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En el Congreso es habitual hablar de democracia, derechos y libertades públicas, principios constitucionales, proyecto de país, pero poco, o nada, se aborda de cuestiones domésticas de las clases populares. La dialéctica de lo concreto no suele ocupar el discurso y deliberación de la cámara de representantes. Y debería ser un mandato o exigencia primordial, tratar en todo momento de enunciar la poética y la política de la vida común, hablar de las redes y vínculos de solidaridad ante la falta de red eléctrica, de las desconexiones y disyunciones sufridas como brechas o grietas de nuestra democracia por aquellos sectores vulnerables que reclaman solidaridad, que vindican la necesidad de conjugar, conjuntar, tejer, anudar, políticas para el común de la gente, especialmente en Andalucía, nuestra tierra, que sufre y padece un abandono histórico, pareciera que crónico.

Hemos presentado una iniciativa parlamentaria que trata justamente de suturar heridas sociales y acometer, desde el Sur y para los de abajo, los déficits de servicios públicos que padecen las víctimas de los intereses creados, sean del oligopolio eléctrico o del modelo de desarrollo urbano depredador y especulativo.

En el territorio andaluz existen entornos urbanos que viven profundas contradicciones sociales a causa del modelo dominante de desarrollo urbano y de una inadecuada planificación en sus asentamientos, sufriendo las consecuencias del hacinamiento, una estructura y dinámica de desagregación territorial y exclusión social que sigue la máxima de la destrucción creativa. Ante la evidencia de esta situación y la consiguiente espiral de la violencia sistémica que da lugar a noticias espectaculares que solo abordan la superficie de la gravedad del problema que padecen amplios contingentes de vecinos, no es posible continuar como si nada pasa en los barrios pobres. Tal dejación de funciones de los poderes públicos no solo es un error, insostenible además, sino que además es un crimen de Estado que ya está costando vidas humanas. Urge pues una intervención determinante y la adecuación de las políticas públicas a las necesidades de la gente más humilde que sufren a diario la falta de articulación del Estado incapaz de pensar modelos integrales de planeación y actuaciones concretas con participación ciudadana y una visión multinivel e intersectorial coordinada.

Si un reto estratégico proyecta la globalización es justamente la de territorializar y definir políticas de ensamblaje que no solo remedie sino que confronte la lógica de desconexión que mata, empobrece y aísla numerosos conjuntos de población. Del mismo modo que representa un reto para nuestro país la España vaciada, tenemos graves problemas de desacoplamiento de los barrios ignorados, faltos de política de reconocimiento y de actuación que parta de los mundos de vida y no de la planificación tecnocrática y la racionalidad mercantil que ha terminado por marginar barrios, distritos y amplios sectores de la población de la clase trabajadora.

Decía Julio Anguita al hablar del tiempo-encrucijada que vivimos que, parafraseando a Rosa Luxemburgo, este es un momento de disyuntiva, un tiempo para elegir entre la bolsa y la vida, la cotización y márgenes de ganancia de las eléctricas y los fondos buitres que especulan con el derecho a la vivienda o la gente común. Es falta la dicotomía economía o democracia. La historia demuestra que es posible garantizar plenos derechos de ciudadanía y que la actividad económica sea próspera, es más, la experiencia de la crisis bursátil de 2008 y más recientemente la pandemia ilustran alternativas de futuro claramente contrapuestas. Lo que no es sostenible es dejar abandonados los barrios vulnerables, inmersos en una espiral de deterioro imparable, convertidos en espacios de segregación espacial, en guetos, de inseguridad o espacios de NUDA VIDA.

El sociólogo Scott Lash advertía hace algunos años que una de las consecuencias negativas de la globalización en la nueva economía de signos y espacios es la jerarquización básica de dos tipos de territorios: aquellos territorios vivos, con infraestructura moderna, conectividad, flujos e intercambios permanentes, y aquellos otros espacios muertos, aislados, desconectados de los flujos de mercancía e información, sin servicios públicos en los que la vida no vale nada y la gente muere por no tener red, ni redes públicas, ni acceso a servicios básicos para la vida, sea la electricidad, la salud o la seguridad. Pero esta divisoria no es natural, es resultado de políticas de competencia que anulan la potencia organizativa de los sectores y clases subalternas. De modo que es posible otro modo de organizar nuestros barrios a partir de una política de la cooperación y conjunción, una estrategia pública que aborde el problema del ensamblaje, de la conexión de las infraestructuras materiales, de habitabilidad, al tiempo que se atiende la necesaria articulación social acometiendo las brechas, vacíos, silencios y abandonos en tierra de nadie de más de un tercio de la población de nuestras principales ciudades andaluzas. La iniciativa no de ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso estos días tiene por objeto contribuir a este trabajo colectivo prioritario para ir consolidando el modelo federal de país a partir del diálogo y la cooperación interinstitucional, la coordinación y participación ciudadana, la política de cuidados de los sectores populares más vulnerables y la planificación democrática y mancomunada del hábitat urbano de forma sostenible.

Es un sencillo ejercicio de patriotismo constitucional. La normalidad no puede ser el estado de excepción permanente que viven barrios como el Los Pajaritos Almanjáyar o Las Moreras. Si algo quedó claro el 23J es que este es un tiempo de políticas sensatas, equilibradas, racionales, pensadas para el bien común y para la gente que más lo necesita. El gobierno ha de intervenir, el Ministerio de Derechos Sociales comprometerse y los operadores eléctricos cumplir con sus obligaciones para garantizar la mejora de la calidad de servicio y el suministro sin continuos apagones e incidencias. A estas alturas, en pleno siglo XXI, pese a parecer lo contrario en la era Trump, no nos valen discursos cínicos, torpes o astutos. Ni pícaros ni cándidos, ni majaderos ni sublimes, ni patética vindicación de la pobreza ni desarrollismo paternalista. Tras décadas de espera, vecinos como los del Polígono Sur conocen perfectamente el sentido del discurso cínico o enfático, los circunloquios o simplemente la dilación a base de excusas de postergación de los agentes del mercado y sus representantes. Llevan años de lucha y dignidad, de resistencia y vindicación por todos los canales institucionales establecidos sin ser atendidos eficientemente por el Estado y las distintas administraciones públicas.

Es hora pues de que los poderes ejecutivos del Estado, desde lo local y autonómico como a nivel central, cumplan su función de servicio público. Desde la cámara de representantes hemos instado al Gobierno a ello, y están emplazados a ello.

No permitamos que nuestros vecinos y compatriotas pierdan la esperanza, porque cuando eso ocurre, pierde la democracia. La fractura social siempre pasa factura política y termina por vulnerar los derechos de todos. No nos lo podemos permitir.