la proposición cinco asuntos además de la necesidad de «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».
Por un lado, el «diseño» de «un plan de alfabetización mediática y digital de la ciudadanía para el desarrollo de competencias socioculturales contra la manipulación informativa y la desinformación». Por otro, la derogación de la llamada ley mordaza, que «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información».
Además, «adoptar medidas de protección del trabajo periodístico y regular los procesos de robotización de las redacciones con el uso inapropiado de la Inteligencia Artificial». También, «impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes imprescindible para el desarrollo del periodismo de investigación».
Y, por último, «promover políticas contra la precariedad de los profesionales de la información que protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos, impulsando medidas de igualdad de género en los puestos directivos de nuestro sistema informativo».
Servicios comunitarios
En la segunda de las proposiciones, Sumar se ocupa del fomento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. El partido explica en el texto que «la Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010, de 31 de marzo, creó una nueva categoría de radio y televisión por ondas terrestres, [estos servicios, que estarían] destinados a atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales y fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo».
Añade Sumar en la PNL: «Desde la creación de este tipo de servicios, han sido numerosas las solicitudes realizadas por las Comunidades Autónomas para que la Administración General del Estado planificara el espectro radioeléctrico necesario para proceder a conceder licencias. Sin embargo, hasta el momento […] el Estado no ha planificado ninguna frecuencia ni ha establecido ninguna normativa. La inacción por parte del Gobierno impide a las Comunidades Autónomas el desarrollo de sus competencias y supone una restricción a la libertad de expresión al impedir la creación de estos nuevos medios de comunicación».
Así, Sumar plantea lo siguiente al respecto. Por una parte, «habilitar en el plazo de 6 meses el dominio público radioeléctrico solicitado por las Comunidades Autónomas para destinar a servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro». Y, por otra, elaborar «un censo de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro» y «desarrollar un plan de fomento» para apoyar estos servicios, que contenga una «convocatoria anual de ayudas».
Movimiento Vecinal ENTRE AMIGOS Polígono Sur
Mesa abierta en Radiopolis, desde la que abrimos micrófonos para dar a conocer la realidad y la lucha de los vecinos del Polígono Sur en defensa de sus derechos. Conducido por Rafael Bascón y Víctor González, como representantes del colectivo nos acompaña Rosario García, porta voz y activista de Entre Amigos y el Diputado ante el Congreso Nacional por SUMAR Francisco Sierra.
