El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados la ley que persigue la creación de un fondo estatal que cada año destine cantidades suficientes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los barrios más empobrecidos del país. La iniciativa de esta norma parte de la oficina parlamentaria de IU en Andalucía, donde están las barriadas más desfavorecidas.
El diputado por Sevilla Francisco Sierra, junto con sus compañeros, lleva tiempo, como avanzó Público, manteniendo encuentros vecinales, de los que se han extraído las ideas fundamentales que ahora se plasman en la proposición de ley, que lleva por nombre Ley Integral de Barrios Vulnerables.
«Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Plataforma de Barrios Vulnerables, del movimiento vecinal, de sindicatos y organizaciones sociales que conocen de primera mano la situación extrema en los barrios pobres y que desde la izquierda plurinacional no vamos a dejar», afirma Sierra.
Para su aprobación la norma necesita de numerosos apoyos en el Congreso. Al respecto, Sierra manifestó: «Confiamos que en la tramitación de la ley las fuerzas de investidura de la mayoría del hemiciclo respalden esta iniciativa por justicia histórica y por necesidad social».
Fondo con cargo a los PGE
El texto registrado plantea la creación de lo que denomina «Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios vulnerables». La finalidad es «llevar a cabo actuaciones de mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los barrios y áreas urbanas que, por sus características sociales, económicas y ambientales, se identifican como áreas de atención especial».
Estos barrios son, analiza Sierra en conversación con Público, «territorios segregados y marginados por el Estado que requieren de una agenda social y de nuevas garantías legales». «Hablamos de una política integral y multinivel, participada e interseccional, una ley que exige un presupuesto mayor para estos barrios para acometer cambios en la cultura cívica, en el espacio urbano, en la seguidad y proyectos de vida de sus vecinos», agrega.
La proposición de ley no recoge una cantidad, tampoco un porcentaje respecto al PIB o a las cuentas. Sí expresa que «debe dotarse económicamente con el presupuesto anual del Estado» y añade que puede complementarse con «financiación autonómica y proveniente de la Unión Europea o de otras fuentes». Y establece además que «deberá siempre tener en cuenta el número de personas que viven en España en entornos urbanos vulnerables».
El Gobierno de España mantiene un Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, que, entre otras herramientas, contiene un atlas por secciones censales. Aún debe actualizarse con los últimos datos de 2021.
Los beneficiarios de esta financiación serían los municipios, «individualmente o de manera conjunta con otros municipios, así como las Diputaciones, cabildos u otros entes públicos de ámbito local». «La participación en el Fondo de Recuperación debe ser solicitada por dichos entes locales«, recoge el borrador presentado este miércoles.
La norma, de ser aprobada, establecería plazos de ejecución. Así, «cada una de las actuaciones financiadas debe ejecutarse en un […] máximo de cinco años desde la fecha de otorgamiento de la financiación, sin perjuicio de las prórrogas que puedan haber. Dicho plazo puede ampliarse a ocho años, siempre que al cabo de cuatro años se haya ejecutado o comprometido, salvo causas de fuerza mayor, el 50% del gasto».
Derechos humanos
«Desde el Grupo Parlamentario tenemos claro que lo prometido es deuda, decimos y hacemos y por ello desde la Oficina Parlamentaria de IU en Andalucía nos dimos a la tarea de diagnosticar la situación en los barrios, identificar retos de política pública y apostar por una ley que ayude a transformar el entorno urbano y social de barrios como Los Pajaritos o el Polígono Sur», afirma Sierra.
Justo este martes, la APDHA presentó su informe Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados. En él, se expone con toda crudeza, que «los barrios vulnerables son, cuantitativa y cualitativamente, el principal espacio de vulneración de los derechos humanos en Andalucía».
Las cifras indican que un tercio de la población en Andalucía vive en riesgo de exclusión, más de la mitad de la ciudadanía —el 57%— no llega a fin de mes y hasta un 43% de las pensiones que se cobraron en 2023 no superaron el umbral de la pobreza.
«En Andalucía se ha consagrado durante los últimos años un modelo productivo que condena a millones de andaluces y andaluzas a la pobreza y a la precariedad. Diez de los quince barrios más pobres de todo el Estado español se encuentran en Andalucía, así como son andaluces once de los 16 municipios con menos ingresos per cápita», se lee en el trabajo.
«Y la pobreza, tal y como se puede comprobar estadísticamente, repercute directamente en las condiciones de vida: nueve de los quince municipios con menor esperanza de vida se ubican también en Andalucía», agrega la ONG. «Es significativo y tremendamente alarmante que la esperanza de vida pueda variar en una misma ciudad, de un barrio rico a uno pobre, en casi nueve años», se añade.
